OpiniónJueves, 4 de agosto de 2022
Mendigo sentado en un banco de oro, plata y cobre (parte II), por Diego Kobashigawa
Diego Kobashigawa
Analista Económico

El 21 de abril del 2022 compartimos la primera parte del artículo “Mendigo sentado en un banco de oro, plata y cobre”, en el cual hacemos referencia a la riqueza mineral que tiene nuestro país, riqueza ampliamente desaprovechada (siendo el Perú el segundo mayor productor de cobre y el tercero de plata y zinc del mundo; y el primero de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno de Latinoamérica).

El alto nivel de conflictos sociales alrededor de la minería ha hecho que las inversiones en proyectos mineros caigan de US$ 8,864 millones en 2013 a US$ 5,242 millones en 2021, y a un nivel proyectado de US$ 1,887 millones para este año. El factor más importante para que se lleven a cabo estas inversiones es el nivel de confianza empresarial en la estabilidad tanto económica como jurídica del sector.

Con estabilidad jurídica se hace referencia al respeto de los contratos y de los requerimientos legales preestablecidos al momento que el privado decide realizar el proyecto, que no se cambien los requerimientos en temas de impuestos y demás. Pero, ¿qué confianza podemos esperar de un gobierno que ha tenido cinco gabinetes ministeriales en su primer año en el cargo y que vive amenazando al sector privado?

Ningún inversionista privado le cree al gobierno. Según Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, los inversionistas han perdido fe en la capacidad del Perú de llevar a cabo proyectos mineros tras la paralización de Las Bambas (una de las minas de cobre más grandes del mundo), y el retraso de una cartera de nuevos proyectos por valor de US$ 53,000 millones. Durante más de 20 años hemos tenido de dos a tres proyectos mineros desarrollándose simultáneamente en Perú; no obstante, el último gran proyecto minero que se ha puesto en marcha es Quellaveco de Anglo American (inversión de US$ 5,300 millones), y no vemos otro adicional.

El presidente debe ser consciente de la dependencia que tenemos del sector minero, así como de los problemas derivados de las inversiones mineras —principalmente relacionados al impacto ambiental y a los conflictos sociales—, y tomar acción. Lo que debe hacer el gobierno es generar estabilidad, agilizar los permisos y potenciar las oficinas de resolución de conflictos sociales puesto que este es el cuello de botella en la ejecución de la mayoría de grandes proyectos que potencialmente traerían beneficios enormes a millones de peruanos.

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