Ayer, el juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, decidió condenar a dos años de prisión suspendida y al pago por reparación civil de S/400 mil al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguin Random House, por la querella presentada el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El presunto delito sería de difamación agravada. Este fallo judicial ha sido denunciado como un golpe contra la libertad de prensa y un atentado contra los derechos fundamentales, por casi la totalidad de la prensa nacional, organismos internacionales y políticos de varios tintes distintos. Nos sumamos a las muestras de solidaridad a los periodistas amedrentados, no sin antes plantear algunas reflexiones.

La obra “Plata Como Cancha”, según Acuña, tendría 55 frases consideradas como lesivas a su honor y reputación, de las cuales 34 fueron así consideradas por el juez Vega, quien indicó en su sentencia que la libertad de expresión y el derecho al honor tienen el mismo peso. Sin embargo, el libro es una recopilación de testimonios de terceros y de fuentes oficiales: cosas que el líder de APP preferiría que no se dijeran, pero que el periodista de investigación ha puesto en un orden determinado para que el lector saque sus propias conclusiones. La doctrina del ‘reporte fiel o neutral’, acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego por la Corte Suprema de Justicia del Perú, consiste en proteger al periodista que reproduce las declaraciones de terceros. De esta manera la responsabilidad de la veracidad de una declaración recae en quien la hace, no en quien la difunde; es decir, no se puede castigar al mensajero.

Adicionalmente, si bien es cierto que el periodista Christopher Acosta ha realizado afirmaciones valorativas o especulativas como: “

Si [Acuña] no fuera rico estaría, muy probablemente, preso

”, estas tampoco constituyen difamación. No es una afirmación que pueda ser contrastada mediante los hechos, es una tesis personal que cabe dentro de la libertad de expresión del periodista. Bajo ese mismo principio, decir que Pedro Castillo tiene las intenciones de implantar una dictadura comunista en el Perú, también podría ser utilizado para perseguir a la prensa que plantee tal inferencia o especulación razonada. Calificar como “impresentable” a una persona -palabrita tan de moda- podría caber también en la afectación al honor, y llevaría a una persecución intestina e inagotable en el debate público nacional.

Por todo ello consideramos que, el beneficio general que produce la libertad de prensa justifica los costos que pueden generar los evidentes errores y sesgos humanos que se dan en su ejercicio. En una democracia, preferimos la posibilidad de ofender a otros antes que vernos obligados a no decir lo que pensamos o creemos correcto. Y esto es porque no existe libertad de expresión sin la posibilidad de que podamos ‘ofender’ a quien criticamos, investigamos o mencionamos, cuando hacemos uso de esa expresión. Por ello, desde nuestro medio, condenamos que un político pretenda utilizar su poder para perseguir a periodistas.

Existe una porción del oficialismo de izquierda que hoy pega un grito al cielo defendiendo a este periodista, pero que antes atacó a Beto Ortiz por invitar a Ernesto Bustamante a opinar que la vacuna Sinopharm no era suficientemente efectiva. ¿No es acaso también, una aplicación clara de la misma ‘doctrina del reporte fiel’? Esto es, sin duda, un caso más de la doble moral caviar.

Sin embargo, por otro lado, existe una minoría dentro de la derecha nacional que considera que está bien este fallo, debido a que el periodista no es parte de su esfera de afinidad política. A ellos les decimos que, así como a Castillo, a Salaverry, a Sinopharm, y a Vizcarra, se les debe poder criticar con libertad; aplica lo mismo en este caso. Porque para condenar la doble moral de la izquierda, primero uno debe empezar por no practicarla.

La libertad de prensa como bien público

Con la noticia del nombramiento de Daniel Salaverry como presidente de la empresa pública Perupetro -dedicada a la adjudicación de lotes petroleros y a la administración de las regalías del Estado derivadas-, empiezan a bosquejarse algunos de los motivos por los cuales, a pesar de ser un gobierno infame, el régimen de Pedro Castillo aún se sostiene en el poder. Hay varios cabos que atar. En primer lugar, está el blindaje de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tan comentado en la semana, quien bajo una interpretación antojadiza y rebuscada, pretende legalizar su omisión de funciones, ocultando descaradamente sus intenciones de impedir que el país conozca la verdad del presidente en la diversidad de delitos que lo involucran.

Hay que entender que, si bien el vizcarrismo fue derrotado electoralmente, los hechos evidencian que continúa teniendo mucho poder en las instituciones públicas. A pesar de que el candidato presidencial de Martín Vizcarra, Salaverry sólo obtuviera 1.7% de los votos, y entre el Partido Morado y Somos Perú apenas alcanzaran los 9 escaños, este continúa mostrando la influencia que tiene en el aparato estatal peruano. Aunque queda en la especulación, no parece casualidad que, a sólo unos días después de que la fiscal Ávalos blindara a Castillo -y quien en su momento también se negara a investigar al propio Lagarto-, ahora se le dé la presidencia a Salaverry en una empresa estatal, en la cual carece de todo tipo de experiencia en el tema.

