OpiniónLunes, 10 de enero de 2022
Ya no tienen vergüenza
Naomi Teruya
Estudiante de periodismo

Hace más de dos semanas, Castillo dio inicio a la actividad de explotación de Petroperú, después de que por 25 años haya operado con la empresa filial UNNA. Es importante entender que las empresas estatales, como Petruperu y Perupetro, terminan siendo manejados bajo intereses políticos y no técnicos, justamente ayer nos enteramos de que designaron como presidente a Salaverry de esta última que, a diferencia de la primera, se encarga de dar licitaciones a empresas privadas. Según la norma, para la designación del consejo directivo, quien asuma el cargo debería tener experiencia en temas energéticos, la cual Salaverry no tiene, en ese caso, la designación debería ser anulada y el ministro de energía y minas, Gonzales Toro, renunciar; caso contrario, el Congreso debe fiscalizar esa designación.

Recordemos que, además de ser íntimo de Martin Vizcarra, Salaverry tiene denuncia constitucional por peculado doloso, falsedad ideológica y genérica, como consecuencia, debió ser inhabilitado para cualquier cargo público.

Respecto a la actividad petrolera en el país, el principal problema en una época pos-Covid son las regalías, actualmente va desde el 5 al 20%, un nuevo reglamento debe tener una mejor propuesta para que las empresas puedan invertir en el Perú, además debe revisarse la distribución del canon que, en general, no se ve un efecto significativo en la comunidad. Si bien el precio del petróleo a nivel internacional está mejorando, es necesario evitar el colapso y la paralización de explotación y exploración petrolera, así generaría más trabajo. Recordarán que hace tan solo dos semanas, el gobierno actual estuvo en otro nuevo escandalo sobre el caso biodiesel, donde la propia fiscal Córdoba aseguró que existen suficientes elementos para investigar la vinculación entre Castillo y la empresa Heaven Petroleum Operators, quien habría sido contratada por 74 millones de dólares en una asignación irregular. Incluso el propio Castillo habría negado el acceso de los fiscales cuando este estaba en reunión con el gerente de dicha empresa.

En ese sentido, es fundamental que Perupetro negocie contratos a empresas serias, bajo un procedimiento justo y no por intereses políticos. La designación de Salaverry no solo debería ser anulada, además genera gran preocupación, considerar que este se ha mostrado como mano derecha de Martin Vizcarra, quien todavía tiene acusaciones graves tanto en el caso Chinchero como en el vacunagate. Sin duda, este caso solo evidencia que el gobierno de Pedro Castillo terminó siendo el botín para los amigos del sombrero y la repartija de puestos públicos a vista y paciencia de todos.