OpiniónMiércoles, 13 de enero de 2021
Dogmatismo criminal
Adriana Tudela
Abogada. Ex asesora parlamentaria. LLM por la Universidad de Chicago

Este domingo salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo 002-2021-SA, el cual habilita a laboratorios y droguerías privados autorizados para importar y comercializar la vacuna contra el Covid-19. La medida se implementará en paralelo a la distribución gratuita que se llevará a cabo en los establecimientos públicos de salud. Además, los privados solo podrían comercializar vacunas distintas a la Sinopharm, esta última solo podrá ser distribuida por el Estado.

La razonabilidad y necesidad de esta medida es evidente. Permitir que exista la posibilidad de que laboratorios privados importen y comercialicen vacunas incrementará la cantidad de unidades disponibles en el país, lo cual se traducirá en una mayor cantidad de personas vacunadas. Asimismo, una gran porción de las vacunas que proporcionará el Estado de manera gratuita se verá liberada, ya que un sector de la población tendrá la opción de comprarla, y podrá ser destinada exclusivamente a aquellas personas que de otro modo no tendrían cómo acceder a ella.

Es decir, por cada vacuna que un ciudadano pague, habrá una vacuna gratuita adicional disponible para los más necesitados y vulnerables. Por lo tanto, la distribución privada no afectaría la distribución pública, sino todo lo contrario, la facilitaría al reducir el universo de personas a ser atendidas por el sistema de salud público y garantizar el acceso oportuno y gratuito para los más pobres.

Sostener, como han hecho Verónika Mendoza y sus partidarios, que permitir la venta de vacunas afectará a los pobres es simple y llanamente falso. Y no solo es falso sino que pone en evidencia un burdo y cruel dogmatismo que linda con la irracionalidad.

Lo que está en juego son las vidas de miles de peruanos, pero a la izquierda dinosauria de Verónika Mendoza eso parece no importarle en lo más mínimo con tal de perseguir este absurdo y retrógrada afán de controlar todo desde el Estado. Un Estado que además ha demostrado ser incapaz de manejar la crisis sanitaria de manera mínimamente eficiente.

¿Por qué insistir en dejar la salud de los peruanos a la merced de este Estado profundamente ineficiente, gracias al cual al día de hoy aún no ha llegado la vacuna? ¿Por qué excluir de manera sistemática la participación del sector privado cuando puede ayudarnos a alcanzar la inmunidad más rápido? La única explicación es que para ciertos sectores de la izquierda, la ideología está por encima de la vida y la salud de las personas.

Lo más grave es que el gobierno del Partido Morado haga caso a estas posturas irracionales, jugando nuevamente en pared con el radicalismo. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ya anunció que tras una conversación con el presidente Sagasti el Ejecutivo habría accedido a promulgar un Decreto de Urgencia que impida la comercialización de la vacuna durante este año.

Sólo queda esperar que esto no sea así y que la cordura triunfe sobre este dogmatismo que linda con lo criminal.