Durante la última campaña electoral se supo muy poco de Pedro Castillo y de quienes lo acompañaban en su empresa de gobernar el Perú, pero eso fue suficiente para saber que era imposible que puedan dirigir el país con solvencia. A pesar de esto, todas las izquierdas del Perú decidieron apoyar al profesor plagiario y su banda de impresentables por memoria y dignidad. Así, bajo el slogan de “no más pobres en un país rico”, la reserva moral del país marcó el lapicito en unas de las decisiones más estructuralmente estúpidas que los peruanos hemos tomado en elecciones.

Solo 10 meses después de haberse iniciado el periodo de Castillo, los indicadores económicos ya permiten estimar que la pobreza en el Perú crecerá. Cientos de miles de peruanos que habían escapado de la pobreza y se habían integrado a una nueva clase media volverán a estar debajo de esa línea infame. Castillo ha logrado exactamente lo contrario de lo que prometió: tras su paso por Palacio habrá más pobres en un país rico. Se está dejando pasar en nuestro país una de las oportunidades más grandes de nuestra historia.

Hoy el mundo demanda cobre. Como se sabe, el Perú tiene una de las reservas más importantes del mundo de este mineral. Esta década -la que inició con el bicentenario- tendría que haber sido una en la que el país se consolide como el enclave comercial del Pacífico Sur en América. Se tendría que haber reducido la pobreza y se tendría que haber invertido con fuerza y precisión en infraestructura. La salud y la educación públicas tendrían que haber sido rediseñadas y la base tributaria se tendría que haber ampliado. Los programas de agua potable y saneamiento tendrían que haber penetrado hacia todo el Perú.

En lugar de navegar hacia esos objetivos en los que la inmensa mayoría de peruanos estaría de acuerdo, el debate político de nuestros días está centrado en escuchar los lloriqueos y la lambisconería de todos aquellos que pidieron el voto por Castillo y sus compinches y que hoy tratan de encontrarle cinco patas al gato en lugar de aceptar que se equivocaron y que su error le costará mucho al país. La prensa con las justas puede darle cobertura la infinidad de chanchullos que día a día aparecen y la oposición hace agua. Nunca en los últimos 30 años el Perú había caído tan en picada. Nadie sabe cuándo es que tocaremos fondo.

Lo único que queda a estas alturas es encontrar la forma de terminar con este gobierno parasitario y convocar a nuevas elecciones. No solo por la ineptitud de quienes nos gobiernan sino por la necesidad histórica de enmendar el camino y recuperar el tiempo perdido. Paradójicamente es una vez más la izquierda peruana la que confabula y atenta contra el futuro de los más pobres. Nada de lo que la izquierda prometió se va a traducir a realidad. Todo fue ficción y cebo de culebra. Quizás lo único bueno de este gobierno nefasto es que la izquierda pagará finalmente las consecuencias políticas de sus actos infelices.

Editorial: Más pobres en un país rico

Más allá del ‘desliz cómico’ del mandatario en referencia al conflicto más grande en Europa desde que las guerras yugoslavas asolaron este continente en la década de los noventa, cabe subrayar que la crisis económica -y la subsecuente crisis del mercado laboral- que vive el Perú no ha acabado ni tiene visos de hacerlo. De acuerdo con el reciente informe de la pobreza para el 2021 del INEI, la pobreza alcanza al 25.9% de los peruanos, uno de cada cuatro. Si bien no faltará algún representante de la izquierda obtusa que califique esto de un ‘gran logro’ respecto al año pasado -donde la pobreza ascendió a 30.1%-, la realidad es que hemos retrocedido una década en la lucha contra este mal; niveles superiores a este nos remontan al 2011.

Según un informe de The Economist, el Perú es el quinto país de la región con menor vulnerabilidad respecto a la guerra en Ucrania, sólo superado por Bolivia, Ecuador, Chile y Paraguay. La realidad es que sólo los altos precios internacionales son los que sostienen ese endeble crecimiento de 3.6% previsto por el Ministerio de Economía, y por supuesto, algunos voceros afines al gobierno lo subrayarán como una excelente noticia. Este aumento -como hemos señalado en anteriores editoriales desde 

-, si es visto como un todo desde los últimos tres años, representa un crecimiento equivalente al poblacional, es decir: estancamiento. Pero hay algo aún más importante para los peruanos de a pie: el empleo.

