Abogada. Ex asesora parlamentaria. LLM por la Universidad de Chicago

Adriana Tudela

Las últimas revelaciones respecto al indecente aprovechamiento que el ex presidente Martín Vizcarra, Pilar Mazzetti y otros funcionarios hicieron de su poder para acceder de manera indebida a la vacuna ha dejado al país profundamente asombrado, indignado y decepcionado ante tanta sinvergüencería y cinismo.

Mientras miles de peruanos morían y el personal de salud se enfrentaba -día a día y totalmente desprotegido- al virus en la primera línea de batalla, habían ciertos nefastos personajes que creían que tenían corona por el hecho de ocupar el cargo que ocupaban. Ellos no se podían “dar el lujo” de contagiarse, pero el peruano de a pie, sí.

Las explicaciones dadas por los involucrados son lamentables; sin embargo, las más alucinantes son las que ha dado Germán Málaga, director del ensayo clínico de Sinopharm realizado por la Cayetano Heredia, responsable directo por el uso de estas vacunas y -ya está clarísimo- miembro del círculo vizcarrista.

De la misma manera, cuando ya se había revelado que Martín Vizcarra había sido vacunado de manera irregular, en lugar de aceptar la culpa, nos pretendió hacer creer que él había realizado un acto de sacrificio patriótico.

Esta mañana lo hemos escuchado decir que vacunó a su hija, quien viajó al Perú desde Alemania exclusivamente para ese fin y luego se volvió a ir, “porque quería ver a sus abuelos”. No puedo evitar recordar, a raíz de estas declaraciones, cuando el gobierno de Martin Vizcarra gastó millones de soles del contribuyente en una grotesca campaña publicitaria en donde nos decían que seríamos cómplices de la muerte si osábamos visitar a nuestros familiares.

Resulta que mientras el gobierno vizcarrista gastaba el dinero de los peruanos en una campaña de culpabilización y miedo, muchos funcionarios, allegados y simpatizantes del mismo se vacunaban para poder hacer lo que nos pedían que no hagamos. También escuchamos al señor Málaga decir que el hecho de haber vacunado al dueño de un conocido chifa limeño era “bastante lógico”, dado que la delegación China ya se había cansado de “comer Burger King”. Obvio, lógico.

Lo peor es que los involucrados, a pesar de haber sido ampayados, no parecen tener la más mínima intención de dejar de mentirnos. El señor Málaga ha afirmado ante el Congreso que es una práctica común que se haga uso de vacunas “de cortesía” para vacunar a las personas que realizan los ensayos. No obstante, parece ser que no es tan común ni mucho menos ético, pues el jefe del ensayo clínico de la vacuna Astrazeneca en el Perú ha señalado que su equipo solo recibió las dosis necesarias para conducir el ensayo y que nunca había escuchado de esa práctica de enviar vacunas “de cortesía”. Incluso si operamos bajo el supuesto de que es una práctica regular, no hay justificación alguna para favorecer a familiares y políticos de su simpatía.

De la misma manera, cuando ya se había revelado que Martín Vizcarra había sido vacunado de manera irregular, en lugar de aceptar la culpa, nos pretendió hacer creer que él había realizado un acto de sacrificio patriótico. Esta mitomanía parece ser compartida por Pilar Mazzetti también, pues a pesar de que ya se sabía que Vizcarra había sido vacunado y que probablemente se revelarían otros nombres, ella se paró frente al Congreso a decirnos que no sabía nada. Incluso señaló que sería la última en vacunarse, pues “el capitán es el último en abandonar el barco”. Al día siguiente supimos que ella también se había vacunado meses atrás.

Si algo podemos rescatar de este escándalo, es que los peruanos ya sabemos quiénes son realmente los que nos estuvieron gobernando durante estos últimos años. La incapacidad moral de Vizcarra, tan controvertida en su momento, ha sido comprobada por los hechos. Y la farsa que en realidad constituyó su gobierno, también.

La farsa vizcarrista al descubierto

Ha trascendido el día de ayer, en una nota del diario El Comercio, que el plan de gobierno de Juntos por el Perú, partido por el cual postula a la presidencia Verónika Mendoza, plantea retornar a la Unasur, Unión de Naciones Suramericanas.

El documento postula “fortalecer la UNASUR como espacio regional para una política de no alineamiento activo en el escenario mundial (...)” y tiene como objetivo reactivar Unasur para que el Perú se reincorpore a esta.

