Analista Político

Fernando Rospigliosi

La exclusión del Comando Chavín de Huántar y del GEIN del desfile del 29 de julio ha sido, sin duda, un triunfo de la gavilla de corruptos comunistas en el poder y una derrota de los demócratas.

Los mandos de las Fuerzas Armadas se han sometido y han acatado esa humillación. Peor aún, intentaron encubrirla. Un comunicado del Ejército trató de engañar a la opinión pública afirmando que desfilaría una compañía Chavín de Huántar. En realidad, es una unidad que tiene ese nombre, pero no son los auténticos héroes que participaron en la operación del 22 de abril de 1997, que ahora están en el retiro, y que anualmente participaban en el evento.

Se trata de hechos simbólicos de una enorme significación.

El GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) de la Policía Nacional, es el que capturó a los principales mandos terroristas en 1992, desarticulando a Sendero Luminoso y al MRTA. Son considerados, con justicia, héroes nacionales. Naturalmente, los herederos de SL y MRTA hoy en el poder, los detestan, aunque de la boca para afuera se vean obligados a homenajearlos -todavía-, en algunas ocasiones.

Los militares del comando Chavín de Huántar derrotaron a los terroristas del MRTA que tuvieron en jaque al país por cuatro meses.

Aunque las FFAA no son deliberantes pueden, en determinadas circunstancias, resistirse a cumplir órdenes aberrantes, como las que transmitió ese innombrable individuo que ocupa el Ministerio de Defensa, considerado con justicia como un traidor por sus antiguos compañeros de armas.

Es decir, en un evento efectuado en la Comandancia General del Ejército, el Pentagonito, podían haber exigido condiciones, por lo demás absolutamente razonables y justas: que desfilen, como ya es tradición, los comandos y el Gein.

No lo hicieron. Se sometieron vergonzosamente a la imposición de la gavilla de delincuentes comunistas que ocupa el gobierno, despreciando a sus hermanos que arriesgaron su vida y cumplieron con valor y eficiencia la misión que se les encomendó, derrotar a una banda de terroristas armados. Los dejaron fuera de su local, para que la policía los maltratara de manera indigna.

Nos estamos acostumbrando a muchas cosas horribles en el Perú. Una de las peores es lo que ha ocurrido el 29 de julio.

A algunos puede parecerles poco importante, intrascendente. En realidad, es importantísimo. Muestra que, a diferencia de lo que muchos creen, la gavilla comunista se está asentando en el poder. El control político de las FFAA y la PNP es decisivo para eso. Y han avanzado un paso más.

Y, dicho sea de paso, muestra una vez más que no se trata solo de una banda de delincuentes, sino de una banda de delincuentes comunistas. A una turba de malhechores no les interesaría el comando Chavín de Huántar ni el GEIN. A los comunistas sí.

En síntesis, hay que aquilatar la trascendencia del hecho y no disimularlo con frases autocomplacientes, como “el pueblo respaldó a los comandos”. Sí, fue así, pero a los comunistas en el poder eso les importa un bledo, para ellos lo que cuenta es la fuerza.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido vía WhatsApp dele click a este link:

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram:

Una derrota más, por Fernando Rospigliosi

Una juez decidió suspender una ley aprobada por el Congreso que cambia algunos aspectos de la Sunedu. Una interferencia aberrante que ha empezado a hacerse común desde hace algunos años, cuando los caviares, que ya tenían un apreciable influencia en el sistema judicial, lo asaltaron y capturaron en alianza con Martín Vizcarra.

En efecto, hay jueces que le han prohibido al Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, justamente cuando esas elecciones no eran del agrado de los caviares. También impidieron la nominación de un miembro del Colegio de Abogados al Jurado Nacional de Elecciones, lo cual le permitió a Jorge Salas Arenas usar un cuestionable voto dirimente en un organismo incompleto y legalizar lo que una comisión del Congreso catalogó como un fraude electoral.

Y no se trata de jueces supremos con una reconocida trayectoria, acreditados por su honorabilidad, conocimiento e imparcialidad. No. Cualquier juecesillo, convenientemente aceitado por la mafia caviar, que tiene una influencia determinante en el sistema judicial, puede enmendar la decisión de un poder del Estado.

Así, una juez provisional, con tres días en el cargo, decidió suspender la ley promulgada por el Congreso realizando algunos cambios en Sunedu. (Expreso, 23/7/22).

Como bien ha señalado el jurista Martín Belaunde Moreyra, “ningún juez de cualquier instancia puede ordenar al Congreso que no legisle sobre Sunedu o cualquier otra materia porque viola o interfiere con el proceso legislativo. Solo el Tribunal Constitucional puede ordenar la derogatoria de una ley como resultado de una acción de inconstitucionalidad”. 

Esa es una verdad evidente para cualquiera, pero no funciona en el Perú de los caviares.

El gran golpe lo dieron con el pretexto de una supuesta poderosa organización criminal a la que denominaron los “cuellos blancos del puerto”. En realidad, se trataba de una red de corrupción de jueces y funcionarios venales que intercambiaban favores y que vendían sentencias y puestos. Nada que no se conociera o sospechara en un Poder Judicial corrupto.

Pero la magnificaron hasta el infinito, desmesuradamente, con propósitos protervos. Toda la coalición vizcarrista se movilizó al completo empezando por las ONG caviares, que han hecho un trabajo persistente en el sistema judicial por décadas, adoctrinando magistrados y beneficiándolos con becas en el Perú y el extranjero, y promoviéndolos con sus poderosas redes. 

