EditorialLunes, 4 de enero de 2021
¿El fin del secreto bancario?

La Constitución garantiza un velo de secreto que cubre ciertos espacios de la vida de los ciudadanos: las comunicaciones y las cuentas bancarias pertenecen a ese grupo. Sin embargo, a través de un Decreto Supremo que modifica el reglamento de Sunat se ha permitido que el ente recolector fiscal pueda acceder a todas las actividades que los ciudadanos realicen en entidades bancarias. Esto sin contar con la solicitud de un fiscal ni con la aprobación de un juez: es decir, el Estado presume que ahora todos los ciudadanos son evasores -o elusores- de impuestos. La medida, de acuerdo con varios juristas, es inconstitucional.

El jurista Enrique Ghersi ha explicado diario expreso que considera que “esta es una forma de espionaje financiero en nuestro sistema jurídico”. En su cuenta en Twitter el también jurista Carlos Caro se ha pronunciado en similar dirección. Varios otros abogados, incluso, ya han hablado de qué medidas de garantía constitucional podrían interponerse. No nos cabe duda de que en los próximos días esta flagrante violación a nuestros derechos será enmendada pues ha quedado meridianamente claro que se está pasando por encima del contenido material de un derecho consignado de manera explícita en la Constitución.

Ahora bien, esta medida, más allá de un despropósito jurídico podría interpretarse como un peligroso elemento si es que se le mira desde un prisma político: nos explicamos. Si la Sunat no tuviese que pedirle a un fiscal y este a un juez que le levante el secreto bancario a una persona -que se presume ha cometido algún ilícito- la Sunat podría decidir arbitrariamente poner de cabeza a cualquier ciudadano a su amplia disposición. Y en un país tan poco institucionalizado como este, esto podría convertirse en un arma que pueda ser usada políticamente en contra de los adversarios del poder de turno. Ojo.