EditorialMartes, 9 de noviembre de 2021
Ha llegado el momento

Reafirmamos que, en este contexto, en el cual el presidente Pedro Castillo presenta testimonios que lo acusan de haber cometido crímenes que afectan a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas -y que revelan un intento de menoscabar su independencia con objetivos siniestros-, el Congreso de la República no puede contentarse con la simple renuncia del ministro de Defensa Walter Ayala, el cual sólo seguía órdenes del mandatario. El avance de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso es apropiado; hoy, en base a las pruebas presentadas por los excomandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército del Perú (EP), la comisión decidirá si es que solicita facultades al pleno para iniciar un proceso de investigación por estos presuntos crímenes en aras de beneficiar a los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez. Sin embargo, esto debe escalar a una discusión mayor y más fundamental.

Los vínculos entre el presente régimen, que controla al Ejecutivo de nuestro país y que es liderado por el presidente Pedro Castillo, con movimientos comunistas de todo tipo son más que evidentes. Los motivos para sospechar de sus intenciones en la búsqueda del control de las Fuerzas Armadas (FFAA) bastan y sobran para exigirle que: o aclare qué fue lo que sucedió, o que se retire del cargo. Las FFAA no son del presidente de la república, ni le deben lealtad a él; las FFAA en una democracia le deben lealtad a la Constitución Política, a esa misma que el presidente Pedro Castillo busca desmantelar, y que -por supuesto- no le anima en demasía el ceñirse a ella de manera rigurosa. ¿Saben dónde sí las FFAA tienen lealtad con el presidente? En Nicaragua, en Venezuela, en Irán, y en los países en los que Castillo ha venido colocándonos como aliados, a través de sus gestos políticos. Castillo ha calificado de democracia a Venezuela.

Es por este motivo, que esta crisis no puede resolverse con la simple renuncia del ministro Ayala, o con el proceso de investigación de una comisión del Congreso, aunque sea necesario para conocer más detalles del caso. Sin embargo, no basta porque el Perú no merece un presidente que, cuando es acusado públicamente de cometer delitos, se esconda del país y de la prensa sin dar la cara y sin dar las explicaciones del caso. El único proceso constitucional que permite obligar al presidente a declarar al país pasa por el Congreso y es el procedimiento de vacancia presidencial. Da lo mismo si es que existen o no los votos, ese no es el asunto. El asunto es que Castillo debe responder al país. Y si no puede dar explicaciones que justifiquen sus acciones, quedaría demostrado que Castillo efectivamente tiene un plan para desmantelar la democracia y la vacancia tendría que ser una obligación por parte del Legislativo.

Y es que no basta haber ganado una elección para ser un demócrata. Alberto Fujimori la ganó y gobernó como dictador. La democracia no puede suicidarse en aras de permitir que -así haya obtenido la mayoría- se gobierne sin separación de poderes, buscando ‘copar’ las FFAA con amigotes que luego permitan controlar los procesos electorales o Dios sabe qué más. Esta práctica bien calificada como ‘montesinista’, es propia de dictadores, que casualmente son todos muy amigos de Castillo. En el aniversario de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que -a pesar de la violencia inducida por la izquierda- confirmó todos los argumentos que tuvo el Congreso debe ponerse los pantalones y presentar una moción de vacancia presidencial. Nuestro sistema político y el destino de nuestro país dependen de ello. Ha llegado el momento.