OpiniónViernes, 20 de noviembre de 2020
Economía en UCI
Alejandra Benavides
Administradora y MBA por la Universidad de Berkeley

Esta semana, el Presidente Sagasti declaró que el Perú se deberá endeudar en s/.30,000 millones más para poder financiar el presupuesto del 2021. Yo me pregunto, si todos nos hemos visto golpeados por esta recesión (y una economía debilitada pre-COVID) y nos hemos ajustado, ¿no debería suceder lo mismo con el Estado? Son nuestros impuestos los que llenan las arcas fiscales, entonces ¿no debería el gasto ajustarse a esa golpeada recaudación? Me explico:

Entre los años 2011 y 2019, el PBI creció en total 34%, mientras que el gasto del Gobierno Nacional se incrementó en 80% (es decir, creció más del doble de lo que creció el PBI). Mas aún, el gasto en remuneraciones del sector público creció en ese mismo período en 110%. En otras palabras, el gasto de planillas creció más del triple de lo que creció el PBI. Estas gordas planillas sólo han generado más burocracia y un séquito de puestos innecesarios, que por intereses políticos se van creando, y que los ciudadanos vamos pagando.

La pandemia y las políticas excesivamente restrictivas del Gobierno dejaron sin empleo a casi 7 millones de peruanos a julio de 2020, de los cuales sólo una mínima fracción se ha recuperado. Antes de la pandemia, la informalidad llegaba a 73% y se estima que, al cierre de 2020, llegue a 90%. Es decir, sólo 10% de la PEA pagaría impuestos.

Por otro lado, entre el 2002 y 2011 (Gobiernos Toledo y García II), el PBI iba creciendo a un promedio de 6.2% anual, pero entre el 2012 y 2019, lo hizo a un magro 3.7% promedio anual, cerrando el 2019 en un mediocre 2.2%. Esta tendencia en descenso es explicada por la caída en la inversión privada, que en 2019 creció en sólo 4%, luego de un ritmo de crecimiento de 10% a 25% anual entre el 2002 y 2011.

Adicionalmente, la pandemia y las políticas excesivamente restrictivas del Gobierno dejaron sin empleo a casi 7 millones de peruanos a julio de 2020, de los cuales sólo una mínima fracción se ha recuperado. Antes de la pandemia, la informalidad llegaba a 73% y se estima que, al cierre de 2020, llegue a 90%. Es decir, sólo 10% de la PEA pagaría impuestos. Este incremento en la informalidad, combinado con el mayor gasto nacional, generará aún más presión tributaria para los pocos formales que quedan.

Finalmente, no olvidemos que el respiro que dio Reactiva I y II, el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) para las MYPES y otros, fue sólo un alivio temporal. Dichos créditos deberán empezar a pagarse a mediados de 2021, y muchas empresas no están en condiciones de hacerlo. Esperemos que el gobierno ya esté pensando en cómo evitar que más empresas quiebren, y sea más difícil salir de este agujero negro en el que el “gobierno de lujo 2.0” nos metió.

En conclusión, tenemos un crecimiento desproporcional en el gasto del Estado y una anémica recaudación, lo cual ha resultado en un déficit fiscal en los últimos cinco años. La tarea que le espera a este gobierno es dura, pero con una ruta corta y clara podrá asegurar que el próximo gobierno electo reciba una casa en orden. Se requiere un responsable manejo de la economía, a través de ajustes al presupuesto y recortes en gastos fútiles, como, por ejemplo, publicidad estatal (presupuesto de s/.170 millones en 2019) y consultorías (presupuesto de s/.2,000 millones en 2019), que se han vuelto el instrumento favorito de contratación.

También se debe dar impulso a la inversión privada, destrabando proyectos mineros y de infraestructura, e incentivos para las pequeñas y medianas empresas, para dinamizar el mercado laboral e impedir que continúe el desangramiento del sector formal. Lo que queda claro es que con más endeudamiento, estaremos condenando a las próximas generaciones.