EditorialLunes, 27 de septiembre de 2021
Imitando el fracaso de la ‘nacionalización’ en Bolivia

Ante las recientes y nefastas declaraciones del premier Bellido en relación con el avance político sobre el Consorcio Camisea, es importante ir a los datos y conocer la historia. Es importante analizar lo que ha dicho en el tweet de ayer, señalando que: o se renegocian las utilidades a favor del Estado o se optará por la “recuperación” del yacimiento de gas. Si bien todo contrato puede renegociarse, cuando esta renegociación se impone sin alternativas para la contraparte ya no es realmente una renegociación sino un chantaje: o aceptas mis condiciones o te robo. El mensaje a los inversionistas internacionales es terrible pero no deberían de preocuparnos ellos -quienes suelen tener muchas formas de prever los riesgos políticos como este-; el verdadero afectado es el Perú.

Lo que viene haciendo avanzar a la narrativa de expropiación de los recursos naturales y el enaltecimiento del salvajismo velasquista -un dictador cuartelero de nuestra triste historia-, es la idea de que de alguna manera la “nacionalización” realizada por Evo Morales fue un éxito dentro de la afiebrada imaginación de sus seguidores. Pero esto es rotundamente falso. Todo en esa historia es mentira. En primer lugar, no fue una nacionalización velasquista, sino la implementación de una ley aprobada previamente por el Congreso antes de su mandato, donde se subieron los impuestos a las empresas de gas. Este proyecto no respetaba la estabilidad jurídica de los contratos, pero al menos fue aprobada por el congreso y el senado bolivianos, y Evo Morales no hizo más que implementar la ley luego de que asumió su mandato.

¿Qué piensa acaso Bellido sobre el congreso? La mayor muestra de que la mayoría no quiere lo que están buscando Castillo y Bellido es que nuestro Legislativo no ha presentado en forma alguna algún tipo de norma similar. Más allá de las fotos con militares, Evo Morales no hizo más que renegociar 44 contratos en base a esta ley aprobada por el Parlamento. No hubo confiscación de bienes; todo se compensó. Es justamente por esto que, a finales del año ninguna de las 17 empresas privadas de la industria petrolera había dejado el país. En Bolivia el Estado ya era dueño del subsuelo -como acá-, pero pasó a serlo también del gas luego de su extracción, de manera que ellos decidieran su comercialización. Esta es precisamente la propuesta de campaña de Perú Libre: “que el gas siga siendo del Perú luego de extraído”.

Ahora bien, ¿esto significa que no tuvo consecuencias y todo fue felicidad? Ni mucho menos. Lo que el estado boliviano ganó aumentando unilateralmente las regalías y pagando millonarias indemnizaciones para comprar el 51% de las empresas subsidiarias de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo perdió con un efecto colateral: las inversiones extranjeras se desplomaron. En los años anteriores a Evo (1995-2003) estas representaban el 6.5% del PBI, luego de esta decisión, se redujeron a la tercera parte: 2.4% (2006-2019). Evidentemente, si chantajeas a una empresa que ya invirtió en el país, podrás lograr que acepte tus condiciones para no perder sus propiedades, pero la inversión caerá en todo el resto de sectores.

Eso lleva a la segunda consecuencia no intencionada: toda la recaudación del país pasó a depender en un 25% del nuevo impuesto de Evo Morales, y la economía se volvió mucho más dependiente del gas natural, porque hubo fuga de capitales en el resto de sectores. Es una mentira que esto produciría un cambio en el modelo primario-exportador, al contrario, lo profundizará más. Esa es la realidad. Lo cierto es que en Bolivia no existió estatización al estilo chavista -algo que con la minoría parlamentaria podría bien darse en nuestro país- y por eso aún pueden producir. Al final, en Bolivia todos los servicios se tercerizan a trasnacionales, sólo que la titular es una empresa pública. Porque la realidad es que el Estado sólo sabe robar y cobrar, nunca producir.