OpiniónDomingo, 11 de octubre de 2020
¿Es realmente necesario?
Arturo Delgado
Investigador

Hace pocos días el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto a disposición del público, para recabar opiniones, el Proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público.

Esta norma, indican reemplazaría a la actual Ley de Contrataciones del Estado, ampliando su espectro ya que no se limita a regular la contratación pública, sino que busca regular el íntegro de la cadena de abastecimiento, iniciando ésta desde la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de las adquisiciones y la administración de lo adquirido.

Desde la Ley 26850, dictada a fines de los años noventa hasta el día de hoy, cada gobierno ha reformado las normas de la contratación pretendiendo con ello acabar o por lo menos disminuir varios males, la corrupción, el dispendio en el gasto estatal, la dispersión de esfuerzos entre otros.

El Estado en algunos productos es el mayor comprador en el país, capaz de alterar toda medición de demanda, tal es el caso por ejemplo de varios tipos de medicinas.

Tengamos en cuenta, evidentemente la corrupción, que la encontraremos, lamentablemente a todo nivel, desde el servicio de monto pequeño hasta la gran obra pública.

Por otro lado, es un consumidor diverso y disperso, compra desde cebollas hasta transportes porta tropas, pasando por vacunas o servicios funerarios, compra el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud, con presupuestos enormes, como cada una de las municipalidades provinciales y distritales.

El Estado por otro lado tiene, en si mismo intereses contrapuestos en los procesos de contratación pública, así le interesa comprar rápido y barato para atender las necesidades de la población, busca el resultado para incrementar legitimidad y confianza de la población. Caso típico de ello la regulación especial emitida para lograr en muy breve tiempo la infraestructura de los Juegos Panamericanos que para algunos resultó en una gestión exitosa tanto que busca replicarse en otras obras públicas.

Además, busca tener controles que eviten la corrupción, los contratos con sobreprecios con sobre o infra dimensión o modificaciones contractuales inútiles. Tales controles exigen procedimientos, plazos, documentaciones y acreditaciones.

Todo ello confluye y hace muy complicado tener una norma que prevea cada hecho o cada problema, se hace más complicado aun cuando comprobamos que las capacidades técnicas en las entidades del Estado son bastante distintas y algunas muy débiles.

Todo cambio para mejor es saludable, pero pensemos en todos, en las municipalidades que tienen como proceso cotidiano contratar las obras mediante administración directa usando una norma dictada en 1988, si, en el siglo pasado.

Pensemos también en los proveedores quienes tienen hoy, una enorme disparidad frente al Estado en su relación contractual y por ello le venden mas caro el Estado. Quienes están desprotegidos ante la dilación en los pagos de las entidades públicas o peor aún ante la negativa infundada.

Analicemos la situación de los funcionarios públicos que pueden verse perjudicados cuando por error, se entiende de buena fe, omitieron un plazo o un documento.

Tengamos en cuenta, evidentemente la corrupción, que la encontraremos, lamentablemente a todo nivel, desde el servicio de monto pequeño hasta la gran obra pública.

Observemos que cada paso que ocurre en el Estado, cada trámite o documento adicional, genera costos, que son asumidos por todos nosotros mediante impuestos, razón por la cual tenemos el mayor de los derechos a exigir un Estado célere, aunque transparente.

Es nuestra idea que, antes que crear nuevos procedimientos y categorías corresponde enlazar las rutas de los sistemas administrativos para convertirlos en un flujo desde el planeamiento de los ingresos hasta la atención de las demandas ciudadanas, desde el presupuesto, la inversión, las contrataciones, la distribución de los bienes y servicios.

Corresponde, por otro lado, facilitar el trabajo de las municipalidades que tienen capacidades técnicas en formación.

Consideramos, por último, que esta reforma debe ser sometida a pruebas ácidas tanto en entidades con grandes procesos complejos como ESSALUD, SEDAPAL o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como en municipalidades con presupuestos muy reducidos, salgamos del gabinete y de la oficina para probar la complejidad de nuestra realidad diversa. Seguramente ese ejercicio nos hará variar en nuestras ideas de reformas.