PortadaViernes, 24 de junio de 2022
¿Procura blindar?

María Aurora Caruajulca Quispe asumió la procuraduría general el pasado 25 de febrero. Sin embargo, hasta el momento ha brillado por su ausencia. Además de conocerse que no está respondiendo al decreto legislativo No. 1326, que le permite participar en procesos penales contra denunciados que habrían actuado en perjuicio del Estado, que es el caso de Pedro Castillo, ayer se ha descubierto que tiene un familiar vinculado a los ascensos irregulares en las fuerzas militares, situación que expondría la razón de su silencio.

Su antecesor Daniel Soria le ha dejado la valla alta. Aunque le costó el cargo, denunció al presidente Pedro Castillo por el presunto delito tráfico de influencias y colusión tras conocerse que había convertido en despacho presidencial un departamento en el jirón Sarratea, en Breña. Caruajulca, al contrario, no se ha pronunciado. Está en modo espectadora.

Más que una consigna, Caruajulca tiene la obligación de poner el pecho por el Estado. Es facultad de la Procuraduría. Entre sus prioridades debe estar el escrutado más inmediato y de más poder que es el jefe de Estado, que mientras tanto sigue encontrando vías para aplazar todas las investigaciones en su contra.

Las sospechas sobre la procuradora incluso se han magnificado. Se ha descubierto que la doctora es cuñada de Santiago Rosendo Abarca León, quien es vocal supremo del Fuero Militar Policial y uno de los ascendidos presuntamente por pedido del mandatario —caso que también está siendo investigado por la Fiscalía—. Asimismo, la actual funcionaria tendría un proceso administrativo sancionador en su contra y que arrastra desde enero de 2020, cuando era procuradora municipal en San Juan de Lurigancho. La denuncia en contra de Caruajulca la puso una ciudadana por su inacción frente a un presunto tráfico de terrenos. Esto es una transgresión a la normativa de selección —peor al ser un cargo de confianza— y por esta razón ni siquiera debió ser escogida.

La procuradora no ha encarnado la misma energía interpeladora de su antecesor Daniel Soria, quien fue destituido de forma controversial. Después de haber denunciado ante la Fiscalía al presidente, el 17 de diciembre del 2021, por el caso Sarratea y Puente Tarata III, cuando Karelim Lopez todavía era una imagen pixeleada en un video municipal, el Ministerio de Justicia, entonces liderado por Aníbal Torres —hoy primer ministro—, firmó la destitución del entonces procurador general, de quien además sugirió que no tenía los “requisitos” para el cargo. En el documento también estaba la estampa del jefe de Estado. La excusa la puso el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, quien dijo que hubo “anomalías” en la asunción de Soria allá por febrero de 2020, lo cual también fue respaldado por la misma Contraloría.

Al día de hoy, el gobierno tiene en la Procuraduría a una aliada, que calla y blinda. No dejemos que el cáncer haga metástasis.