OpiniónDomingo, 22 de noviembre de 2020
Lo que el TC no puede hacer
Adriana Tudela
Abogada. Ex asesora parlamentaria. LLM por la Universidad de Chicago

Este jueves el Tribunal Constitucional decidió declarar improcedente la demanda competencial presentada por Martín Vizcarra cuando el Congreso de la República admitió a debate la moción de vacancia presentada en su contra por el caso Richard Swing. Esta negativa a emitir un pronunciamiento generó muchísimo malestar en quienes estaban a la expectativa de que el Tribunal declarara inconstitucional la sobreviviente vacancia que terminó por sacar a Martín Vizcarra del poder.

Como consecuencia, el mismo tribunal que hasta hace poco era considerado un gran consejo de sabios tras haber declarado que el cierre del Congreso el año pasado se apegó a la Constitución, ya no lo es. Ahora es tildado de tibio, de haberse lavado las manos, de estar integrado por “dinosaurios”, “viejos lesbianos” y un largo etcétera de adjetivos calificativos que expresan el repudio de quienes veían en él una luz bicentenaria al final del túnel que ha sido este quinquenio.

El Tribunal Constitucional no podía utilizar una demanda competencial presentada en torno a una vacancia que no prosperó -la que, dicho sea de paso, no especificaba cuál era precisamente la competencia del Ejecutivo que se veía afectada- para pronunciarse sobre la segunda vacancia, respecto de la cual no hubo demanda alguna.

Ahora, es natural que, después de este largo enfrentamiento al que nos han sometido los poderes Ejecutivo y Legislativo, busquemos tener a alguien que haga las veces del padre que dirime estos pleitos filiales y de los cuales se derivan dudas sobre cómo entender ciertas figuras constitucionales. El problema está en que no es el rol del Tribunal Constitucional hacerlo.

El Tribunal Constitucional no podía utilizar una demanda competencial presentada en torno a una vacancia que no prosperó -la que, dicho sea de paso, no especificaba cuál era precisamente la competencia del Ejecutivo que se veía afectada- para pronunciarse sobre la segunda vacancia, respecto de la cual no hubo demanda alguna. Pronunciarse sobre un caso que no había llegado a su jurisdicción hubiese implicado actuar como un órgano consultivo, una suerte de senado al cual se le pide tomar una postura política.

Tampoco podría haberlo hecho con la finalidad de darle un contenido específico o taxativo al concepto de incapacidad moral permanente, el cual ha estado contemplado en nuestro ordenamiento desde 1823 en adelante y siempre ha sido determinado a discrecionalidad del Congreso. Así fue entendido cuando se vacó a Alberto Fujimori y así fue entendido cuando se pretendió vacar a PPK. En este caso, haberle dado un contenido distinto hubiese implicado que el TC reescriba un artículo constitucional, asumiendo un rol legislativo.

No olvidemos que el único facultado constitucionalmente para dar leyes que interpreten la Constitución, así como para modificarla, es el Congreso de la República. El Tribunal Constitucional, a diferencia del Congreso, es el encargado de aplicar la Constitución a situaciones concretas, no de ser un órgano consultivo ni mucho menos legislativo, pues ello implicaría suplantar el rol que la Constitución le atribuye al parlamento.

Si bien estas provisiones podrán parecerle a muchos meros detalles o formalismos, son en realidad muy importantes porque limitan y equilibran el poder de los distintos órganos públicos. No se puede alterar todo el sistema de contrapesos constitucionales en función a las simpatías o apasionamientos políticos del momento, pues a diferencia de las personas que detentan el poder temporalmente, estos son los que garantizan nuestra libertad a través del tiempo.