Analista Económico

Diego Kobashigawa

El pasado lunes 8 de agosto, el gobierno del presidente Gustavo Petro envió el proyecto de reforma tributaria al Congreso de la República de Colombia para su evaluación. La reforma contempla temas que potencialmente afectarían a miles de empresas y millones de familias en el país cafetero. El presente artículo se enfoca principalmente en analizar los efectos potenciales de los impuestos a las empresas cuya actividad gira en torno a la extracción de recursos naturales.

Colombia —al igual que nuestro país— es un país rico en recursos naturales, principalmente en petróleo, carbón y minería. En este aspecto, la posición del presidente Petro respecto de la dependencia de combustibles fósiles y de actividades extractivas en general es totalmente en contra. En otras palabras, busca que Colombia deje de ser un país primario exportador.

La reforma propone, en primer lugar, gravar con un impuesto adicional a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro. Se busca que los "beneficios extraordinarios" de los precios altos de las materias primas beneficien a la población más vulnerable. Es curioso porque, de ocurrir lo contrario (que caigan los precios internacionales), nadie pagaría los platos rotos —solo la empresa—. Por si fuera poco, de aprobarse el proyecto, las empresas de los sectores minero y petrolero ya no podrían deducir las regalías de su impuesto a la renta. Finalmente, se busca gravar la venta e importación de carbón térmico con un impuesto al carbono, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que generan tanto las empresas como las personas naturales.

Desde el punto de vista financiero, lo que generaría este punto de la reforma es que mucha menor cantidad de proyectos de inversión sean económicamente viables, por causa de los mayores costos marginales a los que se enfrentarían las empresas de aprobarse la reforma. Muchos proyectos que antes de la reforma tributaria arrojaban un “VAN” (Valor Actual Neto) positivo, luego de la reforma arrojarían un valor negativo, lo que significa que ya no sería viable invertir.

La creación de riqueza en una economía proviene del ahorro, que luego se convierte en inversión para la compra de maquinaria, equipos, que sirven para producir bienes y servicios que serán vendidos en el mercado, lo que a su vez genera empleo y bienestar para la población. En ese sentido, un gobierno de izquierda como el del presidente Petro no crea valor, sino por el contrario lo destruye.

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Petrificando la economía, por Diego Kobashigawa

El 21 de abril del 2022 compartimos la primera parte del artículo “Mendigo sentado en un banco de oro, plata y cobre”, en el cual hacemos referencia a la riqueza mineral que tiene nuestro país, riqueza ampliamente desaprovechada (siendo el Perú el segundo mayor productor de cobre y el tercero de plata y zinc del mundo; y el primero de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno de Latinoamérica).

El alto nivel de conflictos sociales alrededor de la minería ha hecho que las inversiones en proyectos mineros caigan de US$ 8,864 millones en 2013 a US$ 5,242 millones en 2021, y a un nivel proyectado de US$ 1,887 millones para este año. El factor más importante para que se lleven a cabo estas inversiones es el nivel de confianza empresarial en la estabilidad tanto económica como jurídica del sector.

Con estabilidad jurídica se hace referencia al respeto de los contratos y de los requerimientos legales preestablecidos al momento que el privado decide realizar el proyecto, que no se cambien los requerimientos en temas de impuestos y demás. Pero, ¿qué confianza podemos esperar de un gobierno que ha tenido cinco gabinetes ministeriales en su primer año en el cargo y que vive amenazando al sector privado?

Ningún inversionista privado le cree al gobierno. Según Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, los inversionistas han perdido fe en la capacidad del Perú de llevar a cabo proyectos mineros tras la paralización de Las Bambas (una de las minas de cobre más grandes del mundo), y el retraso de una cartera de nuevos proyectos por valor de US$ 53,000 millones. Durante más de 20 años hemos tenido de dos a tres proyectos mineros desarrollándose simultáneamente en Perú; no obstante, el último gran proyecto minero que se ha puesto en marcha es Quellaveco de Anglo American (inversión de US$ 5,300 millones), y no vemos otro adicional.

