EditorialMartes, 6 de octubre de 2020
Más combis: perpetuando una tortura

Las combis difícilmente favorecen a alguien que no sea el dueño de la empresa propietaria de los vehículos: los choferes y cobradores trabajan en condiciones inseguras y en horarios brutales. Los pasajeros viajan apiñados como sardinas sin poderse mover y el resto de los conductores son víctimas de las acrobáticas maniobras que hacen los conductores para “robarse pasajeros”. Las combis, recordemos, son fruto de la apertura desregulada del mercado de transportes en la época de Fujimori: una solución inmediata que pretendía darle trabajo a muchísimos nuevos desempleados y -además- permitir el costo accesible de transportarse en una ciudad como la Lima de los años 90. Esto debe cambiar.

Hoy somos más de 10 millones los limeños que vivimos en la capital y el transporte es, qué duda cabe, una de las cuestiones que más agobia a quienes intentan aquí hacer su vida.

En primer lugar, porque la solución que en ese momento se brindó desde el gobierno tenía como requisito la temporalidad. No se puede perpetuar uno de los principales elementos que genera caos en nuestra ciudad. Y mucho menos este: en donde los proyectos de ley presentados (por APP y por FP) pretenden darle 10 o 6 años más de vida a un sistema perverso que hace cualquier intento de ordenamiento de tránsito posible. Le permitiría, incluso, seguir circulando a las unidades que tienen multas por cientos de miles de soles. Claramente, estos proyectos de ley son producto de una fuerte presión del grupo de interés que son los transportistas, pero no se puede seguir llevando a la ciudad de este modo.

Hoy somos más de 10 millones los limeños que vivimos en la capital y el transporte es, qué duda cabe, una de las cuestiones que más agobia a quienes intentan aquí hacer su vida. Desde la economía, se señala -claro-, que el costo del pasaje de una combi es lo máximo que muchos limeños pueden pagar para movilizarse. Sin embargo, esa cuantificación es coja. No se toman en cuenta las externalidades negativas que el sistema genera y tampoco se toma en cuenta el tiempo perdido -en horas hombre- que la ciudad deja de producir al tener a su fuerza laboral moviéndose lenta y obtusamente por rutas imposibles y en condiciones lamentables. Esta ley, por popular que pueda sonar, no debe pasar.

Es tarea de las autoridades nacionales y metropolitanas encontrar la forma de que el transporte público sea en Lima una opción viable para todos los limeños y que empecemos a desterrar hipertrofias generadas por la perpetuación de soluciones inmediatas al plano mediato. Y ahora más, todavía.