OpiniónDomingo, 19 de junio de 2022
Archivar no es blindar, por Juan Sheput
Juan Sheput
Analista Político

Como se sabe el presidente de la República en estos momentos está siendo investigado, nada lo impide. Tiene acusaciones constitucionales en el Congreso pendientes de resolución. Sin embargo, la Fiscalía ya lo ha interrogado y la investigación sigue su curso. Por lo tanto, si el principal de los funcionarios aforados, el presidente de la República, puede ser investigado pues entonces nada impide que algunos exministros, con acusaciones constitucionales en curso, puedan serlo también. Si se puede con lo más por supuesto que se puede con lo menos.

No es cierto entonces que el hecho que el informe del congresista Cavero, que concluye con el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero Flórez y Gastón Rodríguez, sea la razón para evitar que se les investigue. Pretender señalar eso es tan falso como atrevido es el comentario de Juan José Quispe, abogado de la parte afectada (de los jóvenes fallecidos Inti y Brian), que exige que el Congreso se comporte como una mesa de partes.

La propuesta de archivamiento de la acusación constitucional es pertinente pues la Fiscalía no ha encontrado elementos contundentes para consolidar su solicitud que lleve al antejuicio político. Se adelantó a presentar la acusación constitucional sin tener indicios sólidos de que los exfuncionarios denunciados (presidente de la república, presidente del consejo de ministros y ministro del interior) hubieran sido parte de una cadena de mando que ordenó una represión brutal que culminó en la lamentable muerte de dos personas. La Fiscalía se adelantó, por presión política y mediática, y como era lógico, el congresista Alejandro Cavero, no encontrando elementos contundentes, sino tan sólo una serie de hipótesis concluyó que lo mejor era archivar el caso, conclusión que pienso es la correcta y que ejecutó con coraje y valentía.

Sobre el particular hasta el decano de la prensa nacional, el diario El Comercio, ha editorializado ayer sábado sobre el tema señalando que con el archivo se impide el derecho a investigar. La politizada Defensoría del Pueblo también va en el mismo sentido. Ambos se equivocan. Esta no es una contienda de quien hace el mejor relato, es una situación compleja que exige que se actúe de manera responsable y de acuerdo con la Ley y la Constitución. La Fiscalía puede seguir investigando si así lo desea, allí está el ejemplo de la investigación al presidente Castillo y la forma como en casos anteriores, ante el surgimiento de evidencias concretas, el Ministerio Público presentó nuevas acusaciones constitucionales como en el caso de “Los Cuellos Blancos” del Callao. El archivamiento del informe, si no procede la reconsideración de la votación, no impide que se investigue.

Las mentiras y la desinformación se han instalado en el Perú con bastante éxito. Es un indicador de grave deterioro social el hecho que quienes se supone deben actuar con la verdad y la información lo hagan de manera absurdamente contraria.