En el 2019, el Perú suspendió su participación de la Unasur luego de que otros países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay también anunciaran su retiro temporal. Tras ello, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay anunciaron su salida definitiva del organismo. Es decir; se trata de una organización muerta cuyos únicos miembros activos son los restos fósiles de Venezuela, Guyana, Surinam y Bolivia.

La significancia de querer resucitar a este sesgado organismo no es menor, por lo tanto. Juntos por el Perú está proponiendo revivir a un muerto político, añorando aquel pasado dorado en el que el Socialismo del Siglo XXI, con el dinero venezolano y brasileño, era hegemónico en la región.

Recordemos que la Unasur se fundó bajo el padrinazgo de Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI latinoamericano con la finalidad de crear una “identidad latinoamericana” como contraposición a la influencia de los Estados Unidos en la región. Por eso la referencia a la “política de no alineamiento” en el plan de Juntos por el Perú.

La Unasur es, básicamente, una réplica de la OEA en la cual no se incluye la participación de los Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. En tal sentido, es una organización ideológica “anti imperialismo yanqui” que buscaba consolidar al socialismo latinoamericano de Brasil, Argentina, Venezuela y, mirando tras la cortina, Cuba.

De hecho, hagamos un poco de memoria: en el año 2013 Nicolás Maduro asume de manera altamente cuestionable la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, quien había sido reelecto por tercera vez antes de morir. Maduro asumió la presidencia en medio de graves denuncias de fraude electoral y sin que Chávez haya llegado a asumir su mandato en la fecha prevista. Se trataba de una sucesión a todas luces constitucionalmente cuestionable y cuyas nefastas consecuencias hoy ya conocemos.

¿Cómo se legitimó la toma del poder de Nicolás Maduro? En ese momento la presidencia pro-témpore de Unasur la ejercía el Perú, bajo el mandato de Ollanta Humala, quien rápidamente convocó una cumbre extraordinaria invitando a Nicolás Maduro a Lima para “analizar la situación”, en palabras del entonces canciller Rafael Roncagliolo. Con esa cumbre el tema quedó sellado a nivel regional; la reunión constituyó -en la práctica- la proclamación de Maduro como presidente constitucional de Venezuela.

La significancia de querer resucitar a este sesgado organismo no es menor, por lo tanto. Juntos por el Perú está proponiendo revivir a un muerto político, añorando aquel pasado dorado en el que el Socialismo del Siglo XXI, con el dinero venezolano y brasileño, era hegemónico en la región. Si Verónika Mendoza dice querer marcar distancia de Venezuela, no queda muy claro por qué está proponiendo reincorporarnos al aparato de legitimación internacional del chavismo y la dictadura venezolana.

Verónika  y el zombie chavista

El Congreso de la República ha batido un récord en cuanto a surrealismo y desconexión con la realidad se trata. El día de ayer supimos que la Comisión de Transportes aprobó un dictamen que propone crear una línea aérea nacional de bandera -llamada LAPERÚ-, la que, obviamente, es la clave para solucionar todos los problemas por los que atravesamos.

El “timing” no podría ser mejor, además. Estamos atravesando la segunda ola del covid, hay restricciones de viaje dentro y fuera del país y en el mundo las líneas aéreas están quebradas o a punto de quebrar. Warren Buffet se ha deshecho de todas sus acciones en aerolíneas. No podría haber momento más propicio para estar pensando en gastar el dinero del contribuyente en aviones.

El Congreso de la República ha batido un récord en cuanto a surrealismo y desconexión con la realidad se trata. El día de ayer supimos que la Comisión de Transportes aprobó un dictamen que propone crear una línea aérea nacional de bandera -llamada LAPERÚ-

Resulta ridículo que nuestros representantes, añorando aquellas épocas en las que el Estado era el principal empresario del Perú, pretenda desperdiciar tiempo y recursos cuando estamos en medio de una las peores crisis económicas de nuestra historia. El PBI se contrajo 30,2% según estimaciones de The Economist.

El Estado no ha sido siquiera capaz de comprar suficientes camas UCI para atender a las personas que mueren en los hospitales. Millones de peruanos han perdido su trabajo y miles no pueden salir a trabajar para llevar comida a sus mesas. Sin embargo, el Congreso se dedica a impulsar la creación de empresas estatales que casi nunca han logrado otra cosa que no sea despilfarrar el dinero del contribuyente.

