Investigador y analista económico

Raúl Labarthe 

Esta columna será distinta. Hoy daré mi punto de vista sobre el diagnóstico de la realidad social y política que tengo de este país —nuestro país—, el Perú. Mucho se ha escrito al respecto, sin duda, y mucho aún me falta leer de todo ello. No soy ni historiador ni hombre de letras. Sin embargo, he sentido toda mi vida una responsabilidad por comprender y mejorar la patria que me hizo posible. Quiero compartirles algunos aspectos de mi visión, luego de más de 15 años de diálogos con muchas personas, sobre qué nos sucede, por qué nos sucede y —si acaso es posible— cómo resolverlo.

Este diagnóstico tal vez sorprenda a más de un crítico desde la izquierda, con supuestamente más “conciencia social” y bagaje popular que quien hoy les escribe. Algunos meses atrás, mencioné que íbamos camino hacia “una cleptocracia inclusiva”, ya que inexorablemente el país (nuestro país), enfrentaba una pugna entre dos bandos. Por un lado el poder “fáctico” de la élite empresarial, acostumbrada a trascender los vaivenes políticos con cierta comodidad; y por otro lado, una serie de fuerzas políticas, que a través de dádivas estatales, buscan apalancar su poder sobre la base de una clase emergente que reclama su lugar en el tablero.

Mucha gente cree que hemos “perdido el orden”. Que en vivimos tiempos de “anarquía”. Que necesitamos “mano dura”. Que “el principal problema de este país es la educación”. Sin darse cuenta que son viejos herederos de esta tradición jacobina y republicana que pretende decir que el orden social se establece por la fuerza, desde arriba hacia abajo, para “civilizar” a un país que no sabe “comportarse”.

El Perú es el hijo de un padre hispánico y una madre americana; y todos sabemos, que sean quienes sean nuestros padres, nadie alcanza la madurez hasta no reconciliarse con sus imágenes. Con la independencia, luchada en buena medida por extranjeros, con gran parte del interior aún en favor del orden hispano, empezaron los problemas para esta nueva república que siguió siendo huérfana un largo tiempo después. El orden republicano liberal tomó Lima, y la nueva oligarquía criolla tendrá en adelante guerras civiles con muchos caudillos más conservadores sobre el orden hispano. Para mí, aquí empieza el germen del centralismo político limeño.

La tesis de Hernando de Soto respecto a la brecha entre los informales y formales, es en realidad un eufemismo de esta brecha aún más profunda, heredada no desde la colonia sino desde la independencia, y a partir de que el orden “democrático” pretendió establecerse. El Estado peruano es una ilusión óptica para quienes observan del país desde Lima. El resto del país, los “informales”, son realmente un orden espontáneo anárquico, sobre el cual aún residen ciertos vestigios consuetudinarios del orden pre-republicano. Nadie en estas esferas accede a la ley formal, y aún así el país sigue funcionando. Somos, en gran medida, un país de sobrevivientes.

La formalidad es en realidad una manifestación política, a través de la ley, de una porción del país que impone una visión sobre el resto acerca de lo que debe ser el Perú. La visión “civilizatoria” del orden político liberal francés. Este republicanismo se ha pretendido forzar sobre un orden político preexistente, sin ninguna consideración de igualdad frente a estas comunidades. La pesada carga que implica esta “formalidad” (sobre un orden que percibe como incivilizado) se estrella ante la realidad del pueblo llano de manera intransigente.

Mucha gente cree que hemos “perdido el orden”. Que en vivimos tiempos de “anarquía”. Que necesitamos “mano dura”. Que “el principal problema de este país es la educación”. Sin darse cuenta que son viejos herederos de esta tradición jacobina y republicana que pretende decir que el orden social se establece por la fuerza, desde arriba hacia abajo, para “civilizar” a un país que no sabe “comportarse”. ¿O sólo me han sucedido a mí estas conversaciones? Mirarlo desde este punto de vista, a mi juicio, sólo demuestra que los “civilizados” son también parte del problema.

Cuando uno entiende que el Perú es producto de esta pugna entre un republicanismo incipiente “formal”, y una república de indios decaída e “informal”; las cosas se esclarecen. Uno empieza a notar por qué es que la democracia ya no importa cuando el congreso representa a ese “orden informal”. “Hay que respetar las instituciones y la ley”. Sí, hasta que te conviene. Cuando en esa institución democrática está el orden “incivilizado”, ahí podemos tolerar que el Virrey Vizcarra “imponga el orden”.

¿Por qué si dos derechas ganaron en 2016, estas se odiaron y una terminó disolviendo a la otra? Pues porque no divergían esencialmente en ideas, sino en intereses. ¿O por qué los congresos son siempre impopulares? Porque aquí se manifiesta el pueblo tal cual es en desafío al orden formal. El congreso es un ágora anárquica que canaliza (para bien o para mal) las voluntades de distintos grupos de poder de abajo hacia arriba. En cambio, el orden formal encuentra en el presidente un centro de poder mucho más sencillo de cooptar.

No es de extrañar que el partido más “pituco” de las últimas elecciones haya sido el partido que más cree en este jacobinismo ilustrado (acabemos con los dinosaurios), y que su principal votación haya sido en los distritos más pudientes de Lima. El moradismo, aliado al peón Vizcarra, no es más que el heredero de este “autoritarismo civilizatorio” que se ha impuesto siempre con mano dura. Por eso, para el Perú, no existe dinosaurio más difícil de acabar que el caudillismo y el autoritarismo. Y en 1990, cuando yo desperté, el dinosaurio aún estaba allí.

Cuando  desperté, el dinosaurio aún estaba allí

Noticias de cómo Bitcoin viene alcanzado máximos históricos siguen sonando durante las últimas semanas. Aunque hoy cierra con una caída de 10%, hace unos días su precio superó al del oro tras alcanzar los 58 mil dólares. Hace un año el precio apenas llegaba a los 10 mil dólares, y hace 2 años no superaba los 4 mil. Pero, ¿qué es bitcoin? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos?

Bitcoin es dinero digital. Para entender qué es Bitcoin hay que entender primero qué es el dinero. A veces pensamos que el dinero es eso que tenemos en la billetera y ya está, no pensamos más allá. Pero, ¿acaso un billete de 10 soles tiene valor porque este papelito sirve para algo? Pues no. Tiene valor porque nosotros le damos valor por convención.

Pero primero, ¿qué es el dinero? El dinero se creó para dejar de usar el trueque. ¿Y qué tenía de malo el trueque? Los incas lo usaron, ¿cierto? Bueno, el problema con el trueque es que si tienes trigo y quieres arroz, necesitas obligatoriamente encontrar a alguien que tenga arroz y a la vez quiera tu trigo. ¿Complicado no? Por eso el trueque generaba problemas de coordinación.

El dinero aparece para lograr que puedas vender tu trigo a cambio de algo que sabes que todos los demás quieren (como los billetes). Con esos billetes luego buscas al que tiene arroz, y él con gusto lo acepta porque sabe que puede usarlo para comprar otras cosas. Varios bienes han servido como dinero en el pasado: el ganado, la sal o la pimienta; pero siempre fueron los metales (el oro, la plata y el cobre) los que sirvieron por excelencia como dinero.

A veces pensamos que el dinero es eso que tenemos en la billetera y ya está, no pensamos más allá. Pero, ¿acaso un billete de 10 soles tiene valor porque este papelito sirve para algo? Pues no. Tiene valor porque nosotros le damos valor por convención.

Los metales servían muy bien porque cumplían con las propiedades que se desean del dinero: depósito de valor (ahorro), medio de pago (comprar y vender), y unidad de cuenta (ponerle precio a las cosas). Progresivamente los gobiernos empezaron a cambiar los metales por papel moneda, hasta que alcanzaron a tener el monopolio de su emisión: nació la moneda fiat, es decir, el sol, el dólar, el euro y todas las monedas que conocemos.

Los billetes que tenemos en los bolsillos: los soles, los dólares, los euros son dinero que imponen los gobiernos con los bancos centrales de reserva. Este dinero se sostiene por pura convención, ya que no sirven en sí para nada, es un papelito. Lo usamos porque todos sabemos que nos lo aceptarán en la otra esquina. El problema con este dinero es que los políticos lo pueden multiplicar en cualquier momento, generando inflación y haciendo que nuestros ahorros pierdan valor.

Entonces… ¿dónde entra Bitcoin aquí? Imitando las propiedades de los metales como el oro y la plata, se creó la idea de las monedas digitales. Fuera del control de los gobiernos, las bitcoins que funcionan con la tecnología “Blockchain” o cadena de bloques, permite hacer transacciones seguras y descentralizadas. Hay una cantidad fija que será emitida (sólo 21 millones), estas monedas están diseñadas para estar fuera de la inflación y para operar a nivel global sin dejar rastro.

Muchos se han lanzado a comprarla. Dicen que esta moneda en el largo plazo nunca se depreciará. Pero mientras tanto, sigue siendo muy volátil. ¿Por qué? Porque al ser una moneda nueva, el valor que tenga bitcoin dependerá de si la convención. Si mucha gente cree que vale (así como el dólar) más valor tendrá. Conforme crezca la comunidad que lo usa, el valor de bitcoin será mayor.

Pero el reciente crecimiento de su precio se ha dado fundamentalmente porque grandes inversionistas han decidido entrar con fuerza. Square, una empresa de medios de pago, compró bitcoins el año pasado y Tesla, fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk, compró alrededor de 1.500 millones de dólares en bitcoins en febrero de este año. Musk y el fundador de Square, Jack Dorsey, son partidarios de bitcoin. Conforme se sigan sumando más grupos económicos a la apuesta por Bitcoin, el precio seguirá subiendo. Pero hoy el futuro de esta moneda es incierto.

¿Qué pasa con Bitcoin?

Imágenes tremendas hemos visto el caso de Orlando Abreu, un comerciante venezolano que fue asesinado por un sicario en Trujillo. Al parecer este asesinato se dio por no pagar 50 soles semanales en cupo. Así como pudo pasarle a este comerciante, ¿cuántos otros, peruanos o extranjeros, son extorsionados día a día por delincuentes que viven como parásitos de su esfuerzo? ¿Cómo es posible que permitamos estos abusos?

Según datos del Datacrim, los distritos con mayores tasas de denuncias por comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, están en el norte de Perú. Distritos como Pomalca (72.9), Saña (39.8) y Lagunas (38.4) en Lambayeque, Salaverry (42.6) y Santiago de Cao (37.1) en la Libertad. Si sabemos esta información, ¿qué esperan los políticos para hacerse cargo de su país?

Y es que en nuestro país la seguridad parece ser un privilegio de quienes pueden pagarla. No es posible que sigamos con un Estado centralista que no cumple con el mínimo que le corresponde para tener la legitimidad de hacerse llamar Estado. Lo mínimo que se espera de un Estado es que este defienda la propiedad privada y la vida de todos los peruanos con igualdad.

A cada individuo, sin importar su nacionalidad, se le debe dar la oportunidad de ser un activo valioso para su sociedad, y a quienes ataquen a los buenos ciudadanos, tendrán que pagar las consecuencias.

Sin esto el Estado peruano es un estado fallido, a merced de las mafias privadas (o incluso estatales), donde la justicia es sólo para los amigos del poder. Si alguna redistribución cabe en garantizar es justamente la de utilizar los impuestos para que la fuerza pública caiga con firmeza y justicia contra los delincuentes; especialmente contra aquellos que atacan a los más pobres. En esa redistribución sí creo.

Max Weber, padre de la sociología, decía que el Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima.” ¿Esto sucede en mi país? ¿En mi país el Estado logra reclamar con éxito el monopolio de la violencia física? ¿Protege con éxito el Estado los derechos individuales de los peruanos de Pomalca, de Saña, de Salaverry, de Trujillo? ¿En el Vraem? Pues no.

Cabe la pregunta entonces, si un Estado no puede cumplir ni siquiera sus funciones básicas de seguridad y justicia, ¿cómo es posible que estemos discutiendo aumentar más esta estructura corrupta y elefantiásica que busca obtener aún más poder sobre las medicinas, las aerolíneas, la educación y la salud? Si no puede ni siquiera con su labor desde que el mundo era feudal. Estamos con las prioridades de cabeza.

Finalmente, quisiera decir que una sociedad sana tiene el deber de proteger al ciudadano correcto y trabajador, sin distinción de nacionalidad. La estigmatización de los venezolanos que algunos nacionalistas de derecha difunden, es injusta, pero sobretodo, es tan colectivista como el pensamiento progresista de izquierda que ellos mismos critican.

Tratar a todos los venezolanos como si operaran en conjunto, con unos mismos objetivos, con unos mismos defectos, con una misma “agenda” o conciencia colectiva, es exactamente lo mismo que hacen las feministas radicales con los hombres. Ni los venezolanos, ni los peruanos, ni los hombres, ni las mujeres, ni los negros, ni los blancos, tienen intereses comunes. El convertir meras categorías en común en un aspecto político relevante, es una herramienta política que sólo puede ser utilizada por colectivistas, que no creen en el individuo.

Así como los hombres, los blancos, los ricos y los heterosexuales no son responsables de todo lo que hacen los mismos de su categoría, tampoco son responsables los venezolanos de lo que hagan sus compatriotas. La derecha más recalcitrante que busca expulsar a todos los venezolanos debería darse cuenta que está cayendo en precisamente el mismo colectivismo que utilizan del otro lado.

A cada individuo, sin importar su nacionalidad, se le debe dar la oportunidad de ser un activo valioso para su sociedad, y a quienes ataquen a los buenos ciudadanos, tendrán que pagar las consecuencias. Lo inverso, produce una sociedad donde se recompensa al parásito, al violento y al vago; no podemos permitirnos eso. ¿Cuándo hablarán de esto nuestros candidatos?

La redistribución de justicia y los venezolanos

Hoy en el Perú existen nuevos movimientos políticos en la derecha. Lo que hace unos años parecían ser un conjunto de ideas que compartíamos sólo algunos melómanos de la política y la economía; hoy se manifiestan de manera cada vez más nítida: el libertarismo en todas sus variantes. Es un movimiento que ya tiene un tiempo avanzando en Hispanoamérica, y que hoy veo, con gusto, que cada día es más popular en muchas esferas de nuestro país.

Para quienes no lo conozcan, el libertarismo es esencialmente una postura en contra de la coacción estatal, de la concentración de poder y de la opresión de las libertades individuales. El libertarismo cree en la igualdad antes la ley de todos los seres humanos, concretizada en los derechos a la vida, la propiedad y la libertad. Promueve el derecho a que cada persona persiga su proyecto de vida sin que otros le impongan el suyo. Es un movimiento antipolítico, que lejos de reclamar más poder, lo que desea esencialmente es quitar al Estado de en medio por considerarlo una entidad violenta e inmoral.

En tiempos de acalorado debate político, y a puertas de unas elecciones, es normal que se puedan establecer alianzas. Pero no podemos olvidar que el libertarismo tiene su propia agenda, y que toda alianza lograda entre ambos será sólo temporal.

En este marco, el candidato Rafael López Aliaga (RLA), ha tenido ciertos “coqueteos” con el movimiento, ya que han coincidido (legítimamente) en alinearse en contra de las cuarentenas. Ambos están de acuerdo en rechazarlas, reivindicando el derecho de los peruanos a trabajar y a asumir su propio riesgo en esta coyuntura tan difícil. Y esto no es más que un síntoma de la relevancia política que empieza a tener el movimiento. Ya que hoy RLA, en su búsqueda de popularidad, busca obtener el “visto bueno” de diversos youtubers libertarios. Una muestra de que hoy ya somos algo en el Perú.

Pero es importante recordar que, dentro de la diversidad de corrientes del libertarismo, emergió en nuestra región una corriente específica que viene combinando diversos aspectos de la derecha conservadora con el libertarismo. Encabezándolo tácitamente está Agustín Laje desde el 2016 quien, desde su obra “El Libro Negro de la Nueva Izquierda”, junto a Nicolás Márquez, generaron un inmenso debate que hasta el día de hoy divide a los libertarios. ¿Corresponde que los libertarios tengan su propia agenda? ¿O es necesario que estos se alíen con la derecha para combatir el socialismo? Son algunas de las preguntas que hoy se abordan.

Yo soy libertario desde la primera vez que escuché a Ayn Rand en el 2013. Luego de esta etapa juvenil, conocí a la escuela austríaca de economía, la que se convirtió en uno de mis principales referentes. En 2016, frente a la “frustración” de muchos jóvenes que veían que el movimiento libertario no tenía posibilidades políticas en el Perú, el discurso de Agustín Laje cayó como un bálsamo de esperanza para muchos. La propuesta era clara: los conservadores y libertarios, en una región católica como la nuestra, debían aliarse con el objetivo de tener una oportunidad política. Muchos se entusiasmaron, incluyéndome.

Pero en retrospectiva he venido cuestionándome si es esto conveniente en el mediano plazo. Y es que esta fragmentación al interior del movimiento libertario entre los “proconservadores” y los “escépticos” en realidad no es más que un síntoma de nuestra propia debilidad política, la cual no parece que vaya a resolverse fruto de esta alianza. Sin embargo, para los conservadores acusados en el pasado de ser inflexibles y poco tolerantes, es muy conveniente tenernos de su lado. Esto les hace ganar cierta legitimidad. Mientras tanto a nosotros, menos organizados políticamente, aparentemente nos conviene contar con su “llegada popular”.

Pero creo que lo que muchos no han podido aún ver, es que esta disyuntiva de tener que elegir entre la izquierda y la derecha es contraproducente; y es fruto de la polarización política a la cual muchos quieren llevarnos. La polarización nos viene dividiendo. Los conservadores pretenden hacernos dudar en primer lugar de que nuestra agenda sea pertinente, en segundo lugar de que sea factible, y al final terminan diciendo que el libertarismo es un movimiento utópico e infantil. Por lo tanto, ¿en realidad tiene sentido establecer una alianza con quien en el fondo abjura totalmente de tus ideas? En ese camino, lo único que quedará del libertarismo será la defensa del mercado, la cuál es tan sólo uno de nuestros puntos de agenda.

Que el libertarismo sea antiizquierdista, no nos debe hacer creer que todo antiizquierdista es libertario. El libertarismo rechaza, por los mismos motivos por los que lo hace con el socialismo, a posturas de la derecha como el nacionalismo y el conservadurismo reaccionario. Porque para nosotros en el centro de todo está el derecho de cada persona a vivir su vida como le plazca sin afectar a terceros.

El cisma libertario

Este fin de semana el candidato presidencial López Aliaga ha ganado bastante notoriedad por su apoyo a las marchas a través del hashtag “no al toque de quiebra” contra las cuarentenas nefastas decretadas por el gobierno morado. Sin duda, ¿quién podría criticar este apoyo? Una vez más la ineficiencia del Ejecutivo es pagada por los peruanos más pobres, que tendrán que asumir una medida draconiana sin ninguna proporcionalidad. En la última cuarentena cavernícola, por cada formal que perdió su trabajo, dos informales perdieron el suyo.

Sin embargo, las propuestas del candidato López Aliaga tienen una dosis de populismo no menor, lo cual debe ser subrayado. El día domingo en Cuarto Poder afirmó que los fondos de las AFPs deberían de ser invertidos 100% en el Perú, argumentando que colocarlos en el exterior “disminuye el empleo”. Hoy el mínimo obligatorio destinado a inversiones nacionales es del 50%. Mencionó que tenemos muchos proyectos rentables donde colocar el dinero. Pero todo esto señores, es aprovecharse de los pensionistas con un dirigismo económico muy evidente.

Por si quedara dudas de su postura keynesiana, ayer sorprendió con la propuesta de crear una nueva capital del Perú en el departamento de Junín, así como también llevar distintos ministerios a las regiones.

De hecho, la reforma debería de ser al revés: permitir que el 100% sea invertido en el extranjero. Mientras más restricciones se coloquen al gestor del fondo, menor es la rentabilidad y mayor es el riesgo. Nuestra economía es pequeña y poner todo el capital en el país podría crear una burbuja financiera, iniciando proyectos inútiles que afectarían a millones de afiliados. Que el Estado mantenga cautivos estos fondos en el país sólo es propio de un keynesiano que busca utilizar dinero ajeno para apalancar proyectos públicos. Esperemos que reconsidere esta idea.

Por si quedara dudas de su postura keynesiana, ayer sorprendió con la propuesta de crear una nueva capital del Perú en el departamento de Junín, así como también llevar distintos ministerios a las regiones. Con la intención de promover la obra pública y el empleo pretende ahora lanzarnos a un proyecto de proporciones enormes, que podría asemejarse a los elefantes blancos de la Refinería de Talara o del Gasoducto Sur Peruano (GSP). La verdad, es que operar en provincias tiene mayores costos, lo que significaría más gasto público en tiempos donde la deuda crece y el déficit fiscal está en 8.6% (su máximo punto desde 1990).

Finalmente, su propuesta de promover la construcción de gasoductos regionales para llevar gas a los hogares peruanos no se entiende. Actualmente ya existen concesiones en las principales regiones para realizar la distribución de gas natural a través de Gas Natural Comprimido (GNC) transportado por camiones cisterna. ¿Para qué construir gasoductos si estos proyectos ya están en marcha? Es bien conocido por los técnicos que en casos de largas distancias y poco volumen de demanda (como este caso) lo menos costoso el transporte terrestre, NO un gasoducto que atraviese los andes.

Que existan pocas alternativas a elegir (y por momentos decepcionantes) para la derecha liberal, no puede hacernos ser ciegos y condescendientes con el populismo. Los pecados de unos no hacen santos a otros. Hay que exigir que los candidatos tengan propuestas realistas y técnicas. Y por el momento, Rafael López Aliaga viene dando muestras de que: o planea promover ideas sin sustento para ganar aplausos de las mayorías, o que efectivamente es tan intervencionista como sus adversarios. Atentos amigos, el populismo no sólo es de izquierda.

El populismo también es de derecha

En las recientes entrevistas de varios candidatos de la izquierda, en particular Sigrid Bazán, han mencionado repetidamente que quieren cambiar de constitución. Sin embargo, los motivos por los que buscan realizarlo suelen ser de lo más absurdos, especialmente en el caso del capítulo económico. “Necesitamos crear una cadena farmacéutica estatal para garantizar medicinas para todos”.- declaró la candidata Bazán de Juntos por el Perú.

¡Pero si esto ya existe! Cerca de 8 mil establecimientos públicos de salud cuentan con farmacias que distribuyen medicamentos a la población. Y es precisamente por la mala gestión del Estado que estas no tienen medicamentos. El 40% de estos tienen un stock por debajo del recomendado. La escasez de medicamentos genera que el 60% de los compradores en farmacias privadas sean pacientes que vienen desde el sector público con sus recetas.

Quienes buscan cambiar el principio de subsidiariedad sólo buscan una cosa: más poder y plata. Lo único adicional que le permitiría al gobierno ese cambio es arrogarse monopolios en sectores absurdos (hoteles, restaurantes o farmacias) sin rendir cuentas a nadie.

Por lo tanto, el problema que busca resolver eliminando el principio de subsidiariedad —que según ella y sus correligionarios no les permite hacer nada—, simplemente no existe. Y esto es porque el rol subsidiario del Estado no lo limita en lo absoluto para intervenir en la economía, de hecho lamentablemente ya lo hace bastante. Adicionalmente, controló el 25% del PBI en el 2020, burocratiza la formalidad dejando de lado al 70% de la fuerza laboral, y posee muchos reguladores en los principales sectores (esto último gracias a la constitución actual, por cierto).

Las empresas públicas siguen existiendo en: generación eléctrica (Electroperú), refinación de petróleo (Petroperú), servicios de limpieza (Silsa), bancos (Banco de la Nación, Cofide, entre otros), mantenimiento de aeronaves (Seman), servicios postales (Serpost), control del tránsito aéreo (Corpac) y fabricación de armas (FAME). Controla la mayoría de la educación básica, que no es la preferida por los padres, gestiona la mayoría un sistema de salud colapsado, y ni hablar del agua y saneamiento donde las empresas municipales están quebradas.

Frente a esto, la candidata Bazán agregó que efectivamente todos estos problemas existen, pero que ha sido la falta de institucionalidad, promovida por el sector privado (¿?), la que ha generado este Estado inoperante. Que su partido hará que el Estado, las empresas públicas y el sistema político sí funcionen de maravilla, y que hay que darles una oportunidad. Perfecto, pero comprenderá señorita Bazán, que si usted quiere demostrarnos que lo hará mejor, no tiene por qué cambiar las reglas de juego. Demuestre usted que puede hacerlo con las reglas existentes.

Quienes buscan cambiar el principio de subsidiariedad sólo buscan una cosa: más poder y plata. Lo único adicional que le permitiría al gobierno ese cambio es arrogarse monopolios en sectores absurdos (hoteles, restaurantes o farmacias) sin rendir cuentas a nadie. También, cómo no, permitiría expropiaciones arbitrarias en cualquier sector. Maravilloso mecanismo para quienes buscan un Estado totalitario y corrupto. Atentos hombres y mujeres de buena fe, que al menos yo no tengo dudas de que si fuera por la izquierda las elecciones del 2020 serían las últimas.

¿Qué busca la izquierda  en verdad? 

Como es sabido, la candidata de izquierda Verónika Mendoza declaró que el uso de la maquinita para reactivar la economía “es una posibilidad que se verá en su momento”. Luego de dejar en suspenso semejante afirmación, con un poco creíble intento de moderación, pretende suavizarlo al agregar que respetaría la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) de ser elegida. ¿Pero acaso no se da cuenta que no se puede hacer uno sin lo otro?

La independencia del BCR se defiende mucho pero pocos entienden todo lo que implica. Y es que basta revisar la historia para comprender cómo es que la emisión de billetes ha sido siempre el sueño de los más terribles tiranos. Sólo piense qué haría usted si tuviese esta maquinita mágica en su casa, lista para usarla cada vez que no llegue a fin de mes, ¿no la usaría acaso cada vez que pueda? Pues es así. La maquinita es esencialmente el anillo de Sauron. Vuelve al portador todopoderoso. Con imprimir unos papelitos basta para extraer de los demás toda los bienes que desee.

Y es que Mendoza al decir que utilizaría la maquinita para estimular la economía está esencialmente diciendo que NO respetará la independencia del BCR.

En el pasado esto fue así muchas veces. En el siglo I, Nerón acuñó denarios con menor cantidad de plata para así realizar pagos utilizando menos mineral; a esto se le conoce como señoreaje y es esencialmente un robo. El gobernante de turno, al controlar el gasto público y también ser el soberano de la moneda, tenía un tremendo poder. Controlando ambos, el tirano podía ser el primero en introducir estas monedas al mercado para gana un beneficio a costa de todos los demás. Eso sí, a costa de viciar el sistema, generar desconfianza en la moneda, y producir inflación.

Si un gobernante puede crear dinero ilimitado para hacer sus pagos, podría por ejemplo, hacer obra pública ilimitada. Es aquí donde la teoría keynesiana resalta la relación positiva entre la inflación y el crecimiento. Pero el sentido común nos debe llevar a que existe algo equivocado en todo esto. Esto crecimiento sólo se produce cuando la gente no sabe que la están estafando. Si la gente no sabe que los precios están subiendo porque aumenta el papel, consume y produce más, generando crecimiento y empleo en el corto plazo. A esto se le llama curva de Phillips.

Pero este crecimiento generado por el fraude monetario es como el efecto de una droga. Genera una euforia de corto plazo: las empresas se lanzan a proyectos en los que no deberían y las familias se endeudan. Al final, el síndrome de abstinencia tiene que llegar: inflación, crisis y desempleo. En el Perú, luego de que Alan García y sus antecesores repitieran esta piromanía monetaria de Nerón, es que se decide separar al BCR del poder político de turno.

Y es que Mendoza al decir que utilizaría la maquinita para estimular la economía está esencialmente diciendo que NO respetará la independencia del BCR. Es casi como decir que cerrará el congreso pero que respetaría la democracia. Son asuntos indisolubles. La separación fuerte entre la economía real y la monetaria está forjada justamente en esta regla institucional. Lo que en el fondo busca resolver un problema de incentivos contrapuestos: el cortoplacismo de la política versus la estabilidad de largo plazo de la moneda.

La moneda debe tener exclusivamente el rol de ser un depósito de valor para realizar transacciones y no como un estímulo artificial el crecimiento. De esta manera se obliga al gobernante a buscar soluciones reales para hacer crecer la economía: como por ejemplo elevar la capacidad productiva a través de más inversión. Lo demás es humo. Por favor, ¿cuantas veces habrá que repetirles a los keynesianos que los incendios no se apagan con gasolina?

Verónika, Nerón y la piromanía monetaria

El 6 de enero del 2021 será recordado como el día en el que el populismo trumpista mostró su verdadera faceta. Una horda de salvajes, muchos de ellos engañados por teorías conspirativas, y unas horas antes insuflados por el discurso incendiario de su líder, atacaron el Capitolio mientras se procedía a la certificación de los colegios electorales por parte del vicepresidente Mike Pence. El atentado dejó 5 muertos, 4 manifestantes y 1 policía, donde además se decomisaron 2 bombas caseras. Un escándalo para los EEUU, ¿pero cómo llegamos hasta aquí?

En noviembre Donald Trump, con el objetivo de no aceptar su derrota y dejar de mostrarse como un vencedor, asume la narrativa de que “si no he ganado, será porque hubo un fraude”. El líder “republicano” hizo campaña en contra de los votos por correo pidiendo que sus partidarios votaran presencialmente. Luego, irresponsablemente, se declara ganador el día de la elección, cuando precisamente quedaba pendiente el conteo de millones de estos votos. Por supuesto, cuando empiezan a contarse los votos por correo, se le “voltea” el partido y empieza a reclamar fraude; como si no hubiese sabido que esto pasaría.