Analizando el mercado laboral, el ingreso promedio de los formales en el sector privado, no sólo no ha aumentado desde inicios de la pandemia: ha caído en 1.8%, según el Banco Central de Reserva. Además, en Lima, apenas ha aumentado el empleo en este sector en 1.1% (sólo 41 mil puestos de trabajo en dos años). Es decir, la creación de puestos de trabajo también está detenida. La única manera de poder crear puestos de trabajo formales a la escala que necesita el país, cuya población crece a cerca de 2% al año, es con inversión privada. ¿Cómo estamos en eso? El Instituto Fraser, por ejemplo, califica en el puesto 42 al Perú, en el índice de competitividad minera; muy por debajo de nuestro competidor principal: Chile (31).

La necedad por una asamblea constituyente, y la ineptitud -tal vez deliberada- de los ministerios por lograr fomentar la inversión, son sin duda factores clave para que cualquier dólar dispuesto a considerar al Perú como destino para nuevos proyectos empresariales, huya a toda prisa. El economista Ricardo V. Lago exponía desde su cuenta de Twitter cómo es que la actual caída de los mercados financieros en los Estados Unidos tiene similitudes importantes a la crisis del 2008-2009, que podrían desencadenar un desplome del índice S&P 500 cuyos efectos se sentirían hasta junio del 2023. Existe la posibilidad de una crisis financiera que podría empeorar nuestras posibilidades para afrontar los problemas que hoy padecemos.

Si de verdad le importara a Castillo el pueblo, entendería que este debate no es una cuestión ideológica. Se trata de lo que funciona y lo que no lo hace. Un país que aspira a darle una calidad de vida mejor a sus ciudadanos no puede asumir políticas que destruyan la actividad productiva, la inversión y la generación de riqueza. Luego, se podrá discutir acerca de la distribución de estas rentas, pero la igualdad en la pobreza no constituye ningún tipo de reivindicación popular que valga la pena defender, inclusive desde la óptica socialista. Lo único que queda claro acerca del norte de este gobierno es que priorizarán la retención del poder -a través de la populista nueva constitución- antes que una verdadera reivindicación que le dé al pueblo una vida mejor.

La crisis no es por Croacia

Durante el último lustro, la perenne confrontación entre poderes del Estado implicó la búsqueda de una siguiente instancia que arbitre los conflictos. Asimismo, el constante ingreso a prisión preventiva de líderes políticos de talla nacional llevó a que se revisen ciertos hábeas corpus de gran interés público. Podríamos decir que, ante la crisis política que venimos atravesando durante los últimos años, el Tribunal Constitucional (TC) adquirió mayor importancia a nivel político, judicial y mediático.

Así, el TC, en sendas ocasiones, ha estado en la boca del lobo. En 2019, la renovación de seis de sus siete miembros fue la excusa para presentar una cuestión de confianza por parte del gobierno de Martín Vizcarra y Salvador del Solar. La elección del TC es una atribución del Congreso de la República, sin embargo, se utilizó como excusa para forzar el inconstitucional cierre del Congreso del 30 de setiembre del 2019. El mismo TC, en una sentencia que marcará la historia de la infamia, aceptó la denegación fáctica de la confianza (interpretación constitucional que, ante la luz del derecho constitucional comparado, es un 

 peruano). Este capítulo histórico, hay que decirlo aún dos años y medio después del suceso, fue un golpe de Estado que el TC avaló. A la postre, el organismo actuó de una forma cuestionable en otras ocasiones, como cuando negó la presencia de menores de edad en las corridas de toros, reglamentando el ingreso a una actividad y expresión cultural que reúne de distintas maneras, guste o no, a millones de peruanos.

Hay que remarcar cuando actuó, en opinión de este diario, en base a los principios de justicia y legalidad. Hicieron una sentencia correcta cuando decidieron no estipular las causales de vacancia presidencial. Las voces del progresismo -que apoyaban a Vizcarra- vociferaron en contra de esta decisión, pero lo cierto es que esa no era una tarea del TC. Otras ocasiones en las que la institución obró acorde a su envergadura fueron cuando aceptaron los hábeas corpus tanto de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, a quienes se les anuló una injusta prisión preventiva, o la reciente sentencia que ratificaba el indulto a Alberto Fujimori.

