EditorialMartes, 11 de enero de 2022
La libertad de prensa como bien público

Ayer, el juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, decidió condenar a dos años de prisión suspendida y al pago por reparación civil de S/400 mil al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, por la querella presentada el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El presunto delito sería de difamación agravada. Este fallo judicial ha sido denunciado como un golpe contra la libertad de prensa y un atentado contra los derechos fundamentales, por casi la totalidad de la prensa nacional, organismos internacionales y políticos de varios tintes distintos. Nos sumamos a las muestras de solidaridad a los periodistas amedrentados, no sin antes plantear algunas reflexiones.

La obra “Plata Como Cancha”, según Acuña, tendría 55 frases consideradas como lesivas a su honor y reputación, de las cuales 34 fueron así consideradas por el juez Vega, quien indicó en su sentencia que la libertad de expresión y el derecho al honor tienen el mismo peso. Sin embargo, el libro es una recopilación de testimonios de terceros y de fuentes oficiales: cosas que el líder de APP preferiría que no se dijeran, pero que el periodista de investigación ha puesto en un orden determinado para que el lector saque sus propias conclusiones. La doctrina del ‘reporte fiel o neutral’, acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego por la Corte Suprema de Justicia del Perú, consiste en proteger al periodista que reproduce las declaraciones de terceros. De esta manera la responsabilidad de la veracidad de una declaración recae en quien la hace, no en quien la difunde; es decir, no se puede castigar al mensajero.

Adicionalmente, si bien es cierto que el periodista Christopher Acosta ha realizado afirmaciones valorativas o especulativas como: “Si [Acuña] no fuera rico estaría, muy probablemente, preso”, estas tampoco constituyen difamación. No es una afirmación que pueda ser contrastada mediante los hechos, es una tesis personal que cabe dentro de la libertad de expresión del periodista. Bajo ese mismo principio, decir que Pedro Castillo tiene las intenciones de implantar una dictadura comunista en el Perú, también podría ser utilizado para perseguir a la prensa que plantee tal inferencia o especulación razonada. Calificar como “impresentable” a una persona -palabrita tan de moda- podría caber también en la afectación al honor, y llevaría a una persecución intestina e inagotable en el debate público nacional.

Por todo ello consideramos que, el beneficio general que produce la libertad de prensa justifica los costos que pueden generar los evidentes errores y sesgos humanos que se dan en su ejercicio. En una democracia, preferimos la posibilidad de ofender a otros antes que vernos obligados a no decir lo que pensamos o creemos correcto. Y esto es porque no existe libertad de expresión sin la posibilidad de que podamos ‘ofender’ a quien criticamos, investigamos o mencionamos, cuando hacemos uso de esa expresión. Por ello, desde nuestro medio, condenamos que un político pretenda utilizar su poder para perseguir a periodistas.

Existe una porción del oficialismo de izquierda que hoy pega un grito al cielo defendiendo a este periodista, pero que antes atacó a Beto Ortiz por invitar a Ernesto Bustamante a opinar que la vacuna Sinopharm no era suficientemente efectiva. ¿No es acaso también, una aplicación clara de la misma ‘doctrina del reporte fiel’? Esto es, sin duda, un caso más de la doble moral caviar.

Sin embargo, por otro lado, existe una minoría dentro de la derecha nacional que considera que está bien este fallo, debido a que el periodista no es parte de su esfera de afinidad política. A ellos les decimos que, así como a Castillo, a Salaverry, a Sinopharm, y a Vizcarra, se les debe poder criticar con libertad; aplica lo mismo en este caso. Porque para condenar la doble moral de la izquierda, primero uno debe empezar por no practicarla.