Esta iniciativa, además de ser evidentemente inconstitucional por no tener el Congreso iniciativa de gasto y existir el principio de subsidiariedad del Estado, no solo es sintomática de una irresponsabilidad que asusta, sino de un rancio estatismo populista. Este último se ha visto también reflejado en el dictamen que aprueba trasladar la administración de todo el sistema privado de pensiones a una entidad estatal.

Pero esta vez el Congreso no es el único en hacer estos alardes de iluso intervencionismo paternalista. El gobierno del Partido Morado, en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a traer la vacuna que no llega y comprar camas y pruebas moleculares, está muy ocupado creando centros de retención (no detención, ojo) en los cuales sientan a las personas que salen a la calle durante cuatro horas, junto a unos conos naranjas, sin presencia de ningún fiscal. Esto además de decretar su muerte civil, por supuesto.

Estamos siendo gobernados por personas que, además de no haber leído la Constitución, no conciben límite alguno a su poder político.

Accidente aéreo con muertes civiles

La noche de ayer, bastante más tarde de lo anunciado, apareció el presidente Francisco Sagasti en un mensaje a la Nación anunciando que 10 regiones del país, incluida Lima Metropolitana, volverán a una cuarentena estricta a partir del 31 de enero hasta -preliminarmente, asumimos- el 14 de febrero.

Esa cuarentena es igual de estricta que la que vivimos a inicios de la pandemia el año pasado y, si se extiende como es probable, tendrá los mismos y nefastos efectos económicos y sociales para los peruanos. Debemos pensar en cómo aguantarán esta nueva cuarentena el 75% de los peruanos que viven en la informalidad, en aquellos emprendedores que decidieron apostar por sacar adelante proyectos que ahora verán frustrados, en todos los que viven del día a día y no podrán salir a trabajar para poner comida sobre sus mesas.

Se habla de poner la salud primero que la economía, pero sin dinero en el bolsillo millones de peruanos estarán en una posición más vulnerable y no tendrán los medios necesarios para vivir ni para hacerle frente a esta crisis sanitaria. La economía está compuesta por las personas, no son categorías distintas. Es hora de que entendamos eso y se dicten medidas que no dejen a millones indefensos y en la miseria.

La cuarentena es una medida que sirve para ganar tiempo, tiempo que este gobierno y el anterior han desperdiciado.

Ya sabemos que, además de los estragos económicos que generaron para los peruanos las drásticas restricciones impuestas durante el gobierno de Vizcarra, igual terminamos siendo uno de los países con mayor número de fallecidos a nivel mundial. Es decir, la cuarentena en el Perú solo logró paralizar nuestra economía, dejar a millones en situación de vulnerabilidad, mas no frenar los contagios.

La cuarentena es una medida que sirve para ganar tiempo, tiempo que este gobierno y el anterior han desperdiciado. Es indignante que durante todo el año pasado y lo que viene de este no se haya invertido todos los esfuerzos y recursos en equipar hospitales, adquirir más camas UCI, respiradores, pruebas moleculares, en implementar plantas de oxígeno y, sobre todo, en traer la vacuna a tiempo.

Gracias a la inoperancia del Estado peruano, hoy estamos enfrentando una segunda ola sin estar mucho más preparados que la primera vez y el gobierno sólo atina a aplicar las mismas medidas fracasadas, esperando que por arte de magia nos den un resultado distinto.

Nos encierran pretendiendo ocultar su incapacidad criminal, dejando a millones de peruanos indefensos y a la merced de un sistema de salud público que no es capaz de atender a los ciudadanos. Lo único que queda claro es que, un año después desde que inició la pandemia, este gobierno no ha aprendido nada.

Encerrados de nuevo

En medio de lo que, según ha señalado la ministra de Salud, parece ser el inicio de una segunda de contagios de CoVid-19, son cada vez más las voces que plantean correr el plazo de las elecciones para evitar las aglomeraciones que se generarían el 11 de abril.

Ahora, lo que no parecen estar considerando es que las elecciones no se pueden postergar así como así. La Constitución no contempla las figuras de suspensión, prórroga o cambio de los plazos presidenciales. Por eso cuando en 2001 hubo que instaurar el gobierno de transición de Valentín Panigua fue necesaria una reforma constitucional que introdujo en la Constitución una disposición transitoria especial.