Todas estas decisiones generaron polémica y polarización. Para ciertos grupos políticos en determinados momentos, el TC actuaba mal y, sorpresivamente, a los pocos meses actuaba acorde a la legalidad. El TC fue y es la manzana de la discordia en estos momentos de confrontación política sin límites. Ya se ha impedido dos veces la elección de los tribunos porque hubo grupos políticos que no gustaban de quienes eran los candidatos. Se ha impedido la renovación de esta -más importante que nunca- institución, a pesar de que la mayoría de sus miembros tengan el mandato vencido hace más de dos años.

, consideramos que ya es hora de que el Congreso se ponga de acuerdo y haga prevalecer la que es su potestad: elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso es hallarse dentro de la legalidad. Según fuentes de este diario, Perú Libre, las fuerzas cómplices y la oposición, han llegado a un consenso para superar los 87 votos requeridos hasta por cuatro candidatos. Se trata de Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Herlder Domínguez Haro y Luz Pacheco Zerga. Si bien no se renueva completamente, le da un aire de novedad a una conformación del TC desprestigiada. Esperemos que en la sesión plenaria del día de hoy hagan por fin respetar el fuero parlamentario, elijan a los tribunos y les enseñen a los enemigos de la democracia el papel preponderante que el Congreso tiene en ella.

La manzana de la discordia

En un día tan importante como el Día de la Madre, donde se llama a la reflexión y al homenaje de nuestro progenitor femenino, en particular, y del rol de la madre a nivel social, se ha presentado un debate en redes a raíz de la 

 del periodista Renato Cisneros, que cuestiona la utilidad o la pertinencia de esta fecha. En esta, Cisneros describe cómo es que en España viene revisándose en los colegios, desde el 2010, las prácticas como los regalos hechos en clase para las mamás, y que inclusive varias instituciones educativas españolas han decidido simplemente no celebrar ni este día, ni el Día del Padre, por considerarlos potencialmente discriminatorios y dañinos para los niños con familias distintas: monoparentales, homosexuales, o aquellas donde son cuidados por un tío o una abuela.

Ante esta tesis, cabría recordar que casi todas las culturas han rendido homenaje a la feminidad desde tiempos ancestrales. Los ritos en favor de la diosa Rea, madre de dioses tan poderosos como Zeus, Hades o Poseidón, se celebraban desde la antigua Grecia, recordándonos que todos -por más exitosos que seamos-, siempre somos deudores de una mujer que como mínimo nos dio la vida y nos hizo posibles; y en la inmensa mayoría de casos, además nos cuidó y nos dio mucho cariño. El cristianismo luego colocará esta tradicional reverencia en la figura de la Virgen María, madre de Dios, a la cual se le rinde reverencia en todo nuestro país, con un especial fervor en las fiestas patronales en el interior del Perú. Estos son los orígenes.

La celebración oficial y moderna en el Perú fue decretada por el presidente Augusto B. Leguía quien promulgó la ley en abril de 1924, definiendo que este día se celebrara los segundos domingos de mayo. De acuerdo con la tesis reproducida por Cisneros, este día sería un rito conservador que dañaría a aquellos niños cuyas familias no cumplan con este molde que no encajaría con la realidad posmoderna que hoy vivimos; por ello, a estos niños se les estaría discriminando por no contar con una madre o un padre. Los detalles y obsequios que se realizarían en estas festividades no tendrían cabida para estos estudiantes que no tienen a quién homenajear. Ignoran, por supuesto, que todos biológicamente tenemos una madre; aún con las tecnologías más avanzadas, esto es una realidad.

Los críticos más férreos de esta posición indican que el niño debe de “ser fuerte” frente a esta realidad, afrontar que este no tiene madre o padre, y punto. Alejándonos de esta postura, ya que la situación de un niño puede ser efectivamente difícil -por ejemplo, de una familia monoparental, por la pérdida o abandono de alguno de sus progenitores-, creemos que la atención psicológica y el apoyo de los profesores para celebrar correctamente estas fechas es muy importante. Existe consenso desde la psicología de que un niño no tiene la corteza cerebral prefrontal desarrollada, una región dedicada -entre otras funciones- al control consciente de las emociones; pedirle simplemente que “sea fuerte”, sería efectivamente un maltrato por omisión.

Por ello, debemos tal vez repensar el rol de este día tan importante. En vez de ser una fecha de regalos y de simple consumismo, este día debería de llamarnos a la reflexión del valor social que tiene el rol de una madre que, hasta donde hoy nos permite la tecnología y la ley, todos necesariamente tenemos. Si tuvimos una madre o padre ausente, aprovechar este día para perdonar o para enfrentar estos posibles traumas, algo que toda persona que aspira a una vida sana debería de hacer y rendirle homenaje a quien haya suplido este rol en los hechos. El extremo de plantear que este día sería discriminatorio ignora que todos, independientemente de la familia que tengamos 

, provenimos de un óvulo que nos hizo posibles.