El presidente debe ser consciente de la dependencia que tenemos del sector minero, así como de los problemas derivados de las inversiones mineras —principalmente relacionados al impacto ambiental y a los conflictos sociales—, y tomar acción. Lo que debe hacer el gobierno es generar estabilidad, agilizar los permisos y potenciar las oficinas de resolución de conflictos sociales puesto que este es el cuello de botella en la ejecución de la mayoría de grandes proyectos que potencialmente traerían beneficios enormes a millones de peruanos.

Mendigo sentado en un banco de oro, plata y cobre (parte II), por Diego Kobashigawa

Un día como hoy hace 201 años, un 28 de julio del año 1821, Don José de San Martín dio el grito para dar pie a la independencia del Perú, y así dar inicio a nuestra época republicana. Sin embargo, no es hasta la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, que se eliminan los últimos vestigios de España en nuestro país. Muchas cosas han pasado desde entonces y la mayoría (si no todos) de peruanos nos preguntamos: “¿Cuándo se jodió el Perú?”

En esta ocasión no hablaremos del pésimo manejo del gobierno que ha tenido Pedro Castillo. Trataremos de responder a la famosa pregunta hecha por nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en “Conversación en la Catedral”. Y es que muchos peruanos nos hemos preguntado desde cuándo las cosas están tan mal en el Perú en materias como economía, salud, educación, inseguridad ciudadana o justicia.

Por un lado, la izquierda recalcitrante de siempre respondería que el Perú se jodió cuando Alberto Fujimori asumió como presidente allá en 1990. Asimismo, argumentarían que en nuestro país casi nunca ha gobernado la izquierda, y que cuando lo ha hecho, “no ha sido la verdadera izquierda” o que “se pasaron a la derecha”. De otro lado, la derecha más conservadora diría que el Perú siempre ha estado mal pues nunca se les ha dado continuidad a políticas económicas de corte liberal.

No obstante, ninguna de estas posiciones habla del daño que nos ha hecho el mercantilismo. El mercantilismo es un sistema en el que existe una corrupción sistémica en el aparato estatal, aunado a un sector privado cuyo único objetivo es “amarrarse” al gobierno con tal de “jalar agua para su molino”. En este sistema, el estado toma acción en beneficio de unos pocos sin importar el bienestar general.

Un punto a favor de los argumentos de la derecha en pro de la minimización del tamaño del estado, es cuando argumentan que a mayor tamaño del aparato estatal, mayor probabilidad de caer en sistemas mercantilistas (corrupción sistémica). Debemos pensar en términos de eficiencia del estado, que se encargue de lo que le concierne: seguridad, justicia, salud y educación, ¿para qué aventurarse en crear empresas estatales con nuestros impuestos, y colocando a sus amigos en cargos directivos en estas empresas? El enfoque es simple, qué lástima que a nuestros dirigentes solo les interese su propio bienestar y el de sus allegados.

¿Luchadores anticorrupción? Los mercantilistas de siempre, por Diego Kobashigawa

El día de hoy, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su gobierno implementará una reforma tributaria que buscará un sistema “más justo”. Asimismo, se sabe que el déficit fiscal en Colombia ronda los 11 mil millones de dólares, brecha que buscará cerrar mediante esta reforma tributaria.

Es así que, el gobierno de Petro propondrá que aquellos patrimonios líquidos a partir de los 1,000 millones de pesos (220,000 dólares) se graven con una tasa marginal del 0.25%; entre tanto, desde los 2,000 millones de pesos (440,000 dólares) sería de 0.5%; para los 3,000 millones de pesos (660,000 dólares) estaría en 0.75%, y de 4,000 millones de pesos (880,000 dólares) hacia adelante en 1%.

