¿Qué significa gobernar? El gobierno es el pilar operativo más importante de un estado, y aquel que emana directamente del poder político. No es el único pilar, ya que existen otras instituciones que no dependen (o no deberían de depender) del poder político, como lo son los organismos autónomos, el poder judicial, el banco central, y similares. Gobierno es un término que proviene de la palabra griega

, que significa literalmente “pilotear un barco”. Por lo tanto, gobernar significa pilotear, dirigir, dar “un norte” a un estado en cuanto a objetivos de corto, mediano y largo plazo. El gobierno en democracia, además, implica hacer lo anterior en respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho, así como hacerlo rindiendo cuentas al soberano en una república, que es “el pueblo”.

Pedro Castillo, en sus casi 120 días de gobierno se ha caracterizado por tres cosas: 1) un discurso populista rampante lleno de eslóganes vacíos en apelación a un pueblo que en un 58% no confía en él, 2) la falta de capacidad para tomar decisiones, lo cual se traduce en el constante cambio de autoridades ministeriales por diversos escándalos de corrupción, de nepotismo, de iniciativas anticonstitucionales y de vínculos con el terrorismo, y 3) la ausencia absoluta de rendición de cuentas a la ciudadanía por estos hechos, los cuales sólo siguen acumulándose en la tinta de los diarios, pretendiendo que con meros ‘cambios de fusibles’ basta para esconderlos bajo la alfombra. Sin temor a equivocarnos, Pedro Castillo ha instaurado en el Perú la anarquía y el desgobierno, con un halo de corrupción, mercantilismo y chabacanería sin precedentes. Por lo tanto, a la pregunta, ¿existe gobierno en el Perú? Nuestra respuesta es contundente: no.

¿Por qué se da esto? Se da por múltiples causales. Algunas de las más importantes son, en primer lugar, al hecho de que Castillo se lanzó en una candidatura de manera absolutamente improvisada, llevándolo a intentar armar un gobierno sobre la marcha, donde inclusive el propio partido que lo llevó al poder hoy parece bajarle el pulgar; manifestando con ello una enorme irresponsabilidad frente al país. En segundo lugar, su más que evidente incapacidad profesional y (hasta) emocional para manejar al país en medio de una crisis política que el país ya arrastraba desde antes del desarrollo de los comicios electorales de este año. Y finalmente, esto también se da por la total falta de principios y de responsabilidad histórica que viene mostrando parte de la oposición, presuntamente “centrista”, que viene pactando con este absoluto caos, en aras de una gobernabilidad que ya hemos demostrado: no existe.

A cambio de intereses propios de mercachifles, y subordinando a ello el rol político que les corresponde en estos tan bajos y tristes momentos para nuestra historia republicana, Acción Popular y Alianza para el Progreso, siguen indefinidos frente a la crisis de desgobierno total que vivimos en el país. La ausencia total de intenciones de enmendar, rectificar, o corregir la línea (o más bien, el garabato) de este desgobierno, es lo que a nuestro juicio configura como incapacidad moral permanente para gobernar. Crisis tienen todos los gobiernos; pero lo que no puede tolerarse, es que no se responda ni una sola palabra al país acerca del fondo de estas crisis, pretendiendo que se dejen pasar sin haber enmendado ninguna de las dudas legítimas de un pueblo que confió en esta autoridad. El pueblo representado -el Congreso- ahora tendrá que decidir si pactará con este gobierno que se hunde, o pondrán por delante a la patria y al Perú.

La moción de vacancia presidencial tendrá los votos para aprobarse, y si aún no ha sido presentada es simplemente porque -a consejo de muchos- la oposición está esperando contar previamente con los 52 votos necesarios. La indagación pública se dará en el hemiciclo. Será necesaria y vital para que el país y las bancadas entiendan al fin qué está pasando en Palacio de Gobierno, que parece hoy convertido en un circo de mala muerte, decadente, y con gracia sólo para aquellos que elegimos reír antes que llorar.

Crónica de un (des) gobierno

Ayer se puso sobre el tapete -oportuna o inoportunamente- el asunto clave sobre el que gira todo el acontecer político nacional desde que el presidente Pedro Castillo asumiera su mandato el 28 de Julio de este año. Son casi 4 meses, que parecen 3 años, con una secuencia inacabable de escándalos vinculados a personajes de baja calaña, con hojas de vida muy cuestionables, con bajo nivel de preparación; pero lo que es más grave aún es la tolerancia -que muestra el presidente con su silencio- a la corrupción, al tráfico de influencias, al mercantilismo y a la contratación por vara que envuelve a todo su gobierno. Sin olvidarnos por supuesto, de todo el inmenso caso criminal de “Los Dinámicos del Centro” que envuelve a la organización política que lo llevó al poder, y con la que sin ninguna duda tiene complicidad y deudas por pagar.