Resulta ciertamente curioso cómo es que el progresismo, que se autopercibe como feminista, no pierde la oportunidad para deslegitimar y menospreciar el rol de las madres en la sociedad. Si bien tampoco debe ser considerado el rol fundamental de la mujer, dado que es muy válido que muchas no deseen ser madres; aquellas que lo deciden, cumplen un rol fundamental que debe ser apreciado por todos en una comunidad que aspira a tener buenos ciudadanos. Sin duda, el respeto a la mujer y el combate a la violencia también está muy asociado a qué tan sana es la relación emocional que cada uno tiene con la figura de su madre; muchas veces, ahí reside el origen de esa violencia.

 de esta tradición, pareciera contraproducente para los mismos objetivos explícitos que los progresistas dicen tener, que es la valoración de las mujeres y de la feminidad. ¿O será acaso que sólo interesa a estos grupos defender un tipo muy específico y direccionado de mujer que calza con el modelamiento cultural que pretenden imponer en nuestras sociedades? En cualquier caso, no resulta razonable ser feminista y a la vez atacar el rol de la maternidad, la cual es elegida por una inmensa mayoría de mujeres. Por todo ello, les rendimos homenaje a las buenas madres que tan importante rol cumplen para todos los peruanos, y solidaridad y apoyo para aquellos que ya no la tienen a su lado. ¡Feliz Día de la Madre!

La tabula rasa progresista

La manifiesta incapacidad moral de Pedro Castillo venía siendo comprobada hacía tiempo. Las razones abundaron desde el inicio del gobierno e incluso desde antes. Ya se sabía que hubo un uso ilegal de fondos del Gobierno Regional de Junín para la campaña presidencial. A su vez, desde su primera semana en palacio nombró ministros vinculadosal terrorismo y acusados por apología al mismo. En el ejercicio de gobierno realizó un explícito tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, en la Policía, Sunat, Petroperú y un largo etcétera. Tergiversó las declaraciones que le daba a la Fiscalía. Contempló, el Presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas, consultar una posible al mar para Bolivia, afectando directamente la que es su principal tarea: resguardar la integridad del territorio. Ha gobernado con gabinetes en paralelo o en la sombra y botó por WhatsApp al que probablemente haya sido su único buen cuadro ministerial, al profesor Cadillo. Ha copado el estado con huancaínos, chotanos e izquierdistas sin la preparación necesaria para sus cargos, además a maltratado e ignorado permanentemente a los medios de comunicación. Nunca ha querido ejercer un mínimo rendimiento de cuentas, esencial en el ejercicio democrático. Ha permitido, sin empacho alguno, que los conflictos sociales escalen al punto de incendiar las instalaciones de los principales contribuyentes del estado.

El Presidente de la República tiene más cuestionamientos -no enumeramos todos para no abrumar al lector- que intentos de política pública, con un gobierno que no cumple ni los más mínimos estándares. Pero ahora los cuestionamientos van más allá del ejercicio político y de su mandato. El supuesto hombre humilde (con 8 propiedades), profesor rural (con más de siete años de licencia sindical) y rondero (que al parecer nunca lo fue), plagió más de la mitad de la tesis que hizo en conjunto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado de magíster por la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña.

La falsedad de Castillo es integral. Y la revelación sobre el plagio es una tragicómica raya más al tigre. De todas sus faltas no es ni de cerca la más dañina o influyente para el país, pero sí demuestra a quién tenemos delante. A un farsante con sombrero que, a pesar de todos los escándalos, parece tener aún todas las herramientas para permanecer en el poder.

La historia, sin embargo, no acaba ahí. Tras la revelación del plagio, la Fiscalía de la Nación permitió que la entidad competente -la Fiscalía de Tacabamba- abriera una investigación al presidente por este caso. La segunda raya más al tigre es el fiscal a cargo de investigarlo, Juan Ramón Tantalean. Él es abogado y magíster precisamente por la Universidad César Vallejo. Y la Fiscalía dice que no hay conflicto de interés; la tragicomedia comienza a tornarse en la más negra de las comedias.

Dos rayas más al tigre 

El día de ayer se aprobó la ley que reconfiguraría el directorio y los mecanismos de elección del superintendente de la Sunedu, este organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), dedicado a otorgar el licenciamiento y supervisar la calidad educativa de las universidades. Los detractores califican esto como un deterioro de la independencia de la Sunedu, al permitir que tres de sus representantes sean elegidos por las universidades públicas (2) y privadas (1). Los promotores de esta iniciativa denuncian que la calidad educativa no ha mejorado realmente con la configuración de la Sunedu, dado que aún existen casos probados de mala calidad, y que se esta ha permitido favoritismos hacia ciertos grupos económicos con influencia en el Ejecutivo.

Lo cierto es que el extremo que plantea que esta norma sería un retorno a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), se equivoca. Los otros cuatro representantes serán de Concytec, Sineace, Minedu y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, instituciones que no son controladas por los supervisados y que deberían de fiscalizar a las universidades. Más bien, esta configuración permitirá que las universidades tengan una voz al interior de Sunedu y se pueda transparentar la influencia que efectivamente existe para ‘aterrizar’ las exigencias del supervisor. La ANR, por el contrario, era conformada exclusivamente por rectores, y en ese caso la mayoría sí era controlada por ellos, cuando Sunedu no existía.

El problema percibido desde quienes han promovido esta norma es que la elección por concurso público siempre genera la posibilidad de dirigir las bases hacia determinado grupo que sea favorable al poder de turno, es decir, al Minedu controlado por el Ejecutivo. La pregunta que cabría hacerse aquí es si esta era realmente la única manera de evitar este problema o, si acaso, podría añadirse instituciones internacionales en la conformación, o crear alguna institución que contrapese el poder de la Sunedu, sin tener que incluir dentro de su conformación, a un 43% (3 de 7) de los supervisados. Este extremo tampoco suena razonable, ya que bastaría un solo voto de los cuatro restantes, para que de facto la Sunedu sea controlada por quienes debería controlar.

Parece que, en este caso, en donde en ambos lados priman intereses, lo que debe existir es un debate público y abierto sobre lo mejor para los estudiantes, los cuales deben de ser el centro de la política educativa. Ni la autonomía universitaria radical, sin supervisión y sin control -la cuál llevó a que los grupos extremistas como Sendero Luminoso, la utilicen de escudo para la dominación de estos espacios-, ni el monopolio absoluto del poder, que ya sabemos que es fuente de corrupción y de la captura de determinados grupos de interés. En este caso, cabe pensar en un punto medio en donde se transparente que siempre, en todo sector, el supervisado debe tener voz; y a la vez, la supervisión y la definición de las directrices es, al fin y al cabo, impuesta por el poder democráticamente electo.

Mucho ruido y pocas nueces

Mientras el país parece absorto, tanto por los delirios de la pandilla de Vladimir Cerrón que reside en Palacio con el único objetivo de refundar la patria a través de una asamblea constituyente, como por los casos de corrupción y nepotismo que salpican las portadas de los diarios nacionales; algo fundamental está quedándose en el tintero: se viene una crisis económica global. El premier Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo, ya vienen escudándose de los malos resultados económicos, ante la opinión pública, atribuyéndolos a puros factores externos; y por supuesto, Castillo no ha dudado en mostrar su preocupación por la inexistente guerra entre Rusia y Croacia, mostrando en manos de quién estamos ante la próxima crisis.

La inflación en los Estados Unidos, calculada en base anual, según el índice de precios al consumidor (CPI, por sus siglas en inglés), alcanzó en marzo la alarmante cifra de 8.5%, cuadruplicando el rango meta de 2% que debe garantizar la Reserva Federal de este país. Ante esto, importantes instituciones financieras como el Bank of America y o el Deutsche Bank han advertido que pronto se pondrá el desacelerador desde la FED, a través de un alza en las tasas de interés, algo que con toda probabilidad producirá una recesión en los Estados Unidos. Diversos expertos están haciendo llamados para que los ciudadanos busquen estabilidad laboral y ahorren para prevenir esta situación, que se agudizará el próximo año.

El Perú también viene padeciendo cifras fuertes de inflación en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en abril la inflación anualizada alcanzó el 8.6%, y si bien es cierto que existen factores internacionales que influyen, como la crisis del mercado de trigo -cuya oferta está restringida por el corte de flujos a través de Ucrania, por la guerra-; el Ejecutivo está haciendo todo lo contrario a lo que correspondería en este contexto. Recordemos que, en septiembre del 2021, la agencia de riesgo Moody’s recortó la calificación crediticia del Perú de A3 a Baa1, es decir, un grado menos en nuestro nivel de atractivo como destino de inversión. En ese momento, el principal motivo de la degradación fue que la inmadurez política estaba minando las instituciones.

