EditorialDomingo, 14 de agosto de 2022
Editorial: El Congreso no es incapaz moral

En el mundo hay distintos tipos de Congresos. Tenemos, por ejemplo, a los que tienen un gran nivel de profesionalismo como el inglés y el danés. Otros son una pantomima inútil como el cubano o el ruso. También están los que son realmente malos, entre estos el peruano, uno de los peores en el catálogo de países democráticos. Esto, por supuesto, no es noticia. Sin embargo, su pasividad pese a tener licencia para ponerle fin a esta crisis no es un equivalente frente al que genera esta misma: el presidente.

El actual Parlamento no solo es malo por su baja calidad de producción legislativa, sino que incumple con su tarea de control político —que se evidencia en su imposibilidad de darle fin a este gobierno— y su rol de representación está por los suelos. Ni el oficialismo ni la oposición pueden satisfacer las necesidades de sus votantes. Los primeros pedían justicia social o mejor redistribución de la riqueza en un país empobrecido, pero el oficialismo solo ha generado mayor podredumbre. En cuanto a la oposición, su elector pide desde hace meses la vacancia del jefe de Estado o, por lo menos, un freno real al descalabro que ocasiona Castillo. No solo no pueden lograrlo, sino que, pese a la coyuntura, la vacancia está lejana. Y ni siquiera mencionamos ni profundizamos en la inhabilitación a la vicepresidenta Dina Boluarte, que es otra de sus tareas primordiales que está estancada, desencaminada.

Estas son algunas de las razones por las que el Congreso no pasa del 10% de aprobación en todas las encuestas. No legisla, no fiscaliza y no representa. Es pésimo, sí, pero en contraste con el Ejecutivo, no ha hecho absolutamente nada como para que sea disuelto, no sería tampoco una salida a la crisis. De hecho, el Legislativo puede ser disuelto cuando deniegan dos confianzas al Ejecutivo (o si hacen un proyecto constitucional de autodisolución, lo cual es tan improbable que ni vale la pena comentarlo). En el caso de la presidencia, el mandamás puede ser vacado si incurre en un hecho o una serie de hechos que expongan su incapacidad moral.

Un adelanto de elecciones es inconstitucional porque sí está atentando contra los resultados de las Elecciones Generales del 2021. En ellas se eligió a un presidente, un Congreso y a los parlamentarios andinos. La vacancia y la disolución constitucional del Congreso son mecanismos contramayoritarios necesarios para regular el poder de las autoridades en el ejercicio del poder. Cuando se exceden en el uso democrático del poder que les confío el pueblo.

Que un Congreso sea malo, impopular y hasta tenga elementos delictivos (los niños de AP) no es un equivalente a que haya denegado dos confianzas, como para cerrarlo y llamar a elecciones. El único que ha mostrado incapacidad moral es el presidente de la República —los eventos son incontables: las seis investigaciones fiscales en su contra, la promoción de fórmulas desatinadas como la asamblea constituyente, y un largo etcétera—. Ya debería haber sido vacado por agravar la espiral. Ya debió haber sido reemplazado constitucionalmente por su vicepresidenta o el presidente del Congreso.

Eso de estar cerrando el Congreso cuando los morados y/o vizcarristas tienen poca representación puede convertirse en un bucle peligroso. Los llamados al adelanto de elecciones responden a dos lógicas: sacar la vacancia de la agenda y ensanchar sus bancadas en unas próximas elecciones. Eso sí es desconocer la voluntad popular, ya que por más malo y rechazable que sea, el Congreso no ha hecho absolutamente nada para que se le disuelva. Incluso, no hay un solo artículo en la Constitución que establezca que se llaman a elecciones generales si el presidente del Congreso reemplaza a la plancha que fue elegida en las urnas.

La única medida viable ahora es la vacancia por incapacidad moral del presidente Castillo. Un adelanto de elecciones es inconstitucional y es una medida de sectores interesados en sí mismos, no en acabar con la crisis bajo los estándares constitucionales.

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