Al igual que en el nombramiento como presidente del Indecopi de Julián Palacín hijo, Salaverry no tiene ningún tipo de capacidad relevante en los asuntos petroleros; y reemplaza a Seferino Yesquén quien, por el contrario, es ingeniero petrolero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con Palacín, la retribución por el financiamiento de campaña que hizo su padre parece haber sido el motivo; mientras que, en el caso de Salaverry, todo hace parecer que el pago del presidente es por los servicios de impunidad que la fiscal de la Nación viene proporcionando. El gobierno del sombrero parece consistir en un ‘toma y daca’ constante, en desmedro absoluto de la institucionalidad y de la justicia, deteriorando cada vez que les es posible, la meritocracia que le queda a las entidades públicas del país.

Otro motivo de la persistencia de este régimen cleptocrático, parece ser las venideras elecciones regionales y municipales 2022. En estas se jugarán distintos espacios de poder al interior del Perú, donde lamentablemente muchos siguen aprobando a Pedro Castillo. Una vacancia presidencial no convendría a Alianza Para el Progreso o Acción Popular, partidos de fuerte presencia regional; y, por el contrario, estos parecen buscar retener las alcaldías y los gobiernos regionales en su poder, poder que se pondría en riesgo en caso avanzaran por el camino de la destitución constitucional. Estos incentivos lamentablemente producen fuerzas centrífugas y dispersan la posibilidad de lograr un consenso en este aspecto.

Mientras tanto, parece que la única alternativa para los ciudadanos asqueados de este gobierno ilegal, corrupto e incapaz es continuar denunciando. Denunciando la repartición, entre los lacayos sedientos, de todo aquello que sea transable -o, aunque sea, un poco apetecible-, para los que estén dispuestos a aportar cualquier medio que sostenga a la cleptocracia del lápiz. Sólo queda seguir hasta que la justicia llegue.

¿Quiénes sostienen a la cleptocracia?

Mientras vemos cómo es que las instituciones republicanas se ven puestas en jaque por sus propios gobernantes, quienes más parecen miembros de un cártel, que políticos al servicio de la patria; la población parece desconcertada ante la cantidad abrumadora de faltas de respeto a la ley, al deber público, a la independencia de las instituciones y -por todo ello- a la propia República del Perú. Es cierto que la desaprobación del presidente Pedro Castillo ha aumentado de modo drástico en noviembre, especialmente a partir de la constante escalada de escándalos en los que se ha visto inmerso Palacio de Gobierno; no obstante, llama a la reflexión que a partir de diciembre -según la encuesta Ipsos Apoyo-, prácticamente no existen cambios en la aprobación presidencial, a pesar de que los delitos del gobierno van en aumento.

¿Qué nos está pasando? Pues tal vez exista algún tipo de explicación en las enormes brechas sociales que tiene el país, quien -ante un discurso divisivo y clasista- ha sucumbido a la polarización basada en hacer hincapié en lo que nos diferencia más que en aquello que nos une. ¿Quiénes siguen apoyando al presidente? ¿Quién es ese 36% que aún le da un ‘like’ a este gobierno infame, corrupto e incapaz? En diciembre, en el sector A la aprobación efectivamente siguió cayendo -de 14% a 9%-; sin embargo, esto se vio compensado por un aumento en el sector E, donde esta subió -de 47% a 52%-. Es aquí donde se tiene que trabajar, donde se tiene que convencer, unir, articular y hacer política. No basta conseguir los 87 votos en el Congreso para “salvar al país”; ya que sin la legitimidad política que recubra esta decisión, caeríamos en una simple solución de corto plazo.

Desde las presentes filas hemos defendido desde hace meses que el presidente Pedro Castillo es incapaz moral permanente y que una vacancia no sólo sería constitucional, sino que además es necesaria para salvaguardar la salud institucional y democrática del Perú. Sin embargo, la política no consiste en repetir una y otra vez el mismo mensaje entre los convencidos; sino, especialmente, difundir en los términos en los que el ciudadano ‘adversario’ pueda comprender por qué la opción que uno defiende es la correcta. De otro modo, la defensa de “la libertad y la democracia” que unió a la oposición durante la última segunda vuelta electoral, caerá en saco roto. La democracia es dialogar y convencer al que piensa de otro modo, y cuando esta instancia se agota: negociar.

Aunque todo hasta cierto punto; ni con la violencia, ni con el delito, existe negociación posible. Por ello, hay que convencer al sector E, de la región sur y de más de 43 años -donde se concentra la aprobación a este régimen-; mientras en paralelo, condenamos los crímenes y los abusos de este gobierno a quien parece que la legalidad le resulta un estorbo de la “vieja política”.

¿Perdimos la capacidad de indignación?