Sin embargo, el vicepresidente y oficial de Crédito Sénior del Grupo de Riesgo Soberano de esta calificadora, Jaime Reusche, también advirtió que, de seguir por el camino de las tensiones entre poderes, el nombramiento de personajes controvertidos, y las luchas políticas sin cuartel; otra degradación de la calificación peruana podría darse en los próximos 12 o 18 meses. Eso es exactamente lo que ha venido haciendo el Ejecutivo sin descanso. Y la cereza del pastel, es que Reusche subrayó que lo que más podría dinamitar nuestra calificación, era precisamente avanzar hacia una asamblea constituyente, la cual “es un evento que podría afectar significativamente el funcionar de la economía, generar bastante incertidumbre legal, política, económica”, según declaró.

Vemos que el Ejecutivo responsabiliza al Congreso y a los mercados internacionales de los malos resultados económicos, pero gatilla y avanza sobre el punto que más puede destruir nuestro capital institucional como destino de inversión: la asamblea constituyente. Así, no es de extrañar que, en septiembre del 2021, las previsiones de crecimiento fuesen el doble (6%) de las que el Fondo Monetario Internacional prevé para este año (3%). El Perú con ese crecimiento, registraría que, en el periodo 2020-2022, estuvo completamente estancado: 0% de crecimiento real. ¿Por qué? Porque el crecimiento anual a penas ascendería a 1.3%, que es la misma tasa a la que habría crecido la población: el PBI per cápita se mantendría constante.

Ante esto, llamamos a que los ciudadanos se preparen para la crisis global que sin duda repercutirá en el Perú, y que nos encuentra en una situación sumamente vulnerable. Debemos rechazar la convocatoria a una asamblea constituyente, no sólo porque no es una demanda popular, y pretende imponerse por los jacobinos de turno; sino además porque es tal vez el peor momento para hacerla, no sólo a nivel político (con un gobierno delincuencial en el poder), sino también a nivel económico. El Perú necesita estabilidad ante un entorno inestable internacionalmente. Que Torres y Castillo se la pasen diciendo que es culpa de los factores externos, cuando vienen dinamitando todos los factores internos que pueden contrapesar estos efectos, es una broma de mal gusto que costará la pérdida de cientos de miles de empleos y el aumento de la pobreza de ese pueblo que jamás parece haberles interesado representar

La crisis que se viene

Luego de un silencio prologado, sólo comprensible por la desorganización y la falta de una agenda común para el país, el sector productivo del país parece ir camino hacia un discurso común en contra de los delirantes planes del gobierno de Pedro Castillo, que amenazan los cimientos de la República. El pasado viernes, casi 200 instituciones se unieron en el evento público “Empresarios unidos por el Perú” quienes, desde el emporio de Gamarra, manifestaron su rechazo al intento del Ejecutivo de convocar a un referéndum respecto a la instauración de una Asamblea Constituyente. Todo hace pensar que este evento debería de marcar un hito en la vocería empresarial.

Esto no tanto por el mensaje, sino principalmente por haber logrado unificar a gremios de diversos tamaños y de distintas regiones. Cerca de 50 cámaras de comercio fuera de Lima y asociaciones de pequeños productores tanto en agro como en pesca, también se sumaron al pronunciamiento, algo muy positivo, ya que muchos de estas asociaciones suelen sentirse relegadas de las agendas de las grandes empresas. En este caso, parece estarse formando un frente común, que en los últimos años había sido cada vez más difícil de lograr, especialmente a partir de los escándalos de corrupción de Lava Jato, que mancharon a los gremios de mayor tamaño, generando la desconfianza en los pequeños.

Harían bien en aprender de esta experiencia otras instituciones de la sociedad civil, en especial la prensa, quien ha sido constantemente atacada por el Ejecutivo y su intolerancia con la libertad de expresión. La cantidad de querellas presentadas contra diversos periodistas, desde miembros que hoy detentan el poder del Estado, se ha multiplicado, y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han emitido 25 alertas de agresiones contra quienes ejercen este importante oficio. Sin contar los constantes mensajes antidemocráticos de Aníbal Torres, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, denigrando la labor de la prensa por el simple hecho de ejercer sus funciones regulares, como toda sociedad libre exige.