Usaron a policías deshonestos que habían sido promovidos y endiosados desde el gobierno de PPK, que se prestaron al juego sucio. Sus periodistas consiguieron las primicias, convenientemente seleccionadas, para amplificar el efecto mediático que les convenía. Los medios de comunicación de esa coalición desplegaron todos sus recursos en ese empeño.

Y, por supuesto, el Lagarto utilizó todos los resortes del poder para desarrollar esa siniestra trama, que lo beneficiaba a él de muchas maneras: lo presentaba paradójicamente como un luchador anticorrupción y aumentaba su popularidad; a la vez que le permitía salir indemne de las comprobadas acusaciones de corrupción que pesaban sobre él.

Un gran golpe lo dieron cuando el Lagarto defenestró al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry e instaló en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos, que fue una pieza clave para la infinita cantidad de estropicios que se cometieron en los años siguientes. El otro gran golpe fue liquidar al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y reemplazarlo por una Junta de Justicia diseñada a la medida de esa coalición. 

De ese modo, la influencia que tenían en el sistema judicial se transformó en un control enorme.

Un ejemplo clarísimo de como tuercen las cosas perversamente, es la persecución política a sus enemigos y la protección a sus amigos y aliados. A Keiko Fujimori, que no fue gobierno, la encarcelaron tres veces y la exhibieron enmarrocada y con el chaleco de detenida, propinándole un golpe político devastador. Hasta ahora, el fiscal politizado y prevaricador que lo hizo no puede presentar una acusación factible. A Alan García quisieron hacerle lo mismo y se suicidó.

En cambio, el Lagarto, sobre el que existen testigos y evidencias de sobra respecto a la corrupción de cuando fue gobernador de Moquegua, se pasea libremente por el país sin problemas. Y nada, por supuesto, de la corrupción y el desastre sanitario de cuando ocupó la presidencia de la República.

La ex alcaldesa Susana Villarán, que admitió que recibió coimas y los funcionarios del municipio que están en la misma situación, están libres, al igual que el ex premier de Vizcarra, César Villanueva.

Esta situación no puede ser resuelta en el marco institucional existente, que se ha convertido en un círculo vicioso que es imposible de reformar con los instrumentos de la democracia fallida que existe en el Perú. (Ver 

https://www.lampadia.com/analisis/politica/la-democracia-fallida

Se requieren soluciones rápidas y radicales.

La justicia fracasada, por Fernando Rospigliosi

El secuestro de periodistas de Cuarto Poder a manos de una ronda campesina en Cajamarca, ha dado lugar a que se develen otros casos de abusos brutales cometidos por esas organizaciones.

En realidad, no debería sorprender a nadie lo que ha ocurrido con las rondas. Si bien cuando nacieron, hace poco menos de 50 años, cumplían una labor reclamada en ciertos sectores rurales, combatir el abigeato, luego han degenerado en lo que ahora son –por lo menos muchas de ellas-, bandas violentas al servicio de autoridades locales corruptas o de caciques deshonestos que las utilizan en beneficio propio.

Además, son proclives a la superstición y a la violencia, aunque en muchos casos eso solo encubre venganzas personales y grupales.

El caso de las supuestas brujas en Pataz, mujeres torturadas brutalmente debido a acusaciones absurdas, es un ejemplo típico, que probablemente no se hubiera conocido –o no habría tenido la difusión que se le ha dado-, si no fuera por el muy publicitado secuestro de los periodistas.

No sería extraño que en Pataz alguien, por inconfesables intereses, haya denunciado y magnificado el caso de la supuesta brujería para perjudicar a personas con las que tenía algún problema. Y tuvo un resonante éxito en ese empeño.

En Lima y otras ciudades, los brujos y brujas se publicitan abiertamente, en carteles callejeros y por internet, y ofrecen los más variados servicios, desde indestructibles “amarres” con la pareja deseada hasta la cura del mal de ojo. Y, que se sepa, nadie los persigue ni tortura por ganarse la vida de esa manera.

En Chadín, es claro que el alcalde, que estaba en el negocio con la cuñada de Pedro Castillo, Yénifer Paredes, fue el que incitó o dirigió a los ronderos en su acción delincuencial. Lo primero que hicieron fue borrar los archivos de video que no le gustaban. Y luego obligaron a los periodistas, bajo amenaza, a una absurda “retractación” claramente política.

Otro caso es el que presentó Beto Ortiz en Willax, la de un dirigente de rondas que presuntamente asesinó a una joven mujer –según la familia de la víctima-. Por supuesto, está impune. Nadie se mete con las rondas y sus dirigentes, que usualmente están aliados a los políticos y autoridades locales, en un provechoso intercambio de favores. Y que, en cualquier caso, son capaces de movilizar a esas bandas para ejercer violencia contra quienes los importunen.

Las rondas son defendidas y alentadas por comunistas y caviares. Algunos han justificado descaradamente los atropellos conocidos, diciendo que en realidad no son tan violentos y que “son sus costumbres”. Otros critican los delitos señalados, aunque tramposamente insinúan que esos no son auténticos ronderos, al tiempo que exaltan a las rondas en abstracto.