Por si fuera poco, la reforma contemplaría que las grandes y medianas empresas tributen 30% de sus ganancias, y las pequeñas el 25%. Pero, además de las empresas, el plato fuerte de la reforma contempla a las personas naturales, se trata de gravar con un impuesto adicional a las personas cuyos salarios se encuentren por encima de los 10 millones de pesos (2,200 dólares), argumentando que se trataría de los 420,000 contribuyentes de mayores ingresos en el país.

Esto se trata de un castigo al mérito y una injusticia per se.

Por ejemplo, si uno es un microempresario tocaría pagar 25% de las ganancias al Estado, digamos que este empresario en base a su propio esfuerzo ha logrado que su empresa se formalice y crezca, ahora le tocaría pagar 30% de sus ganancias, ¿qué clase de premio a la eficiencia es este? Más que un premio parecería un castigo, los incentivos a crecer desaparecen.

Por otro lado, un trabajador que ha logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero a costa de su propio esfuerzo, dejando de viajar, de comer en restaurantes caros, de comprarse ropa, entre otros lujos que pudo haberse dado, pero no se dio, decide comprar un departamento en 300,000 dólares. Con la nueva reforma tributaria de Petro, este tendría que pagar un impuesto marginal de 0.25% sobre el valor que ahorró durante muchos años para comprarse el departamento. Otra vez, ¿qué incentivo para ahorrar tenemos?

El gobierno debe atacar la base del problema, reducir gasto gubernamental -que por ahí se filtran los fondos-, premiar al que merezca ser premiado -por su esfuerzo y eficiencia-, y castigado al que merezca ser castigado -por su ineficiencia y falta de visión a futuro-.

Mayores impuestos, castigo al mérito, por Diego Kobashigawa

En un mundo cada vez más globalizado y económicamente interdependiente, sucesos que acontecen en una zona del mundo inmediatamente dejan ver sus efectos sobre países al otro lado del planeta. Es así como, hoy en día todos nos encontramos padeciendo las consecuencias que están dejando a su paso la guerra entre Rusia y Ucrania.

Primera consecuencia: escasez y altos precios del petróleo. Cabe resaltar que, la subida en el precio del petróleo no solo afecta el precio de la gasolina, el 

o el gas licuado de petróleo (GLP) con los que “tanqueamos” en las estaciones de servicio como popularmente se piensa, sino que en realidad afecta a casi todos los precios de la economía en general, y de la canasta básica en particular. Un ejemplo sencillo sería el del precio del pan la gran mayoría de peruanos comemos en el desayuno: al incrementarse el precio del petróleo, sube el costo de operar la maquinaria que se utiliza para cosechar el trigo -insumo principal para la fabricación del pan-, así como los costos de fletes, entre otros. La misma lógica aplica para explicar una parte de los altos precios de los productos de primera necesidad.

Segunda consecuencia: inseguridad alimentaria. El desabastecimiento de fertilizantes producto del conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado una inseguridad alimentaria sin precedentes en un continente donde tradicionalmente no han faltado los productos alimenticios, Latinoamérica. En lo que va del año, los fertilizantes -en su mayoría importados- han incrementado su precio en 160% respecto del mismo período del año pasado. Cabe resaltar que Rusia y Ucrania son dos de los más importantes proveedores de fertilizantes del mundo, junto a otros países como Estados Unidos y China. El aumento en los costos operativos derivados del alto precio de los fertilizantes explica otra parte el incremento en el precio de los alimentos.

No obstante el impacto negativo derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se presentan nuevas oportunidades generadas justamente por la necesidad. Debido al alto precio del petróleo y fertilizantes, existen grandes incentivos para desarrollar y democratizar nuevas tecnologías y productos que puedan suplir las mismas necesidades a un menor costo: fuentes de energía alternativas, vehículos cuya fuente de energía no sea derivada del petróleo, nuevos tipos de fertilizantes, entre otras. Para esto, el Estado debe brindar condiciones propicias para la inversión privada e incentivar la iniciativa privada en el campo de la innovación.