La aprobación de Castillo viene en picada y los indecisos también. Ya cada vez los peruanos vamos quitando el “beneficio de la duda” sobre el que es sin duda uno de los puntos más bajos en la historia política de nuestro país. La desaprobación del presidente, según Ipsos-Apoyo, alcanza el 57% y sólo 35% -uno de cada tres peruanos- aprueba su gestión, en a penas 115 días de mandato. Entre septiembre y noviembre, los niveles socioeconómicos C, D y E -donde el maestro chotano tenía fuerte aprobación-, son los que más han visto reducida su aprobación, todos con una caída entre 17 y 19 puntos porcentuales. El tan mentado “pueblo”, que dice representar y encarnar jacobinamente, le da la espalda al ver cómo es que el gobierno que prometía “no más pobres en un país rico” se dedica a enriquecer a los amigotes del partido, mientras los precios siguen subiendo, y ni los salarios ni el empleo suben por casualidad.

Se han evidenciado, además, varios vínculos criminales que tiene el gobierno, tanto con el terrorismo como con el narcotráfico, confluyendo con intereses de verdaderas mafias internacionales como lo son el Foro de Sao Paulo y el Cartel de los Soles que se alimentan de la hoja de coca producida en el Perú, -motivo por el cuál están tan interesados en detener su erradicación-. Mantenerse “vigilantes” y garantizar la gobernabilidad, no es más que reconocer que debemos permitir que nos gobierne el crimen y la corrupción, mientras estos se apoderan de las instituciones en camino a la consolidación de un proyecto totalitario con pronóstico ya conocido en la región. Algunos hablan de “balas de plata” y de ser “estratégicos” frente a este contexto; que el Congreso debe calcular sus siguientes pasos.

El asunto que parecen no entender quienes mencionan esto, es que en este caso el Congreso sí está siendo estratégico, la pregunta es: ¿con qué fin lo está siendo? ¿Lo está siendo para evitar que el Perú se convierta en una dictadura? ¿Para evitar una eventual Asamblea Constituyente? ¿Para evitar que se sigan robando el dinero de los peruanos con tráfico de puestos públicos? Nosotros creemos que el objetivo parece ser evitar el riesgo de perder un puesto seguro -su escaño congresal- en un contexto de crisis económica que se viene agravando precisamente por culpa del presidente Castillo. En este caso, los intereses generales no confluyen con el del Congreso: ellos pueden esperar a que el país se desbarranque con un gobierno marxista-leninista, la pregunta es, ¿cuánto puede esperar el informal que perdió su empleo? Y, sobre todo, ¿qué sucede si esperar ese tiempo vuelve irreversible el daño causado?

Por ello, para romper ese “equilibrio” en el que los congresistas -inclusive de supuesta oposición- están bastante cómodos con esperar que se joda (más) el país para recién ahí plantear una vacancia es que se necesitan iniciativas fuera de la política formal y partidaria para obligarlos a tomar una posición. Hoy vemos a varios políticos de la supuesta “extrema derecha” diciendo que no es el momento, pero si no fuese por la congresista Patricia Chirinos, los ciudadanos que vemos cómo el país se descalabra, ni siquiera obtendríamos respuesta de qué rayos estamos esperando para vacar a quien fuera un operador político de Sendero Luminoso.

Hay que romper el "equilibrio vigilante"

Reafirmamos que, en este contexto, en el cual el presidente Pedro Castillo presenta testimonios que lo acusan de haber cometido crímenes que afectan a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas -y que revelan un intento de menoscabar su independencia con objetivos siniestros-, el Congreso de la República no puede contentarse con la simple renuncia del ministro de Defensa Walter Ayala, el cual sólo seguía órdenes del mandatario. El avance de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso es apropiado; hoy, en base a las pruebas presentadas por los excomandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército del Perú (EP), la comisión decidirá si es que solicita facultades al pleno para iniciar un proceso de investigación por estos presuntos crímenes en aras de beneficiar a los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez. Sin embargo, esto debe escalar a una discusión mayor y más fundamental.

Los vínculos entre el presente régimen, que controla al Ejecutivo de nuestro país y que es liderado por el presidente Pedro Castillo, con movimientos comunistas de todo tipo son más que evidentes. Los motivos para sospechar de sus intenciones en la búsqueda del control de las Fuerzas Armadas (FFAA) bastan y sobran para exigirle que: o aclare qué fue lo que sucedió, o que se retire del cargo. Las FFAA no son del presidente de la república, ni le deben lealtad a él; las FFAA en una democracia le deben lealtad a la Constitución Política, a esa misma que el presidente Pedro Castillo busca desmantelar, y que -por supuesto- no le anima en demasía el ceñirse a ella de manera rigurosa. ¿Saben dónde sí las FFAA tienen lealtad con el presidente? En Nicaragua, en Venezuela, en Irán, y en los países en los que Castillo ha venido colocándonos como aliados, a través de sus gestos políticos. Castillo ha calificado de democracia a Venezuela.