En verdad, era previsible que sucediera lo que hoy se conoce. Si se les da poder a grupos organizados al margen del Estado para que ejerzan la violencia, y se les pone por encima de las leyes y las instituciones, con el pretexto del derecho consuetudinario, las tradiciones de los pueblos originarios o cualquier otro subterfugio, es obvio que se van a convertir en el instrumento de los poderes locales para obtener beneficios indebidos e ilícitos para sus jefes y patrocinadores.

Esto es parte también de la batalla cultural, legal y política que comunistas y caviares han ido ganado casi sin resistencia. O, peor aún, con la complicidad de quienes supuestamente se les oponen, como ocurrió precisamente con la aprobación en el Congreso de la ley para dar más poder y armar a las rondas (ley que todavía no ha sido derogada).

Hay que terminar con este doble estándar, reconocer y agradecer el papel que jugaron las rondas hace medio siglo combatiendo el abigeato, y acabar con los privilegios que tienen para usar la violencia indiscriminadamente contra quien le dé la gana quedando impunes. Simplemente que se les aplique las leyes vigentes. Nada más.

Rondas criminales, por Fernando Rospigliosi

El secuestro, robo y extorsión perpetrado por una ronda campesina de Chota en agravio de periodistas de Cuarto Poder, es una expresión más del proceso de desintegración del Perú, donde una banda de forajidos comete esos delitos y, con toda desfachatez, los publicita, obligando a un periodista a “retractarse” en directo, en un programa en horario estelar, del principal canal de TV del país, respecto a un reportaje que señalaba a la cuñada de Pedro Castillo como incursa en un posible delito.

El agravante es que los facinerosos no van a ser sancionados, van a quedar impunes, porque tienen la protección del gobierno y la complacencia de sus aliados.

Ya el untuoso ministro del Interior ha señalado la ruta, lavándose las manos y descargando toda la responsabilidad en la fiscalía que, como es obvio, va a ocuparse del asunto con su habitual parsimonia, en especial cuando se trata de un caso que atañe a los compinches del gobierno. Es decir, reconoce lo evidente, que se trata de un secuestro, y luego se pierde en su acostumbrada palabrería hueca para justificar lo que va a suceder: los autores del delito van a quedar sin sanción. (Entrevista en “El Comercio”, 9/7/22).

El hecho fue evidente poco después de las 8 pm del miércoles 6, cuando América TV interrumpió su programación para difundir la proclama que los malhechores obligaron a leer al periodista Eduardo Quispe. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior –si estuviéramos en un gobierno normal-, debería haber ordenado la inmediata captura de los delincuentes.

La flagrancia, según la legislación vigente, se extiende por 48 horas. En ese lapso, la policía puede detener a los autores del delito y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales sin más trámite.

Es decir, el jueves 7 debió movilizarse un destacamento policial, en helicóptero si era necesario –en este caso si se justificaría el uso de esas aeronaves que Pedro Castillo utiliza como si fueran sus mototaxis-, y capturar a los autores del hecho. Tenían tiempo hasta el viernes a la 8 pm, a 48 horas del evidente delito de extorsión, del cual había sido testigo todo el país. 

No lo hicieron, por supuesto, porque como es obvio, el Mininter y el gobierno protegen a los partidarios de Castillo que secuestraron a los periodistas, los amenazaron, amedrentaron y robaron, porque estaban haciendo un reportaje que implicaba a Castillo y su familia en una de las tantas trasgresiones que vienen cometiendo desde el primer día en que asaltaron el gobierno.

No se trata, por supuesto, de un actuar normal de una ronda campesina, cuya función principal es combatir el abigeato. No hubo confusión alguna. Fue una acción premeditada de los secuaces de Castillo para impedir que la prensa independiente investigue los latrocinios de la familia del individuo que ocupa Palacio.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, le dijo a Milagros Leyva que él creía que los incitadores del secuestro eran Castillo y Aníbal Torres. (Willax, 7/7/22).

Como cereza del pastel, al día siguiente del secuestro, Torres se manifestó –simbólicamente- desde Cajamarca, defendiendo la acción delictiva de los ronderos y agraviando ignominiosamente a las FFAA y la PNP.

En suma, la gavilla de delincuentes comunistas en el poder sigue avanzando en sus propósitos. El Estado peruano va perdiendo lo más elemental, el control del territorio. Ahora queda establecido que las rondas que actúan al servicio de la banda en el poder son las autoridades de hecho –como lo dicen públicamente- en parte del territorio, donde pueden cometer cualquier abuso o delito con la garantía de que quedarán impunes.

Y las instituciones ultrajadas, las responsables de la defensa de la integridad del Perú, parecen dormidas, esperando pasivamente el zarpazo que las ponga irreversiblemente al servicio político de la gavilla en el poder.

. Los sucesos aquí comentados demuestran, si es que se requería de alguna evidencia, lo insensato que fue la aprobación de la ley Nº 31494 que permite armar a las rondas campesinas y los CAD, como expliqué en El Reporte (“Bandas armadas auspiciadas por el Estado”, 19/6/22 

https://elreporte.com/2022/06/19/bandas-armadas-auspiciadas-por-el-estado-por-fernando-rospigliosi

). Esa ley no debe ser modificada sino derogada de inmediato.

El Perú se desintegra, por Fernando Rospigliosi

Varios analistas y políticos piensan que la renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre es una artimaña para hacer creer que están distanciados, pero que en realidad siguen muy unidos. Otros creen ver confirmadas sus ilusiones de una separación definitiva y, por tanto, renuevan sus esperanzas de ocupar nuevamente cargos en el Estado que dejarán despejados los secuaces de Vladimir Cerrón.

