EditorialMiércoles, 27 de octubre de 2021
¿Estatizar o nacionalizar ?, ambos sinsentidos

Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke ha buscado hacer ‘control de daños’ luego de que el presidente Pedro Castillo exhortara al Parlamento la aprobación de una ley que permita la estatización del yacimiento de gas natural en Camisea. Declaró -a través de su cuenta de Twitter- que “nacionalizar el gas de Camisea no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada”, y que por el contrario lo que se buscará es ponerlo al servicio de los peruanos, ya que esto serviría a la masificación del gas natural. El juego del policía bueno y policía malo continúa para confundir a la población y a quienes están poco informados del verdadero funcionamiento del sector energético en el país. La realidad dista de ser así de feliz, así de simple, así de alegre a como la intenta plasmar el ministro Francke con estas declaraciones.

En primer lugar, debemos entender que el recurso gasífero ya es propiedad del Estado peruano: el artículo 66 de la Constitución señala los recursos -no renovables en este caso, como el gas natural- son patrimonio de la nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Cabría entonces la posibilidad de que la izquierda diga que esto es un formalismo ya que del Estado dependerá que se aprovechen estos recursos de manera que beneficie a las mayorías; es decir, puede estar estatizado el recurso, pero podría no estar “nacionalizado”. Según esta definición de nacionalizar, el Perú debe poner en valor sus recursos naturales en beneficio de la nación. El ministro Francke, por lo tanto, cree que hoy el contrato de Camisea no beneficia a los peruanos.

¿Cuál es la situación actual de yacimiento? El yacimiento es explotado por concesión a través de un consorcio de empresas llamado Consorcio Camisea. Este contrato -junto a la suma de diversos pagos por regalías gasíferas- termina produciendo el pago del 65% de las utilidades del consorcio en favor del Estado peruano, alcanzando un valor de 13 mil millones de dólares de ingresos fiscales equivalentes al 24% del presupuesto público nacional. La carga tributaria es alta debido a que Camisea fue un proyecto en donde la empresa que empezó a operar el yacimiento (Repsol) no fue la misma que la que lo descubrió allá en los 80s (Shell), por lo que el riesgo de exploración fue nulo. Por lo tanto, la carga es alta pero justa. Por lo tanto, en principio el recurso ya está nacionalizado: le paga a los peruanos lo justo por aquello que explota.

¿Cuál es el problema entonces? Que la izquierda -al igual que todos nosotros- quisiéramos que el gas natural se masifique y llegue a todos los hogares a modo de instalaciones de gas que reemplacen al balón de GLP -de otra fuente- que tiene un costo mayor. Pero lo que Francke, la izquierda, y ni mucho menos Castillo dicen, es que esto no tiene absolutamente nada que ver con el contrato establecido en el yacimiento de Camisea. Lo cierto es que este contrato sí permite la exportación del gas natural a través de su procesamiento en Pampa Melchorita; pero lo que tampoco dice la izquierda es que esto es producto de que NO hay demanda suficiente para que el gas se consuma en el Perú.

¿Y por qué no hay demanda nacional? Porque no existen las instalaciones de distribución en las ciudades para que el gas se distribuya a los hogares. ¿Y por qué no existen? Porque el Estado ha fallado al establecer concesiones de distribución del gas natural que se hacen en las ciudades, con otras empresas que no tienen nada que ver con el Consorcio Camisea, como en el caso de Cálidda para la distribución de gas en Lima. Unas están al final de la cadena, y Camisea está al inicio. La falta de demanda es fruto del fracaso del Estado para concesionar adecuadamente la distribución del gas natural; como no hay demanda nacional, así quieran, los operadores de Camisea tienen que venderlo en el extranjero para hacer funcionar las operaciones.

¿Es mala la exportación de gas natural? Sí y no. Si pudiéramos distribuir el gas natural distribuido por ductos a los peruanos pagarían menos por sus balones de gas, sin duda. Pero la exportación del gas natural permite pagar las cuentas del Estado peruano en un 24% de su presupuesto público. ¿Nada mal no? Con este dinero se pagan bonos, se operan los ministerios, se distribuye canon gasífero, entre muchas cosas. Por lo tanto, en resumen, la estatización del yacimiento ya existe, la nacionalización del yacimiento también, y la ‘nacionalización’ del gas natural -es decir, lograr que les llegue a todos los peruanos- NO pasa por renegociar el contrato con el yacimiento, ni mucho menos robarle las instalaciones a la empresa. Dejen de mentir, Fracke y Castillo, no sean populistas.