Es por este motivo, que esta crisis no puede resolverse con la simple renuncia del ministro Ayala, o con el proceso de investigación de una comisión del Congreso, aunque sea necesario para conocer más detalles del caso. Sin embargo, no basta porque el Perú no merece un presidente que, cuando es acusado públicamente de cometer delitos, se esconda del país y de la prensa sin dar la cara y sin dar las explicaciones del caso. El único proceso constitucional que permite obligar al presidente a declarar al país pasa por el Congreso y es el procedimiento de vacancia presidencial. Da lo mismo si es que existen o no los votos, ese no es el asunto. El asunto es que Castillo debe responder al país. Y si no puede dar explicaciones que justifiquen sus acciones, quedaría demostrado que Castillo efectivamente tiene un plan para desmantelar la democracia y la vacancia tendría que ser una obligación por parte del Legislativo.

Y es que no basta haber ganado una elección para ser un demócrata. Alberto Fujimori la ganó y gobernó como dictador. La democracia no puede suicidarse en aras de permitir que -así haya obtenido la mayoría- se gobierne sin separación de poderes, buscando ‘copar’ las FFAA con amigotes que luego permitan controlar los procesos electorales o Dios sabe qué más. Esta práctica bien calificada como ‘montesinista’, es propia de dictadores, que casualmente son todos muy amigos de Castillo. En el aniversario de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que -a pesar de la violencia inducida por la izquierda- confirmó todos los argumentos que tuvo el Congreso debe ponerse los pantalones y presentar una moción de vacancia presidencial. Nuestro sistema político y el destino de nuestro país dependen de ello. Ha llegado el momento.

Ha llegado el momento

Ante la escandalosa estrategia de copamiento de los altos puestos militares por parte de Pedro Castillo, que se alinea con los métodos totalitarios del Socialismo del Siglo XXI -el cual representa sin ninguna duda el actual presidente de nuestro país-, se viene desarrollando hoy una escalada de justificadas críticas al Ejecutivo. El congresista Jorge Montoya ya presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, sin embargo, esto no es suficiente. Aquí están implicados el secretario presidencial y el propio presidente de la república, lo que agrava seriamente la situación, ya que Castillo está utilizando los puestos públicos para beneficiar a hijos de sus amigos; no sólo es una forma de corrupción, sino que además dibuja el bosquejo del plan fascista que está detrás de Perú Libre y que siempre fue advertido. Pero, frente a esta situación, ¿qué hacer?

Algo que llama la atención es que, a 100 días del inicio de su mandato, Pedro Castillo ha tenido una comunicación absolutamente unilateral con la población, muy similar a la que tuvo el ‘lagarto’ Vizcarra y sus lecturas de teleprónter como mensajes a la nación que tanto encandilaron a muchos “ciudadanos confundidos”. No ha respondido a ningún cuestionamiento de fondo, sólo utiliza a personajes nefastos -y al borde de la legalidad- como fusibles reemplazables que, cuando la ciudadanía y la prensa pone el dedo, salta el pus y termina renunciando; así nos mantiene entretenidos en una danza de nunca acabar en donde jamás se responde por qué en primer lugar Pedro Castillo puso -por ejemplo- a un asesino como Héctor Béjar a cargo de la Cancillería. ¿Hasta cuándo seguiremos escondiendo el elefante en la habitación? El problema es Pedro Castillo.

La posibilidad de presentar una moción de vacancia en esta situación tiene que ser fuertemente considerada por la oposición del Congreso. La aprobación de Pedro Castillo es baja por puro mérito de su gobierno inútil para defender la propiedad privada y la seguridad -la labor fundamental de un estado-, algo ya visto la semana pasada donde la propia premier justificó la violencia desalmada contra las mineras; mañana puede ser la propiedad de cualquiera. Por ello, con sólo 26 votos puede ser presentada una moción de vacancia, y con 54 votos -que probablemente los tengan- obligarían a Pedro Castillo a hablarle al país y explicar qué rayos está haciendo con los 20 años de democracia representativa que -mal que bien-, habíamos construido. Es decir, no es necesario que se tengan los votos para efectivamente vacar a Castillo para que este procedimiento sea utilizado para algo fundamental: obligarlo a responder.

La principal diferencia entre la concepción de Nueva Democracia, en la cual -como maoísta militante- el presidente Pedro Castillo pregona y anhela, y la democracia liberal y representativa que está enmarcada en nuestra Constitución, es que el dictador mentecato de turno no representa la encarnación de la voz del pueblo. Por el contrario, la diferencia fundamental consiste en que las autoridades tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía de sus acciones y tienen además la obligación de respetar derechos fundamentales frente al ejercicio del poder. Para Castillo y sus amistades afiliadas al Foro de Sao Paulo -empezando por su propio partido Perú Libre- la Nueva Democracia sólo existe cuando se ha logrado instaurar una dictadura comunista en manos de un partido que se arroga la representación total de la sociedad. ¿Hasta cuando los tibios seguirán tapando el sol con un dedo? ¡Responde Castillo!