Esta disposición estableció una única excepción al plazo de 5 años que existe tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. Salvo que se apruebe otra reforma constitucional en el Congreso, estos tiempos no pueden ser alterados.

Postergar las elecciones implicaría que el gobierno morado se quede en el poder más tiempo del previsto o que quien sea que gane las elecciones tenga menos tiempo para la transición. Las dos opciones serían inconstitucionales.

Además, que lo anterior ocurra sería profundamente dañino para nuestra ya frágil institucionalidad democrática y es más grave aún tomando en cuenta que es urgente hacerle frente a la crisis sanitaria y económica que atravesamos. El Perú está en una situación de especial vulnerabilidad que merece que alguien, a diferencia de lo que ocurre hoy, la maneje con verdadero liderazgo, eficiencia y racionalidad.

Lo curioso es que muchos de los que reclaman la postergación de la elección hace solo tres meses llamaban a la población a la salir a marchar en favor de la democracia. Ahí no hubo pandemia que valga. Para ellos, Merino había asumido inconstitucionalmente la Presidencia luego de que un Congreso golpista vacara a Martín Vizcarra; sin embargo, la situación volvió a la calma cuando ese mismo Congreso eligió -con el mismo procedimiento- al señor Sagasti para ocupar el cargo.

Es así que quienes no tuvieron problema con las aglomeraciones para protestar contra el gobierno de Merino y para recuperar la democracia, están hoy obligados a encontrar una manera de llevar a cabo el proceso electoral de la forma más segura posible. Más aún si tomamos en cuenta que celebrar elecciones cada 5 años es lo mínimo indispensable para poder siquiera ser considerados un Estado democrático.

El gobierno del Partido Morado está en la obligación de velar porque las elecciones del 11 de abril se lleven a cabo de manera limpia, transparente y también puntual. Que ya nos estén sugiriendo la postergación, sin siquiera evaluar alternativas para llevar a cabo las elecciones sin generar tanta aglomeración, nos debería alarmar a todos. Esto no es un juego.

Elecciones bajo riesgo

Este domingo salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo 002-2021-SA, el cual habilita a laboratorios y droguerías privados autorizados para importar y comercializar la vacuna contra el Covid-19. La medida se implementará en paralelo a la distribución gratuita que se llevará a cabo en los establecimientos públicos de salud. Además, los privados solo podrían comercializar vacunas distintas a la Sinopharm, esta última solo podrá ser distribuida por el Estado.

La razonabilidad y necesidad de esta medida es evidente. Permitir que exista la posibilidad de que laboratorios privados importen y comercialicen vacunas incrementará la cantidad de unidades disponibles en el país, lo cual se traducirá en una mayor cantidad de personas vacunadas. Asimismo, una gran porción de las vacunas que proporcionará el Estado de manera gratuita se verá liberada, ya que un sector de la población tendrá la opción de comprarla, y podrá ser destinada exclusivamente a aquellas personas que de otro modo no tendrían cómo acceder a ella.

Es decir, por cada vacuna que un ciudadano pague, habrá una vacuna gratuita adicional disponible para los más necesitados y vulnerables. Por lo tanto, la distribución privada no afectaría la distribución pública, sino todo lo contrario, la facilitaría al reducir el universo de personas a ser atendidas por el sistema de salud público y garantizar el acceso oportuno y gratuito para los más pobres.

Sostener, como han hecho Verónika Mendoza y sus partidarios, que permitir la venta de vacunas afectará a los pobres es simple y llanamente falso. Y no solo es falso sino que pone en evidencia un burdo y cruel dogmatismo que linda con la irracionalidad.

Lo que está en juego son las vidas de miles de peruanos, pero a la izquierda dinosauria de Verónika Mendoza eso parece no importarle en lo más mínimo con tal de perseguir este absurdo y retrógrada afán de controlar todo desde el Estado. Un Estado que además ha demostrado ser incapaz de manejar la crisis sanitaria de manera mínimamente eficiente.

¿Por qué insistir en dejar la salud de los peruanos a la merced de este Estado profundamente ineficiente, gracias al cual al día de hoy aún no ha llegado la vacuna? ¿Por qué excluir de manera sistemática la participación del sector privado cuando puede ayudarnos a alcanzar la inmunidad más rápido? La única explicación es que para ciertos sectores de la izquierda, la ideología está por encima de la vida y la salud de las personas.