¿Crisis u oportunidad?, Diego Kobashigawa

A raíz de los altos precios de los metales industriales e hidrocarburos en la década de los 2000, países primario-exportadores como el nuestro, que, gracias a las autoridades que se preocuparon por establecer políticas macroeconómicas apoyadas en la disciplina fiscal, bancos centrales independientes y responsables, y una actitud a favor de la inversión privada -al menos Chile, Perú y Colombia-, pudieron gozar de una bonanza y estabilidad económicas que conllevarían a cerrar paulatinamente las brechas que los han separado de los países desarrollados desde siempre.

Como en toda nuestra historia republicana esta fue nuevamente una época de prosperidad falaz, y contrariamente a lo que se pensaba, sería nuestra oportunidad para salir del subdesarrollo. Hoy, volvimos al caos de siempre, convulsión y descontento social que -según algunos sectores “ilustrados” de la población- se debió al crecimiento económico desigual, que solo enriqueció más a los ricos, y mantuvo viviendo de migajas a los más pobres. Este es un discurso que evidentemente vende en la actualidad. Dicho de otro modo, es la corriente de pensamiento “de moda”.

Que tristeza ver que los países considerados como las estrellas latinoamericanas durante la primera década del nuevo milenio, ahora se encuentran sumidos en convulsiones sociales, caos y descontento. Cabe resaltar que, los mismos personajes que apoyaron a estos candidatos de izquierda a ganar las elecciones, afirman que estos no son gobiernos de izquierda y que traicionaron los ideales del pueblo que los eligió, no son más que desvergonzados mercenarios de la política.

No obstante, el propósito de este artículo no es solamente criticar a la izquierda y sus paupérrimos representantes, sino hacer un mea culpa general. La sociedad hoy en día se encuentra muy agitada, intolerante y no tiene siquiera intenciones de hacer y recibir críticas constructivas. Hay un grave problema de comunicación y por ello el título del presente artículo. Babel, según el diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a “un lugar en que hay gran desorden y confusión o donde hablan muchos sin entenderse”, a esto le agregaría que se trata de un lugar y/o circunstancia en la que no hay siquiera ganas de entenderse, y menos de llegar a consensos.

Escuchemos más, seamos más empáticos, unámonos en las causas que realmente vayan en contra de nuestros principios, marchemos al lado del que no piensa igual que nosotros, no nos vayamos a los extremos y, sobretodo, respetemos si queremos respeto.

Babel, por Diego Kobashigawa

En la teoría del crecimiento económico, muchos modelos han surgido con el fin de tratar de explicar qué es lo que genera que un país crezca de forma permanente en el largo plazo. Este artículo tratará resumir lo que dice la literatura económica al respecto, con el fin de fijar un norte para nuestros países.

Por un lado, el primer modelo que todo estudiante de economía ha tenido que estudiar -en mi caso, lo estudié en el curso de Macroeconomía III con el brillante profesor Michel Canta, en las aulas de la Universidad del Pacífico- es el planteado por Solow (1956), este postula que la inversión en capital físico (i.e. infraestructura: carreteras, servicios públicos en general) genera crecimiento hasta cierto punto, luego de lo cual la economía deja de crecer, a este punto de estancamiento se le conoce como estado estacionario -

-, luego de lo cual, deben seguir dándose 

de inversión en capital físico para seguir creciendo.

Luego están los modelos de crecimiento endógeno, que incluyen los procesos de formación de capital humano (Uzawa, 1965; Lucas, 1988), el aprendizaje basado en la experiencia -

- (Arrow, 1962), la investigación y desarrollo (Romer, 1990; Grossman & Helpman, 1991), y la innovación en los procesos de producción (Schumpeter, 1964), como principales 

del crecimiento económico de largo plazo. Todos estos autores se complementan en lugar de contradecirse. Es muy sencillo de entender, pero al mismo tiempo aplicarlo no lo es, la literatura económica apunta a que la innovación (Schumpeter) es el principal 

 del crecimiento, para tener ideas innovadoras debemos tener gente educada (modelos de capital humano), o personas que “aprendan haciendo” (