Para no decir algo más allá de lo obvio, de lo que todos los peruanos hemos padecido y conocemos bastante bien, quisiéramos principalmente hacer un diagnóstico y un pronóstico sobre lo que ha sucedido este año, y lo que podría suceder en el panorama político futuro. Aunque sí es verdad que este año podría ser considerado como uno para el olvido. Un año además esperado por muchos con optimismo, tras el simbolismo que representaba la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que ha quedado marcado por la inoperancia de los partidos políticos democráticos, dejando al país en bandeja ante los proyectos de corte totalitario, pero, sobre todo, corruptos e incapaces. ¿Cómo no querer olvidar este 2021?

Sin embargo, cabría comprender, sobre todo, el origen del -sin ninguna duda- peor gobierno de la historia reciente del Perú. La victoria de Castillo es fruto de un conglomerado de factores. En primer lugar, está el descrédito de una clase política -que cabría preguntarse inclusive si aún existe-; los partidos políticos, en su mayoría, son sólo una sombra de lo que fueran, sin producir una verdadera proyección de la voluntad popular hacia el sistema democrático. Esta ruptura, que empezó en los 90s, inicialmente se tradujo en el fortalecimiento de otro tipo de instituciones vinculadas a lo público: medios de comunicación, gremios, universidades, asociaciones u ONGs, que tienen también una cuota importante de responsabilidad.

Los casos de corrupción que dieron a luz el desprestigio de toda la clase política iniciaron tanto en los más altos gremios empresariales -en particular vinculados a la construcción-, como en estudios de abogados, y por supuesto los políticos. Entre el 2018 y 2019, la gran prensa quedó sumergida en una actitud amarillista de centrarse exclusivamente en la persecución y el desprestigio de políticos particulares, dejándose llevar por las pequeñas batallas de corto plazo, sin mirar el panorama completo. Siempre la culpa era de alguien más; el político señalaba a la Fiscalía, el empresario señalaba al Estado, la prensa señalaba al político, y el ciudadano miraba con total decepción, que en el Perú no se podía confiar en nadie.

La destrucción del capital moral de una nación es el inicio de su desaparición. Solemos creer que los países están ya definidos en el mapa del Mundo, y damos nuestra existencia como garantizada. Sin embargo, las presiones de todo tipo de fuerzas externas: la Bolivia de Evo Morales, los movimientos indigenistas financiados por extranjeros, la indiferencia los Estados Unidos más preocupado por otras regiones del mundo, y el decaimiento de las instituciones claves para el orden social: Fiscalía, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía, entre otras; ciertamente parecen trazar el derrotero de un abismo de fragmentación nacional irreversible. Y cabría preguntarnos con toda honestidad si la idea de lo que llamamos Perú sigue aun teniendo algún sentido. Muchos inclusive preferirían haber nacido en otra parte. ¿Por qué aferrarnos a ella?

Bien podríamos elegir que el Perú es una nación por la cual no vale ya luchar, y dejar que muera lo que tiene que morir. Existieron naciones que desaparecieron, nacieron otras distintas; y el mundo siguió andando. La pregunta es, ¿por qué pelear? Cada uno tendrá su propia respuesta. Pero aquí entra el asunto clave. ¿Qué es ser peruano? ¿Es simplemente unirse por un equipo de fútbol o por un rico plato de comida? No lo es. Lo que sucede es que hemos olvidado quienes somos, hemos negado nuestra historia, nuestro pasado común, y frente a los embates y contradicciones internas que tienen todos los países; hoy parece no existir punto de encuentro entre el continuo de razas peruanas, clases sociales, lenguas, cosmovisiones, y demás.

La cita con la Leyenda Negra española es impostergable en este contexto, para comprender que se nos ha enseñado a odiar todo lo que fuimos y también lo que somos, desde que hemos sido independientes. Las contradicciones y fragmentaciones inician desde la propia Independencia de nuestro país, que causó décadas de guerras civiles y vimos reducida nuestra economía de manera dramática. Nuestra lengua, el español, no se impuso como otrora hiciera el imperialismo estadounidense en los antiguos territorios hispanos de las Filipinas, cometiendo -ese sí- un auténtico genocidio a los hispanohablantes filipinos. Por el contrario, el quechua y el aymara siguieron siendo hablados y jamás fueron prohibidos; pero era el español la lengua franca del Imperio, como hoy lo es el inglés a nivel internacional.

Dicho todo esto, ¿cómo no querer olvidar este 2021? Un año que nos enfrenta a la realidad. Ni doscientos años sirven para avanzar a una nación que se niega a sí misma. La única posibilidad para que el Perú siga siendo un proyecto común, y no la etiqueta para nombrar un territorio fragmentado y sin cohesión alguna, es reconocer nuestra naturaleza de ser españoles americanos. Hijos de la unión de España y de América. Y es el odio a los padres el que trae la imposibilidad de ver el futuro, de avanzar, la crisis de identidad y la permanente lucha intestina entre hermanos según quién se parece más a alguno de los progenitores.

Por todo eso, podríamos querer olvidar este año; pero lejos de eso decimos: 2021, un año para el recuerdo. Porque la nación que olvida su historia está condenada a repetirla. Feliz Año Nuevo a todos nuestros lectores. ¡Que viva el Perú!

