EditorialDomingo, 31 de octubre de 2021
¡Canon para el pueblo!

La segunda mitad de esta semana ha sido marcada por las convulsionadas protestas en el sur de Ayacucho -que iniciaron el 28 de octubre con el paro de más de medio millar de personas de varios grupos comuneros buscando que las instalaciones mineras fueran retiradas de sus territorios-, seguidas por la quema de instalaciones de la minera Apumayo, y con la amenaza de seguir el vandalismo contra la compañía Breapampa que pide mayor seguridad a la Policía Nacional. No se hizo esperar el debate acerca de cómo solucionar el drama de violencia que se vive al interior del país que termina produciendo conflictos entre: ciudadanos, estado y empresas.

Empezamos diciendo que nunca la violencia, la destrucción o el robo están justificados en el contexto de una protesta, y que ningún incumplimiento del Estado ni de la empresa, habilita a actuar vandálicamente; el derecho de protesta no significa licencia para quemar, robar o golpear. Inclusive, el gerente general de Apumayo declaró a Peru21 que quienes protestan no son parte del área de influencia de la actividad minera; ¿de dónde son entonces? Eso nos lleva a recordar cómo es que -al igual que los barristas en las marchas de noviembre del año pasado-, en las manifestaciones existe la posibilidad de que sean personas contratadas para hacer destrozos; algo bastante menos romántico que la narrativa que luego puedan construir algunos.

Pero partiendo de esto, el presidente Pedro Castillo, quien se suponía que venía del interior del Perú para darnos a todos una lección sobre cómo gobernar para el pueblo, está mostrando un absoluto fracaso para gestionar estos conflictos. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, determinó que la gestión de Pedro Castillo -en los dos primeros meses en el cargo- es la que más acciones colectivas de protesta (marchas, plantones, bloqueos de vías, etc.) con 226. ¿No será más bien que -contra lo que la izquierda socióloga difunde-, cuando existe un presidente que justifica la violencia al protestar, esta termina aumentando?

La “teoría de las ventanas rotas” en criminología, con la cual en los 90s se logró una fuerte reducción del vandalismo en Nueva York, ya señalaba la relación directa que existe entre la percepción de anarquía e incumplimiento de la ley, con la anarquía efectiva. Es decir, hay algo similar a una profecía autocumplida en la manera en la que las personas perciben el orden público y la forma en la que ellos se terminan comportando. La ausencia absoluta de consecuencias, la normalización de la destrucción de la propiedad, e inclusive la suciedad en las calles, incentiva las conductas criminales. Por tanto, si bien la respuesta punitiva debe de ser proporcional y mesurada, debe de ser firme y sobre todo imparcial y constante.

También se debe aceptar que la descentralización iniciada con Toledo ha sido un absoluto fracaso, sólo aumentando la fragmentación del país, la ausencia de autoridad, la corrupción regional, y paradójicamente al aumento del abandono del gobierno central con el interior del país. Total, si el gobierno regional recibe millones en canon, ¿por qué el gobierno central debería de preocuparse? Sin ir tan lejos, como una noticia más de todos los días, hoy el gobernador regional de Puno Agustín Luque ha sido detenido por corrupción, siendo uno más de tantos casos de este tipo.

¿Y por qué es un desastre la descentralización? Porque no se consiguieron los objetivos para los que fue implementada: más eficiencia y menos conflictos sociales. Los recursos del canon se transfirieron, pero terminan siendo despilfarrados o robados por las autoridades regionales, o atomizados entre miles de municipalidades ineficientes; nadie asume su responsabilidad, y en el interior los políticos regionales le echan la culpa a Lima de todos sus problemas. ¿Sabían que 48% del presupuesto nacional de salud lo controlan directamente los gobiernos regionales y municipalidades? Sin embargo, ¿a quién responsabilizaron de la falta de camas UCIs o equipos médicos? Así es, a Lima.

Mas bien, la descentralización tal como está planteada no ha sido más que la plataforma perfecta para el plan político de Perú Libre de convertirnos en una república “plurinacional” fragmentada, rendida al narcotráfico, a las mafias y al terrorismo. Donde nadie se hace cargo de nada, y todos señalan al vecino cuando algo falla. Es por ese motivo que es tan importante el proyecto de ley 605 presentado por Nano Guerra García y en su momento respaldado por Luis Carranza -uno de los mejores ministros de Economía de la historia reciente del Perú. Transferir directamente el 40% de los recursos del canon a la población sería fundamental para revertir esta pérdida de legalidad y legitimidad.

Por supuesto, estarán los especialistas de la “multicausalidad” que se dedican a vivir de la plata del gobierno, que dirán que este es un proyecto populista. Están de acuerdo con una Asamblea Constituyente, pero repartir el canon es populismo; están de acuerdo con legalizar el cultivo de hoja de coca en el Vraem, pero repartir el canon es populismo; están de acuerdo con desmantelar la meritocracia en la educación, pero repartir el canon es populismo. Lo que en realidad a la izquierda le asusta de esta propuesta, es que apunta al centro del problema: el robo de estos recursos es la fuente de poder de partidos como Perú Libre, que, según la investigación de Los Dinámicos del Centro, utilizan a los gobiernos regionales como caja chica. Basta ya de abusos. ¡Canon para el pueblo!