Opina

Santiago  Fernandez Pizarro

Uno de los principios básicos en economía es el costo de oportunidad y las disyuntivas. Toda acción que tome un individuo tiene un costo adherido. Es decir, la mejor opción a la cual podrías destinar tus recursos si no estuvieses desarrollando tu proyecto actual. Es importante tener esto en cuenta porque probablemente el beneficio recibido por llevar a cabo tu costo de oportunidad sea mayor a la actividad que estés realizando. En ese caso, lo más sensato es cambiar de rubro o de proyecto.

La cultura debe estar incluida en la educación y turismo. Son los dos sectores en los cuales tiene mayor preponderancia. Si le otorgamos presupuesto a un ministerio que está lleno de personas de dudosa reputación este se despilfarra en cosas como estas.

Hace unos días, Mayra Couto, recordada por darle vida a Grace en Al fondo Hay Sitio, ganó un concurso organizado por el Ministerio de Cultura. Su miniserie, “Mi Cuerpa, Mis Reglas” fue electa entre un grupo de participantes y premiada con 75,000 nuevos soles. Los caviares, amantes del Estado, se ven beneficiados de la misma manera cada año. En primera instancia puede parecer interesante, empático y necesario destinar recursos públicos a causas como la lucha contra el machismo o a promover la cultura peruana. Definitivamente son temas que debemos abordar de la forma más eficiente y eficaz. Sin embargo, se debe evaluar el costo de oportunidad de esto y, además, analizar si es eficiente y eficaz para promover la cultura.

La cultura debe estar incluida en la educación y turismo. Son los dos sectores en los cuales tiene mayor preponderancia. Si le otorgamos presupuesto a un ministerio que está lleno de personas de dudosa reputación este se despilfarra en cosas como estas. Qué otros proyectos podríamos llevar a cabo si cerráramos este nido de parásitos que viven del Estado. Infraestructura, educación, salud y otros servicios básicos en lugar de financiar a un grupo de inútiles. Lo mismo va para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, años de años y ningún avance. Ahora último coronaron su gestión con la ley de paridad de género. Adiós meritocracia.

Se destinan recursos ineficientemente, principalmente porque no son suyos. Peor aún, un grupo de verdaderos artistas ganó un bono del Ministerio de Cultura hace unos meses y hasta ahora no lo reciben. Mientras tanto, nuestra miss munda comienza a rodar su miniserie. Basta con instituciones autónomas que pueden desempeñar las funciones de este ministerio con mejores resultados. Pensemos en todo el uso que podemos dar a los recursos públicos en lugar de estar regalándolo a completos incompetentes. Recuerden que cada sol destinado a consultorías o “premios”, es un sol menos en educación o salud.

Mi cuerpa, mis reglas y una munda de gastos

Comprender los procesos históricos de un país es importante para no cometer los mismos errores. Así mismo, evita que participantes del ámbito político nos engañen apelando a la desinformación y sentimentalismos. No conocer las causas de nuestra realidad social, política y económica nos hace propensos a caer en discursos falaces y malignos. Cuando se desconoce sobre un tema, lo mejor es escuchar la opinión de expertos. No solo de quienes defienden nuestra postura, sino también de quienes adoptan otra postura. Lo más sensato es partir de la premisa que existe una ligera posibilidad que estemos del lado equivocado. Una estrategia política que parece ser tendencia en este país es asociar el modelo de economía social de mercado con la corrupción, mercantilismo y demás horrores del gobierno de Alberto Fujimori. Este es el facilismo más grande en el cual caen políticos que se aprovechan del rechazo desmedido que existe por parte de un gran porcentaje de peruanos.

El problema radica en las precarias instituciones que tenemos, al mercantilismo y a la pésima gestión pública. Debemos leer el libro completo y no quedarnos en la carátula.