¿Un año para el olvido?

Mucho se viene discutiendo acerca de la supuesta falta de imparcialidad en la fiscal anticorrupción Norah Córdova, sobre la cual se ha abierto -en tiempo récord- una investigación contra ella, basándose en que supuestamente no debió realizar el allanamiento en Palacio de Gobierno sin una orden judicial. Esto nos lleva a una reflexión que consideramos importante para el debate político y público: ¿debe ser un fiscal imparcial? ¿Estamos esperando de la fiscal Córdova algo exigido también para otros fiscales que desarrollaron casos mediáticos? ¿O más bien existe, para variar, un doble rasero cuando estas investigaciones afectan a determinados colores políticos?

En cuanto a la imparcialidad de los jueces no existe debate razonable: deben ser imparciales, ya que son quienes dirimen acerca de las pruebas, y determinan si el imputado por el tipo penal es culpable o no lo es. Sin embargo, respecto a la imparcialidad del fiscal existe un acalorado debate, pero que se decanta más en favor de que no exista. ¿Por qué? Porque la función del fiscal es acusar, y lo hace en representación de la sociedad, quien considera que el delito penal de alguien ha vulnerado un valor valioso para el bien público. Por ello, el fiscal es “el titular de la acción penal”, quien persigue el delito y busca deliberadamente que a quien acusa, se le imponga la máxima pena, en busca de que pueda resarcir a la sociedad por sus delitos.

Nos parece, por lo tanto, que las acusaciones que Eduardo Pachas pretende imputar a la fiscal anticorrupción Norah Córdova son carentes de justicia. Un fiscal no puede ser imparcial porque -por definición- el fiscal es una de las partes: la sociedad, el estado o el bien común afectado. Buscar descalificarla en base a sus publicaciones de Facebook, es un burdo intento de desprestigiar a un funcionario que está cumpliendo con su deber. Si Córdova está buscando el delito en el mandatario, porque además considera que es un comunista y un incapaz, ¿qué mejor? Significa que buscará con más ahínco las pruebas, persiguiendo su finalidad: velar por el bien público. Además, ella representa a una porción de la ciudadanía que -con toda razón- piensa de ese modo. Y será el juez el determine si las pruebas presentadas por el fiscal son razonables para continuar con el proceso; es sobre el juez quien recae la exigencia de imparcialidad.

También, el abogado Pachas señala que el allanamiento del 20 de diciembre a Palacio de Gobierno no debió darse ya que esta licitación no se realizó en estos locales, sino en los de Petroperú. Sin embargo, esto es ridículo, y sólo pretende generar confusión. La licitación pudo realizarse efectivamente en los locales de la empresa petrolera, pero la tesis fiscal apunta a que esto se acordó de modo previo en la sede presidencial, y por ello sí es relevante en grado sumo, quiénes, cuándo y cómo, se reunieron con el mandatario. El hábeas corpus presentado debería de ser rechazado; parece tener el objetivo de ganar tiempo para desaparecer pruebas y ‘limpiar’ la situación en el despacho presidencial.

Finalmente, cabría preguntarse si es que a los fiscales de los últimos casos mediáticos se les exigió este mismo nivel de imparcialidad. Pensamos en el caso de Avelino Guillén, fiscal que jugó un papel fundamental en la sentencia de 25 años contra Alberto Fujimori bajo la polémica figura de la “autoría mediata”, y quien años después no dudó en manifestar su apoyo a la izquierda más radical del espectro político; al punto de aceptar ser parte de este gobierno con vínculos con el terrorismo. También está el caso del fiscal José Domingo Pérez, quien tuvo como deliberado propósito la condena de Fuerza Popular y de su lideresa Keiko Fujimori; un proceso fiscal que muchos inclusive calificarían de ‘persecución política’.

Pero, este margen de acción que se le permite a los fiscales forma parte del precio que como sociedad pagamos en favor de tener un sistema descentralizado que persiga los delitos que afectan al bien común. Es por ello, que los fiscales no están sujetos a mandato imperativo. Si existe persecución política, en todo caso, esta recae en particular en el juez, o en una coordinación previa entre el fiscal y el juez -la cuál es ilegal-. Como conclusión: la fiscal Norah Córdova debe ser defendida públicamente, para que pueda continuar con el ejercicio de sus funciones necesariamente parcializadas, permitiendo a los ciudadanos conocer la verdad que la prensa no logra obtener, y así lograr la compensación por los delitos que el presidente Pedro Castillo ha permitido que ocurran en la Casa de Pizarro.

¿Un fiscal debe ser imparcial?

Cuando el 6 de octubre de este año, fruto de los radicalismos y los desplantes de su antecesor Guido Bellido, Mirtha Vásquez asumiera el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, muchos parecieron tener un alivio, inclusive desde las filas de la oposición. Algunos llegaron a decir inclusive que Vásquez no era caviar, sino que era “una muy decente y capaz abogada de izquierdas”, como la calificó una conocida fujimorista. Sin ánimos de hacer escarnio de quienes tuvieron esta sobredosis de optimismo acerca de la nueva premier, lo cierto es que, con la acumulación de silencios, omisiones, errores y promesas incumplidas, lo mínimo que correspondería sería una renuncia o un pedido de censura por parte del Congreso.