El empresariado es un concepto laxo, que reúne a grupos ciertamente muy heterogéneos; sin embargo, desde un pequeño comercio al por menor hasta un enorme banco, tienen intereses comunes. Todos ellos necesitan de un entorno institucional que al menos les permita continuar con sus actividades productivas de modo estable: impuestos moderados, estabilidad jurídica, crecimiento económico, inflación estable y normativa clara; son algunos de estos factores tan importantes. Las paralizaciones arbitrarias, la ausencia de medidas contra la inflación, la falta de estabilidad política que permita aumentar la inversión privada y, sobre todo, la convocatoria a una asamblea constituyente, van a contrapelo de sus necesidades.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Perú crecería 3% en el 2022; muchos podrían pensar que este es un número relativamente positivo. Sin embargo, esto no es así. Con este crecimiento, el Perú alcanzaría un producto bruto real de 567 mil millones de soles, que comparado con el 2019, sólo representaría un 3.9% de crecimiento en tres años. Calculado a nivel anual, un crecimiento de sólo 1.3% desde que empezó la pandemia. Si consideramos que además la población crece en 1.4%, vemos que en tres años la riqueza del país simplemente no está creciendo. Es una ilusión. La economía peruana está estancada, y por supuesto, Castillo es la cereza del pastel en esta tragedia.

¿Despertó el empresariado?

Un día como hoy hace 156 años, el Perú vencía a España en combate naval en el Callao. La defensa peruana, organizada por el entonces dictador Mariano Ignacio Prado y por el secretario de Guerra y Marina, José Gálvez, hacia las cinco de la tarde reclamaba la victoria en un combate que empezó de madrugada.

La pregunta que hasta hoy cabe realizar es, ¿por qué, luego de más de treinta años de declarada la independencia, España agredía bélicamente al Perú?, ¿Se trataba acaso de una intentona de reconquista? Aunque en su momento se especuló aquello, si no, ¿entonces qué llevó a España a entablar un conflicto contra la excolonia ultramarina? Intereses económicos y la circunstancia adecuada.

A inicios de la década de 1860, España atravesaba una crisis económica y tenía varios flancos militares abiertos en sus aún colonias. Asimismo, la madre patria observaba con cautela cómo el Estado peruano ensanchaba sus arcas fiscales gracias al 

 del guano. Con la excusa de cobrarse la indemnización de la Guerra de la Independencia, en 1864, un “armada científica” invade las Islas de Chincha, ricas en el excremento fertilizante. Esta agresión, además, contó con una circunstancia internacional favorable. Los Estados Unidos, al encontrarse en una guerra civil, no pudieron aplicar la Doctrina Monroe, la cual llamaba a que ellos intervinieran militarmente si es que un país europeo agredía a uno americano.

El gobierno del entonces presidente Pezet, al saberse incapacitado de entablar una guerra, encomienda al general Vivanco el entablar negociaciones con España. De estas conversaciones resulta el Tratado Vivanco-Pareja de 1865. Un convenio francamente permisivo para España y derrotista para el Perú. Esto despierta el fervor patriótico. El coronel Mariano Ignacio Prado se levanta en Arequipa. Por su parte, José Balta lo hace en Chiclayo. Cae Pezet y asciende Prado en octubre de 1865. Prado, sin dudarlo, declara la guerra en febrero de 1866.

Esta guerra demostró que el Estado peruano, cuando se lo propone, es eficaz en la búsqueda de soluciones. Por un lado, el por entonces canciller Toribio Pacheco, uno de los más reconocidos juristas de nuestra historia, firmó alianzas militares con Chile, Bolivia y Ecuador, en un esfuerzo que resultaba poco probable. El combate de Abtao del 7 de febrero de 1866 fue una clara muestra de la cooperación peruano-chilena, ambas escuadras lucharon juntas contra el invasor. Por otra parte, José Gálvez, el héroe de este conflicto, encomió en una misión de compra de armamento al por entonces contraalmirante Miguel Grau y al coronel Francisco Bolognesi. Ambos futuros héroes compraron la artillería de grueso calibre con la que se defendió el Callao y, además, concretaron la adquisición de las corbetas Unión y América, y de los blindados Huáscar e Independencia.

Pero el dos de mayo no fue tan solo una victoria de las autoridades. La ciudadanía entera salió a defender el honor nacional. Se armaron batallones de escolares que faltaron a sus clases. Médicos y enfermeras de todo Lima abandonaron sus puestos para acudir a la batalla. El gran historiador republicano, Jorge Basadre, señaló sobre el dos de mayo: “se logró robustecer el espíritu nacional peruano”. A lo que añadió: “el dos de mayo de 1866 es un día cumbre en la historia republicana del Perú, y más que una jornada militar, es una jornada cívica”.