La constitución de 1993, criticada por ilustres intelectuales peruanos que siguen creyendo en el socialismo, establece en su capítulo económico que el “Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (artículo 58). En estos mercados la iniciativa privada es libre y el Estado busca generar equidad en cuanto al acceso a estos servicios básicos. Además, está encargado de fomentar la libre competencia, evitar cualquier práctica monopolística, tiene potestad de participar del mercado autorizado por ley expresa y en ciertos casos hasta de expropiar. Es irónico que muchos monopolios los maneje el Estado y que, en el sector privado, muchos sean causado por nuestra legislación. Antes de intervenir, regular o expropiar, los encargados de nuestras políticas públicas deben investigar la causa de los monopolios, así como las consecuencias de sus soluciones.

La izquierda peruana no se detiene en la constitución, porque además afirma que en la década de los noventa se vendió el país al mejor postor y regalamos nuestros recursos. Sin embargo, no mencionan cuál era la realidad económica ni cuáles fueron los beneficios de estas privatizaciones. Y así sean bien gestionadas, tener empresas públicas no es lo más eficiente. La inversión necesaria en diversos sectores requiere de un capital inmenso, de conocimiento técnico y de un riesgo adherido al proyecto en cuestión. El Estado, por ejemplo, al incursionar en sectores extractivos, necesita capital, know-how y tomar un riesgo que termina recayendo en los peruanos. También tiene un costo de oportunidad. Por ejemplo, en vez de un proyecto minero se pueden construir “x” colegios públicos. Únicamente la inversión minera representó 12.5% del gasto público el 2019. Se imaginan, más impuestos, menos ahorro y menos desarrollo para que nos demos el gusto de no dejarle nuestras riquezas a las malévolas transnacionales.

Las reformas de Velasco fueron el inicio de las tres décadas perdidas. Estatización de empresas, control de precios y expropiaciones fueron pan de cada día. Las empresas se veían obligadas a mantener precios bajos para beneficiar al ciudadano, sin tener en consideración los problemas que traía. Entre 1989 y 1991 únicamente Petroperú acumulaba pérdidas por US$ 1,500 millones, compraba combustible a US$ 0.60 por galón y lo vendía a US$ 0.16 por galón. Estas pérdidas evitaban el crecimiento empresarial, la generación de empleo, generaban escasez y terminaban siendo cubiertas por el fisco. Esto generaba déficit fiscal, lo cual al inicio se cubría con deuda externa. El momento en el que no pudimos endeudarnos más comenzó la salida de capitales, la impresión monetaria y la hiperinflación. Ningún gobierno se dignó a cambiar el modelo.

El proceso de privatizaciones y las reformas estructurales de la economía peruana no fue acompañado de una reforma institucional. Este es el principal motivo por el cual el crecimiento y desarrollo no fue mayor al que tuvimos. Aunque reducir la pobreza de 52% a 20% no lo veo como un fracaso. Ahora último, se culpó al sector privado del monopolio de oxígeno, a pesar de que fue causado por una ley que incrementaba las barreras de entrada. Es una coincidencia que el artífice de esta sea excandidato de Juntos por el Perú y flamante ministro de salud. Cuando no sabes a qué incentivos responden los precios ni cómo se determinan, es sencillo comerse el cuento de la izquierda. En conclusión, la raíz de nuestros problemas no debe ser direccionada al libre mercado, el cual es escaso en nuestro país, a la empresa privada ni a la constitución de 1993. El problema radica en las precarias instituciones que tenemos, al mercantilismo y a la pésima gestión pública. Debemos leer el libro completo y no quedarnos en la carátula, de lo contrario seguiremos llenos de políticas populistas y cortoplacistas que nos generan más problemas de los que buscan solucionar.

Elecciones: época de mentiras

La peor decepción proviene de las personas en las cuales confiaste primero y te traicionaron. Esto se agrava cuando el tiempo le dio razón a quienes hiciste caso omiso. En esta ocasión, millones de peruanos sufren los estragos del efecto Vizcarra. La historia de amor comienza el 30 de setiembre del 2019 cuando nuestro expresidente cerró, a mi parecer inconstitucionalmente, un congreso plagado por fujimoristas. Como el odio supera a la razón, sin consultar o investigar los motivos, el golpe de Estado tuvo aprobación inmediata por parte del pueblo. Después de tantas frustraciones políticas habían encontrado un paladín de la justicia.

Desde un inicio, inclusive antes que Kuczynski salga electo, quienes se informaron advirtieron del peligro que era tener como vicepresidente al expresidente regional de Moquegua, conocido localmente por escándalos de corrupción y una ideología anti minera un poco radical. Curioso porque, precisamente gracias al desarrollo de este sector, su incapacidad se vio opacada. Después de subir al poder, de los conflictos entre un poder ejecutivo débil y un congreso obstruccionista, terminó cerrando el congreso y convocando a elecciones. Como era de esperarse, elegimos uno peor. Se hizo público el boicot de proyectos mineros y las coimas recibidas en su pasado político, pero a los peruanos no les importó. Por supuesto, estaban sesgados por el efecto Vizcarra y no había forma de convencerlos de lo contrario.

Estas elecciones la alianza que dará que hablar estará conformada por el Partido Morado y Juntos por el Perú. No hay peor ciego que el que no quiere ver, advertidos están, ojalá no volvamos a repetir los mismos errores.

El 15 de marzo, con efecto inmediato, decidieron comenzar una cuarentena cavernícola que se mantuvo por muchos meses más de lo pensado inicialmente. Además, entró Víctor Zamora como ministro de salud. Lo aprendido en la escuela neomarxista del Frente Amplio fue aterrizado en las oficinas del Ministerio de Salud. La pésima gestión de la pandemia, el rechazo de donaciones, la negativa a trabajar con el sector privado y una amenaza de expropiación son las credenciales con las que salió del puesto. Hasta ese momento, contábamos con los peores indicadores a nivel mundial tanto en salud como en economía. No salvamos ninguno de los dos y ya era notorio que no les importaba el país.

Todo esto desencadenó en la vacancia de Martín Vizcarra, uno de los poquísimos aciertos que tuvo este congreso. Como era de esperarse, al ver peligrar la permanencia de socialistas y caviares en cargos públicos, medios de comunicación vendieron la idea que estábamos presenciando un golpe de Estado e incitó a compatriotas a salir en plena pandemia a luchar por la democracia. Manuel Merino, quien no era un político ejemplar, se vio obligado a renunciar por los actos vandálicos propiciados en las calles de Lima. Vizcarra se vio opacado y en los medios solo se hablaba del legislativo y su traición a la patria. Los peruanos habían sufrido un lavado de cerebro y era imposible poder explicarles que existían grandes posibilidades que estén equivocados. La creciente credibilidad a medios de izquierda se pudo observar cuando, guiados por Wayka y La Encerrona, celebraron la derogación de la Ley de Promoción Agraria que tantos beneficios había traído a los agricultores.

Finalmente, tuvimos que sufrir un lamentable escándalo para que un porcentaje se diera cuenta que se equivocó. Aparentemente con el presidente Sagasti va a tener que ser igual. Haber designado a Oscar Ugarte, quien fue ineficiente en EsSalud y todos los cargos que ocupó, como ministro de salud está siendo pasado por alto. No es suficiente con Violeta Bermúdez en la PCM. Estas elecciones la alianza que dará que hablar estará conformada por el Partido Morado y Juntos por el Perú. No hay peor ciego que el que no quiere ver, advertidos están, ojalá no volvamos a repetir los mismos errores.

Vacunagate: la cereza del postre

El sistema público de salud peruano ha sido puesto en tela de juicio tras la exposición de sus limitaciones debido al covid-19. La infraestructura deplorable, burocracia y un servicio similar al de las aerolíneas low cost fueron puestos al descubierto estos últimos meses. El fracaso estatal no es nuevo ni tampoco se limita exclusivamente a este sector, tenemos casos como Petroperú y Sedapal que sustentan estas afirmaciones. Si bien se ha avanzado con el tiempo, todavía quedan retos por cumplir en este desafío que representa la cobertura universal de salud. Esto significa que cada peruano tenga la capacidad de acceder a un servicio decente, ya sea brindado por el Estado o por una empresa privada.

Esta pandemia también hizo que un grupo de líderes de opinión se pronuncien en contra de las clínicas, sus supuestos abusos y exijan regulaciones desmedidas argumentando que el “capitalismo salvaje” está acabando con el mundo. Recordemos que nuestro expresidente, antes de ser procesado por la justicia, amenazó con expropiarlas si no cedían ante un control de precios. Si no quedó claro, hablaba de Martín Vizcarra, a estas alturas son muchos los que cumplen esa definición. Es así como dicho personaje se transformaba en un héroe y comenzaba su eficaz lucha contra el coronavirus. El amigo de Richard Swing y nuestros queridos influencers políticos debieron entender cómo funciona su sistema de salud antes de indignarse y convocar a una marcha para quemar la clínica Delgado.

El fracaso estatal no es nuevo ni tampoco se limita exclusivamente a este sector, tenemos casos como Petroperú y Sedapal que sustentan estas afirmaciones. Si bien se ha avanzado con el tiempo, todavía quedan retos por cumplir en este desafío que representa la cobertura universal de salud.

El modelo tiene como base la recaudación de fondos, en otras palabras, el financiamiento. La principal fuente es el gasto de bolsillo, es decir, los pagos adicionales que se hacen por consultas o por medicamentos. Este representa un 37% del gasto total en salud, mientras que en Suiza es 21% y en Alemania 13%. Después, nos encontramos con los pagos de empleadores a EsSalud. Recordemos que cada empleador debe pagar un 9% del salario de su empleado sin efectuar retenciones. Inclusive sobrepasando el 75% de informalidad, este significa un 30.1% del presupuesto total. Al final, podemos enorgullecernos que el 29% del financiamiento de salud proviene de nuestro querido Estado, mejor dicho, de los contribuyentes.

El dinero recaudado puede ser depositado en fondos o directamente trasladado a las entidades prestadoras de servicios. Por ejemplo, gran parte del gasto de bolsillo va directamente a las farmacias, así como el gasto gubernamental puede ser utilizado en la gestión de hospitales regionales sin pasar por un fondo. Antes de pasar a evaluar la gestión, hablemos un poco de los fondos. Por un lado, EPS (11.1%), EsSalud (69%), autoseguros (4.5%) y seguros privados (9.7%) son financiados principalmente por el pago que realizan los empleadores y otros gastos técnicamente privados. Estos le permiten al asegurado poder atenderse en determinadas clínicas privadas o en EsSalud. Por otro lado, el Seguro Integral de Salud (5.6%) es financiado únicamente con dinero del fisco y permite que cualquier peruano pueda atenderse en hospitales. Un poco bajo el presupuesto para atender al 53.1% de ciudadanos.

Finalmente, en la cúspide de la pirámide de salud, se encuentra la gestión. Las compañías en el sector salud que tienen como finalidad el lucro únicamente representan el 32.5% del total. Es decir, la falacia que indica a las clínicas privadas como el gran culpable de nuestra crisis se desmorona. El 10.7% pertenece a las farmacias y el restante, que se cae a pedazos, a nuestro gobierno. Suerte la nuestra que existen médicos de calidad que sacrifican un mayor salario para poder aportar su grano de arena a nuestro país, porque de lo contrario la realidad sería incluso más trágica. Es, al fin y al cabo, la incapacidad estatal la que genera que nuestros ciudadanos busquen soluciones en el sector privado. Este, en una situación de crisis tiende a subir precios por el incremento de la demanda. El Estado debe desistir de administrar fondos y gestionar los servicios. Limitemos su función a ser un agente que subsidie la demanda y deje al sector privado competir en un mercado donde se pueda regular la calidad de servicios.

Sistema de salud público

La izquierda ha venido tomando fuerza estos últimos periodos electorales. Esto representa un grave problema para nuestra economía y sociedad. Propuestas sin sustento técnico, populistas y radicales hacen peligrar las esperanzas de una reactivación económica tras la crisis sufrida por la pandemia. Lo curioso es que es muy bajo el porcentaje de peruanos con tendencias marcadas en el eje económico a diferencia del cultural donde muchas veces sí somos más conscientes de lo que defendemos. Entonces, ¿por qué Verónika Mendoza quedó tercera la elección pasada y se perfila como fuerte candidata este año? La respuesta es simple, la elección política del peruano promedio se direcciona a quién responde a los problemas que les afectan en el día a día. La gran mayoría desconoce sobre políticas públicas y el impacto que tienen estas sobre la economía. Ellos van a votar por el candidato que les prometa salarios “dignos”, buenas condiciones laborales, un sistema de pensiones eficiente y una efectiva seguridad ciudadana. De esta manera, la izquierda prioriza incluir en su discurso qué solucionar, mientras que la derecha prioriza cómo solucionarlo. Lamentablemente, mejor estrategia es la primera.

El socialismo e intervencionismo sobrevive de direccionar el descontento hacia la inversión privada, al capitalismo y a la gran empresa. El gran reto que se presenta es cambiar la forma de hacer política, aplicar reformas y cerrar brechas de inequidad para que la izquierda no tenga oportunidad vender un discurso utópico y poco pragmático.

Los últimos meses, por cada propuesta que lanzaba el congreso o por cada ley que derogaba, muchos tecnócratas salían a desmentirla. Los argumentos eran totalmente válidos y con estadísticas que respaldan su posición. Por ejemplo, ahora último se criticó con fervor el proyecto de ley que buscaba reformar el sistema de pensiones para otorgarle el manejo de este fondo al Estado. La distorsión de las inversiones, ineptitud del gobierno, el porcentaje asignado al fondo solidario y demás críticas salieron a la luz. Nadie dice lo contrario, es un proyecto de ley espeluznante. Sin embargo, ningún político de derecha comenzaba el discurso siendo empático y aceptando que el sistema previsional debía ser reformado, que es un oligopolio, que no hay competencia y que presenta serias limitaciones para darle la mayor rentabilidad al cliente. Nadie se preocupó por hablar de alternativas de ahorro. Lo mismo sucedió con el sistema financiero y la ley que proponía un tope para las tasas de interés o con la derogación de la ley de promoción agraria. Nunca partimos de la premisa que muchas cosas no funcionan o se pueden hacer mejor en nuestro país y que, si no las reformamos de forma pragmática, va a llegar cualquier populista con propuestas intervencionistas y va a tener la aceptación popular.

No es cuestión de tener la receta mágica y la evidencia empírica sobre qué políticas sirven y cuáles no. Los nuevos políticos tienen que comenzar a identificar los problemas que aquejan a nuestra población, prometer soluciones y después intentar convencer, mediante diálogo, cuáles son las mejores vías. El socialismo e intervencionismo sobrevive de direccionar el descontento hacia la inversión privada, al capitalismo y a la gran empresa. El gran reto que se presenta es cambiar la forma de hacer política, aplicar reformas y cerrar brechas de inequidad para que la izquierda no tenga oportunidad vender un discurso utópico y poco pragmático. Todavía depende de nosotros. Desliguémonos de la derecha corrupta, autoritaria y mercantilista. Ganemos la batalla intelectual y comencemos a trazar un nuevo camino que aún estamos a tiempo.

El renacer  socialista  peruano: ¿Qué rol juega la derecha?

La planificación central de la economía y el mito del Estado emprendedor forma parte del plan de gobierno de muchos políticos. El ego de creer que desde un escritorio se pueden resolver los problemas de un país es peligroso. A pesar de ello, siempre van a existir excusas para explicar el fracaso de sus políticas. La evidencia demuestra los perjuicios que trae la excesiva intervención estatal. En casos aislados, esta planificación central puede generar un impacto positivo. Aunque siempre es bueno observar el panorama completo y evaluar cuál fue el costo de oportunidad y si realmente el accionar de nuestros políticos fue la mejor opción para solucionar nuestras necesidades.

