OpiniónLunes, 18 de abril de 2022
El presidente y la libertad de expresión
Percy Urteaga
Analista político

El pasado domingo 10 de abril, el programa Panorama difundió un reportaje en el que se muestra al primer mandatario, Pedro Castillo, jugando una pichanguita con Roberto Aguilar Quispe, representante de empresas que ganaron contratos con el estado durante su gobierno. En relación con ello, el presidente envió una carta notarial dirigida a los periodistas que llevaron a cabo la investigación y que difundieron el referido reportaje, solicitando que se rectificaran sobre las “imputaciones maliciosamente atribuidas a su persona”, negando, además, conocer al empresario Aguilar Quispe, y señalando que no permitirá el “ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar al gobierno”. Agregando que, de no rectificarse, ejercerá las acciones civiles y penales correspondientes.

Ante ello, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de la Prensa y Sociedad (IPYS), han señalado que el presidente Castillo, mediante su misiva, estaría intentando intimidar a los medios de comunicación, manifestando a la vez, que su reacción “es incompatible con su obligación de tolerancia ante el máximo escrutinio de la prensa”.

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la persecución penal es la medida más restrictiva a la libertad de expresión, por lo tanto su uso en una sociedad democrática debe ser excepcional y reservarse para aquellas eventualidades en las cuales sea estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques que los dañen o los pongan en peligro, pues lo contrario supondría un uso abusivo del poder punitivo del Estado” (Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela).

Asimismo, la misma Corte ha señalado, respecto al ejercicio de la libertad de expresión, que “se pueden imponer responsabilidades ulteriores, en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación” (Caso Mémoli vs. Argentina).

En ese sentido, el presidente estaría actuando de manera prepotente y haciendo caso omiso a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ya que, usando una medida excepcional como el derecho penal, buscaría limitar el derecho a la libertad de expresión.

A la vez, se debería tomar en cuenta que el reportaje se ha basado no solo en la muestra de imágenes, sino también en conclusiones basadas en informes periciales que corroboran la identidad del señor Aguilar Quispe, por lo que, siendo así, nos encontraríamos ante hechos científicamente verificables y evidenciables en la realidad, haciendo que difícilmente se vean vulnerados los derechos al honor y a la buena reputación, tal y como se indica en la carta notarial del presidente.

Una vez más, el señor Castillo intenta victimizarse haciendo ver a la ciudadanía que la prensa quiere desestabilizar a su gobierno, el cual se ha caracterizado por una pésima gestión. Es lamentable que el primer mandatario pretenda no respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión.