Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke ha buscado hacer ‘control de daños’ luego de que el presidente Pedro Castillo exhortara al Parlamento la aprobación de una ley que permita la estatización del yacimiento de gas natural en Camisea. Declaró -a través de su cuenta de Twitter- que “nacionalizar el gas de Camisea no significa de ninguna manera estatizar la actividad privada”, y que por el contrario lo que se buscará es ponerlo al servicio de los peruanos, ya que esto serviría a la masificación del gas natural. El juego del policía bueno y policía malo continúa para confundir a la población y a quienes están poco informados del verdadero funcionamiento del sector energético en el país. La realidad dista de ser así de feliz, así de simple, así de alegre a como la intenta plasmar el ministro Francke con estas declaraciones.

En primer lugar, debemos entender que el recurso gasífero ya es propiedad del Estado peruano: el artículo 66 de la Constitución señala los recursos -no renovables en este caso, como el gas natural- son patrimonio de la nación, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Cabría entonces la posibilidad de que la izquierda diga que esto es un formalismo ya que del Estado dependerá que se aprovechen estos recursos de manera que beneficie a las mayorías; es decir, puede estar estatizado el recurso, pero podría no estar “nacionalizado”. Según esta definición de nacionalizar, el Perú debe poner en valor sus recursos naturales en beneficio de la nación. El ministro Francke, por lo tanto, cree que hoy el contrato de Camisea no beneficia a los peruanos.

¿Cuál es la situación actual de yacimiento? El yacimiento es explotado por concesión a través de un consorcio de empresas llamado Consorcio Camisea. Este contrato -junto a la suma de diversos pagos por regalías gasíferas- termina produciendo el pago del 65% de las utilidades del consorcio en favor del Estado peruano, alcanzando un valor de 13 mil millones de dólares de ingresos fiscales equivalentes al 24% del presupuesto público nacional. La carga tributaria es alta debido a que Camisea fue un proyecto en donde la empresa que empezó a operar el yacimiento (Repsol) no fue la misma que la que lo descubrió allá en los 80s (Shell), por lo que el riesgo de exploración fue nulo. Por lo tanto, la carga es alta pero justa. Por lo tanto, en principio el recurso ya está nacionalizado: le paga a los peruanos lo justo por aquello que explota.

¿Cuál es el problema entonces? Que la izquierda -al igual que todos nosotros- quisiéramos que el gas natural se masifique y llegue a todos los hogares a modo de instalaciones de gas que reemplacen al balón de GLP -de otra fuente- que tiene un costo mayor. Pero lo que Francke, la izquierda, y ni mucho menos Castillo dicen, es que esto no tiene absolutamente nada que ver con el contrato establecido en el yacimiento de Camisea. Lo cierto es que este contrato sí permite la exportación del gas natural a través de su procesamiento en Pampa Melchorita; pero lo que tampoco dice la izquierda es que esto es producto de que NO hay demanda suficiente para que el gas se consuma en el Perú.

¿Y por qué no hay demanda nacional? Porque no existen las instalaciones de distribución en las ciudades para que el gas se distribuya a los hogares. ¿Y por qué no existen? Porque el Estado ha fallado al establecer concesiones de distribución del gas natural que se hacen en las ciudades, con otras empresas que no tienen nada que ver con el Consorcio Camisea, como en el caso de Cálidda para la distribución de gas en Lima. Unas están al final de la cadena, y Camisea está al inicio. La falta de demanda es fruto del fracaso del Estado para concesionar adecuadamente la distribución del gas natural; como no hay demanda nacional, así quieran, los operadores de Camisea tienen que venderlo en el extranjero para hacer funcionar las operaciones.

¿Es mala la exportación de gas natural? Sí y no. Si pudiéramos distribuir el gas natural distribuido por ductos a los peruanos pagarían menos por sus balones de gas, sin duda. Pero la exportación del gas natural permite pagar las cuentas del Estado peruano en un 24% de su presupuesto público. ¿Nada mal no? Con este dinero se pagan bonos, se operan los ministerios, se distribuye canon gasífero, entre muchas cosas. Por lo tanto, en resumen, la estatización del yacimiento ya existe, la nacionalización del yacimiento también, y la ‘nacionalización’ del gas natural -es decir, lograr que les llegue a todos los peruanos- NO pasa por renegociar el contrato con el yacimiento, ni mucho menos robarle las instalaciones a la empresa. Dejen de mentir, Fracke y Castillo, no sean populistas.

