EditorialViernes, 13 de agosto de 2021
Se aproxima una colisión

El reciente pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, podría ser la semilla de una gran colisión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si bien aquellos dispuestos a relativizar que el nuevo canciller sea un delincuente condenado por sedición en 1966 -por matar a tres hacendados para luego repartir sus propiedades entre los campesinos-; lo que no es antiguo es su interés por “mejorar las relaciones con Venezuela” y su opinión respecto a que las protestas contra el régimen fascista de La Habana es un “problema interno” de Cuba. Además, si bien aún no es confirmado por él, ya los medios cubanos, mexicanos y venezolanos están anunciando con bombos y platillos que Béjar habría decidido retirar al Perú del Grupo de Lima, que fuera fundado, no para mejorar las relaciones con el sátrapa de Caracas, sino precisamente para enfrentar geopolíticamente la dictadura venezolana.

Todo esto ha llevado a que algunas bancadas de oposición -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, hayan presentado una moción de interpelación pidiendo que el canciller aclare sobre todas estas materias. ¿Seremos un país unido al bloque castrochavista, o no? ¿Vamos a ser turiferarios de las dictaduras de Hispanoamérica, o no? ¿Seguiremos siendo parte del Grupo de Lima, o no? Estas preguntas tendrán que ser respondidas por Béjar si es convocado al Congreso. En la próxima sesión del pleno, de acuerdo con el reglamento, tendría que votarse si se admite la moción por un tercio del hemiciclo -44 votos-; y entre 3 y 10 días, el canciller tendrá que asistir al pleno a responder ante el Legislativo. Si no se satisfacen las respuestas, se podría presentar una moción de censura con un cuarto del hemiciclo -33 votos-, y entre 4 y 10 días después se votaría si Béjar continúa o no en el cargo, con la mitad más uno -67 votos- de los escaños. La oposición tiene los votos.

Lo que podría venir después es historia ya conocida. El presidente Castillo podría luego pedir cuestión de confianza por su ministro censurado, poniendo en juego a todo el Gabinete Bellido -también llamado ‘del terror’-, lo que pondría al Congreso en un equilibrio inestable. Si lo niega, se precipitaría la crisis del gabinete y podrían colocar luego en la cartera ministerial a otro gabinete impresentable, con el objetivo de inducir el cierre constitucional del Congreso. Lo más lamentable, es que Castillo podría presentar cuestión de confianza prácticamente por cualquier cosa; gracias a la interpretación ‘fáctica’ de la denegación de la confianza que Martín Vizcarra aplicara el 30 de septiembre del 2019.

Hoy se presentó un proyecto de reforma constitucional para regular todos los precios de la economía, y Castillo podría también hacer cuestión de confianza por esto. Todo gracias a que no se permitió al congreso anterior ‘acotar’ la cuestión de confianza sólo a aquellas cosas que sean facultad del Ejecutivo, gracias a que -según cuenta el excongresista Luis Valdez- el expresidente Sagasti amenazó con “marchas peores que las de noviembre” si es que buscaban la reforma constitucional pertinente. Por todo esto, la renovación del Tribunal Constitucional es clave para esta crisis anunciada, ya que esta sería la instancia dirimente en los conflictos que ya empiezan a bosquejarse. Se vienen tiempos (más) turbulentos.