OpiniónMiércoles, 20 de enero de 2021
Elecciones bajo riesgo
Adriana Tudela
Abogada. Ex asesora parlamentaria. LLM por la Universidad de Chicago

En medio de lo que, según ha señalado la ministra de Salud, parece ser el inicio de una segunda de contagios de CoVid-19, son cada vez más las voces que plantean correr el plazo de las elecciones para evitar las aglomeraciones que se generarían el 11 de abril.

Ahora, lo que no parecen estar considerando es que las elecciones no se pueden postergar así como así. La Constitución no contempla las figuras de suspensión, prórroga o cambio de los plazos presidenciales. Por eso cuando en 2001 hubo que instaurar el gobierno de transición de Valentín Panigua fue necesaria una reforma constitucional que introdujo en la Constitución una disposición transitoria especial.

Esta disposición estableció una única excepción al plazo de 5 años que existe tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. Salvo que se apruebe otra reforma constitucional en el Congreso, estos tiempos no pueden ser alterados.

Postergar las elecciones implicaría que el gobierno morado se quede en el poder más tiempo del previsto o que quien sea que gane las elecciones tenga menos tiempo para la transición. Las dos opciones serían inconstitucionales.

Además, que lo anterior ocurra sería profundamente dañino para nuestra ya frágil institucionalidad democrática y es más grave aún tomando en cuenta que es urgente hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que atravesamos. El Perú está en una situación de especial vulnerabilidad que merece que alguien, a diferencia de lo que ocurre hoy, la maneje con verdadero liderazgo, eficiencia y racionalidad.

Lo curioso es que muchos de los que reclaman la postergación de la elección hace solo tres meses llamaban a la población a la salir a marchar en favor de la democracia. Ahí no hubo pandemia que valga. Para ellos, Merino había asumido inconstitucionalmente la Presidencia luego de que un Congreso golpista vacara a Martín Vizcarra; sin embargo, la situación volvió a la calma cuando ese mismo Congreso eligió -con el mismo procedimiento- al señor Sagasti para ocupar el cargo.

Es así que quienes no tuvieron problema con las aglomeraciones para protestar contra el gobierno de Merino y para recuperar la democracia, están hoy obligados a encontrar una manera de llevar a cabo el proceso electoral de la forma más segura posible. Más aún si tomamos en cuenta que celebrar elecciones cada 5 años es lo mínimo indispensable para poder siquiera ser considerados un Estado democrático.

El gobierno del Partido Morado está en la obligación de velar porque las elecciones del 11 de abril se lleven a cabo de manera limpia, transparente y también puntual. Que ya nos estén sugiriendo la postergación, sin siquiera evaluar alternativas para llevar a cabo las elecciones sin generar tanta aglomeración, nos debería alarmar a todos. Esto no es un juego.