¡Responda presidente Castillo!

La segunda mitad de esta semana ha sido marcada por las convulsionadas protestas en el sur de Ayacucho -que iniciaron el 28 de octubre con el paro de más de medio millar de personas de varios grupos comuneros buscando que las instalaciones mineras fueran retiradas de sus territorios-, seguidas por la quema de instalaciones de la minera Apumayo, y con la amenaza de seguir el vandalismo contra la compañía Breapampa que pide mayor seguridad a la Policía Nacional. No se hizo esperar el debate acerca de cómo solucionar el drama de violencia que se vive al interior del país que termina produciendo conflictos entre: ciudadanos, estado y empresas.

Empezamos diciendo que nunca la violencia, la destrucción o el robo están justificados en el contexto de una protesta, y que ningún incumplimiento del Estado ni de la empresa, habilita a actuar vandálicamente; el derecho de protesta no significa licencia para quemar, robar o golpear. Inclusive, el gerente general de Apumayo declaró a Peru21 que quienes protestan no son parte del área de influencia de la actividad minera; ¿de dónde son entonces? Eso nos lleva a recordar cómo es que -al igual que los barristas en las marchas de noviembre del año pasado-, en las manifestaciones existe la posibilidad de que sean personas contratadas para hacer destrozos; algo bastante menos romántico que la narrativa que luego puedan construir algunos.

Pero partiendo de esto, el presidente Pedro Castillo, quien se suponía que venía del interior del Perú para darnos a todos una lección sobre cómo gobernar para el pueblo, está mostrando un absoluto fracaso para gestionar estos conflictos. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, determinó que la gestión de Pedro Castillo -en los dos primeros meses en el cargo- es la que más acciones colectivas de protesta (marchas, plantones, bloqueos de vías, etc.) con 226. ¿No será más bien que -contra lo que la izquierda socióloga difunde-, cuando existe un presidente que justifica la violencia al protestar, esta termina aumentando?

La “teoría de las ventanas rotas” en criminología, con la cual en los 90s se logró una fuerte reducción del vandalismo en Nueva York, ya señalaba la relación directa que existe entre la percepción de anarquía e incumplimiento de la ley, con la anarquía efectiva. Es decir, hay algo similar a una profecía autocumplida en la manera en la que las personas perciben el orden público y la forma en la que ellos se terminan comportando. La ausencia absoluta de consecuencias, la normalización de la destrucción de la propiedad, e inclusive la suciedad en las calles, incentiva las conductas criminales. Por tanto, si bien la respuesta punitiva debe de ser proporcional y mesurada, debe de ser firme y sobre todo imparcial y constante.

También se debe aceptar que la descentralización iniciada con Toledo ha sido un absoluto fracaso, sólo aumentando la fragmentación del país, la ausencia de autoridad, la corrupción regional, y paradójicamente al aumento del abandono del gobierno central con el interior del país. Total, si el gobierno regional recibe millones en canon, ¿por qué el gobierno central debería de preocuparse? Sin ir tan lejos, como una noticia más de todos los días, hoy el gobernador regional de Puno Agustín Luque ha sido detenido por corrupción, siendo uno más de tantos casos de este tipo.

¿Y por qué es un desastre la descentralización? Porque no se consiguieron los objetivos para los que fue implementada: más eficiencia y menos conflictos sociales. Los recursos del canon se transfirieron, pero terminan siendo despilfarrados o robados por las autoridades regionales, o atomizados entre miles de municipalidades ineficientes; nadie asume su responsabilidad, y en el interior los políticos regionales le echan la culpa a Lima de todos sus problemas. ¿Sabían que 48% del presupuesto nacional de salud lo controlan directamente los gobiernos regionales y municipalidades? Sin embargo, ¿a quién responsabilizaron de la falta de camas UCIs o equipos médicos? Así es, a Lima.

Mas bien, la descentralización tal como está planteada no ha sido más que la plataforma perfecta para el plan político de Perú Libre de convertirnos en una república “plurinacional” fragmentada, rendida al narcotráfico, a las mafias y al terrorismo. Donde nadie se hace cargo de nada, y todos señalan al vecino cuando algo falla. Es por ese motivo que es tan importante el proyecto de ley 605 presentado por Nano Guerra García y en su momento respaldado por Luis Carranza -uno de los mejores ministros de Economía de la historia reciente del Perú. Transferir directamente el 40% de los recursos del canon a la población sería fundamental para revertir esta pérdida de legalidad y legitimidad.

Por supuesto, estarán los especialistas de la “multicausalidad” que se dedican a vivir de la plata del gobierno, que dirán que este es un proyecto populista. Están de acuerdo con una Asamblea Constituyente, pero repartir el canon es populismo; están de acuerdo con legalizar el cultivo de hoja de coca en el Vraem, pero repartir el canon es populismo; están de acuerdo con desmantelar la meritocracia en la educación, pero repartir el canon es populismo. Lo que en realidad a la izquierda le asusta de esta propuesta, es que apunta al centro del problema: el robo de estos recursos es la fuente de poder de partidos como Perú Libre, que, según la investigación de Los Dinámicos del Centro, utilizan a los gobiernos regionales como caja chica. Basta ya de abusos. ¡Canon para el pueblo!