El 1ro de diciembre, la premier prometió que, en aras de la ausente ‘transparencia’, se presentaría la famosa lista de personas que se reunieron clandestinamente en el pasaje Sarratea de Breña. Esto nunca sucedió. Inclusive en el último domingo, en Canal N, Vásquez afirmó que la dichosa lista fue entregada a la Procuraduría General que viene pidiéndola, algo que fue de inmediato desmentido por el titular Daniel Soria Luján al día siguiente. ¿A quién está buscando engañar? La Defensoría del Pueblo sigue pronunciándose sobre este asunto, y la premier mira para otro lado. ¿De qué transparencia estamos hablando? Mientras tanto, Pedro Castillo no da entrevistas, no va a declarar a la fiscalía sobre el escándalo de los ascensos militares reprogramando la cita, y así siguen paseando a la ciudadanía que pide respuestas.

La traición a la búsqueda de la verdad, por buena parte de las bancadas del Congreso tendrá un costo enorme; si bien es cierto que la vacancia presidencial no tiene mayoría, en noviembre existía un 49% que sí estaba a favor o que podría estarlo, según encuestas de Ipsos Apoyo. La moción no necesitaba de mayoría, sólo de 52 votos (40% de los escaños), por lo que ciertamente el Congreso le dio la espalda a la calle en esta decisión. Acción Popular se echó para atrás en su totalidad, y pagará el costo de esta tibieza -o mal cálculo político-, ya que ahora intentan censurar a Maricarmen Alva para removerla del cargo de titular del Congreso, lo que sería un desastre ya que la coalición centro-izquierda se impondría anulando a la oposición de modo permanente. Con una cortina de humo armada por la izquierda más rancia del país -como Hildebrandt en Sus Trece- y los operadores políticos del castro-chavismo internacional, intentan engañar a la población señalando que Alva habría pedido una interferencia en nuestro país.

La realidad es que quienes vienen interfiriendo hoy de manera impune, al punto de prácticamente avanzar hacia una colonización del Perú por parte de la esfera geopolítica delincuencial de Evo Morales -y el eje La Habana/Caracas-, son precisamente ellos: Guillermo Bermejo, Guido Bellido y demás secuaces de Vladimir Cerrón. Frente a ello, cuando interrogan a la premier respecto a la injerencia del pedófilo boliviano en la política nacional, señala que no puede hacer nada, ya que “no podemos prohibirle que ingrese al país”. Ese es precisamente el problema, no hace nada. Pero cuando tiene que afectar los intereses nacionales ahí parece bastante activa, pobretea a delincuentes vinculados a Movadef que incendiaron las instalaciones, y les promete algo ilegal como el cierre de minas. La cereza del pastel es el lema que hoy promulga como oficial del Perú, marcando un hito hacia nuestro camino bolivariano.

El rol de Mirtha Vásquez en este momento es el de cómplice. Si supuestamente la vacancia fue evitada para no generar inestabilidad en el país, lo mínimo que debería de buscar el Congreso es la salida de Vásquez por sus actos y también como costo político de un gobierno corrupto, con afinidades dictatoriales, absoluta falta de transparencia, incapacidad económica, y vínculos con mafias narcoterroristas. Varias bancadas están discutiendo su permanencia en el cargo, y esperamos que -ya que muchos traicionaron a la calle a cambio de favores-, se pongan los pantalones y hagan control político de una buena vez.

¿Para cuándo renuncia Mirtha Vásquez?

Desde un principio, a partir de la presentación de la moción de vacancia presidencial por parte de la congresista Patricia Chirinos, nuestra posición editorial ha sido muy clara: en una democracia, la labor de un presidente no consiste en repartir ministerios y en lanzar discursos en el estrado de modo unidireccional; sino que incluye necesariamente la rendición de cuentas de las decisiones del Ejecutivo -incluyendo, por supuesto sus delitos-. En el gobierno de Pedro Castillo esto no existe. La ausencia de explicaciones no se da sólo en los escándalos de corrupción que rodean a Palacio de Gobierno -que se multiplican cada día-, sino respecto a todos los ámbitos; es por ello que el Defensor del Pueblo publicó un reciente informe pronunciándose en contra de la hostilidad que el régimen de Castillo viene ejerciendo contra la prensa, la encargada de ejecutar las indagaciones que la sociedad civil sobre los que imparten el poder.

