EditorialLunes, 19 de julio de 2021
Indignaciones selectivas

El día de ayer se conoció que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar para definir si el excandidato Rafael López Aliaga, los periodistas Phillip Butters y Beto Ortiz, y el gerente general de Willax TV, Enrique Luna, son culpables de los delitos de sedición y alteración del orden público. Los denunciantes alegan que el canal Willax, a través de “noticias con connotación conspirativa”, estaría siendo utilizado para debilitar las instituciones electorales con el objetivo de llamar a un golpe de estado. En la presente redacción buscamos analizar estos casos con la debida neutralidad y creemos que es necesario distinguir a cada uno de los denunciados, defendiendo siempre la libertad periodística y de opinión necesarias en un estado de derecho. Las diferencias políticas no pueden ser la base sobre la que se judicialice la opinión, de modo que las instituciones públicas se conviertan en un resorte de poder para la censura.

Nos preguntamos si es que, en declaraciones similares por parte del lado izquierdo del espectro político, los denunciantes (u otros) han sido igual de rigurosos. Recordemos las declaraciones de la virtual congresista de Perú Libre, Zaira Arias, que frente a la pregunta de cómo realizaría los cambios constitucionales que proponía respondió que disolverían el Congreso automáticamente se convoque a una Asamblea Constituyente, lo cual configuraría un golpe de estado si ninguna duda. También resalta que hace poco declaró que había que realizar una movilización constante para denunciar “el chantaje económico a través del alza del costo de vida”, algo que atribuye a los empresarios. ¿No podrían calificar estas declaraciones acaso, como un llamado explícito a un quiebre constitucional y el uso de información engañosa? Ya que si vamos a judicializar las opiniones políticas entonces lo consecuente es hacerlo con todos.

El propio candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, ha tenido un sinnúmero de declaraciones que podrían ser interpretadas como llamados a un golpe de estado o que constituyen directamente información falsa o engañosa. Recordemos que en la campaña señaló que buscaría “desactivar en el acto” el Tribunal Constitucional, de manera que el siguiente sea elegido por mandato popular. Esto podría configurar también un llamado a desconocer el ordenamiento legal y a un golpe de estado. Del mismo modo que, el convocar a la Asamblea Constituyente sin previa reforma constitucional sería un golpe de estado. Por ello, sería conveniente para la convivencia democrática que en vez de “empapelar” a quien opine distinto, ambos lados respeten las diferencias de opinión. La justicia no debe de ser utilizada como mecanismo de censura o de persecución a la oposición política.