¡Canon para el pueblo!

Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke ha buscado hacer ‘control de daños’ luego de que el presidente Pedro Castillo exhortara al Parlamento la aprobación de una ley que permita la estatización del yacimiento de gas natural en Camisea. Declaró -a través de su cuenta de Twitter- que “nacionalizar el gas de Camisea no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada”, y que por el contrario lo que se buscará es ponerlo al servicio de los peruanos, ya que esto serviría a la masificación del gas natural. El juego del policía bueno y policía malo continúa para confundir a la población y a quienes están poco informados del verdadero funcionamiento del sector energético en el país. La realidad dista de ser así de feliz, así de simple, así de alegre a como la intenta plasmar el ministro Francke con estas declaraciones.

En primer lugar, debemos entender que el recurso gasífero ya es propiedad del Estado peruano: el artículo 66 de la Constitución señala los recursos -no renovables en este caso, como el gas natural- son patrimonio de la nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Cabría entonces la posibilidad de que la izquierda diga que esto es un formalismo ya que del Estado dependerá que se aprovechen estos recursos de manera que beneficie a las mayorías; es decir, puede estar estatizado el recurso, pero podría no estar “nacionalizado”. Según esta definición de nacionalizar, el Perú debe poner en valor sus recursos naturales en beneficio de la nación. El ministro Francke, por lo tanto, cree que hoy el contrato de Camisea no beneficia a los peruanos.

¿Cuál es la situación actual de yacimiento? El yacimiento es explotado por concesión a través de un consorcio de empresas llamado Consorcio Camisea. Este contrato -junto a la suma de diversos pagos por regalías gasíferas- termina produciendo el pago del 65% de las utilidades del consorcio en favor del Estado peruano, alcanzando un valor de 13 mil millones de dólares de ingresos fiscales equivalentes al 24% del presupuesto público nacional. La carga tributaria es alta debido a que Camisea fue un proyecto en donde la empresa que empezó a operar el yacimiento (Repsol) no fue la misma que la que lo descubrió allá en los 80s (Shell), por lo que el riesgo de exploración fue nulo. Por lo tanto, la carga es alta pero justa. Por lo tanto, en principio el recurso ya está nacionalizado: le paga a los peruanos lo justo por aquello que explota.

¿Cuál es el problema entonces? Que la izquierda -al igual que todos nosotros- quisiéramos que el gas natural se masifique y llegue a todos los hogares a modo de instalaciones de gas que reemplacen al balón de GLP -de otra fuente- que tiene un costo mayor. Pero lo que Francke, la izquierda, y ni mucho menos Castillo dicen, es que esto no tiene absolutamente nada que ver con el contrato establecido en el yacimiento de Camisea. Lo cierto es que este contrato sí permite la exportación del gas natural a través de su procesamiento en Pampa Melchorita; pero lo que tampoco dice la izquierda es que esto es producto de que NO hay demanda suficiente para que el gas se consuma en el Perú.

¿Y por qué no hay demanda nacional? Porque no existen las instalaciones de distribución en las ciudades para que el gas se distribuya a los hogares. ¿Y por qué no existen? Porque el Estado ha fallado al establecer concesiones de distribución del gas natural que se hacen en las ciudades, con otras empresas que no tienen nada que ver con el Consorcio Camisea, como en el caso de Cálidda para la distribución de gas en Lima. Unas están al final de la cadena, y Camisea está al inicio. La falta de demanda es fruto del fracaso del Estado para concesionar adecuadamente la distribución del gas natural; como no hay demanda nacional, así quieran, los operadores de Camisea tienen que venderlo en el extranjero para hacer funcionar las operaciones.

¿Es mala la exportación de gas natural? Sí y no. Si pudiéramos distribuir el gas natural distribuido por ductos a los peruanos pagarían menos por sus balones de gas, sin duda. Pero la exportación del gas natural permite pagar las cuentas del Estado peruano en un 24% de su presupuesto público. ¿Nada mal no? Con este dinero se pagan bonos, se operan los ministerios, se distribuye canon gasífero, entre muchas cosas. Por lo tanto, en resumen, la estatización del yacimiento ya existe, la nacionalización del yacimiento también, y la ‘nacionalización’ del gas natural -es decir, lograr que les llegue a todos los peruanos- NO pasa por renegociar el contrato con el yacimiento, ni mucho menos robarle las instalaciones a la empresa. Dejen de mentir, Fracke y Castillo, no sean populistas.

