EditorialDomingo, 28 de agosto de 2022
Editorial: La PNP debe despertar

El cambio en la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) no debe extrañar ni escandalizar. Es el cuarto cambio, es decir, el quinto comandante, en 13 meses de gobierno. Si no fuese por la importancia del cargo, periodísticamente hablando, ya no sería noticia. Trágico.

Los cambios en la comandancia y otros puestos de importancia de la PNP responden al patrimonialismo corrupto y a la desesperación judicial. El primer expectorado fue el general Cervantes Cárdenas. Se dice que los allanamientos a los locales de Perú Libre e inmuebles de Vladimir Cerrón escribieron su acta de defunción. En el cargo, siguió Javier Santos Gallardo Mendoza, quien cayó por ser el comandante partícipe de los oscuros (e investigados) ascensos en la PNP, digitados “desde arriba” por Bruno Pacheco. Cobraban, según colaboradores eficaces, 20 mil dólares por el “favor”. El tercer comandante fue Vicente Tiburcio Orbezo, ex miembro del histórico y heroico GEIN, Grupo Especial de Inteligencia que atrapó a Abimael Guzmán. Él hacía su trabajo. Por ejemplo, atrapó a Arturo “Pinturita” Cárdenas, número dos de Perú Libre. Estaba armando equipos para buscar a los prófugos, entre otras acciones. Hacer bien tu trabajo es el primer requisito para despedirte en este gobierno. Y así fue. El cuarto comandante PNP fue Luis Vera Llerena. Hasta ahora no se sabe el porqué de su salida, pero se sospecha que es porque no ha podido neutralizar a Harvey Colchado, jefe del equipo especial de la Policía que investiga la corrupción de las altas esferas del poder.

El día de ayer, el jefe de Estado decidió designar a Segundo Mejía Montenegro como nuevo inspector general de la Policía. ¿El mérito? Nacer en Chota. A su vez, nombró a Raúl Alfaro Alvarado como nuevo comandante general y a Vicente Álvarez Moreno como Jefe del Estado Mayor de la Policía. Como dijimos, el quinto cambio en la comandancia en 13 meses. Una vergüenza y una injuria hacia una de las instituciones más importantes del país.

Este gobierno no ha desplegado ni un solo plan ni política pública de seguridad interior. Por el contrario, han utilizado a la Policía para obstaculizar investigaciones, para delinquir a través de coimas en los ascensos, coordinar para la fuga de los prófugos, entre otros supuestos delitos. En el camino, el presidente y sus secuaces han minado y destruido la institucionalidad de la PNP.

Los policías no son cualquier funcionario público. Son personas que entran a servir a una institución, probablemente, de por vida. Son la fuerza esencial de la seguridad interna y es una institución realmente golpeada, desmoralizada por este gobierno y, por supuesto, el anterior de Francisco Sagasti. Un ejemplo. El pasado jueves 25 de agosto, un grupo de mineros informales atacó e incendió una base policial en Madre de Dios. El respeto por la autoridad no existe. Hay grupos de la población capaces de atacar intempestivamente contra las fuerzas del orden.

Hay antecedentes históricos en los que la Policía ha sabido imponer respeto ante gobernantes inmorales. El más importante se dio durante el septenato de Velasco Alvarado. Esta fue una dictadura militar que maltrató sistemáticamente a la Policía, al igual que el gobierno de Castillo. El descontento en la institución era generalizado, pero se cristalizó con un incidente.

El 31 de octubre de 1974, el general EP Enrique Ibáñez Burga, jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, trató de estacionar su auto por la puerta de Desamparados. En su usual estacionamiento se encontraba otro auto. El general llamó la atención e increpó a un operativo policial que se encontraba cerca. El policía le respondió cortésmente que él no trabaja en tránsito, sino era miembro de la Guardia de Asalto. Al oír la respuesta, Ibáñez le propinó una cachetada. Además, el oficial fue detenido y procesado. El rumor corrió y encendió la indignación de la fuerza policial.

Se cocinó una huelga de la Guardia Civil, que se cristalizó el 3 de febrero de 1975. Lima quedó sin resguardo. El 5 de febrero, día recordado como el “Limazo”, las calles, entre manifestantes contra el gobierno y delincuentes, estaban en ebullición. Lima presenciaba el estado de la naturaleza hobbesiano, donde el lobo es el lobo del hombre y la violencia solo la podría detener las instituciones tutelares del Estado. Pero las fuerzas armadas decidieron arremeter contra la policía, dejando 100 muertos y más de mil heridos, mientras la ciudad era un caos.

Sobre el incidente y la ebullición social en Lima, Enrique Zileri Gibson escribió: “Lima es una de esas ciudades que puede explotar en cualquier momento. Los gobiernos autoritarios que juegan con las expectativas del pueblo pueden estimular el caos y la violencia, y después verse obligados a tomar las medidas más drásticas para restaurar el orden”.

Para muchos historiadores y espectadores, entre ellos Zileri, la huelga de la Guardia Civil fue el acta de defunción del septenato. La razón de la huelga fue la humillación a la institución policial, que ocurre ahora con Castillo solo como sucedió hace casi cincuenta años con Velasco.

Es hora de que la PNP despierte y defienda su fuero. Quizás sea la solución. Ante la incapacidad de llevar a cabo una vacancia y ante la incapacidad tanto histórica como constitucional de dar un golpe de Estado. Quizás la respuesta esté en la huelga generalizada. La protesta, como bien saben los comunistas y delincuentes de este gobierno, es un derecho. Quizás, como en las épocas de Velasco, debamos darles un poco de su misma medicina.

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