OpiniónMartes, 3 de mayo de 2022
Los gobiernos subnacionales también son responsables
Percy Urteaga
Analista político

Si bien es cierto que tenemos en la actualidad el peor gobierno de nuestra historia, con un primer mandatario que no cuenta con capacidad para gestionar, ni tampoco tiene la solvencia moral para honrar, como se debe, la investidura presidencial, también tenemos en los gobiernos regionales y municipales a personas que no cuentan con los perfiles requeridos para ser autoridades idóneas que resuelvan los verdaderos problemas y satisfagan las reales necesidades de la población y que, por el contrario, buscan solo satisfacer sus intereses particulares, llevando a cabo actos inmorales e ilegales que fomentan y fortalecen –desgraciadamente– a la corrupción, debilitando cada vez más a la institucionalidad y al Estado de Derecho.

El día de ayer el diario El Comercio publicó un informe periodístico en el que se concluye que, en el período actual de la gestión de los gobiernos regionales, esto es, entre el 2019 y 2022, nueve de las veinticinco autoridades inicialmente electas han sido separadas de sus cargos por ser acusadas de cometer supuestos delitos o de haber sido sentenciados por faltas graves anteriormente. A ello se podría agregar la situación de algunos alcaldes que están en la mira de la justicia por presuntos actos de corrupción o que han orientado su gestión municipal en beneficio de sus allegados y aliados, dejando de lado a la población.

Dicha situación es realmente alarmante. Sin embargo, lo más preocupante es que para muchos ciudadanos esto está pasando como algo normal en nuestro ámbito político, por lo que se está llegando a tolerar actos de corrupción de las autoridades municipales y regionales, lo cual, podría llegar a generar circunstancias más trágicas en un futuro cercano.

Es necesario que, en las próximas elecciones regionales y municipales, la ciudadanía llegue a informarse bien sobre los candidatos y, a la vez, sobre los planes de gobierno que proponen, analizando su viabilidad y pertinencia. Asimismo, es necesario que se indague respecto a las personas que los rodean, ya que si bien, en un eventual triunfo electoral es el candidato ganador quien dirigiría la gestión, muchas veces los asesores o su círculo cercano podrían influir en la autoridad para cometer actos en detrimento de la población.

Las autoridades regionales y municipales también son responsables de que la población se sienta descontenta por la precariedad de servicios públicos que recibe y por la insuficiente protección de sus derechos fundamentales. Dichas autoridades, al no hacer bien su trabajo, contribuyen a que políticos populistas y demagogos se aprovechen para engañar e intenten convencer de que se tiene que llevar a cabo una asamblea constituyente para cambiar la actual constitución política, ya que, según ellos, así se solucionarían todos los problemas y superaríamos las crisis del país. Esto es totalmente falso, ya que muy aparte de que se deberían hacer ciertas reformas a la actual Constitución, lo más importante sería que los políticos realmente sirvan a la población y que lleven a cabo eficientemente su gestión. Los problemas que afectan a nuestro país, más que en la actual Constitución, tienen que ver con la mala gestión.