OpiniónMartes, 14 de junio de 2022
Denuncia constitucional contra Dina Boluarte, por Percy Urteaga
Percy Urteaga
Analista político

Este martes 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento debatirá el informe que versa sobre la denuncia constitucional interpuesta contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta, Dina Boluarte. De acuerdo a dicho informe, se concluye declarar procedentes las denuncias constitucionales 268 y 269, la primera interpuesta por el parlamentario Javier Padilla Romero y la segunda interpuesta por las congresistas Norma Yarrow, Adriana Tudela, Diana Gonzáles y Patricia Chirinos. Coincidiendo ambas en la probable infracción al artículo 126 de la Constitución Política por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria pública.

Ahora bien, respecto al asunto, debemos precisar que el artículo 126 de la Norma Fundamental es clara al señalar en su último párrafo que:

“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

En ese sentido, podríamos decir que la actual ministra habría infringido la Constitución al haber participado como gestora del Club Departamental Apurímac, una asociación de índole privado, siendo una de las últimas gestiones la tramitación de una licencia de funcionamiento en el mes de abril del presente año ante la Municipalidad de Lima.

Sobre la denuncia constitucional, ésta llega a ser el acto por el que se inicia una acusación constitucional cuando se presenta un supuesto de procedencia de una infracción a la Constitución. Ello, en concordancia con lo manifestado por Víctor García Toma, al señalar que, “dicha denuncia opera contra los operadores estaduales señalados en el artículo 99 de Constitución, en ocasión de la supuesta realización de cualquier acto por acción u omisión que afecte algún precepto constitucional”. Añadiendo el jurista antes mencionado, que uno de los casos podría ser el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 126.

Asimismo, es pertinente señalar que, de acuerdo al caso concreto de la ministra Boluarte, existiría la posibilidad de que se la sancione destituyéndola del cargo e inhabilitándola hasta por diez años para ejercer la función pública, de acuerdo al artículo 100 de la actual Carta Magna. Estando en ese caso, ante un juicio político, el cual versa sobre asuntos relacionados a faltas netamente políticas, y que, citando nuevamente a García Toma, “viabiliza la tramitación de una falta de naturaleza política no asociada con la perpetuación de un ilícito penal”. Ello, sin perjuicio de que en las investigaciones que se lleven a cabo, se pueda presentar algún indicio de la comisión de un delito, en cuyo caso estaríamos también ante un antejuicio político, el cual también es una de las vías de la acusación constitucional.

Queda en manos del Congreso de la República actuar de acuerdo a lo que ordena nuestra Constitución, ejerciendo adecuadamente su función al evaluar el caso de la señora Dina Boluarte, el cual, considero, debería concluir en la imposición de una de las sanciones previstas legalmente.