El Estado tiene una razón de existir, fundamentada tanto por motivos económicos como políticos. Está encargado de generar las reglas de juego sobre las cuales va a funcionar la economía. Mediante políticas públicas se deben cerrar brechas de inequidad en educación, salud, infraestructura y acceso a servicios básicos. Para esto no es necesario incrementar impuestos ni que el Estado monopolice estos sectores, sino que se preocupe porque todos los peruanos tengan acceso ya sea privado o financiado por el presupuesto público. Existen otras distorsiones en el mercado que pueden ser corregidas, aunque muchas veces la cura es peor que la enfermedad. Por ejemplo, las externalidades negativas generadas por la contaminación se combaten con impuestos unitarios por unidad de contaminación, licencias negociables y con instituciones que refuercen los derechos de propiedad. Los monopolios también pueden ser corregidos para simular competencia. El problema radica en que muchos monopolios discriminan precios u operan a precios competitivos. De esta manera, controlarlos puede reducir la oferta de mercado dejando al consumidor sin producto o servicio. Finalmente, el Estado debe velar por la creación de instituciones democráticas e inclusivas que puedan permitir cumplir las funciones mencionadas previamente. Tomar un rol protagónico en industrias “estratégicas”, como se hizo con Velasco Alvarado, desviaría nuevamente el rol que debe cumplir y nos traería nuevos problemas.

El fracaso proviene de la falta de competencia, de saltarnos la teoría de consumo y producción para pensar que el valor de un bien o servicio es distinto a su valor de mercado. La crisis comienza cuando cambiamos a la inversión privada por la pública como motor de la economía.

La memoria es frágil y las nuevas generaciones, dado nuestro pobre sistema educativo, no llegan a ser conscientes de procesos históricos que terminaron en crisis económicas, políticas y sociales. La banca de fomento, la nacionalización de empresas privadas, el excesivo gasto estatal y el control de precios nos sumergieron en una profunda crisis de la cual nos tomó casi 30 años salir. Se hace creer que el fracaso se debió a la mala gestión de los políticos y no al sistema. El fracaso proviene de la falta de competencia, de saltarnos la teoría de consumo y producción para pensar que el valor de un bien o servicio es distinto a su valor de mercado. La crisis comienza cuando cambiamos a la inversión privada por la pública como motor de la economía. El mercado da lugar a miles de millones de transacciones donde la información que manejan sus participantes se complementa y asigna de la manera más eficiente los recursos. Pensar que el Estado posee más información es ser ciego.

Tecnología y desarrollo suele ser el sector donde más se debate este tema. El proceso de desarrollo tecnológico es descentralizado, evolutivo, cooperativo y competitivo. Es importante que el Estado coopere con el sector privado, sin ponerle trabas, para que el desarrollo pueda ser el máximo posible. El Estado no debe pecar de soberbio y terminar gastando más de lo que el mercado demanda. Es más, retomando los procesos históricos, el único evento que cambió realmente de rumbo el desarrollo económico fue la revolución industrial y se gestó sin apoyo estatal. No es cuestión de ahondar la dicotomía público vs. privado, sino de evaluar qué es eficiente y qué no. Volver a la planificación central es perder años de crecimiento por el capricho de “intelectuales” como Thomas Piketty o Mariana Mazzucato que creen ser personajes iluminados que pueden manejar un sistema y decidir lo que es mejor para los individuos. Guiémonos por lo eficiente y por lo demostrado. Nuestra historia ya nos dejó una lección tras el gobierno militar de 1968, no la repitamos.

Estado  Emprendedor: El engaño de  los poderosos

El congreso, para finalizar un nefasto 2020, aprobó el proyecto de ley que fija topes para las tasas de interés. Este modifica el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva (BCR) para otorgarle la posibilidad de regular las tasas de manera semestral. El populismo se ha convertido en el principal aliado de nuestros políticos de cara a las elecciones presidenciales de este año. En un país donde el 67.75% de ciudadanos años no llega a cursar estudios superiores (técnicos o universitarios) la demagogia está al orden del día. Este tipo de políticas, que se aprovechan del descontento popular, aparecen con mayor frecuencia en época de elecciones para captar un gran porcentaje de adeptos. Lo irónico es que no solucionan precisamente los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos. Sin embargo, en un país con tantas brechas e inequidad es fácil direccionar esa molestia contra la gran empresa. En este caso contra los bancos.

