OpiniónMartes, 13 de octubre de 2020
La relativización de la libertad económica
Raúl Labarthe
Investigador y analista económico

Hace algunas semanas presenté evidencia acerca de algunos méritos que tuvo el segundo gobierno de Alan García en el periodo 2006-2011, en particular por su apuesta clara por la libertad económica. Esto me llevó a recibir enardecidas críticas y aplausos por parte de haters y amantes del aprismo, respectivamente. Quisiera aprovechar mi columna para explicar mejor mi posición en relación a estos hechos.

El índice de libertad económica es desarrollado desde 1995 por la Fundación Heritage, uno de los think tanks conservadores más influyentes en Estados Unidos, el cual desarrolló parte del programa económico liberal de Ronald Reagan (1981-1989). Este índice está compuesto por los siguientes pilares: 1) Estado de derecho, 2) Tamaño de gobierno, 3) Eficiencia regulatoria y 4) Libertad de mercado. El índice califica las economías de los países de 0 a 100, siendo 0 una economía totalmente reprimida (como Corea del Norte o Cuba), y 100 una economía totalmente libre (cercanos están Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda).

¿Por qué es importante este indicador? Este índice tiene una alta correlación con variables claves para el desarrollo económico y la inclusión social. Los países más libres económicamente son 8 veces más ricos, tienen mayor dinamismo empresarial, movilidad social, crecimiento económico, índices de desarrollo humano, niveles de protección ambiental y menor incidencia de la pobreza. Todo liberal, y en definitiva, cualquier persona que anteponga el bienestar de su país a visiones partidarias, debería felicitar que se logre avanzar hacia mayores niveles de libertad económica. No existe un solo país desarrollado sin un nivel razonable de esta.

El discurso fatalista respecto a que todos los gobiernos pasados han sido corruptos debe tener un límite, y tiene que ser dejado a los jueces y fiscales. Mientras tanto el país tiene que seguir adelante. Las consecuencias de esta forma de pensar son evidentes: si todos los gobiernos pasados son corruptos, no tenemos nada positivo a que rescatar del sistema vigente.

Quisiera presentarles cómo ha ido evolucionando este índice durante los últimos 25 años. En primer lugar, hay que decir que el segundo gobierno de Alberto Fujimori logró subir la calificación de este indicador de 57 a 70, aunque no subimos de posición de manera importante porque el mundo se liberalizó en ese periodo. Seguido vino el gobierno de Alejandro Toledo, donde nuestra calificación cayó de 70 a 60, generando un retroceso estrepitoso de 43 posiciones (del 28 al 71) a nivel mundial.

Luego vino Alan García, que logró, en su periodo de 2006-2011, llevar al Perú de 60 a 69, lo que generó un incremento de 30 posiciones (del 71 al 41). Desde su gestión no hemos logrado liberalizar más la economía. Durante el gobierno de Ollanta Humala, fuimos de 69 a 67, por lo que caímos 9 puestos (del 41 al 50), y en la gestión de PPK-Vizcarra pasamos de 67 a 68, manteniendo un mediocre puesto 51 al 2020. Es decir, hace casi 10 años que no tenemos un gobierno que fomente la libertad económica.

Basado en estos datos, decidí elogiar el gobierno de Alan García con objetivo de combatir este discurso maniqueo vigente de condenar gobiernos pasados por críticas personalistas o partidarias. Creo que le hace mucho daño al país ser incapaz de poder reconocer las cosas buenas del pasado, y creer que las cosas tienen que cambiar radicalmente destruyendo todo lo anterior. Me rebelo ante esa idea, tenemos mucho de lo cual estar agradecidos.

Además, como indiqué en mi columna pasada, y muestran los recientes hechos de corrupción de Vizcarra, no existen ángeles en la política. Los políticos son egoístas, buscan popularidad y lamentablemente muchas veces también beneficios ilegales. Que en el segundo gobierno de Alan García haya existido corrupción no quita que no se pueda elogiar a su gestión de mejorar en un aspecto relevante para el desarrollo de nuestro país. Mi objetivo es el difundir el uso de indicadores en la discusión pública, y en especial aquellos que indican mejoras en la economía de mercado.

El discurso fatalista respecto a que todos los gobiernos pasados han sido corruptos debe tener un límite, y tiene que ser dejado a los jueces y fiscales. Mientras tanto el país tiene que seguir adelante. Las consecuencias de esta forma de pensar son evidentes: si todos los gobiernos pasados son corruptos, no tenemos nada positivo a que rescatar del sistema vigente. A partir de ahí, se construye la necesidad de reformas radicales catalizadas por una narrativa intoxicante de jacobinismo moral que relativiza completamente la calidad en la gestión.

Este relativismo es algo que al día de hoy, ya no nos lo podemos permitir. Es muy fácil decir que da lo mismo la gestión cuando no eres parte de los más de 8 millones de peruanos pobres que hoy afrontan esta crisis económica. Y hoy, con la economía destruida, la pobreza y el desempleo en las nubes, tenemos además a un corrupto en palacio sin siquiera poder afirmar el triste premio consuelo del “roba pero hace obras”, de los gobiernos pasados.

La lección histórica que debemos sacar de esta realidad, es que si queremos combatir la corrupción, esto no se consigue a través de la fe ciega en caudillos jacobinos e iluminados que busquen fumigar el sistema a costa de toda institucionalidad. La corrupción se combate progresivamente a través del equilibrio de poderes inherentes al sistema democrático. A través de la pugna entre las distintas fuerzas políticas se genera una fiscalización mutua, permitiendo que los “sancochados” de todos vayan saliendo a la luz, y que quien gane no sea la facción que logre imponerse por la fuerza, sino todos los ciudadanos.