OpiniónDomingo, 19 de junio de 2022
Bandas armadas auspiciadas por el Estado, por Fernando Rospigliosi
Fernando Rospigliosi
Analista Político

La ley que acaba de aprobar el Congreso (Nº 31494) institucionaliza la existencia de bandas armadas protegidas, financiadas y apoyadas por el Estado, y también eventualmente por grupos privados que quieran auspiciarlas (narcotraficantes, mineros ilegales y cualquier tipo de organización criminal). Si algo faltaba para dar un paso decisivo en la desintegración del Estado, es esta ley.

El dispositivo reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD) y establece beneficios para ellos. Los CAD surgieron en el VRAEM cuando Sendero Luminoso masacraba a los nativos y comunidades en esa región. Ellos se organizaron para enfrentar a SL y contaron con el apoyo de las FFAA y la PNP que les proporcionó escopetas para defenderse de los terroristas, cuando las huestes de Abimael Guzmán querían tomar el poder y se afanaban en controlar el territorio para crear un “nuevo Estado”.

Pero después de la caída del cabecilla y de varios de sus dirigentes locales, SL del VRAEM cambió y se convirtió en una banda narcoterrorista que sobrevive gracias a su alianza con el narcotráfico, que la financia. Modificaron su estrategia y dejaron de atacar a los agricultores, en particular a los cultivadores de coca ilegal, con los cuales se aliaron para enfrentar a las autoridades. Ahora SL protege no solo a los narcotraficantes, a los mochileros que trasladan la droga, sino también a los que procesan la pasta básica de cocaína junto a sus chacras.

Varios antiguos CAD han usado sus armas para disparar a los erradicadores de coca ilegal del Ministerio del Interior y la policía que los protegía las pocas veces que se ha tratado de erradicar en el VRAEM. Como es sabido por cualquiera que conozca el VRAEM, el enfrentamiento entre CAD y SL es cosa del pasado. Hoy colaboran entre sí.

A estas organizaciones es a las que ahora el Estado va a proteger y armar. Antes, solo las FFAA podía proporcionarle escopetas, armas de potencia limitada, que las FFAA controlaban. Ahora le pueden proporcionar “armas de uso civil” (artículo 8º), lo que incluye pistolas, revólveres, carabinas, además de escopetas. Más grave aún, pueden comprarlas y recibirlas en donación “de particulares”.

¿De dónde creen que van a obtener el dinero para comprar armas? ¿Quiénes creen que les van a donar armas y para qué?

Hasta ahora en el Perú, el segundo productor de cocaína del mundo, no existían esos pequeños ejércitos del narcotráfico que asuelan México, Colombia y otros países. El Congreso y el gobierno les acaban de dar la bienvenida. Y los han legalizado.

Por si fuera poco, la ley establece que las FFAA y la PNP “capacitan” a estas bandas armadas. Servicio completo, no faltaba más.

Cuando los CAD o las rondas campesinas agredan a ciudadanos o violen la ley, el Ministerio de Defensa y el Mininter asumirán su defensa legal gratuitamente (Art. 13º).

Como un incentivo adicional, quienes se incorporen a esas organizaciones convalidarán su tiempo de servicios como si hubieran hecho el servicio militar voluntario en las FFAA. (Art. 14º).

Además, por supuesto, recibirán subvenciones económicas de los gobiernos regionales, locales y “entidades del gobierno nacional”, aparte de las donaciones privadas. (Art. 15º). Teniendo en cuenta que muchísimos gobiernos regionales y municipales han caído -y seguirán cayendo- en manos de organizaciones criminales, no es difícil imaginar lo que ocurrirá cuando subvencionen a esas bandas armadas. ¿Para qué creen que las utilizarán?

¿A quiénes subvencionará el gobierno regional de Junín en manos de Vladimir Cerrón y sus secuaces? ¿A quiénes apoyará, el gobierno de Pedro Castillo con sus socios del Movadef? ¿Acaso las bandas paramilitares de Venezuela y Nicaragua no son suficiente ejemplo de como el socialismo del siglo XXI utiliza esas organizaciones?

Estas bandas armadas también participan en materia de “prevención” y de “seguridad y vigilancia” y reciben “atención preferente de las autoridades” (Art. 6º). Es decir, tienen funciones amplísimas.

También pueden ejercer el “derecho consuetudinario” y gozan “del respeto de su cultura y sus costumbres” (Art.12º). Como se ha visto muchas veces, esas costumbres incluyen, por ejemplo, azotar brutalmente a quien consideren que ha infringido alguna norma sin que el flagelado (o flagelada) pueda defenderse, o desnudarlo y arrearlo por los caminos a golpes. Castigos que pueden ser decididos por el caudillo autoritario (o el grupo de poder) que manda en la localidad para castigar a sus enemigos, evitar la disidencia o defender sus latrocinios. No han necesitado una nueva Constitución para empezar a poner en práctica el Estado “plurinacional”.

Todas estas barbaridades se han aprobado en un país donde hace poco una banda armada asesinó impunemente a 14 personas en Arequipa, en una masacre que en otro tiempo se consideraba inconcebible. En un país donde el Estado va dejando de controlar parte del territorio, como el VRAEM, donde campea el narcotráfico y SL, y otras regiones donde la minería ilegal y actividades similares se propagan sin freno alguno.

Adicionalmente, un grupo de congresistas comunistas oficialistas ha presentado otro proyecto de ley el 16 de junio “para establecer el uso obligatorio de armas no letales en el servicio de Serenazgo municipal”.

Como algunos habíamos advertido desde el comienzo, el Perú se desliza rápidamente al abismo y se va desintegrando. Y las instituciones creadas para la defensa de la nación, observan impasibles la destrucción del país. O son cómplices.