OpiniónViernes, 24 de junio de 2022
¿Milicias en el Perú?, por Percy Urteaga
Percy Urteaga
Analista político

Es conocido que, en algunos países de América Latina, dentro de algunos contextos sociales históricos, se han creado milicias, las cuales, más que ser un elemento de apoyo e influencia para la seguridad ciudadana, han sido grupos utilizados políticamente a favor de algunos gobernantes, en detrimento, en muchos casos, de los derechos de la ciudadanía.

De ello, podemos mencionar el caso de las Milicias Nacionales Revolucionarias de Cuba, o el grupo de Milicianos de Venezuela. Ambos creados y avalados por los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente. Estos grupos de civiles, más que motivados por defender y proteger a los ciudadanos de peligros delincuenciales, han actuado guiados por la intención de defender a los regímenes de turno, los cuales los han utilizado para combatir a sus “enemigos” de manera arbitraria, a fin de consolidar más su poder.

Tal vez, hace unos años no se nos hubiese pasado por la mente de que estos grupos paramilitares podrían establecerse en el Perú en la actualidad. Sin embargo, el último jueves 16 de junio el Congreso de la República publicó la Ley N° 31494 - Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana – la cual, establece que los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) “son organizaciones de la población surgidas espontáneamente y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad contra la infiltración y ataques terroristas, la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas y los delitos vinculados a la inseguridad ciudadana”. Asimismo, la mencionada norma también establece que los CAD pueden adquirir armas de uso civil, para que sean utilizadas en apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, consideramos que dicha norma, en lugar de solucionar los problemas de inseguridad que aquejan desde hace varios años a nuestro país, podría poner en riesgo la tranquilidad y estabilidad social y la institucionalidad democrática. Esto debido a que los CAD podrían actuar como aliados de los gobernantes de turno, a fin de resguardarlo y defenderlo, pudiendo incluso ir en contra de la ciudadanía opositora al régimen, extralimitándose, cometiendo abusos y vulneraciones a los derechos fundamentales.

Lo que se debería hacer es fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, las cuales, tienen como finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden interno, de acuerdo a la Constitución.