En verdad, la disputa entre las bandas de Castillo y Cerrón es muy real, y no es ninguna novedad que distintas facciones de las izquierdas peleen entre sí. Lo raro sería que no fuera así. El asunto es, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ir en esta disputa? Porque finalmente, ambos saben que están en el mismo barco y que si este naufraga se hundirán los dos.

Desde el primer día del catastrófico gobierno que padece el Perú fue visible el forcejeo entre dos de las gavillas que se encaramaron en el gobierno, la de los chotanos y la de los dinámicos del centro. Cuando juró el primer desastroso gabinete, encabezado por el impresentable Guido Bellido, el veto de Cerrón impidió que lo hicieran Aníbal Torres y Pedro Francke, el chotano en Justicia y el seguidor de Verónika Mendoza en Economía. Al final de la pugna ambos ocuparon esos ministerios. Los cabecillas de ambas pandillas transaron, pero fue una victoria de Castillo, y el comienzo de un permanente conflicto que no ha cesado hasta ahora.

Siempre los caudillos de las facciones izquierdistas han disputado entre ellos el liderazgo y, cuando han tenido la oportunidad, los cargos en cualquier institución del Estado. E invariablemente han tratado de enmascarar esas reyertas, que son por el poder, los puestos y el dinero, con supuestas discrepancias ideológicas y políticas, que a veces existen, pero que casi siempre son solo pretextos para disfrazar los más mezquinos intereses detrás del telón de los grandes principios.

Sucedió así desde que las izquierdas –hasta las más extremas- pudieron participar por primera vez en elecciones libres, en 1978, paradójicamente durante una dictadura militar. Varios grupos sumaron aproximadamente un tercio de los escaños de la Asamblea Constituyente electa ese año y, si se unían en un frente electoral, hubieran tenido buenas posibilidades en las elecciones generales de 1980.

Fue precisamente esa alentadora perspectiva, lo que disparó las ambiciones de los caudillos y sus adeptos, y al final se fragmentaron en cinco candidaturas que obtuvieron porcentajes exiguos. Con el liderazgo del moderado Alfonso Barrantes, se unieron temporalmente y conquistaron el municipio de Lima en 1983 y un expectante segundo lugar en las elecciones generales de 1985, para inmediatamente volver a desintegrarse. 

Y así hasta el 2021, en que las extraordinarias circunstancias de la extravagante crisis política que asoló el país desde 2016 y luego la pandemia y sus terribles secuelas, aunadas al golpe caviar que encaramó en el gobierno al nefasto Francisco Sagasti que permitió y avaló el fraude, posibilitaron que el Perú se despeñara en uno de los abismos más peligrosos de su historia.

En suma, lo normal es que las camarillas izquierdistas peleen entre sí, sobre todo si no tienen un liderazgo fuerte que imponga orden. Castillo es un inepto rodeado se una caterva de rapaces incompetentes como él, pero tiene, para usar un término apreciado por Cerrón, el poder formal.

No ha sido capaz ni de imponerse usando la fuerza del cargo que ilegítimamente ocupa, ni de armonizar a las varias pandillas distribuyéndoles equitativamente las prebendas que ambicionan. El resultado es el caos. Los que pueden capturan alguna entidad estatal y la saquean lo más rápido posible, porque saben que en medio del desbarajuste y el desorden, pueden ser desechados y reemplazados por otra caterva.

En conclusión, el forcejeo seguirá, y la varias gavillas en el poder seguirán disputando los despojos del Estado, a la vez que son conscientes que si sus refriegas rebasan ciertos límites, todos pueden perder y terminarán donde deberían estar ahora, tras las rejas. Pero no hay que subestimar su nivel de irracionalidad y su capacidad para el desatino. El problema, por supuesto, es que al frente no tienen una derecha política ni mucho más unida ni mejor dirigida.

Por eso, se requieren soluciones radicales.

Castillo y Cerrón ¿Riña o ardid?, por Fernando Rospigliosi

En el Congreso y los medios de comunicación, uno de los principales temas de debate es si el próximo presidente del Parlamento será uno de los impresentables acólitos de César Acuña o si existe una alternativa distinta.

Eso ocurre mientras el Perú se desintegra. La inflación ha alcanzado niveles que no se conocían desde hace muchísimos años, azuzada por el precio de los combustibles, los más altos en Latinoamérica. Si bien, por circunstancias internacionales, en todas partes han aumentado, aquí se han disparado porque los peruanos estamos pagando un monstruoso elefante blanco, la refinería de Talara (unos cinco mil millones de dólares), obra absurda de Ollanta Humala, Nadine Heredia y de todos los caviares y comunistas que la promovieron y respaldaron.

Como consecuencia de eso, se anuncia un paro de transportistas para el lunes 27, al que se plegarán probablemente muchos grupos descontentos y otros que quieren sacar provecho del caos y desgobierno.

Con el Perú en ebullición, el inepto que ocupa Palacio, se fue a su tierra, como hace con frecuencia para, entre otras cosas, reunirse con algunos oligarcas regionales de fortuna más que dudosa, espetar varias de las sandeces habituales (los peruanos reclaman desde hace 200 años internet) y quién sabe que otras trapacerías.