A partir de ese punto, quienes apoyaban a Trump sólo tenían dos opciones: o creer a su caudillo, o confiar en las instituciones. Y entiendo que haya personas que eligen no creer en estas ya que muchas veces estas dan motivos para desconfiar. Pero en Estados Unidos existe un arreglo institucional muy descentralizado: las elecciones se realizan en 50 estados que cada uno gestiona internamente. Además existen cortes de tres niveles (distritales, federales y la corte suprema) con mucha independencia del poder político.

En noviembre Donald Trump, con el objetivo de no aceptar su derrota y dejar de mostrarse como un vencedor, asume la narrativa de que “si no he ganado, será porque hubo un fraude”.

Es en estas instancias donde presentó sus más de 50 denuncias de revisión de los resultados, y ninguna dio frutos. Es en estas mismas cortes donde Trump nombró a 53 jueces federales (o de cortes de apelación) en los 4 años de mandato, muchos más que los últimos presidentes (por ejemplo, Obama nombró 55 en 8 años). Stephanos Bibas, juez del Tercer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, nombrado por Trump en 2017, sobre el caso que le tocó revisar sentenció que: “los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguna aquí.”.

La Corte Suprema zanjó el tema desestimando la petición de invalidar la victoria de Biden. Es importante considerar que esta corte está compuesta por 9 jueces que fueron nombrados: 1 por George Bush padre, 2 por George Bush hijo, 1 por Bill Clinton, 3 por Barack Obama y 3 por Donald Trump; es decir son 6 republicanos y 3 demócratas. Considerar que esta corte ha operado en una clase de “conspiración” contra Trump es delirante. En lo personal, no creo que Joe Biden sea el mejor presidente en estos momentos para los EEUU, pero el pueblo americano ha decidido confiarle la presidencia, y esto debe respetarse.

Y es que Donald Trump no es republicano. En su vida mostró una serie de vaivenes donde más que su afinidad ideológica se mostró su oportunismo político, saltando entre ambos partidos según sopló el viento. Durante una década (2001-2011) fue militante del Partido Demócrata. Asimismo, creer que Trump hizo una labor extraordinaria en lo económico es también falaz. El crecimiento económico fue el mismo que con Obama: 2.3% entre 2016-2019 comparado con 2.3% entre 2010-2015 (siendo justos con ambos y quitando las crisis del 2009 y del 2020); el desempleo se redujo más con Obama: de 10% a 5% vs. de 5% a 4% con Trump. Y ya sin hablar el inmenso costo institucional que ha traído el tenerlo a la cabeza del país.

Para los creen que defenderlo a capa y espada —inclusive a costa de las instituciones— es ser la encarnación del patriotismo quisiera recordarles lo que dijo un verdadero patriota americano. El expresidente republicano Theodor Roosevelt escribió: “patriotismo significa estar del lado del país; no significa estar del lado del presidente”. Y esto es absolutamente incompatible con el trumpismo. Al mismo estilo chavista, Trump denigra la tradición republicana y democrática de los EEUU al ponerse por encima de las instituciones. ÉL es el Estado, ÉL es la Ley y el Orden, y nadie más que ÉL. Y eso es populismo.

Trump no es un patriota

Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué es que frente al crimen callejero no encerramos a todos en sus casas para que así nadie puede cometer crímenes? Sería muy simple, aplicamos esta medida y el crimen cae a 0%. ¿Les parecería una locura verdad? Precisamente porque no se pueden violar desproporcionadamente los derechos individuales de todos en aras de perseguir a unos pocos que cometen crímenes. Es precisamente lo que hoy se pretende justificar con lo aprobado por el MEF.

Lo publicado este domingo es preocupante. Han querido sorprender a los ahorristas y usuarios bancarios con una medida desproporcionada con el fin supuesto de combatir la evasión y elusión tributarias. El anexo aprobado del DS N° 430-2020-EF va a obligar a los bancos comerciales a transferir a la Sunat, a nivel mensual, la información de los movimientos bancarios de todas las personas y empresas que tengan saldos o flujos de más de 10 mil soles en sus cuentas.

¿Quiere usted que los amigos de Julio Guzmán tengan un reporte mensual de las cuentas bancarias de la oposición? ¿Qué garantiza que no se filtre esta información?

En primer lugar, este DS viola el derecho a la intimidad financiera, el cual ha sido definido en una serie de sentencias del TC —en especial la Exp. 00009-2014-PI/TC—, en donde se menciona que este derecho se concreta en el secreto bancario y la reserva tributaria. Esta información no le pertenece al banco sino al usuario, y sólo puede ser dispuesta por un juez o una comisión de investigación del congreso, quién permite que este derecho sea suspendido.