¿Estatizar o nacionalizar ?, ambos sinsentidos

La iniciativa que presentó ayer la premier Vásquez -con carácter de urgencia y a última hora- no fue atendida por el Pleno del Congreso, por lo que publicó en sus redes sociales que lamentaba que el Congreso renuncie a un debate “amplio y plural”, aprobando una ley que, según ella, pone en riesgo el equilibrio de poderes. Cabe una reflexión aquí de cómo es que la izquierda suele distorsionar el concepto de democracia y de debate público en función de sus intereses. ¿Por qué la discusión de esta nueva ley, realizada durante varias semanas en el Legislativo, no podría ser calificada de amplia y plural? ¿Qué prerrequisito debe tener este procedimiento para saciar las expectativas de la premier? ¿O es que acaso que sólo se es “amplio y plural” un debate cuando se hace lo que el Ejecutivo está buscando?

La propuesta presentada por la premier Vásquez pretende modificar las causales para la vacancia presidencial de modo que la “incapacidad moral permanente” pase a ser “incapacidad física o mental permanente”, y esta sólo podría darse en caso de muerte, o la acreditación por parte de una junta médica de que el presidente no pueda ejercer sus funciones, y además requeriría del voto a favor de una mayoría calificada del Congreso. Sin embargo, no queda ahí, sino que se pretende imposibilitar también la censura de los ministros por asuntos que no sean propios de su función; es decir, si existe un ministro que no reconoce a sus hijos, que realiza conductas inmorales repetidas, etc., quedaría protegido y sin posibilidad de ser removido por el Legislativo. Finalmente, a modo de “compensación” también se removería el requisito de investidura de un nuevo gabinete ministerial, reduciendo las posibilidades de que el Congreso pierda “balas” en estas ceremonias.

Este proyecto claramente busca mantener la posición de dominio en la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo; cuando -en nuestra opinión- la propuesta aprobada ayer por el Congreso, sólo busca retornar al equilibrio de poderes perdido a partir del uso abusivo de la cuestión de confianza por parte de Martín Vizcarra, llevando a la disolución del congreso en el 2019. Pero retornando a la reflexión acerca de la falta de “amplitud” y de “pluralidad” que tuvo la aprobación de la reforma, cabría preguntarse: ¿para qué votamos este año por un Congreso? ¿No están acaso representadas en las bancadas políticas las distintas opiniones que tiene el debate público nacional? ¿No tienen cada una de ellas pesos de acuerdo con la cantidad de personas que piensan como ellos? ¿Por qué, señora Vásquez, el debate al interior del Congreso no sería plural y amplio?

La única explicación racional de esta interpretación es que la premier Vásquez -y en consecuencia el presidente Pedro Castillo- tienen un concepto bastante flexible de la necesaria “amplitud y pluralidad” de un debate. La amplitud y la pluralidad se miden en función de si al Ejecutivo -que ha sido elegido para ejecutar, y no para legislar- se le otorga un peso mayor al que las urnas le han otorgado. Por lo tanto, ¿cómo puede ser esta visión una que pretenda garantizar “el equilibrio de poderes”, cuando lo que busca es desconocer el lugar que le corresponde a cada uno de los poderes -en este caso, la conformación del parlamento en base a la democracia representativa-?

Finalmente, ¿cómo puede pontificar acerca de la democracia una presidenta del Consejo de Ministros que representa a un gobierno que acaba de reconocer como legítima a la dictadura de Nicolás Maduro? La pregunta sería, ¿qué clase de democracia es la que busca instalar nuestro nuevo presidente? ¿Democracias como China, Rusia, Irán y Bolivia -países aliados de Venezuela-? El tiempo saldará estas preguntas. Mientras tanto, el Congreso debe defender lo construido en base al consenso y a los espacios de democracia republicana de los que aún goza nuestra república.

La falsa “amplitud y pluralidad” que exige el Ejecutivo

La situación actual, producida a partir de la elección de Mirtha Vásquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros, amerita una evaluación de la nueva reconfiguración de fuerzas políticas, alianzas y deslindes que continuarán en adelante marcando la pauta de la agenda nacional. El secretario nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón está buscando restarle apoyo a la nueva premier propuesta por Pedro Castillo, a pesar de que un hombre muy ligado a sus intereses -como Luis Barranzuela- detenta el Ministerio del Interior en este gabinete. La “facción cerronista” insiste en que la bancada debería de rechazar al gabinete Vásquez, en contradicción a la “facción magisterial” que cuenta con 13 congresistas de los 37 que conforman el partido del ‘lápiz’.

Mientras tanto, se supo este fin de semana que Pedro Castillo se reunió “secretamente” con el Partido Político Magisterial y Popular, quien en el pasado lo ha señalado a él como su líder, por más que Castillo no lo haya reconocido pública y oficialmente como su partido. Además, Dina Boluarte y Betsy Chávez han recientemente comunicado que “no les amedrenta la amenaza de expulsión” del partido de Vladimir Cerrón. Pareciera que Cerrón busca llevar la cuerda tan tensada, y permanece tan inflexible que el resto de las figuras de su movimiento están buscando dejarlo sólo. Bien dice el dicho “lo que no se dobla, se rompe”; y en la política se aplica muy bien, la adaptabilidad a los nuevos entornos es clave para la supervivencia. Ahora, ¿esto es una buena noticia?