La situación, a pesar de lo desastrosa que pinta ahora, va a empeorar muchísimo en los próximos meses. Los ataques y paralizaciones de las más importantes minas del país han costado cientos de millones de dólares (US$ 770 millones, según la Sociedad de Minería), la pérdida de miles de empleos y un daño irreparable a la reputación del país, lo cual desalienta las inversiones e incentiva la huida de capitales.

Eso ocurrió cuando el precio de los metales estaba en alza. Ahora, por los problemas de China, los precios están disminuyendo, por tanto el Perú tendrá menos ingresos.

El otro sector que dinamiza la economía, las agro exportaciones y la agricultura en general, se están viendo perjudicadas por la escasez de fertilizantes y en los próximos meses el descenso de la producción afectará sobre todo a los más pobres. Y aquí, nuevamente, la incompetencia y corrupción del gobierno ha agravado el problema. Las compras de fertilizantes han fracasado y demorado porque los incapaces y rufianes que han puesto en cargos estatales no han podido adquirirlos rápidamente.

Ni qué decir de la violencia y la delincuencia. Los 14 muertos en Arequipa consecuencia del enfrentamiento de bandas de mineros ilegales es solo la punta del iceberg. Hace poco el policía Robert Grados fue asesinado a pedradas en Paiján por delincuentes a los que había detenido un mes antes –y que por supuesto fueron puestos en libertad-, sin que nada ocurra. (“Correo”, 24/6/22). Los delincuentes gobiernan desde Palacio y en las calles. Esa es la realidad.

Es decir, no es solo que estamos es una situación crítica, nos estamos hundiendo cada vez más en un abismo insondable de caos, corrupción, pobreza y quizá pronto, hambruna.

Entretanto, se discute intensamente si el próximo presidente del Congreso será un individuo de más que dudosos antecedentes, proveniente de una zona donde reina la minería ilegal, que ha respaldado al gobierno y que es el favorito de un oligarca regional que ahora es figura decisiva en la política nacional y controla una considerable bancada en el Congreso.

Quizá se logre evitar que eso ocurra. Pero las transacciones y componendas necesarias para impedirlo, que inevitablemente tendrán que hacerse con auténticas organizaciones delincuenciales que prevalecen en los predios congresales, ¿producirán un resultado necesario para conducir al país a una salida de la catástrofe que nos amenaza? ¿Algo menos malo que la peor opción será la solución? ¿Algo similar a lo que hay ahora puede ser una alternativa a la hecatombe?

Discusiones disparatadas, por Fernando Rospigliosi

La ley que acaba de aprobar el Congreso (Nº 31494) institucionaliza la existencia de bandas armadas protegidas, financiadas y apoyadas por el Estado, y también eventualmente por grupos privados que quieran auspiciarlas (narcotraficantes, mineros ilegales y cualquier tipo de organización criminal). Si algo faltaba para dar un paso decisivo en la desintegración del Estado, es esta ley.

El dispositivo reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD) y establece beneficios para ellos. Los CAD surgieron en el VRAEM cuando Sendero Luminoso masacraba a los nativos y comunidades en esa región. Ellos se organizaron para enfrentar a SL y contaron con el apoyo de las FFAA y la PNP que les proporcionó escopetas para defenderse de los terroristas, cuando las huestes de Abimael Guzmán querían tomar el poder y se afanaban en controlar el territorio para crear un “nuevo Estado”. 

Pero después de la caída del cabecilla y de varios de sus dirigentes locales, SL del VRAEM cambió y se convirtió en una banda narcoterrorista que sobrevive gracias a su alianza con el narcotráfico, que la financia. Modificaron su estrategia y dejaron de atacar a los agricultores, en particular a los cultivadores de coca ilegal, con los cuales se aliaron para enfrentar a las autoridades. Ahora SL protege no solo a los narcotraficantes, a los mochileros que trasladan la droga, sino también a los que procesan la pasta básica de cocaína junto a sus chacras.

Varios antiguos CAD han usado sus armas para disparar a los erradicadores de coca ilegal del Ministerio del Interior y la policía que los protegía las pocas veces que se ha tratado de erradicar en el VRAEM. Como es sabido por cualquiera que conozca el VRAEM, el enfrentamiento entre CAD y SL es cosa del pasado. Hoy colaboran entre sí.

A estas organizaciones es a las que ahora el Estado va a proteger y armar. Antes, solo las FFAA podía proporcionarle escopetas, armas de potencia limitada, que las FFAA controlaban. Ahora le pueden proporcionar “armas de uso civil” (artículo 8º), lo que incluye pistolas, revólveres, carabinas, además de escopetas. Más grave aún, pueden comprarlas y recibirlas en donación “de particulares”.

	¿De dónde creen que van a obtener el dinero para comprar armas? ¿Quiénes creen que les van a donar armas y para qué?

Hasta ahora en el Perú, el segundo productor de cocaína del mundo, no existían esos pequeños ejércitos del narcotráfico que asuelan México, Colombia y otros países. El Congreso y el gobierno les acaban de dar la bienvenida. Y los han legalizado.

Por si fuera poco, la ley establece que las FFAA y la PNP “capacitan” a estas bandas armadas. Servicio completo, no faltaba más. 

Cuando los CAD o las rondas campesinas agredan a ciudadanos o violen la ley, el Ministerio de Defensa y el Mininter asumirán su defensa legal gratuitamente (Art. 13º).