¿Estatizar o nacionalizar ?, ambos sinsentidos

La iniciativa que presentó ayer la premier Vásquez -con carácter de urgencia y a última hora- no fue atendida por el Pleno del Congreso, por lo que publicó en sus redes sociales que lamentaba que el Congreso renuncie a un debate “amplio y plural”, aprobando una ley que, según ella, pone en riesgo el equilibrio de poderes. Cabe una reflexión aquí de cómo es que la izquierda suele distorsionar el concepto de democracia y de debate público en función de sus intereses. ¿Por qué la discusión de esta nueva ley, realizada durante varias semanas en el Legislativo, no podría ser calificada de amplia y plural? ¿Qué prerrequisito debe tener este procedimiento para saciar las expectativas de la premier? ¿O es que acaso que sólo se es “amplio y plural” un debate cuando se hace lo que el Ejecutivo está buscando?

La propuesta presentada por la premier Vásquez pretende modificar las causales para la vacancia presidencial de modo que la “incapacidad moral permanente” pase a ser “incapacidad física o mental permanente”, y esta sólo podría darse en caso de muerte, o la acreditación por parte de una junta médica de que el presidente no pueda ejercer sus funciones, y además requeriría del voto a favor de una mayoría calificada del Congreso. Sin embargo, no queda ahí, sino que se pretende imposibilitar también la censura de los ministros por asuntos que no sean propios de su función; es decir, si existe un ministro que no reconoce a sus hijos, que realiza conductas inmorales repetidas, etc., quedaría protegido y sin posibilidad de ser removido por el Legislativo. Finalmente, a modo de “compensación” también se removería el requisito de investidura de un nuevo gabinete ministerial, reduciendo las posibilidades de que el Congreso pierda “balas” en estas ceremonias.

Este proyecto claramente busca mantener la posición de dominio en la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo; cuando -en nuestra opinión- la propuesta aprobada ayer por el Congreso, sólo busca retornar al equilibrio de poderes perdido a partir del uso abusivo de la cuestión de confianza por parte de Martín Vizcarra, llevando a la disolución del congreso en el 2019. Pero retornando a la reflexión acerca de la falta de “amplitud” y de “pluralidad” que tuvo la aprobación de la reforma, cabría preguntarse: ¿para qué votamos este año por un Congreso? ¿No están acaso representadas en las bancadas políticas las distintas opiniones que tiene el debate público nacional? ¿No tienen cada una de ellas pesos de acuerdo con la cantidad de personas que piensan como ellos? ¿Por qué, señora Vásquez, el debate al interior del Congreso no sería plural y amplio?

La única explicación racional de esta interpretación es que la premier Vásquez -y en consecuencia el presidente Pedro Castillo- tienen un concepto bastante flexible de la necesaria “amplitud y pluralidad” de un debate. La amplitud y la pluralidad se miden en función de si al Ejecutivo -que ha sido elegido para ejecutar, y no para legislar- se le otorga un peso mayor al que las urnas le han otorgado. Por lo tanto, ¿cómo puede ser esta visión una que pretenda garantizar “el equilibrio de poderes”, cuando lo que busca es desconocer el lugar que le corresponde a cada uno de los poderes -en este caso, la conformación del parlamento en base a la democracia representativa-?

Finalmente, ¿cómo puede pontificar acerca de la democracia una presidenta del Consejo de Ministros que representa a un gobierno que acaba de reconocer como legítima a la dictadura de Nicolás Maduro? La pregunta sería, ¿qué clase de democracia es la que busca instalar nuestro nuevo presidente? ¿Democracias como China, Rusia, Irán y Bolivia -países aliados de Venezuela-? El tiempo saldará estas preguntas. Mientras tanto, el Congreso debe defender lo construido en base al consenso y a los espacios de democracia republicana de los que aún goza nuestra república.

La falsa “amplitud y pluralidad” que exige el Ejecutivo

La situación actual, producida a partir de la elección de Mirtha Vásquez como nueva presidenta del Consejo de Ministros, amerita una evaluación de la nueva reconfiguración de fuerzas políticas, alianzas y deslindes que continuarán en adelante marcando la pauta de la agenda nacional. El secretario nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón está buscando restarle apoyo a la nueva premier propuesta por Pedro Castillo, a pesar de que un hombre muy ligado a sus intereses -como Luis Barranzuela- detenta el Ministerio del Interior en este gabinete. La “facción cerronista” insiste en que la bancada debería de rechazar al gabinete Vásquez, en contradicción a la “facción magisterial” que cuenta con 13 congresistas de los 37 que conforman el partido del ‘lápiz’.