Lo será si la oposición juega bien sus cartas, pero “descerronizar” el gobierno, no es sinónimo de moderarlo. La facción magisterial de Pedro Castillo sigue siendo extremista, Mirtha Vásquez pertenece al Frente Amplio de Marco Arana que siempre ha buscado una nueva constitución, y ni hablar de los “rezagos gratuitos” que continúan en el gabinete, como Luis Barranzuela. Lo que aquí debe quedar claro, es que el gabinete tiene que ser un reflejo de las fuerzas políticas que le den la confianza: por eso no es admisible que la oposición -Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular- le den el voto al ministro de Interior ‘cerronista,’ mientras Cerrón vota en contra. ¿Cómo sería posible tolerar este escenario?

El espacio que deja Cerrón al no dar la confianza tiene que generar una presión clara por parte de la oposición para que se amplíe el espectro ideológico del gabinete. Hoy se publicó que el 57% de los peruanos cree que el Congreso de la República debe: o no dar el voto de confianza, o exigir la salida del ministro del Interior, según una encuesta nacional de Ipsos. La inflexibilidad de Cerrón está generando que el “centro de gravedad” de las fuerzas políticas se mueva a la derecha, y no puede ser posible que la oposición no exija a cambio de sus votos: que se expulse a los ministros cuestionados y radicales, y que además se exija que los ministros decentes de sus propios colores políticos conformen el gabinete.

La responsabilidad de obtener la confianza es del presidente Pedro Castillo, no del congreso. Si Vásquez no convence, y no logra el consenso por incluir a un abogado defensor de traficantes de armas y aliado de Cerrón -cuando adicionalmente ni él mismo votará por ella-, la negación de la confianza será de entera responsabilidad suya y de Castillo. La oposición debe de exigir su lugar en el gobierno a cambio de sus votos, o como mínimo exigir la salida de los impresentables y la renuncia del avance hacia una Asamblea Constituyente. De otro modo, la oposición debe negar la confianza.

‘Descerronizar’ no es moderar

Hoy se supo que Vladimir Cerrón, secretario general del partido que -se supone- gobierna nuestro país, ha llamado a rechazar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez, tildándolo de ‘gabinete caviar’, y señalando que su ratificación como premier representaría una inconsecuencia con los principios de Perú Libre. En el comunicado que presentó en sus redes sociales -donde suele ser un ávido twittero- describió a esta conformación ministerial como integrada por: partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas y quienes han cogobernado en los últimos cuatro gobiernos. Por ello, la Asamblea Extraordinaria de Perú Libre, exhortó a los congresistas de la Bancada de Perú Libre a no otorgar el voto de confianza al gabinete. ¿Pero esto realmente se ejecutará?

El domingo pasado, Óscar Zea -congresista de Perú Libre- estimó que entre seis y siete parlamentarios de su bancada votarían a favor del gabinete Vásquez, contradiciendo las declaraciones de Waldemar Cerrón quien calificó de “traición” a la conformación de este nuevo gabinete. Hoy, luego del comunicado, la congresista Katy Ugarte anunció que desconocerá el comunicado de Cerrón y que por lo tanto dará el voto de confianza al ‘gabinete caviar’. Todo hace pensar que el corrupto secretario de Perú Libre va a presionar para que sean sancionados y separados los congresistas que no se alineen con su agenda, lo que podría llevar a un fraccionamiento de la bancada más grande del Legislativo, con 37 curules.

No sabemos a ciencia cierta qué porción logrará obtener cada facción de estos escaños -tan valiosos en estos tiempos de inestabilidad política- sin embargo, tras la caída de Bellido marcharon con Waldemar cerca de 8 congresistas; y como decíamos, 8 son los estimados por Zea que votarán a favor de Vásquez. Según analistas congresales, los bloques están conformados por 14 curules con Castillo y 23 curules con Cerrón. Sin embargo, sabemos que cerca de la mitad de la bancada de Perú Libre está vinculada al sector educativo estatal, del cual Pedro Castillo es representante, así que todo hace pensar que en el largo plazo la división podría llegar a ser relativamente equitativa. Sea como sea, Castillo no deja de ser el titular de un pacto político con el Conare-Sutep, y sus vínculos con Movadef seguirán estando presentes en todo su accionar futuro.

Lo cierto es que Cerrón algo de razón tiene al señalar que existe una “caviarización” del gabinete, siendo Mirtha Vásquez claramente afín al vizcarrismo y a este segmento de la izquierda ‘oenegera’. No obstante, la alternativa que nos propone es peor sin ninguna duda, su representante en el actual gabinete es impresentable y ha sido el abogado defensor de criminales serios como traficantes de armas y afiliados al terrorismo.