Lo más grave es que el gobierno del Partido Morado haga caso a estas posturas irracionales, jugando nuevamente en pared con el radicalismo. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ya anunció que tras una conversación con el presidente Sagasti el Ejecutivo habría accedido a promulgar un Decreto de Urgencia que impida la comercialización de la vacuna durante este año.

Sólo queda esperar que esto no sea así y que la cordura triunfe sobre este dogmatismo que linda con lo criminal.

Dogmatismo criminal

Este domingo salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo 1434-2020, el cual establece que las entidades financieras deben proporcionar a la Sunat toda la información correspondiente a las cuentas de personas naturales y jurídicas que contengan montos mayores a 10 mil soles.

Esta información será suministrada mensualmente -de manera obligatoria y sin necesidad de contar con una orden judicial. Están incluidos datos como número de cuenta, código de cuenta interbancario, saldos y movimientos, entre otros datos privados y altamente sensibles de los peruanos.

“La Sunat pase por encima de la Constitución y de la privacidad de los ciudadanos, poniendo en riesgo su seguridad a través de la manipulación de información sensible que no sabemos en qué manos podría terminar”.

La explicación que se ha dado para justificar esta medida casi orwelliana es, en primer lugar, que tendría el objetivo de combatir la evasión y la elusión tributaria y, en segundo lugar, que sería una práctica utilizada en los países miembros de la OCDE.

Respecto al primer punto, no es cierto que una medida propia de un régimen autoritario sea necesaria para evitar la evasión y la elusión porque en el Perú ya existe un mecanismo de fiscalización llamado el Impuesto a las Transacciones Bancarias (ITF). Además, si el Estado quiere combatir esas conductas de manera más efectiva, debe hacerlo a través de medidas que no impliquen el atropello de derechos fundamentales como el secreto bancario.

Resulta inadmisible que, para hacer más fácil su trabajo, la Sunat pase por encima de la Constitución y de la privacidad de los ciudadanos, poniendo en riesgo su seguridad a través de la manipulación de información sensible que no sabemos en qué manos podría terminar.

No podemos tolerar ser sometidos a vivir vigilados por un Estado policial que conoce hasta el último centavo que poseemos y que presume que todos somos evasores de impuestos.

Respecto al segundo punto, que los países OCDE también lo hagan es irrelevante, ya que nuestra Constitución garantiza el derecho fundamental al secreto bancario y que una norma sea “práctica OCDE” no tiene el poder de dejarla sin efecto. Además, pretender ser aceptados en el “club de los niños grandes” aprobando este tipo de medidas revela una actitud infantil y descriteriada de ciertos tecnócratas. Y de más está decir que ojalá fueran otras las prácticas que copiamos de los países OCDE, no aquellas que parecen diseñadas por el Gran Hermano.

Esta norma no solo viola nuestros derechos y la Constitución, sino que también va a desincentivar la ya de por sí incipiente bancarización de la economía peruana. En un país en el que solo una pequeñísima minoría paga impuesto a la renta, resulta francamente abusivo presionar a esa minoría con medidas tan desproporcionadas como esta, cuando lo que debería promoverse es la bancarización y que cada vez más peruanos tributen.

Lamentablemente, este decreto supremo es sólo una muestra más de lo equivocada que está parte de la clase tecnocrática, quienes ven al Estado como un fin en sí mismo por el cual el ciudadano tiene que sacrificarse. No olvidemos que en realidad es justamente lo contrario. La principal razón de ser del Estado moderno es garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos y para ello es vital que su poder siempre esté limitado. No bajemos la guardia.

El club del gran hermano

La violencia social de la cual estamos siendo testigos al sur y el norte del Perú está teniendo efectos nefastos para nuestro país. Ciertos grupos de manifestantes están generando no solo pérdidas personales y económicas a través del vandalismo, sino que están incrementando a pasos agigantados la incertidumbre que nos invade.

Tener a la capital del país prácticamente sitiada, con las principales vías de abastecimiento bloqueadas, está trascendiendo a aquello que puede ser considerado una manifestación legítima y ha creado un clima político adverso al pluralismo democrático. Además pone en evidencia la debilidad de nuestro Estado de derecho.

La situación de caos que han generado con la complicidad de un gobierno débil ya consiguió la derogación del régimen agrario que había producido niveles de desarrollo indiscutibles.