Mientras tanto, se supo este fin de semana que Pedro Castillo se reunió “secretamente” con el Partido Político Magisterial y Popular, quien en el pasado lo ha señalado a él como su líder, por más que Castillo no lo haya reconocido pública y oficialmente como su partido. Además, Dina Boluarte y Betsy Chávez han recientemente comunicado que “no les amedrenta la amenaza de expulsión” del partido de Vladimir Cerrón. Pareciera que Cerrón busca llevar la cuerda tan tensada, y permanece tan inflexible que el resto de las figuras de su movimiento están buscando dejarlo sólo. Bien dice el dicho “lo que no se dobla, se rompe”; y en la política se aplica muy bien, la adaptabilidad a los nuevos entornos es clave para la supervivencia. Ahora, ¿esto es una buena noticia?

Lo será si la oposición juega bien sus cartas, pero “descerronizar” el gobierno, no es sinónimo de moderarlo. La facción magisterial de Pedro Castillo sigue siendo extremista, Mirtha Vásquez pertenece al Frente Amplio de Marco Arana que siempre ha buscado una nueva constitución, y ni hablar de los “rezagos gratuitos” que continúan en el gabinete, como Luis Barranzuela. Lo que aquí debe quedar claro, es que el gabinete tiene que ser un reflejo de las fuerzas políticas que le den la confianza: por eso no es admisible que la oposición -Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular- le den el voto al ministro de Interior ‘cerronista,’ mientras Cerrón vota en contra. ¿Cómo sería posible tolerar este escenario?

El espacio que deja Cerrón al no dar la confianza tiene que generar una presión clara por parte de la oposición para que se amplíe el espectro ideológico del gabinete. Hoy se publicó que el 57% de los peruanos cree que el Congreso de la República debe: o no dar el voto de confianza, o exigir la salida del ministro del Interior, según una encuesta nacional de Ipsos. La inflexibilidad de Cerrón está generando que el “centro de gravedad” de las fuerzas políticas se mueva a la derecha, y no puede ser posible que la oposición no exija a cambio de sus votos: que se expulse a los ministros cuestionados y radicales, y que además se exija que los ministros decentes de sus propios colores políticos conformen el gabinete.

La responsabilidad de obtener la confianza es del presidente Pedro Castillo, no del congreso. Si Vásquez no convence, y no logra el consenso por incluir a un abogado defensor de traficantes de armas y aliado de Cerrón -cuando adicionalmente ni él mismo votará por ella-, la negación de la confianza será de entera responsabilidad suya y de Castillo. La oposición debe de exigir su lugar en el gobierno a cambio de sus votos, o como mínimo exigir la salida de los impresentables y la renuncia del avance hacia una Asamblea Constituyente. De otro modo, la oposición debe negar la confianza.

‘Descerronizar’ no es moderar

Hoy se supo que Vladimir Cerrón, secretario general del partido que -se supone- gobierna nuestro país, ha llamado a rechazar el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez, tildándolo de ‘gabinete caviar’, y señalando que su ratificación como premier representaría una inconsecuencia con los principios de Perú Libre. En el comunicado que presentó en sus redes sociales -donde suele ser un ávido twittero- describió a esta conformación ministerial como integrada por: partidos sin inscripción, sostenidos por ONGs norteamericanas y quienes han cogobernado en los últimos cuatro gobiernos. Por ello, la Asamblea Extraordinaria de Perú Libre, exhortó a los congresistas de la Bancada de Perú Libre a no otorgar el voto de confianza al gabinete. ¿Pero esto realmente se ejecutará?

El domingo pasado, Óscar Zea -congresista de Perú Libre- estimó que entre seis y siete parlamentarios de su bancada votarían a favor del gabinete Vásquez, contradiciendo las declaraciones de Waldemar Cerrón quien calificó de “traición” a la conformación de este nuevo gabinete. Hoy, luego del comunicado, la congresista Katy Ugarte anunció que desconocerá el comunicado de Cerrón y que por lo tanto dará el voto de confianza al ‘gabinete caviar’. Todo hace pensar que el corrupto secretario de Perú Libre va a presionar para que sean sancionados y separados los congresistas que no se alineen con su agenda, lo que podría llevar a un fraccionamiento de la bancada más grande del Legislativo, con 37 curules.

No sabemos a ciencia cierta qué porción logrará obtener cada facción de estos escaños -tan valiosos en estos tiempos de inestabilidad política- sin embargo, tras la caída de Bellido marcharon con Waldemar cerca de 8 congresistas; y como decíamos, 8 son los estimados por Zea que votarán a favor de Vásquez. Según analistas congresales, los bloques están conformados por 14 curules con Castillo y 23 curules con Cerrón. Sin embargo, sabemos que cerca de la mitad de la bancada de Perú Libre está vinculada al sector educativo estatal, del cual Pedro Castillo es representante, así que todo hace pensar que en el largo plazo la división podría llegar a ser relativamente equitativa. Sea como sea, Castillo no deja de ser el titular de un pacto político con el Conare-Sutep, y sus vínculos con Movadef seguirán estando presentes en todo su accionar futuro.

