OpiniónLunes, 23 de mayo de 2022
El Estado es responsable, no los bancos, por Naomi Teruya
Naomi Teruya
Comunicadora

En el 2020, en plena pandemia, la Comisión de Economía del Congreso aprobó medida para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acceda al secreto bancario de empresas y ciudadanos para, según ellos, combatir el lavado de activos y la evasión de impuestos, impulsado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El intercambio informativo era requisito para suscribirse a dicha organización, todo en un marco internacional.

Evidentemente, muchos nos opusimos a la mal llamada reforma financiera que muchos caviares, como María Antonieta Alva, aplaudían y catalogaban como un hito histórico, olvidando que el secreto bancario y la reserva tributaria es un derecho fundamental contemplado en la Constitución.

De hecho, uno pensaría que la información que los bancos estarían obligados a dar a la UIF sería de ciertos casos con investigaciones en proceso, pero no. La supuesta reforma prosiguió en el gobierno de Francisco Sagasti donde, por decreto supremo, precisaba que los datos de aquellos que tengan más de 10 mil soles, en una cuenta bancaria o la sumatoria de varias, iban a ser reportados a la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), así supuestamente se evitaría la evasión fiscal, o sea, el hecho de tener tal cantidad automáticamente te hacía sospechoso.

La semana pasada, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) denunció que datos bancarios de empresas y ciudadanos habían sido robados desde las entidades del Estado, donde han sido vendidos en internet al mejor postor. Incluso dijo que el Premier Aníbal Torres sabía de la situación desde abril. Debemos recordar que, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso de ese entonces dio facultades en materia tributaria y financiera al Ejecutivo. Es así que la congresista Adriana Tudela manifestó que propondrá la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1434. Lo cierto es que no sabemos si este nuevo esfuerzo se haga efectivo porque el año pasado el mismo Tribunal Constitucional declaró como infundadas las dos demandas que hizo el Colegio de Abogados contra el mismo decreto.

Muchos, por ignorancia o necedad, señalan que la seguridad de bancos no es confiable, cuando el problema ha sido que el Estado no ha resguardado información sensible, atentando así contra el derecho fundamental de la privacidad financiera. Parece que, otra vez, María Antonieta Alva, Sagasti e incluso el propio Castillo se quedaron sin internet porque no han dicho nada. Mientras Vizcarra sigue con sus líos amorosos.