La delincuencia, la destrucción de propiedad privada y el cobro de cupos para circular por la carretera, como en épocas que ya creíamos superadas, generan en la población un reclamo por autoridad. Este reclamo puede ser fácil y peligrosamente confundido y aprovechado por un burdo autoritarismo que termine por socavar la institucionalidad democrática.

La inacción del gobierno no está contribuyendo en lo más mínimo a apaciguar la situación de conflicto. Es una obligación del Estado y del gobierno combatir el quiebre el orden social provocado a través de la violencia y la trasgresión de la ley, por lo tanto la no intervención del gobierno de Sagasti constituye una violación de lo que es un deber constitucional.

En tal sentido que el gobierno haya elegido evadir su deber revela su debilidad y, además, que hay una confusión respecto a cuál es el rol que debe cumplir. El gobierno del Partido Morado tiene que entender que ya no es más una bancada minoritaria y que ha pasado a liderar el país, por lo tanto tiene que actuar de acuerdo a la responsabilidad que ellos mismos han buscado asumir.

De lo contrario, seguirán jugando en pared con la izquierda tradicional que se especializa en agudizar las contradicciones para aumentar la percepción de conflicto e imponer así sus objetivos políticos, lo cuales no han logrado a través de las urnas. Prueba de que eso es lo que buscan es que no tienen mayor reparo en justificar la violencia -dejando al descubierto su falta de vocación democrática- con la aspiración de replicar lo que ocurrió en Chile y lograr eventualmente un cambio constitucional.

La situación de caos que han generado con la complicidad de un gobierno débil ya consiguió la derogación del régimen agrario que había producido niveles de desarrollo indiscutibles. Esto ha creado una situación de incertidumbre para los trabajadores formales que antes no existía, y que evidentemente no traerá solución a los reclamos de los trabajadores informales que no gozaban de sus beneficios.

Ahora su destino está en manos de un Congreso que simplemente no da la talla y que difícilmente logrará encontrar una alternativa viable.

En una democracia representativa no debe haber lugar para las presiones políticas ejercidas a través de la violencia en las calles. Si seguimos tolerando esta situación, estamos abriéndole las puertas a una forma de hacer política en la cual hay una sinergia entre el poder y la turba, que coacciona a ciudadanos y autoridades, hundiéndonos en la demagogia y el populismo.

La caja de Pandora

Hace unos días el candidato a la presidencia George Forsyth presentó a su equipo de gobierno en Puente Piedra. Entre otros anuncios, señaló que una de sus propuestas de gobierno sería implementar jurados “como los que vemos en las películas de Estados Unidos” para juzgar casos de corrupción.

“Ya no nos están viendo la cara de tontos, vamos a estar presentes en esos juicios”, señaló el candidato de Victoria Nacional, probablemente inspirado -intuyo- en la gran película de Nolan “Batman: The Dark Knight Rises”. En esta película, el antagonista Bane instaura juicios populares para condenar a aquellos ciudadanos que, él afirmaba, habían traicionado al pueblo.

Medidas populistas y superficiales como las que propone Forsyth pueden terminar siendo peores que la enfermedad que buscan combatir.

Si no ha sido esta su fuente de inspiración, probablemente haya sido otra de aquellas películas hollywoodenses en donde se suele mostrar de manera muy superficial la función que cumplen los jurados en los Estados Unidos. Esto explicaría por qué el candidato ha lanzado una propuesta perfecta y foránea para darle en la yema del gusto a las multitudes, pero que presenta contingencias que no podemos pasar por alto.

Hay que aclarar que, si bien en los Estados Unidos hay jurados, existen también estrictas -y bastante complicadas- reglas probatorias, justamente porque se considera que los jurados son muy susceptibles a ser manipulados y que tienden a juzgar la evidencia del caso en base sus propios sesgos cognitivos y personales.

Es decir, se desconfía sistemáticamente de la capacidad de los jurados para evaluar de manera objetiva los hechos. Por eso se ha creado un amplio sistema de reglas para la evaluación de las pruebas, el cual le da al juez un altísimo nivel de discrecionalidad respecto a lo que se admite como evidencia o no ante el jurado. Asimismo, se instruye al jurado de manera muy detallada sobre cómo evaluar dichas pruebas.

