EditorialMiércoles, 20 de octubre de 2021
La falsa “amplitud y pluralidad” que exige el Ejecutivo

La iniciativa que presentó ayer la premier Vásquez -con carácter de urgencia y a última hora- no fue atendida por el Pleno del Congreso, por lo que publicó en sus redes sociales que lamentaba que el Congreso renuncie a un debate “amplio y plural”, aprobando una ley que, según ella, pone en riesgo el equilibrio de poderes. Cabe una reflexión aquí de cómo es que la izquierda suele distorsionar el concepto de democracia y de debate público en función de sus intereses. ¿Por qué la discusión de esta nueva ley, realizada durante varias semanas en el Legislativo, no podría ser calificada de amplia y plural? ¿Qué prerrequisito debe tener este procedimiento para saciar las expectativas de la premier? ¿O es que acaso que sólo se es “amplio y plural” un debate cuando se hace lo que el Ejecutivo está buscando?

La propuesta presentada por la premier Vásquez pretende modificar las causales para la vacancia presidencial de modo que la “incapacidad moral permanente” pase a ser “incapacidad física o mental permanente”, y esta sólo podría darse en caso de muerte, o la acreditación por parte de una junta médica de que el presidente no pueda ejercer sus funciones, y además requeriría del voto a favor de una mayoría calificada del Congreso. Sin embargo, no queda ahí, sino que se pretende imposibilitar también la censura de los ministros por asuntos que no sean propios de su función; es decir, si existe un ministro que no reconoce a sus hijos, que realiza conductas inmorales repetidas, etc., quedaría protegido y sin posibilidad de ser removido por el Legislativo. Finalmente, a modo de “compensación” también se removería el requisito de investidura de un nuevo gabinete ministerial, reduciendo las posibilidades de que el Congreso pierda “balas” en estas ceremonias.

Este proyecto claramente busca mantener la posición de dominio en la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo; cuando -en nuestra opinión- la propuesta aprobada ayer por el Congreso, sólo busca retornar al equilibrio de poderes perdido a partir del uso abusivo de la cuestión de confianza por parte de Martín Vizcarra, llevando a la disolución del congreso en el 2019. Pero retornando a la reflexión acerca de la falta de “amplitud” y de “pluralidad” que tuvo la aprobación de la reforma, cabría preguntarse: ¿para qué votamos este año por un Congreso? ¿No están acaso representadas en las bancadas políticas las distintas opiniones que tiene el debate público nacional? ¿No tienen cada una de ellas pesos de acuerdo con la cantidad de personas que piensan como ellos? ¿Por qué, señora Vásquez, el debate al interior del Congreso no sería plural y amplio?

La única explicación racional de esta interpretación es que la premier Vásquez -y en consecuencia el presidente Pedro Castillo- tienen un concepto bastante flexible de la necesaria “amplitud y pluralidad” de un debate. La amplitud y la pluralidad se miden en función de si al Ejecutivo -que ha sido elegido para ejecutar, y no para legislar- se le otorga un peso mayor al que las urnas le han otorgado. Por lo tanto, ¿cómo puede ser esta visión una que pretenda garantizar “el equilibrio de poderes”, cuando lo que busca es desconocer el lugar que le corresponde a cada uno de los poderes -en este caso, la conformación del parlamento en base a la democracia representativa-?

Finalmente, ¿cómo puede pontificar acerca de la democracia una presidenta del Consejo de Ministros que representa a un gobierno que acaba de reconocer como legítima a la dictadura de Nicolás Maduro? La pregunta sería, ¿qué clase de democracia es la que busca instalar nuestro nuevo presidente? ¿Democracias como China, Rusia, Irán y Bolivia -países aliados de Venezuela-? El tiempo saldará estas preguntas. Mientras tanto, el Congreso debe defender lo construido en base al consenso y a los espacios de democracia republicana de los que aún goza nuestra república.