Existe aquí una consecuencia que deberá ser considerada, ¿cómo afecta esta reconformación del gabinete a la unidad de la oposición? La fuerza centrífuga que produce el auge de los caviares en el gobierno podría abrir las grietas de la alianza clara establecida entre Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. La proyección más superficial haría pensar que tanto Avanza País como Fuerza Popular darían el voto de confianza; acerca de Renovación Popular cabrían dudas.

Por parte de la presente redacción, creemos que el nuevo gabinete es una mejora relativa en relación con Guido Bellido, y que se le debe dar el voto de confianza a Mirtha Vásquez -aunque exigiendo con contundencia- la salida de Barranzuela y los demás ministros impresentables como el de Educación, Carlos Gallardo, quien estuvo contra la meritocracia en la carrera pública magisterial. Esperamos que la oposición continúe unida en la lucha contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente sin aprobación del Congreso, lo que sin duda representa un golpe de estado a nuestra república.

¿El cisma comunista?

El auge en la escena política del partido del lápiz debería de llevarnos a una reflexión profunda en relación con el trasfondo del proceso que está viviendo nuestra república. La fragmentación política, económica, cultural, -e inclusive informativa- que sufre el Perú, aunque evidente para muchos, es el fundamento de sus actuales problemas. La brecha entre Lima y el interior, entre formales e informales, entre quienes hablan quechua, aymara o español; o inclusive entre quienes ven Willax y escuchan radios regionales subversivas. En el fondo del problema está las preguntas atrevidas pero fundamentales, ¿tenemos en común los peruanos algo más que habitar un área redondeada por nuestras fronteras? ¿en qué consiste ser peruano? ¿es lo que cada uno crea? ¿puede el sistema político actual sostenerse en el largo plazo sin resolver esto?

Son todas preguntas que saltan a la luz -o deberían- para todos los que analizamos la coyuntura nacional y nos preguntamos -como Zavalita- si es que acaso alguna vez “se jodió el Perú” y desde cuándo. Esto me lleva reflexionar sobre los distintos momentos históricos donde realmente se pensaba al Perú desde un prisma original y nacional, y no desde la importación acrítica de ideologías simplonas que no se fundamentan en la realidad peruana. El debate nacional respecto a qué es ser peruano se dio muchas veces y de manera constante a lo largo de nuestra historia, y hoy se ha perdido mucho ese enfoque. Pensadores como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaunde Diez-Canseco, Manuel Gonzáles Prada, entre muchos otros, forjaron el debate en torno a este problema, cada uno desde sus distintos ángulos y marcos teóricos.

¿Por qué esto importa? Porque cuando escuchamos a Pedro Castillo reavivar los odios profundos entre los peruanos, basados en la reivindicación del indigenismo y de la leyenda negra española como género de discurso, donde el oprimido quechua-hablante fue siempre explotado y marginado, jamás integrado al orden virreinal explotador y extractivista; lo que estamos escuchando es a José Carlos Mariátegui en versión empaquetada. ¿Pero es que acaso no hay ni hubo alternativas a esta posición donde la lucha de clases fuera el fundamento de la evolución histórica del Perú? Por supuesto que sí. Y sólo regresando a los pilares de ese debate es que se podrá enfrentar en el largo plazo al marxismo-leninismo -que hoy hace hincapié en las grietas irresolubles de la Patria por la ley histórica del materialismo dialéctico-.

Por ejemplo, para Belaúnde Diez Canseco la peruanidad no se podía entender sin la nación creada en base al cristianismo y al mestizaje, promovido por el orden político español, que, a pesar de sus excesos en la Conquista, logró la constitución de un nuevo pueblo sobre la base de una misma religión y lengua. Esa es una alternativa, como puede haber muchas otras en respuesta a la tesis planteada por Perú Libre. Lo cierto es que sin ideas no se puede ganar al marxismo-leninismo. Importando ideologías y movimientos extranjeros que no tienen correlato con nuestra realidad histórica, tampoco. Cuando vemos que Perú Libre avanza en la ‘liberación’ del Vraem, en la idea de una república ‘plurinacional’, en su economía ‘popular con mercados’, en su justificación -aunque clandestina- del accionar de Sendero Luminoso; ¿sólo tenemos para decir que están mal? ¿Cuál es la propuesta?

Esta es la labor pendiente que tiene la intelectualidad contraria al proceso revolucionario que -sin ninguna duda- seguirá en pie desde el gobierno del presidente Castillo. Ante el resquebrajamiento de aquello que nos une, debemos reevaluar, ¿por qué no tiene razón Castillo al dividirnos en razas, lenguas y regiones? No la tiene porque nuestro país se funda, queramos o no, sobre el orden político español superpuesto a la teocracia tahuantinsuyana, sobre una misma lengua y religión durante 300 años -más de los que tenemos como república-. Este es el debate de fondo, y el único camino posible para un movimiento de derecha que deje de defender intereses y empiece a defender principios e ideas.