No sabemos si el ex arquero ha tomado en consideración lo anterior, o si simplemente pretende institucionalizar una versión un poquito más sofisticada de los juicios populares de Bane o de nuestro ya famoso “chapa tu choro”. Sea cual sea el caso, y a pesar de que es evidente que nuestro sistema de justicia tiene grandes problemas, no debemos dejar de recordarle que existen graves peligros de “popularizar” la justicia.

De hecho, son justamente esos problemas en nuestro sistema de justicia los que harían especialmente riesgoso para los derechos fundamentales implementar un sistema de jurados. En el Perú son los mismos jueces los más susceptibles a ser presionados y manipulados, ¿quién garantizaría, entonces, que los miembros del jurado no sean también sometidos a la misma o aún peor manipulación?

Nuestro sistema de justicia debe ser sometido a profundas reformas, pero estas reformas deben ser serias y atacar la raíz de los problemas, como por ejemplo el abuso de la provisionalidad de los jueces. Medidas populistas y superficiales como las que propone Forsyth pueden terminar siendo peores que la enfermedad que buscan combatir.

El candidato de ciudad Gótica

Este jueves el Congreso de la República aprobó en primera votación y por amplia mayoría la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ahora, el proyecto deberá ser ratificado por mayoría calificada en la siguiente legislatura para que que entre en vigor y, cuando eso ocurra, será la Corte Suprema la competente para ver los procesos por delitos comunes impulsados durante el ejercicio del mandato parlamentario. Por otro lado, las imputaciones por delitos comunes previas a asumir el cargo serán vistas por el juez penal ordinario.

Con esto quedaría eliminada la protección con la que contaban los Congresistas frente a posibles represalias judiciales contra la labor de fiscalización que deben cumplir, quedando en desventaja frente al presidente y otros altos funcionarios que aún gozan de una amplia protección. Pasaremos a tener un parlamento bastante más débil, sin reelección ni inmunidad, haciéndolo más atractivo para aventureros sin nada que perder y ahuyentando a quienes sí quisieran hacer una carrera política seria.

Debemos darle al ciudadano mayores mecanismos de control frente a sus autoridades, para evitar que las protestas del mes pasado se repitan.

Si bien la inmunidad parlamentaria debe ser sometida a ciertas limitaciones, pues es muy amplia, lo cierto es que sí es un mecanismo de protección necesario, sobretodo si queremos tener un poder legislativo firme que logre enfrentarse a poderes fácticos y con recursos.

Lo que ha ocurrido es que la inmunidad ha sido estigmatizada y convertida en chivo expiatorio a raíz de la frustración que existe respecto al Congreso; sin embargo, la solución a este problema de representatividad no pasa por debilitarlo, sino por llevar a cabo reformas profundas al sistema que solucionen la crisis que vivimos. Lo cierto es que si tenemos políticos que hacen mal su trabajo y viven de espaldas al ciudadano, es porque tenemos un sistema que se los permite.

Un primer paso para mejorar la representatividad es reformar nuestro sistema electoral para pasar a tener un sistema de elección uninominal en el que cada circunscripción elige a un solo representante al Congreso. Así, dejaríamos atrás la falta de definición en nuestra representación actual, donde nadie sabe quién representa a quién, y los partidos tendrían mayores incentivos para poner a sus mejores candidatos en cada circunscripción con miras a ganar la elección.

Asimismo, debemos darle al ciudadano mayores mecanismos de control frente a sus autoridades, para evitar que las protestas del mes pasado se repitan. No podemos seguir viviendo en un país en el que el ciudadano sólo tiene voz y voto una vez cada cinco años y por eso debemos someter al Congreso a una renovación a mitad de período para que el ciudadano pueda evaluar el trabajo de su representante y premiarlo o castigarlo en función a ello.

Estas medidas, junto con la necesaria eliminación de voto obligatorio, lograrán empoderar al ciudadano, brindándole más claridad en el rendimiento de cuentas y mejores vías de comunicación con sus representantes. También generarán en los partidos los incentivos necesarios para elevar la valla de los candidatos y, una vez electos, los congresistas tendrán un incentivo para hacer bien su trabajo.

Fortalecer nuestra democracia implica dejar atrás las reformas deficientes y efectistas para pasar a analizar aquellas reformas de fondo que realmente transformen nuestro sistema político con el objetivo de beneficiar al ciudadano y no a los políticos. Es una tarea difícil y que encontrará muchísima resistencia, pero es una batalla que tenemos la inevitable obligación de pelear.