Pero además esta medida no es proporcional. Según datos a noviembre de la SBS, aunque sean sólo el 7% del total, muchísimas cuentas de personas naturales superan los S/. 10 mil (1.96 millones). Los medios no cuentan toda la historia: el 50% de estas personas naturales tienen montos menores a S/. 25 mil, y el 73% de estas montos menores a S/. 50 mil. Se supervisará además al 30% de todas las cuentas de personas jurídicas, de las cuales el 61% tienen montos menores a 100 mil soles. ¿Esto es para fiscalizar grandes empresas? De ninguna manera.

Sería importante que la Sunat explique por qué no les basta con el impuesto a las transferencias financieras (ITF) que fue creado para ese fin. El ITF se tributa para todo tipo de transferencia entre personas distintas. ¿Por qué es que esto no registra suficiente información? Si una persona por ejemplo recibe 5 mil soles todos los meses desde una cuenta que no es suya y la Sunat debería contar con esta información. Y si esto no es suficiente, ¿por qué en todo caso no mejorar el ITF en vez de imponer esta medida tan autoritaria?

Sin embargo, hoy el gobierno de Sagasti, con el inmenso sesgo político que ha venido mostrando, mientras participa en una campaña electoral, dispondría de facto de la información de millones de cuentas personales. Respecto a la justificación de que esto es una recomendación de la OECD es una simple falacia de autoridad, ¿dónde estuvo el debate público necesario para aprobar esta medida? No se consultó a los bancos, y otra vez se demuestra la vena autoritaria del gobierno morado y de los que lo aplauden.

A estas alturas no se puede comparar a los países de la OECD con el Perú. Los trabajadores en el sector informal han subido 10 puntos porcentuales por la cuarentena, la democracia e institucionalidad se han deteriorado, y tenemos un gobierno que cada vez concentra más poder. Un organismo electoral que corrige a los candidatos, un Ministerio del Interior al mando de un candidato al congreso por el moradismo, y ahora esto. ¿Cuándo vamos a decir “basta”?

Por ejemplo, ¿quiere usted que los amigos de Julio Guzmán tengan un reporte mensual de las cuentas bancarias de la oposición? ¿Qué garantiza que no se filtre esta información? ¿No basta el caso de Tania Quispe para sospechar que la Sunat no tiene la independencia suficiente? ¿Qué le cuesta a este supuesto gobierno de transición esperar 6 o 7 meses a que termine el proceso electoral? Nada de esto huele ni a democracia, ni a gestión técnica, ni a gobierno de transición. Es vizcarrismo sin Vizcarra.

Hacia el  control total: un atropello más

Al cierre de esta columna, en el pleno no se ha alcanzado aún consenso para aprobación la nueva ley de promoción agraria, luego de que se terminara el dictamen de la comisión de economía el último sábado. Más allá de las distintas opiniones sobre los nuevos “beneficios“ que tendrían los trabajadores agrarios, una vez más se repite el error estructural del Estado peruano: obviar la informalidad y exprimir al formal.

Si vemos la perspectiva completa del sector agrario, el régimen actual y el que se aprobara, sólo beneficiaría a los asalariados agrarios que trabajen en el sector formal, los cuales apenas son 162 mil personas según datos a septiembre de la Enaho. Considerando que más de 4.8 millones de peruanos trabajan en el agro, el régimen actual y cualquier otro que se elabore apenas alcanzaría al 3% de la población ocupada en este sector.

Y es que el 77% de todos los trabajadores agrarios no son empleados de nadie. El 48% trabaja como independiente su propia tierra, y el 29% son trabajadores familiares no remunerados, es decir colaboran con sus familias en el negocio. Por lo tanto, para este segmento no existe forma de que estos trabajadores sean explotados, salvo que se trate de una especie de autoexplotación intestina e inconsciente.

El 23% restante, cerca de 1.1 millones de peruanos, es asalariada en el sector agrario. Sin embargo, la informalidad productiva de este sector alcanza el 86%. Es decir, la inmensa mayoría de los asalariados sí podrían estar siendo explotados, ya que trabajan en unidades productivas informales que no cuentan con RUC, y que no son fiscalizadas por ninguna entidad del Estado.

Y por si no quedara claro que esta ley regula un universo poco relevante de la actividad agraria, se suma el efecto de la cuarentena que viene destruyendo empleos formales desde que fue implementada. A septiembre el empleo en el sector formal agrario se redujo en 20%, mientras que los asalariados en empresas informales (sin RUC) han crecido en 26.6%.

La cuarentena produjo que entre abril y junio se desatara una migración de la ciudad al campo de manera que muchos peruanos dejaron sus puestos en los centros urbanos para trabajar sus tierras en provincias. Por este motivo, entre marzo y septiembre, la población ocupada en el agro subió en 670 mil, concentrado en primer lugar en independientes y posteriormente en asalariados informales. El sector formal sigue cayendo.

Ya que el sector formal es el que paga salarios más altos en toda la actividad de agricultura, reducir empleos en este sector no sólo impide que estos puedan ser fiscalizados, sino que adicionalmente genera las condiciones para empobrecer aún más a los peruanos. La derogación de esta norma y su reemplazo por una que imponga más restricciones, lo único que hará es subir más la informalidad, y seguir poniendo por debajo de la alfombra al 97% de los trabajadores agrarios.