El populismo y la corrupción son las peores enfermedades de nuestra clase política. Hay que ser pragmáticos y no dejarnos llevar por propuestas que suenan bien, pero en práctica son inútiles.

En un mercado financiero precario, donde el crédito a empresas privadas representa únicamente el 43% del PIB, establecer un tope para las tasas generaría problemas en cuanto al menor acceso a créditos bancarios formales y al incremento en el uso de mercados informales. Por un lado, limitaría el crédito únicamente para los agentes que representen un menor riesgo y excluiría a la pequeña y microempresa. Por otro lado, incrementaría los costos asociados al crédito (seguros y comisiones) para poder compensar los efectos negativos.

¿Qué nos dicen las investigaciones tanto de países emergentes como desarrollados? En Bolivia, Jafarov, Maino y Pani (2019) concluyen que el número de clientes con préstamos menores a US$ 5 000 se redujo en 10% entre el 2014 y 2018, lo que sugiere que pequeños clientes fueron excluidos. En Colombia, los topes generaron un efecto negativo en la profundización financiera, mientras que la eliminación de estos, de acuerdo con Cubillo-Rocha (2018), incrementó el número de nuevos créditos entre 28% y 53%. En Chile, Madeira (2019) encuentra que los topes reducen la probabilidad de acceso al crédito de consumo en un 8.7% para aquel grupo de hogares con una tasa de interés ajustada por el riesgo por encima del tope. Un argumento muy usado es que los países desarrollados tienen topes a las tasas de interés. Si bien su sistema es más avanzado que el peruano, en Francia y Alemania, Ellison y Forster (2006) explican que los topes redujeron la diversidad de productos para hogares de bajos ingresos. Los congresistas lo mínimo que pueden hacer es sospechar, aunque sea un poco, sobre los beneficios que le van a traer al país con esta ley.

El descontento ante un fallido sector financiero se produce por la falta de competencia y los problemas de asimetría de información que distorsionan el mercado y evitan la asignación eficiente de los recursos y tasas competitivas. Sin embargo, esto no necesariamente significa que el libre mercado esté fallando. Muchos problemas radican en la poca institucionalidad y las sobrerregulaciones. Existe diversidad de recomendaciones en literatura económica que puede ser tomada en cuenta. Por ejemplo, Talledo (2015) encontró que una menor distancia, medida en tiempo promedio de viaje al servicio financiero más cercano (30 minutos), implica una mayor probabilidad de acceder a crédito formal (2.9%) y una menor probabilidad (0.6%) de acceder a crédito informal. Además, la probabilidad de usar ese préstamo para iniciar un negocio es de 8.6%. Aparicio y Jaramillo (2011) demostraron que un incremento en la calidad de información crediticia pública, la densidad poblacional y la fortaleza de los derechos legales generan una expansión de servicios financieros. También, las condiciones geográficas juegan un rol muy importante en la provisión de servicios financieros al afectar los niveles de acceso. Una herramienta propuesta es incentivar el uso de dinero electrónico. Esto elimina costos de transacción y ayuda a que más peruanos puedan estar incluidos en bases de datos con sus respectivos historiales crediticios. En cuanto a la competencia es cuestión de eliminar leyes mercantilistas y fomentar el acceso a otros mercados financieros mediante la digitalización.

Espero que estas elecciones decidamos bien quiénes queremos que nos represente los siguientes cinco años. El populismo y la corrupción son las peores enfermedades de nuestra clase política. Hay que ser pragmáticos y no dejarnos llevar por propuestas que suenan bien, pero en práctica son inútiles. Estemos alertas, investiguemos y votemos a consciencia.