De la mano con lo expuesto, el primer paso sería realizar fuertes inversiones en infraestructura física, tanto para interconectar al país, y brindarles acceso al mercado a mayor cantidad de personas posible, como para conectarnos con el mercado global. El segundo paso debe ser invertir en capital humano, en educación de calidad sin ideologías, enfocada en agregar valor a la economía mediante mayor productividad. Concluimos el artículo poniendo énfasis en la institucionalidad, tema que no hemos abordado aquí, pero que es de lejos, el factor más importante de la ecuación (ver Acemoglu y Robinson, 2012). Sin instituciones sólidas, el sueño de convertirnos en un país desarrollado es prácticamente utópico, estaremos condenados a permanecer como el eterno país de ingresos medios.

No se puede parar, por Diego Kobashigawa

Recientemente el Ejecutivo, con el apoyo del Congreso, promulgaron una ley que permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones retirar de forma extraordinaria -por sexta vez en dos años- hasta S/18,400 de sus fondos. Recordemos que en el 2020 estos retiros permitieron a muchas familias sobrevivir a los efectos de la crisis del Covid19. Sin embargo, ya se hizo costumbre en nuestro país el promulgar este tipo de leyes populistas que no hacen más que descapitalizar el sistema previsional para que unos pocos -y no necesariamente los más vulnerables- se beneficien de los reiterados retiros “extraordinarios”.

Las cifras no mienten. Acorde a cifras del INEI, 15% de las familias que retiraron extraordinariamente fondos de las AFP pertenece al 40% más pobre de la población. Esto quiere decir que el 85% restante fueron familias pertenecientes a niveles socioeconómicos medios y altos, o sea, la gran mayoría. Asimismo, aproximadamente 2.3 millones de personas retiraron el 100% de su AFP entre el 2020 y 2021. De este grupo, los más afectados serían los de mayor edad, puesto que cuentan con menos tiempo para seguir aportando al sistema, lo cual conlleva a que las pensiones de jubilación que obtendrían serían bajísimas en comparación a lo que hubiesen obtenido de no haber retirado el 100% de lo aportado.

Si bien resulta necesario realizar modificaciones al sistema previsional, los innecesarios y reiterados retiros de los fondos de AFP no harán más que acentuar los problemas preexistentes como las bajas pensiones que se les ofrece a los jubilados y la limitada cobertura del sistema. Estas medidas no solo han dejado de beneficiar a las familias más vulnerables, contrariamente, se está generando que millones de peruanos se queden sin recursos para su vejez, creando costos fiscales que en el futuro tendremos que asumir todos. No hay lonche gratis.

Lo que está haciendo el actual gobierno es promulgar medidas populistas cada vez que puede. Algunos ejemplos de estas en los últimos meses son los retiros anticipados de las AFP, la eliminación del ISC a los combustibles de más bajo octanaje -solo como reacción a la crisis social del sector minero-, la paralización de proyectos mineros, entre otras. Si Pedro Castillo dejara de culpar a otros por los fracasos que su gobierno y sus funcionarios están causando, y empezara a gobernar, tal vez -y solo tal vez- podría entregar la banda presidencial el 28 de julio del 2026.

Otro retiro, un paso más hacia el abismo, por Diego Kobashigawa

El pasado domingo 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta electoral en el país vecino de Colombia. El candidato de la izquierda, Gustavo Petro, ha sido el más votado en la primera vuelta de las presidenciales colombianas con un 40% de los votos, seguido de Rodolfo Hernández, con el 28%. Los dos se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, que se celebrará el 19 de junio. Si bien ambos candidatos tienen sus trapos sucios, es menester que los votantes del país vecino coloquen en una balanza los pros y los contras de ambos candidatos, y voten pensando en el bienestar de sus familias y de las próximas generaciones.