Lo cierto es que Cerrón algo de razón tiene al señalar que existe una “caviarización” del gabinete, siendo Mirtha Vásquez claramente afín al vizcarrismo y a este segmento de la izquierda ‘oenegera’. No obstante, la alternativa que nos propone es peor sin ninguna duda, su representante en el actual gabinete es impresentable y ha sido el abogado defensor de criminales serios como traficantes de armas y afiliados al terrorismo.

Existe aquí una consecuencia que deberá ser considerada, ¿cómo afecta esta reconformación del gabinete a la unidad de la oposición? La fuerza centrífuga que produce el auge de los caviares en el gobierno podría abrir las grietas de la alianza clara establecida entre Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular. La proyección más superficial haría pensar que tanto Avanza País como Fuerza Popular darían el voto de confianza; acerca de Renovación Popular cabrían dudas.

Por parte de la presente redacción, creemos que el nuevo gabinete es una mejora relativa en relación con Guido Bellido, y que se le debe dar el voto de confianza a Mirtha Vásquez -aunque exigiendo con contundencia- la salida de Barranzuela y los demás ministros impresentables como el de Educación, Carlos Gallardo, quien estuvo contra la meritocracia en la carrera pública magisterial. Esperamos que la oposición continúe unida en la lucha contra la convocatoria a una Asamblea Constituyente sin aprobación del Congreso, lo que sin duda representa un golpe de estado a nuestra república.

¿El cisma comunista?

El auge en la escena política del partido del lápiz debería de llevarnos a una reflexión profunda en relación con el trasfondo del proceso que está viviendo nuestra república. La fragmentación política, económica, cultural, -e inclusive informativa- que sufre el Perú, aunque evidente para muchos, es el fundamento de sus actuales problemas. La brecha entre Lima y el interior, entre formales e informales, entre quienes hablan quechua, aymara o español; o inclusive entre quienes ven Willax y escuchan radios regionales subversivas. En el fondo del problema está las preguntas atrevidas pero fundamentales, ¿tenemos en común los peruanos algo más que habitar un área redondeada por nuestras fronteras? ¿en qué consiste ser peruano? ¿es lo que cada uno crea? ¿puede el sistema político actual sostenerse en el largo plazo sin resolver esto?

Son todas preguntas que saltan a la luz -o deberían- para todos los que analizamos la coyuntura nacional y nos preguntamos -como Zavalita- si es que acaso alguna vez “se jodió el Perú” y desde cuándo. Esto me lleva reflexionar sobre los distintos momentos históricos donde realmente se pensaba al Perú desde un prisma original y nacional, y no desde la importación acrítica de ideologías simplonas que no se fundamentan en la realidad peruana. El debate nacional respecto a qué es ser peruano se dio muchas veces y de manera constante a lo largo de nuestra historia, y hoy se ha perdido mucho ese enfoque. Pensadores como José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Víctor Andrés Belaunde Diez-Canseco, Manuel Gonzáles Prada, entre muchos otros, forjaron el debate en torno a este problema, cada uno desde sus distintos ángulos y marcos teóricos.

¿Por qué esto importa? Porque cuando escuchamos a Pedro Castillo reavivar los odios profundos entre los peruanos, basados en la reivindicación del indigenismo y de la leyenda negra española como género de discurso, donde el oprimido quechua-hablante fue siempre explotado y marginado, jamás integrado al orden virreinal explotador y extractivista; lo que estamos escuchando es a José Carlos Mariátegui en versión empaquetada. ¿Pero es que acaso no hay ni hubo alternativas a esta posición donde la lucha de clases fuera el fundamento de la evolución histórica del Perú? Por supuesto que sí. Y sólo regresando a los pilares de ese debate es que se podrá enfrentar en el largo plazo al marxismo-leninismo -que hoy hace hincapié en las grietas irresolubles de la Patria por la ley histórica del materialismo dialéctico-.