Como antes hemos expresado, el Perú no merece un presidente que, cuando es acusado públicamente de cometer delitos, se esconde del país y de la prensa evitando dar explicaciones. El procedimiento de vacancia presidencial es el único proceso constitucional que permite obligar al presidente a declarar al país ante el Pleno del Congreso. Gobernar es rendir cuentas. Por lo tanto, la posición de “el centro” -representada, por ejemplo, por César Acuña- es incongruente: porque donde no existe rendición de cuentas no existe gobierno ni gobernabilidad. Hoy inicia el pleno legislativo sin los votos asegurados para la admisión de la moción de vacancia, y parece depender de los congresistas disidentes que opten por desacatar las decisiones de los líderes de sus bancadas. No sorprende ver a Vladimir Cerrón -luego de condenar por semanas al gobierno de Castillo de traidor- hoy resolviendo que no apoyarán la moción calificándola de golpismo.

Para comprender qué pasa por la mente del líder de Perú Libre, hay que ver la figura en un horizonte de tiempo mayor: las elecciones regionales y municipales, que se realizarán en octubre 2022, definirán las bases esenciales de poder de este partido. A Cerrón y a su partido, no les conviene electoralmente vincularse con un gobierno que hace agua por todos lados, responsable del deterioro económico y con nuevos escándalos de corrupción cada semana; es por este motivo que juega a hacerse “el opositor”. Pero no se dejen confundir, ni Bellido ni Cerrón serán jamás aliados de la oposición, ni siquiera a nivel circunstancial; y si lo fueran, habría que preocuparse y manejarlo con mucho cuidado. Esta decisión es una maniobra cortoplacista que prioriza la retención del poder en Palacio, a costa de revivir un régimen que agonizaba. Lo salvan a costa de darle la mano a un gobierno desaprobado por 2 de cada 3 peruanos. Esto les pasará factura en el mediano plazo.

Otro punto relevante detrás de este cierre de filas de la izquierda es la presencia de Carlos Rafael Zamora alias ‘El Gallo’, como embajador de Cuba en el Perú, el cual es un agente de inteligencia que vino en 2019, luego de ser retirado de su puesto de embajador en Bolivia tras promover disturbios en las calles durante la caída de Evo Morales. Existen rumores de que sería la mano negra detrás de la unión de las facciones de izquierda, priorizando la retención del poder en el Ejecutivo, a costa de los “intereses individuales” de mediano plazo, como en el caso de Perú Libre ya mencionado. No deberíamos de subestimar el poder que tienen las estructuras y redes supranacionales vinculadas al Foro de Sao Paulo, que vienen influyendo en la política doméstica con fines geopolíticos muy evidentes: incluir al segundo mayor productor de cobre del mundo -nuestro país- dentro de la esfera de influencia de las potencias asiáticas.

Finalmente, la vacancia es un medio, no el fin. Por eso reafirmamos que el objetivo superior y de largo plazo no es la vacancia de Pedro Castillo, sino la restauración de un gobierno democrático que respete el orden constitucional republicano. Si las bancadas no votan a favor de la moción, el gobierno sigue con escándalos cada tres días, y la economía sigue deteriorándose; la responsabilidad quedará en quienes hoy conservan el poder o son cómplices de este. La labor de la oposición en este contexto es producir dos cosas: 1) una narrativa que señale claramente a los responsables del desgobierno que seguiríamos padeciendo, y 2) un proyecto político unificado que le dé una alternativa sensata, democrática y honesta a los electores decepcionados por este gobierno, quienes, sin ninguna duda, serán más por cada día que Castillo siga en el poder. Sin cumplir estos puntos, así se vacara a Castillo mañana, el objetivo real de largo plazo sería imposible: defender al Perú de sus enemigos.

Vacar a Pedro Castillo no es el fin

¿Qué significa gobernar? El gobierno es el pilar operativo más importante de un estado, y aquel que emana directamente del poder político. No es el único pilar, ya que existen otras instituciones que no dependen (o no deberían de depender) del poder político, como lo son los organismos autónomos, el poder judicial, el banco central, y similares. Gobierno es un término que proviene de la palabra griega

, que significa literalmente “pilotear un barco”. Por lo tanto, gobernar significa pilotear, dirigir, dar “un norte” a un estado en cuanto a objetivos de corto, mediano y largo plazo. El gobierno en democracia, además, implica hacer lo anterior en respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho, así como hacerlo rindiendo cuentas al soberano en una república, que es “el pueblo”.

Pedro Castillo, en sus casi 120 días de gobierno se ha caracterizado por tres cosas: 1) un discurso populista rampante lleno de eslóganes vacíos en apelación a un pueblo que en un 58% no confía en él, 2) la falta de capacidad para tomar decisiones, lo cual se traduce en el constante cambio de autoridades ministeriales por diversos escándalos de corrupción, de nepotismo, de iniciativas anticonstitucionales y de vínculos con el terrorismo, y 3) la ausencia absoluta de rendición de cuentas a la ciudadanía por estos hechos, los cuales sólo siguen acumulándose en la tinta de los diarios, pretendiendo que con meros ‘cambios de fusibles’ basta para esconderlos bajo la alfombra. Sin temor a equivocarnos, Pedro Castillo ha instaurado en el Perú la anarquía y el desgobierno, con un halo de corrupción, mercantilismo y chabacanería sin precedentes. Por lo tanto, a la pregunta, ¿existe gobierno en el Perú? Nuestra respuesta es contundente: no.