Por un lado, Gustavo Petro propone la reestructuración del sistema de pensiones, considera que el sistema privado de pensiones basado en las cuentas de capitalización individual no es justo, y que se debe brindar una pensión “digna” a todos los colombianos. Por otro lado, se quiere reemplazar la estructura económica basada en la extracción de hidrocarburos por una industrializada, para ello propone elevar los aranceles, lo cual generaría un alza importante en los precios, perjudicándose así a los consumidores. Finalmente, de la mano de su plan de industrializar el país, el candidato de izquierdas quiere cambiar la matriz energética de su país para no seguir dependiendo del carbón y petróleo aun cuando Colombia tiene ingentes reservas de estos hidrocarburos.

El candidato Rodolfo Hernández, también conocido como “el Trump colombiano”, por su trayectoria empresarial exitosa y sus polémicas declaraciones, establece que el mayor enemigo del desarrollo en Colombia es la corrupción. Así, sostiene que el gobierno de su país, por el tamaño de su burocracia estatal, se encuentra “lleno de ladrones”, la gran mayoría de sus propuestas van en la línea de hacer cambios estructurales en la administración pública, de manera que se reduzca el tamaño del Estado, y, por ende, la corrupción. Asimismo, al entender tan bien la lógica empresarial, propone reducir los impuestos -en relación directa con la reducción de la burocracia estatal ineficiente- de manera que se mantenga a Colombia como el país atractivo para invertir que ha venido siendo en las últimas décadas.

El 19 de junio los colombianos tienen una gran responsabilidad: la de hacer que su país, a diferencia del resto de Sudamérica -excepto Ecuador-, escojan la opción que más les convenga sin odios ni resentimientos.

Colombia: entre dos visiones sobre la economía, por Diego Kobashigawa

Muchos son los mandatarios que nos han vendido la visión de país rico, justo e igualitario; es decir, todas las características propias de los países desarrollados. Sin embargo, al asumir el mando, pocos son los que establecen políticas específicas para alcanzar este nivel de desarrollo que tanto pregonan. Este artículo establece algunas directrices que, en opinión del autor, deberían seguirse en materia económica para poder alcanzar el estatus de país desarrollado que tanto anhelamos.

Inicialmente, estas directrices se dividen en tres categorías: nivel de apertura a la inversión privada -tanto local como extranjera-, ordenamiento territorial y sectores prioritarios por desarrollar, y el rol del Estado en la economía. Finalizamos el artículo mencionando algunos temas sin los que de ninguna manera podríamos alcanzar el desarrollo.

Nivel de apertura a la inversión privada:

 a mejores condiciones para la inversión privada, mayor inversión, más trabajo, mayor competencia para conseguir mano de obra, mejores salarios y condiciones laborales, mayor desarrollo. No hay más, la evidencia empírica demuestra que, si se otorgan condiciones favorables para formar empresa en el largo plazo, mayores probabilidades existirán de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. El gobierno de Pedro Castillo está haciendo todo lo contrario.

Ordenamiento territorial y sectores prioritarios: 

“si la vida te da limones, haz limonada”, interpretamos esta famosa frase como que debemos enfocarnos en nuestras ventajas comparativas, es decir, en lo que tenemos y hacemos mejor que otros. En nuestro caso tenemos minería, agroindustria, pesca industrial, entre otros. Explotemos lo que tenemos mientras el mercado le encuentre valor. Esta propuesta va de la mano con una correcta organización administrativa, que dé mayor protagonismo a las regiones.

 el Estado es, en general, un pésimo administrador de recursos, nuestra propia historia lo demuestra. Debemos fortalecer el rol subsidiario del Estado, la idea detrás de esta disposición es que el Estado está obligado a cumplir funciones indispensables en aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, entre otras; y lo mejor que puede hacer es centrar todos sus esfuerzos y limitados recursos en las mismas. Asimismo, debe fortalecerse el accionar de los reguladores Osinergmin, Osiptel y Ositran, y seguir garantizando su independencia.

Cabe resaltar que ninguna de las políticas anteriormente mencionadas produciría los resultados esperados si seguimos teniendo instituciones precarias, estas son la base sobre la que se erige el desarrollo de largo plazo.