Como un incentivo adicional, quienes se incorporen a esas organizaciones convalidarán su tiempo de servicios como si hubieran hecho el servicio militar voluntario en las FFAA. (Art. 14º).

Además, por supuesto, recibirán subvenciones económicas de los gobiernos regionales, locales y “entidades del gobierno nacional”, aparte de las donaciones privadas. (Art. 15º). Teniendo en cuenta que muchísimos gobiernos regionales y municipales han caído -y seguirán cayendo- en manos de organizaciones criminales, no es difícil imaginar lo que ocurrirá cuando subvencionen a esas bandas armadas. ¿Para qué creen que las utilizarán?

¿A quiénes subvencionará el gobierno regional de Junín en manos de Vladimir Cerrón y sus secuaces? ¿A quiénes apoyará, el gobierno de Pedro Castillo con sus socios del Movadef? ¿Acaso las bandas paramilitares de Venezuela y Nicaragua no son suficiente ejemplo de como el socialismo del siglo XXI utiliza esas organizaciones?

Estas bandas armadas también participan en materia de “prevención” y de “seguridad y vigilancia” y reciben “atención preferente de las autoridades” (Art. 6º). Es decir, tienen funciones amplísimas.

También pueden ejercer el “derecho consuetudinario” y gozan “del respeto de su cultura y sus costumbres” (Art.12º). Como se ha visto muchas veces, esas costumbres incluyen, por ejemplo, azotar brutalmente a quien consideren que ha infringido alguna norma sin que el flagelado (o flagelada) pueda defenderse, o desnudarlo y arrearlo por los caminos a golpes. Castigos que pueden ser decididos por el caudillo autoritario (o el grupo de poder) que manda en la localidad para castigar a sus enemigos, evitar la disidencia o defender sus latrocinios. No han necesitado una nueva Constitución para empezar a poner en práctica el Estado “plurinacional”.

Todas estas barbaridades se han aprobado en un país donde hace poco una banda armada asesinó impunemente a 14 personas en Arequipa, en una masacre que en otro tiempo se consideraba inconcebible. En un país donde el Estado va dejando de controlar parte del territorio, como el VRAEM, donde campea el narcotráfico y SL, y otras regiones donde la minería ilegal y actividades similares se propagan sin freno alguno.

Adicionalmente, un grupo de congresistas comunistas oficialistas ha presentado otro proyecto de ley el 16 de junio “para establecer el uso obligatorio de armas no letales en el servicio de Serenazgo municipal”.

Como algunos habíamos advertido desde el comienzo, el Perú se desliza rápidamente al abismo y se va desintegrando. Y las instituciones creadas para la defensa de la nación, observan impasibles la destrucción del país. O son cómplices.

Bandas armadas auspiciadas por el Estado, por Fernando Rospigliosi

En su último libro, escrito durante la pandemia del Covid 19, el historiador británico Niall Ferguson, hace un recuento de las principales catástrofes de la historia –guerras, plagas, terremotos- y aporta importantes reflexiones sobre cómo han reaccionado y enfrentado las sociedades esas calamidades. (“Desastre: Historia y política de las catástrofes”, 2021).

Una de sus conclusiones es que “el alcance de la mortalidad causada por un patógeno letal refleja, en parte, el orden social y político al que ataca”. Y agrega que “una catástrofe deja al desnudo a las sociedades y a los estados a los que golpea”.

En efecto, en el caso del Perú, el desastre inconmensurable que ha provocado el virus se explica porque tuvimos la desgracia de estar gobernados por la coalición vizcarrista, liderada por un presidente incompetente y corrupto, y respaldada por la mafia caviar y los muy importantes medios de comunicación que controla. Ellos apoyaron unánimemente todas las barbaridades de Martín Vizcarra porque les permitió seguir mamando de la teta del gobierno, al tiempo que avanzaban en el control de muchos organismos del Estado, que a su vez usaron para perseguir y destruir a sus enemigos políticos.

No era difícil darse cuenta del desastre que se avecinaba, pero eso fue negado sistemáticamente, todos los días, por esa coalición.

El primer artículo que publiqué cuando empezó la pandemia, dos días antes del brutal y estúpido encierro al que nos sometió el gobierno, titulado “El impacto devastador del coronavirus”, decía: “Aunque el gobierno y la mayoría de medios de comunicación, dizque por responsabilidad, están tratando de minimizar el impacto del coronavirus en el Perú, en realidad va a tener efectos devastadores sobre la población y la economía peruana.”. Y concluía: “Un país pobre con un Estado congénitamente ineficiente no tiene posibilidades de enfrentar con éxito una crisis como la actual. Menos con un gobierno incompetente como el de Martín Vizcarra”. (“El Comercio”, 14/3/20)

Pero en ese momento, y durante meses, todo el coro caviar se deshacía en abyectos panegíricos al Lagarto, sostenía que todo lo hacía bien y que los efectos de la pandemia no serían graves.

La semana siguiente critiqué las medidas absurdas como el toque de queda y la prohibición de circulación de vehículos. Y describí la vomitiva y peligrosa “explosión de sobonería al presidente y al gobierno –alguna rentada y otra espontánea-, que ha estallado en medios y redes.” (“El Comercio”, 21/3/20).

