OpiniónJueves, 13 de enero de 2022
El vestido morado de Sunedu
Vanya Thais
Periodista

Es curioso cómo cada vez que hay cosas importantes a las que prestar atención, aparece un tema polémico para distraernos. Cuando Salaverry fue nombrado presidente de Perupetro, la atención se desvió al vídeo de un padre reprochando a su hijo; ahora todos están muy ocupados defendiendo la sacrosanta libertad de expresión, en vez de prestar atención a uno de los debates más importantes: respetar la autonomía y libertad en las universidades.

He visto que es casi consenso tácito que la Sunedu es necesaria y todos lo ven como sinónimo de mejora, de calidad de educación, de regulación y eliminación de “universidades chicha”, pero existen varias razones para desconfiar de las buenas intenciones de esta institución, a pesar de los (pocos) buenos funcionarios que puedan quedar ahí. En ese sentido, sería bueno empezar señalando que la tan alabada “reforma universitaria” fue realmente una “reforma morada”. ¿Por qué? Porque Francisco Sagasti fue designado presidente del Comité de Selección del Consejo Directivo de Sunedu desde el 2017.

En segundo lugar, es preciso resaltar que esta ley nació sin financiamiento y exige inversión, que el estado nunca otorgó para su cumplimiento. La única universidad que requería más de 700 millones de soles para la implementación de la ley, no recibió el monto que necesitaba. Los rectores de las universidades públicas recibieron cien millones para dividirlo entre 52 universidades. Obviamente, una traba inexplicable para muchísimas universidades públicas a nivel nacional, pero aquí empieza el protagonismo de un personaje central en la historia: Flor Pablo Medina, hoy congresista de la República.

La exministra trabajó en el Ministerio de Educación (Minedu) desde el 2011, como directora de Educación Primaria. Su vínculo con los más beneficiados de esta historia, el oligopolio educativo de Intercorp empezó en el 2014, cuando se le designó coordinadora de Colegios Peruanos S. A. Dos meses antes de dejar el cargo permitió que se modifique un contrato que retrasó por 6 meses la entrega del material educativo, perjudicando a los estudiantes. Lo más grave del asunto es que operaba para Intercorp trabajando al mismo tiempo para el Minedu.

Cabe resaltar que ese año, la fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión para ella, al punto que, en el 2017, cuando fue denunciada en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por los actos indebidos realizados en el ejercicio de sus funciones como directora de Educación Primaria del Minedu, la secretaria general de dicho ministerio se negó a defenderla legalmente por haber sido denunciada por el propio Minedu ante la fiscalía.

Como si esto fuera poco, el 2019 fue su año: fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y el 11 de marzo, fue nombrada ministra de Educación. Es aquí donde viene el escándalo que todos conocemos: la aprobación de textos con contenido sexual absolutamente inapropiado (de una página cubana - vaya novedad) para niños.

Ahora, las universidades públicas están condicionadas a que el Minedu apruebe el uso del presupuesto, aun cuando son recursos directamente recaudados. Asimismo, la Ley de presupuesto 2022 vulnera la autonomía de las universidades: las subvenciones para las actividades académicas y de investigación de los universitarios deben ser aprobadas por el Minedu; para las acciones de fomento de pregrado se establece que las iniciativas de inversión deben ser aprobadas por resolución viceministerial del Minedu.

De igual forma, para el caso del financiamiento para la adquisición de dispositivos electrónicos, los estudiantes deben ser focalizados de acuerdo a lo que disponga el Minedu, así como este mismo ministerio debe implementar el pago al docente investigador. En otras palabras, las universidades están a la absoluta merced del Minedu, que está copado por morados, estudiosos de género y políticos progresistas que van en la línea del Partido Morado, pero también de aquel grupo bancario que se puso #DePie y que siempre anda a la vanguardia de la Agenda 2030: Intercorp.

Aquí entran a tallar dos extitulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Waldo Mendoza y Fernando Zavala, quienes asfixiaban presupuestalmente a las universidades públicas para facilitar el copamiento del mercado por el oligopolio educativo antes mencionado y asignaban montañas de dinero al Minedu para que se profundice la implementación de la ideología de género. El caso de Zavala es aún más comprometedor y evidente, porque es conocido que pertenece al directorio de Intercorp, Innova Schools y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Desde el 2015, la Contraloría advirtió irregularidades en esta superintendencia, señalando que no se habían cautelado los requisitos exigidos para la contratación de personas, pero la Sunedu no sancionó a nadie. En el 2016, contrataron algunos CAS pese a que los postulantes no cumplían los requisitos necesarios. En el 2017, el contralor se reafirmó en las irregularidades anteriormente señaladas, explicando que había inconductas que generaron procesos administrativos, pero jamás quedó claro si se había sancionado a los responsables.

A partir de esto, se hizo cada vez más evidente la injerencia de Intercorp. Se cambió el reglamento para el licenciamiento hasta cinco veces, beneficiando principalmente a las universidades de este grupo y perjudicando a más de 300 mil alumnos de sectores emergentes con el cierre de 49 universidades. El fin jamás fue elevar los estándares educativos, porque siempre toman eso como principal argumento.

Desde ahí, se logró la licencia de universidades que jamás tuvieron alumnado ni clases (como la UPAL), se dio una cantidad importante de dinero a medios para encubrir los delitos mencionados en este reporte y obviamente, el círculo del expresidente encargado, Francisco Sagasti, salió limpio de polvo y paja a pesar de que toda esta información es pública y fácilmente corroborable. En el 2018 se designó como superintendente a Flor Marlene Luna Victoria Mori, quien fue cesada tras denunciar graves irregularidades en la Sunedu como el caso de la Universidad Andina para el Desarrollo Agrario - UDEA de Huancavelica, donde no contaban con un solo profesor con el grado de doctor, ni con investigadores calificados, tal cual lo exige la norma.

Esto es solo un vistazo al gran problema que significa la Sunedu y por qué se resisten tanto a que las universidades tengan autonomía, desprestigiando el movimiento que promueve la diversidad de posturas y el fin de la homogeneidad en el discurso. Esta vez existe la posibilidad de que termine el adoctrinamiento sistemático y que los estudiantes desarrollen juicio crítico real, sin el sesgo de un partido que solo ha llegado al poder a través de la violencia y el caos.