En tiempos de polarización, conflicto y deshonor por parte de las autoridades, como los que atravesamos ahora, recordar las grandes gestas de un país que estuvo unido, en ese momento, el dos de mayo de 1866, es un acto de protesta frente a la realidad.

La importancia del dos de mayo de 1866

El Perú está en una ruta hacia el populismo de manera acelerada y rampante. Los planes de cerrar el Congreso dados a conocer en 

 durante esta semana, la apuesta por una asamblea constituyente que sólo beneficiaría a Castillo para afianzar su poder impopular, la anarquía total en Las Bambas que produce el 2% del cobre del mundo, los casos de corrupción que se acumulan en los archivos de periódicos, y la persecución judicial de la prensa opositora; son sólo algunas de las muestras de este deterioro institucional que vivimos en el país, a tan sólo nueve meses de que el candidato del sombrero asumiera el cargo de mandatario, prometiendo “no más pobres en un país rico”.

La insatisfacción de los peruanos con el gobierno es generalizada, tanto geográfica como socioeconómicamente; la población rechaza como prioritaria la convocatoria a una asamblea constituyente -es la última en la lista, según Ipsos-, pide luchar contra la corrupción y contra la delincuencia, y apostar por la generación de empleo y la reactivación económica. Lamentablemente, el partido político Perú Libre es una organización sometida a diversas mafias -según la tesis de muchos fiscales que vienen avanzando en ello-, con objetivos muy claros y definidos: lograr conservar el poder a toda costa, instaurar un nuevo régimen económico y político, y lograr copar todas las instituciones.

Existe una diversidad de personas que desde la izquierda han tenido una apreciación bastante complaciente de este proceso. El planteamiento de que Castillo sería una especie de “expresión” de un pueblo desatendido y olvidado que emerge desde las profundidades del país para remecer a un 

 corrupto y mercantilista, es sin duda la justificación de muchos de quienes en segunda vuelta decidieron -en vez de anular su voto-, marcar el lápiz. Inclusive llegan a decir que esta es “la primera vez que la izquierda gobierna el Perú”, algo que hace coro del mismo discurso que propugna Cerrón; diciendo que es la primera vez que “el pueblo gobierna”.

Tras una polémica esta semana durante la presentación del libro “Populistas”, de Carlos Meléndez, en la librería El Virrey de Miraflores, cabe resaltar la actitud crítica que este libro plantea respecto al populismo en el Perú. Pretender justificar el voto de Castillo, haciendo alusión a que esta sería la primera vez que el pueblo gobierna es desconocer de manera palmaria la historia de nuestro país, y directamente caer en la narrativa de estos caudillos populistas, los de turno. En el libro se plantea cómo es que el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, instaurado por Juan Velasco, destruyó el orden social del interior, facilitando el asentamiento de Sendero Luminoso que prometía restaurarlo.

La Segunda Reforma Agraria, que no supera al mero titular, no es más que una consigna vacía que rememora estos tiempos convulsionados que atrasaron al país 30 años. ¿Cabe afirmar lo que Cerrón plantea, con tantos experimentos populistas que la historia del país lleva acuestas? ¿No es acaso que ya habíamos tenido suficiente? No obstante, Castillo lejos de contar con este espíritu reivindicativo, gobierna directamente a espaldas del clamor popular; sin un norte mayor que el de satisfacer a la cleptocracia del Lápiz. Por ello, nunca mejor citada la frase del propio Karl Marx que recita: "la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa".

La ineficiencia del estado justifica en buena medida el descontento popular, pero como hoy queda claro -previsible para quien lee entre los intrincados renglones de la Historia-, esta realidad sólo fue el trampolín al poder de un grupo de delincuentes. La revolución de Velasco subió la pobreza de 35 a 42%, la pobreza extrema de 15 a 18%, redujo el salario privado real en 22%, el sueldo mínimo en 45%, multiplicó los aranceles en 10 veces, la inflación por 13, y la deuda pública se triplicó, según datos del Instituto Peruano de Economía. Él decía encarnar al pueblo. Por ello, somos una vez más objeto de estudio de la sentencia de Ruiz de Santayana: “quien olvida su historia está condenado a repetirla”.