EditorialDomingo, 9 de enero de 2022
¿Quiénes sostienen a la cleptocracia?

Con la noticia del nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de la empresa pública Perupetro -dedicada a la adjudicación de lotes petroleros y a la administración de las regalías del Estado derivadas-, empiezan a bosquejarse algunos de los motivos por los cuales, a pesar de ser un gobierno infame, el régimen de Pedro Castillo aún se sostiene en el poder. Hay varios cabos que atar. En primer lugar, está el blindaje de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tan comentado en la semana, quien bajo una interpretación antojadiza y rebuscada, pretende legalizar su omisión de funciones, ocultando descaradamente sus intenciones de impedir que el país conozca la verdad del presidente en la diversidad de delitos que lo involucran.

Hay que entender que, si bien el vizcarrismo fue derrotado electoralmente, los hechos evidencian que continúa teniendo mucho poder en las instituciones públicas. A pesar de que el candidato presidencial de Martín Vizcarra, Salaverry sólo obtuviera 1.7% de los votos, y entre el Partido Morado y Somos Perú apenas alcanzaran los 9 escaños, este continúa mostrando la influencia que tiene en el aparato estatal peruano. Aunque queda en la especulación, no parece casualidad que, a sólo unos días después de que la fiscal Ávalos blindara a Castillo -y quien en su momento también se negara a investigar al propio Lagarto-, ahora se le dé la presidencia a Salaverry en una empresa estatal, en la cual carece de todo tipo de experiencia en el tema.

Al igual que en el nombramiento como presidente del Indecopi de Julián Palacín hijo, Salaverry no tiene ningún tipo de capacidad relevante en los asuntos petroleros; y reemplaza a Seferino Yesquén quien, por el contrario, es ingeniero petrolero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con Palacín, la retribución por el financiamiento de campaña que hizo su padre parece haber sido el motivo; mientras que, en el caso de Salaverry, todo hace parecer que el pago del presidente es por los servicios de impunidad que la fiscal de la Nación viene proporcionando. El gobierno del sombrero parece consistir en un ‘toma y daca’ constante, en desmedro absoluto de la institucionalidad y de la justicia, deteriorando cada vez que les es posible, la meritocracia que le queda a las entidades públicas del país.

Otro motivo de la persistencia de este régimen cleptocrático, parece ser las venideras elecciones regionales y municipales 2022. En estas se jugarán distintos espacios de poder al interior del Perú, donde lamentablemente muchos siguen aprobando a Pedro Castillo. Una vacancia presidencial no convendría a Alianza Para el Progreso o Acción Popular, partidos de fuerte presencia regional; y, por el contrario, estos parecen buscar retener las alcaldías y los gobiernos regionales en su poder, poder que se pondría en riesgo en caso avanzaran por el camino de la destitución constitucional. Estos incentivos lamentablemente producen fuerzas centrífugas y dispersan la posibilidad de lograr un consenso en este aspecto.

Mientras tanto, parece que la única alternativa para los ciudadanos asqueados de este gobierno ilegal, corrupto e incapaz es continuar denunciando. Denunciando la repartición, entre los lacayos sedientos, de todo aquello que sea transable -o, aunque sea, un poco apetecible-, para los que estén dispuestos a aportar cualquier medio que sostenga a la cleptocracia del lápiz. Sólo queda seguir hasta que la justicia llegue.