OpiniónDomingo, 17 de enero de 2021
La otra pandemia: la corrupción
Bertha María Carrillo
Comunicadora invitada del CIPP

Acabamos de arribar a un nuevo año con la esperanza de dejar atrás un período que sumió al Perú, y al mundo, en crisis sanitaria y crisis económica, de la cual los gobiernos más avezados supieron enfrentar con consecuencias menores y, otros, están en camino de mejorar su status. No obstante, nuestro país, uno de los más golpeados y liderando las peores cifras económicas y sanitarias, continúa arrastrando estas crisis que van ‘in crescendo’ sin salida a la vista.

No hablemos de Corea o de los países de la Unión Europea, fijémonos en nuestros vecinos sudamericanos como Uruguay, Chile e, incluso, Ecuador, cuyos gobiernos e instituciones reaccionaron a tiempo o tuvieron los reflejos necesarios para echar mano a la creatividad e implementar, con sentido común y pensando en el bien de todos, medidas y acciones inteligentes que les permitieron afrontar la crisis provocada por el Covid19, de manera exitosa.

La ecuación es sencilla: a más Estado, mayor riesgo de corrupción. En Perú y en todos los países corruptos, es una característica tener vigorosos Estados, que con sus largos y octópodos brazos lo alcanzan todo; como también existe ausencia de Estado allí donde sí se necesita su presencia.

En Perú, el gobierno de Martín Vizcarra se durmió. No solo no ejecutó las medidas necesarias ni ideó las políticas para afrontar al virus chino, sino más bien cometió una serie de desaciertos que quebraron al país que llevaba 30 años de tranquilidad económica, sin tomar medidas para evitar la propagación del virus (¡somos el único país sudamericano sin vacunas contra el Covid19!, por ejemplo) ni fortalecer el sistema de salud. Y, como si todo ello fuera poco, sumió al pueblo en una crisis política teñida de escándalos de corrupción. El actual gobierno de Francisco Sagasti parecería haber tomado el mismo somnífero que Vizcarra.

En todo este asunto de falta de accionar pensando en el bien común, o más bien, accionar en contra de los intereses nacionales, el problema medular es la corrupción, que es un mal endémico en Perú y lamentablemente, esta descomposición del sistema es un fenómeno global, que podemos definir como el abuso de una posición de autoridad en el gobierno, la política, la economía u otras instituciones socialmente relevantes, por intereses personales violando reglas establecidas.

Es necesario tener en cuenta que lo importante para acabar con la corrupción es poner límites al poder. Tanto el Premio Nobel James M. Buchanan, especialista en esta materia, junto con Gordon Tullock y la Escuela de la Elección Pública, sostienen que debemos dejar a un lado la ilusión de creer que los políticos se interesan por el bien común. Como cualquier persona, los políticos, siempre buscan maximizar su propio beneficio y el de aquellos a quienes representan como, por ejemplo, empresarios que los acompañaron en campaña o el partido político sobre el que se sostienen. Tanto Buchanan como Tullock demandan límites al poder, lo que requiere de instituciones como la democracia y la división de poderes, pero también reglas fiscales y monetarias, y un federalismo real que descentralice el poder.

La ecuación es sencilla: a más Estado, mayor riesgo de corrupción. En Perú y en todos los países corruptos, es una característica tener vigorosos Estados, que con sus largos y octópodos brazos lo alcanzan todo; como también existe ausencia de Estado allí donde sí se necesita su presencia. Sin embargo, los límites del poder están fallando en las sociedades contemporáneas. La falta de instituciones independientes, la creciente decepción de la ciudadanía en sus líderes corruptos, facilitan el crecimiento de esta infección.

Otro de los orígenes de la corrupción es el avance del estado sobre el sector privado. Más estado es siempre menos mercado y esto se presta a los excesos de burocracia y corrupción. Lo cierto es que la única forma de limitar la burocracia y la corrupción es circunscribir el poder del Estado solo a lo necesario y fomentar la transparencia de la gestión pública. Es necesario atacar la raíz del problema, trabajando sobre las causas. En una sociedad libre los límites al poder son necesarios y la lucha contra la corrupción es parte integral de la política de desarrollo que involucra a todos: gobierno, ciudadanía e instituciones.