OpiniónDomingo, 9 de enero de 2022
Indignación y protesta calculada
Juan Sheput
Analista Político

El 9 de octubre del 2020 la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en entrevista televisiva y a través de un comunicado, señaló que el Ministerio Público, fiel a su tradición, no empezaría las investigaciones al entonces presidente del país, Martín Vizcarra. El caso era referente al sujeto conocido como Richard Swing, asiduo visitante y jactancioso amigo de Palacio de Gobierno.

En esos días no salieron al frente de este despropósito ni la Dra. Marianella Ledesma, presidenta en ese entonces del Tribunal Constitucional, ni otros altos funcionarios como el Defensor del Pueblo. El silencio de aquellos que en nombre de la Constitución e institucionalidad debieron hablar y no lo hicieron, se convirtió en acto cómplice de un sujeto que, cómo Martín Vizcarra, tiene y tenía muchos indicios de haber cometido una serie de actos corruptos durante su paso por la gestión pública.

Más recientemente, a raíz de los escándalos en los que está inmerso el presidente Pedro Castillo por visitas y reuniones clandestinas con proveedores, funcionarios y amigotes, en una casa de Breña, y por las mentiras que intenta utilizar como cínica coartada, el país ha exigido que el Ministerio Público haga su trabajo e investigue a Castillo. Zoraida Ávalos, la Fiscal de la Nación, ha negado esa posibilidad, argumentando que el presidente solo puede ser investigado al culminar su mandato, algo evidentemente falso y ridículo, que interpreta el artículo 117 de la Constitución a antojo intentando blindar al presidente.

Oportunamente, al final de su mandato y a diferencia de lo actuado hace dos años, han salido a protestar por este hecho tanto Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, y la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma. Sus voces no revisten mayor importancia por la incoherencia con el silencio de hace un par de años ante una situación similar. Si ellos hubieran protestado hace dos años porque la fiscalía no investigaba a Vizcarra, habrían tenido la fuerza y entereza moral para exigir en la actualidad, lo mismo para Castillo. Lamentablemente no fue así. Al haber callado hace un tiempo, sembraron la semilla de la justificación que hoy le da el precedente que necesita Zoraida Ávalos. Ese es el problema de la crisis de institucionalidad, que no hay reglas de juego permanentes en el tiempo ni personajes de polendas que vayan más allá del carguito del momento.

La destrucción institucional del país, ocasionada por la miseria caviar y por Martín Vizcarra, son el campo propicio para que el comunismo de Pedro Castillo y su agenda radical se vaya imponiendo. Mientras nuestra oposición se desgasta en las amenazas, que nadie cree, y las discusiones estériles, el comunismo sigue avanzando. Será el pueblo quien deba asumir el papel de defender la democracia antes que sea demasiado tarde.