¿Por qué se da esto? Se da por múltiples causales. Algunas de las más importantes son, en primer lugar, al hecho de que Castillo se lanzó en una candidatura de manera absolutamente improvisada, llevándolo a intentar armar un gobierno sobre la marcha, donde inclusive el propio partido que lo llevó al poder hoy parece bajarle el pulgar; manifestando con ello una enorme irresponsabilidad frente al país. En segundo lugar, su más que evidente incapacidad profesional y (hasta) emocional para manejar al país en medio de una crisis política que el país ya arrastraba desde antes del desarrollo de los comicios electorales de este año. Y finalmente, esto también se da por la total falta de principios y de responsabilidad histórica que viene mostrando parte de la oposición, presuntamente “centrista”, que viene pactando con este absoluto caos, en aras de una gobernabilidad que ya hemos demostrado: no existe.

A cambio de intereses propios de mercachifles, y subordinando a ello el rol político que les corresponde en estos tan bajos y tristes momentos para nuestra historia republicana, Acción Popular y Alianza para el Progreso, siguen indefinidos frente a la crisis de desgobierno total que vivimos en el país. La ausencia total de intenciones de enmendar, rectificar, o corregir la línea (o más bien, el garabato) de este desgobierno, es lo que a nuestro juicio configura como incapacidad moral permanente para gobernar. Crisis tienen todos los gobiernos; pero lo que no puede tolerarse, es que no se responda ni una sola palabra al país acerca del fondo de estas crisis, pretendiendo que se dejen pasar sin haber enmendado ninguna de las dudas legítimas de un pueblo que confió en esta autoridad. El pueblo representado -el Congreso- ahora tendrá que decidir si pactará con este gobierno que se hunde, o pondrán por delante a la patria y al Perú.

La moción de vacancia presidencial tendrá los votos para aprobarse, y si aún no ha sido presentada es simplemente porque -a consejo de muchos- la oposición está esperando contar previamente con los 52 votos necesarios. La indagación pública se dará en el hemiciclo. Será necesaria y vital para que el país y las bancadas entiendan al fin qué está pasando en Palacio de Gobierno, que parece hoy convertido en un circo de mala muerte, decadente, y con gracia sólo para aquellos que elegimos reír antes que llorar.

Crónica de un (des) gobierno

Ayer se puso sobre el tapete -oportuna o inoportunamente- el asunto clave sobre el que gira todo el acontecer político nacional desde que el presidente Pedro Castillo asumiera su mandato el 28 de Julio de este año. Son casi 4 meses, que parecen 3 años, con una secuencia inacabable de escándalos vinculados a personajes de baja calaña, con hojas de vida muy cuestionables, con bajo nivel de preparación; pero lo que es más grave aún es la tolerancia -que muestra el presidente con su silencio- a la corrupción, al tráfico de influencias, al mercantilismo y a la contratación por vara que envuelve a todo su gobierno. Sin olvidarnos por supuesto, de todo el inmenso caso criminal de “Los Dinámicos del Centro” que envuelve a la organización política que lo llevó al poder, y con la que sin ninguna duda tiene complicidad y deudas por pagar.

La aprobación de Castillo viene en picada y los indecisos también. Ya cada vez los peruanos vamos quitando el “beneficio de la duda” sobre el que es sin duda uno de los puntos más bajos en la historia política de nuestro país. La desaprobación del presidente, según Ipsos-Apoyo, alcanza el 57% y sólo 35% -uno de cada tres peruanos- aprueba su gestión, en a penas 115 días de mandato. Entre septiembre y noviembre, los niveles socioeconómicos C, D y E -donde el maestro chotano tenía fuerte aprobación-, son los que más han visto reducida su aprobación, todos con una caída entre 17 y 19 puntos porcentuales. El tan mentado “pueblo”, que dice representar y encarnar jacobinamente, le da la espalda al ver cómo es que el gobierno que prometía “no más pobres en un país rico” se dedica a enriquecer a los amigotes del partido, mientras los precios siguen subiendo, y ni los salarios ni el empleo suben por casualidad.

Se han evidenciado, además, varios vínculos criminales que tiene el gobierno, tanto con el terrorismo como con el narcotráfico, confluyendo con intereses de verdaderas mafias internacionales como lo son el Foro de Sao Paulo y el Cartel de los Soles que se alimentan de la hoja de coca producida en el Perú, -motivo por el cuál están tan interesados en detener su erradicación-. Mantenerse “vigilantes” y garantizar la gobernabilidad, no es más que reconocer que debemos permitir que nos gobierne el crimen y la corrupción, mientras estos se apoderan de las instituciones en camino a la consolidación de un proyecto totalitario con pronóstico ya conocido en la región. Algunos hablan de “balas de plata” y de ser “estratégicos” frente a este contexto; que el Congreso debe calcular sus siguientes pasos.