Y una semana después, advertí el cataclismo que se avecinaba si se continuaba con esa política equivocada, proponiendo una estrategia intermedia: “Por eso quizá lo más adecuado sea una solución intermedia, manteniendo todas las medidas de aislamiento social posibles que ya se están aplicando sin paralizar la economía”. Y añadía, “Todo eso mientras se espera que se descubra y produzca la vacuna, cosa que con suerte ocurrirá dentro de algunos meses. En suma, en las condiciones concretas del Perú, prolongar la cuarentena no detendrá al virus porque faltan las otras armas para frenarlo (rastreo de contactos, pruebas masivas, etc.).”

Y concluía, afirmando que la brutal cuarentena no iba a detener la propagación del virus pero si iba a arruinar la economía: “no hay manera de que millones de personas, precisamente los de menores recursos, sobrevivan con el país paralizado”. (28/3/20).

Estas ideas las seguí desarrollando en los meses siguientes, sin ningún resultado, como es obvio. No soy epidemiólogo ni especialista, pero desde los primeros días adelanté lo que iba a suceder si se seguía en ese camino equivocado. Solo se necesitaba algo de sentido común y conocer la realidad del país para darse cuenta.

Es decir, no solo se trató de la absoluta incompetencia y corrupción (compraron pruebas rápidas y no moleculares, no adquirieron la vacuna Pfizer cuando pudieron sino las chinas, etc.) de Vizcarra y sus secuaces, sino del respaldo unánime de la mafia caviar y sus medios de comunicación, que actuaban para defender sus propios intereses, lo que provocó una tragedia nacional, con miles de personas que no debieron morir y fallecieron.

Ferguson señala en su libro que “Perú (149 por ciento) y Ecuador (117 por ciento) presentaban el peor exceso de mortalidad” en el mundo, considerando el número de fallecidos el año anterior.

Un pequeño ejemplo de cómo negaba la mafia caviar la realidad, lo experimenté cuando dije eso, que el Perú tenía la mayor proporción de muertos por millón de habitantes. Una ONG caviar, de las que se erigieron en jueces de la verdad (fact cheking), me denunció como un mentiroso por afirmar algo que aparecía en las estadísticas internacionales, pero que el gobierno ocultaba acá.

Pero no solo fueron los cientos de miles de muertos a consecuencia directa del virus, sino una de las peores contracciones de la economía en el mundo por la demencial cuarentena que impusieron y resultados políticos como los que soportamos ahora.

Como subraya Ferguson, “Una catástrofe como, por ejemplo, una pandemia no es un evento aislado. Lleva, invariablemente, a otros desastres: económico, social y político. Puede producirse, como a menudo ocurre, una reacción en cadena, una concatenación de desastres”. 

Y no ha terminado. Una de las calamidades que nos amenaza ahora es la hambruna, no como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, sino por la precariedad de nuestra economía. Indica Ferguson que “las hambrunas no están causadas por una carestía de alimentos, afirma [Amartya] Sen, sino que se producen cuando el precio de los alimentos se dispara por encima de la capacidad adquisitiva de los grupos de población que tienen menos ingresos”. Y agrega que, como dice “Sen: que, en su raíz, las hambrunas son desastres políticos, es decir, situaciones en las que, en condiciones de extrema pobreza y carestía, las autoridades no son capaces de evitar un fallo del mercado”.

En síntesis, un excelente libro de Ferguson, que estimula la reflexión sobre la pandemia y la crisis. Y da motivo para recordar y analizar cómo y por qué nos hemos hundido en el abismo.

Desastres en cadena, por Fernando Rospigliosi

El incendio y destrucción del campamento minero de los Chancas, y el último asalto a Las Bambas son dos nuevas evidencias de la crisis que está hundiendo al motor de la economía peruana, la minería, crisis provocada e incentivada por el gobierno. El daño que están produciendo es cada vez más profundo y duradero. Cada día que pasa se ahondan los conflictos que serán muy difíciles de resolver en el futuro. Y a un costo altísimo.

Es decir, cuando se eche a la gavilla de delincuentes que ha asaltado el gobierno, no se volverá simplemente a la situación anterior empezando desde cero. Los grupos de extorsionadores e ilegales que han realizado las incursiones mencionadas son cada día más fuertes, atraen cada día a más seguidores, y predican con el ejemplo a muchísimos otros que en todo el país observan sus acciones con atención.

Todos aprenden las lecciones rápidamente. Primero, la impunidad. Pueden hacer lo que les da la gana, violar todas las leyes, y no les va a pasar nada. Antes bloqueaban carreteras y algunas veces eran desalojados. Ahora no solo cierran los caminos sino que asaltan y destruyen instalaciones. Y tampoco les pasa nada.

Esto no empezó ayer. Como se recuerda, el gran avance, el salto cualitativo –para usar el concepto que gusta a los marxistas-, lo dieron cuando fueron apoyados públicamente –después de destruir varios campamentos mineros- por la entonces premier Mirtha Vásquez, la anti minera que llegó a ese cargo promovida y respaldada por todos los caviares y por los medios de comunicación que controlan, e incluso por un sector empresarial estúpidamente crédulo, que apuesta siempre a acomodarse con cualquier gobierno. Ellos compartían la estrategia que, según Héctor Béjar, había estrenado en los primeros días la embajada norteamericana de “humalizar” al gobierno.

En segundo lugar, aprenden que pueden ganar mucho con la violencia. En el caso de los Chancas, se trata de mineros ilegales que operan en terrenos de la mina. Es un negocio rentable. No tienen que comprar las tierras, no tienen que obtener los innumerables y engorrosos permisos que demoran años, no respetan el medio ambiente y contaminan sin medida ni clemencia (sin ser perseguidos y atacados por las ONG ambientalistas de los caviares) y, por supuesto, no pagan impuestos. Daños colaterales son el trabajo infantil, la trata de personas, etc. que van a asociados a ese tipo de actividades.

En las Bambas, además de la extorsión a la empresa, que es el negocio principal, también están robando mineral.

Los que han participado en estos ataques, y los otros que se han sucedido en estos diez meses trágicos, a minas grandes y pequeñas, se fortalecen cada día, reclutan a más y más seguidores, y se vuelven más violentos y arrogantes. Cuando se instale en el Perú un gobierno razonable, será muy difícil restablecer el orden.

Además de los cientos de millones que no ha cobrado el Estado en impuestos por la disminución de la producción, de los miles de empleos que se están perdiendo, el daño reputacional es inconmensurable. Nadie en su sano juicio invertirá en el futuro los enormes capitales que se requiere para poner en operación minas como Las Bambas (diez mil millones de dólares) o los Chancas (tres mil millones de dólares) en un país que no garantiza nada. 

Y cuyo gobierno, a través de la bancada oficialista en el Congreso, pretende desconocer los contratos y estatizar Las Bambas con una ley.

En suma, la violencia anti minera va creciendo descontroladamente, tolerada y alentada por el gobierno. Cada día que pasa, el costo de recuperar la legalidad se hace más alto.

Mientras tanto, las instituciones que podrían y deberían evitarlo, duermen. O se acomodan. La defensa del Perú no parece ser una de sus prioridades.

El colapso de la minería, por Fernando Rospigliosi

El papelón protagonizado por la indescriptible Dina Boluarte en Davos confirma que en este gobierno no hay excepciones, todos son de la misma calaña, ineptos y corruptos.

Si algún ingenuo y desinformado asistente al evento en Suiza tenía todavía dudas sobre lo que ocurre en el Perú, Dina las despejó de golpe: se trata de un gobierno anti minero, anti inversión privada, conducido por un hato de incompetentes.

El asunto es ahora Dina está en primer plano por varias razones. Primero, la Contraloría ha alertado sobre una flagrante violación a la Constitución –¡otra más! - de la inefable ministra, pues era presidenta del club Apurímac y firmaba actas, al tiempo que ocupaba un cargo en el Estado que le impide gestionar intereses.

Eso, por supuesto, le importa un comino a Dina y sus secuaces. Está en su naturaleza zurrarse en la legalidad. La horda que ha asaltado el gobierno tiene dos genes que marcan su ADN: la informalidad y la ideología.

Ellos provienen de ese mundo que algunos caviares ensalzan e idolatran, el enorme universo de la informalidad, que permite subsistir a muchos peruanos, pero que a la vez es una traba fundamental para el desarrollo y el ordenamiento de la sociedad y el Estado. Y a la vez profesan la ideología del socialismo del siglo XXI que, con el pretexto de combatir el orden establecido, propicia y alienta la transgresión de las leyes y la corrupción.

Dina, al igual que Pedro Castillo y su gavilla, son la encarnación de esas corrientes.

Si han podido llegar a donde están, es por el apoyo incondicional de los caviares, que creían que podrían beneficiarse con este gobierno y sabían que serían desplazados si perdía Castillo.

Solo así se explica como el JNE pudo permitir la candidatura de Dina, que violaba explícitamente la Constitución que prohíbe a cualquier empleado de un organismo electoral ser candidato si no ha renunciado sin la debida anticipación. De hecho, por esa razón, ella fue excluida de la lista parlamentaria de Perú Libre. E increíblemente se le permitió postular a la vice presidencia.

Si, conforme a la ley, el JNE la quitaba, toda la lista quedaba descartada, porque ya Vladimir Cerrón había sido apartado por estar sentenciado por corrupción.

Esta es una de las más claras evidencias del fraude electoral perpetrado por la mayoría del JNE con el respaldo total de los caviares, sobre todo por el gobierno de Francisco Sagasti.

También Dina está involucrada en otros delitos, como lo mostraron varios reportajes de Claudia Toro en el programa de Beto Ortiz en Willax, pues sus familiares hacían negocios con el Estado cuando esa banda ya estaba en el gobierno.

A ellos, como he señalado, eso les importa un bledo. Están acostumbrados a eso, es su modo de vida. Pero el punto es que las instituciones que deberían actuar defendiendo la legalidad y sancionando el delito no lo hacen. La corrosión caviar las ha desnaturalizado.

El problema para Dina es que su obvio apetito por reemplazar a Castillo y su aconchabamiento con la mafia caviar para tal efecto –se dice que ya tiene premier y gabinete listo, aconsejada por alguien que tiene tanto hambre de poder como ella-, colisiona con los intereses de Cerrón su banda de dinámicos.

Como ha recordado Mario Ghibellini, la censura de la impresentable Betssy Chávez con los votos cerronistas, es una clara advertencia de lo que le puede ocurrir a Dina. (“Se los decimos a Betssy para que escuche a Dina”, “El Comercio”, 28/5/22).

En medio de esta situación caótica, los peruanos se siguen hundiendo en la miseria y el país se va desintegrando. Entretanto, las instituciones que deberían hacer algo para impedirlo, duermen. O se acomodan.