El asunto que parecen no entender quienes mencionan esto, es que en este caso el Congreso sí está siendo estratégico, la pregunta es: ¿con qué fin lo está siendo? ¿Lo está siendo para evitar que el Perú se convierta en una dictadura? ¿Para evitar una eventual Asamblea Constituyente? ¿Para evitar que se sigan robando el dinero de los peruanos con tráfico de puestos públicos? Nosotros creemos que el objetivo parece ser evitar el riesgo de perder un puesto seguro -su escaño congresal- en un contexto de crisis económica que se viene agravando precisamente por culpa del presidente Castillo. En este caso, los intereses generales no confluyen con el del Congreso: ellos pueden esperar a que el país se desbarranque con un gobierno marxista-leninista, la pregunta es, ¿cuánto puede esperar el informal que perdió su empleo? Y, sobre todo, ¿qué sucede si esperar ese tiempo vuelve irreversible el daño causado?

Por ello, para romper ese “equilibrio” en el que los congresistas -inclusive de supuesta oposición- están bastante cómodos con esperar que se joda (más) el país para recién ahí plantear una vacancia es que se necesitan iniciativas fuera de la política formal y partidaria para obligarlos a tomar una posición. Hoy vemos a varios políticos de la supuesta “extrema derecha” diciendo que no es el momento, pero si no fuese por la congresista Patricia Chirinos, los ciudadanos que vemos cómo el país se descalabra, ni siquiera obtendríamos respuesta de qué rayos estamos esperando para vacar a quien fuera un operador político de Sendero Luminoso.

Hay que romper el "equilibrio vigilante"

Reafirmamos que, en este contexto, en el cual el presidente Pedro Castillo presenta testimonios que lo acusan de haber cometido crímenes que afectan a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas -y que revelan un intento de menoscabar su independencia con objetivos siniestros-, el Congreso de la República no puede contentarse con la simple renuncia del ministro de Defensa Walter Ayala, el cual sólo seguía órdenes del mandatario. El avance de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso es apropiado; hoy, en base a las pruebas presentadas por los excomandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército del Perú (EP), la comisión decidirá si es que solicita facultades al pleno para iniciar un proceso de investigación por estos presuntos crímenes en aras de beneficiar a los coroneles EP Ciro Bocanegra y Carlos Sánchez. Sin embargo, esto debe escalar a una discusión mayor y más fundamental.

Los vínculos entre el presente régimen, que controla al Ejecutivo de nuestro país y que es liderado por el presidente Pedro Castillo, con movimientos comunistas de todo tipo son más que evidentes. Los motivos para sospechar de sus intenciones en la búsqueda del control de las Fuerzas Armadas (FFAA) bastan y sobran para exigirle que: o aclare qué fue lo que sucedió, o que se retire del cargo. Las FFAA no son del presidente de la república, ni le deben lealtad a él; las FFAA en una democracia le deben lealtad a la Constitución Política, a esa misma que el presidente Pedro Castillo busca desmantelar, y que -por supuesto- no le anima en demasía el ceñirse a ella de manera rigurosa. ¿Saben dónde sí las FFAA tienen lealtad con el presidente? En Nicaragua, en Venezuela, en Irán, y en los países en los que Castillo ha venido colocándonos como aliados, a través de sus gestos políticos. Castillo ha calificado de democracia a Venezuela.

Es por este motivo, que esta crisis no puede resolverse con la simple renuncia del ministro Ayala, o con el proceso de investigación de una comisión del Congreso, aunque sea necesario para conocer más detalles del caso. Sin embargo, no basta porque el Perú no merece un presidente que, cuando es acusado públicamente de cometer delitos, se esconda del país y de la prensa sin dar la cara y sin dar las explicaciones del caso. El único proceso constitucional que permite obligar al presidente a declarar al país pasa por el Congreso y es el procedimiento de vacancia presidencial. Da lo mismo si es que existen o no los votos, ese no es el asunto. El asunto es que Castillo debe responder al país. Y si no puede dar explicaciones que justifiquen sus acciones, quedaría demostrado que Castillo efectivamente tiene un plan para desmantelar la democracia y la vacancia tendría que ser una obligación por parte del Legislativo.

Y es que no basta haber ganado una elección para ser un demócrata. Alberto Fujimori la ganó y gobernó como dictador. La democracia no puede suicidarse en aras de permitir que -así haya obtenido la mayoría- se gobierne sin separación de poderes, buscando ‘copar’ las FFAA con amigotes que luego permitan controlar los procesos electorales o Dios sabe qué más. Esta práctica bien calificada como ‘montesinista’, es propia de dictadores, que casualmente son todos muy amigos de Castillo. En el aniversario de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, que -a pesar de la violencia inducida por la izquierda- confirmó todos los argumentos que tuvo el Congreso debe ponerse los pantalones y presentar una moción de vacancia presidencial. Nuestro sistema político y el destino de nuestro país dependen de ello. Ha llegado el momento.