Por ejemplo, para Belaúnde Diez Canseco la peruanidad no se podía entender sin la nación creada en base al cristianismo y al mestizaje, promovido por el orden político español, que, a pesar de sus excesos en la Conquista, logró la constitución de un nuevo pueblo sobre la base de una misma religión y lengua. Esa es una alternativa, como puede haber muchas otras en respuesta a la tesis planteada por Perú Libre. Lo cierto es que sin ideas no se puede ganar al marxismo-leninismo. Importando ideologías y movimientos extranjeros que no tienen correlato con nuestra realidad histórica, tampoco. Cuando vemos que Perú Libre avanza en la ‘liberación’ del Vraem, en la idea de una república ‘plurinacional’, en su economía ‘popular con mercados’, en su justificación -aunque clandestina- del accionar de Sendero Luminoso; ¿sólo tenemos para decir que están mal? ¿Cuál es la propuesta?

Esta es la labor pendiente que tiene la intelectualidad contraria al proceso revolucionario que -sin ninguna duda- seguirá en pie desde el gobierno del presidente Castillo. Ante el resquebrajamiento de aquello que nos une, debemos reevaluar, ¿por qué no tiene razón Castillo al dividirnos en razas, lenguas y regiones? No la tiene porque nuestro país se funda, queramos o no, sobre el orden político español superpuesto a la teocracia tahuantinsuyana, sobre una misma lengua y religión durante 300 años -más de los que tenemos como república-. Este es el debate de fondo, y el único camino posible para un movimiento de derecha que deje de defender intereses y empiece a defender principios e ideas.

El resquebrajamiento de  la peruanidad

El nuevo gabinete será tomado por muchos como un triunfo y una buena señal, al haber logrado el “quiebre” de Pedro Castillo con el cerronismo, tan anhelado y promovido por la opinología de izquierda ‘democrática’ que pululan en el debate público. Sin embargo, esto es pura narrativa y distracción. El radicalismo sigue en el gobierno en pie de lucha, la nueva Constitución seguirá en agenda, e inclusive los hilos de Cerrón continúan -eso sí, con menor intensidad- al interior del gobierno y del gabinete. Lo que está detrás de estos cambios en el gabinete no es más que un nuevo pacto de gobierno; uno donde se ha incluido ya no al ala exclusivamente cerronista, sino que se le ha dado cabida a un espectro un poco más amplio de la misma izquierda asambleísta y radical de siempre.

No hay mayor evidencia de esto que las propias palabras del congresista Guillermo Bermejo, cerronista radical, que ha señalado esta mañana que las modificaciones en la fórmula ministerial son correctas ya que estas “refrescan el gabinete sin perder el rumbo”. Si bien es cierto que Waldemar Cerrón ha calificado este movimiento como traición, hay que comprender los incentivos detrás de quien hoy lidera la bancada de Perú Libre, quien evidentemente tiene que contentar discursivamente a sus bases. La realidad, es que un hombre de confianza, como lo es Luis Barranzuela -socio de Raúl Noblecilla, abogado de Vladimir Cerrón y de Guillermo Bermejo- será quien lidere la cartera del Interior a partir de estos cambios; y por tanto estará en sus manos el paso a retiro de oficiales de la Policía a partir de diciembre.

En sí misma, Mirtha Vasquez no es una persona moderada; con mejores formas y más educada políticamente, la nueva premier continúa la línea de Pedro Castillo. Es de Frente Amplio -el partido de Verónika Mendoza-, quien ya tenía una alianza con el actual oficialismo desde la segunda vuelta electoral. Además, mientras fue presidenta del Congreso apoyó un proyecto de ley presentado por su colega de la Lenín Bazán, presentado en diciembre 2020 -muy cerca de su asunción al cargo-, donde se pretendía someter a referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además, ella pertenece al conjunto de políticos que representaron el nuevo poder de facto que se impuso en noviembre a partir de las marchas violentas que buscaron derrocar a Manuel Merino. Sus lealtades son claras.

Otra figura menos mencionada pero también importante es la nueva ministra de Cultura, Gisela Ortiz quien apoyó durante la campaña a Pedro Castillo, señalando que no se puede equiparar a Keiko Fujimori con el profesor, ya que la candidata de Fuerza Popular fue parte de la dictadura de su padre Alberto Fujimori.

En resumen, los modales mejorarán, la economía podrá ir algo más ordenada; pero la moderación no existe: la agenda radical de una nueva Constitución, de un estado más interventor, y de una izquierda marxista-leninista, sigue viento en popa.

Castillo no se ha moderado

La reciente propuesta del mandatario de avanzar hacia la Segunda Reforma Agraria con el objetivo de “terminar lo pendiente de la primera” ha puesto al país en expectativa (para mal). Esto debido a que -más allá de lo que podría ser considerado una política de desarrollo productivo ‘heterodoxa’- el título y el simbolismo político de anunciar la decisión el mismo día del golpe de estado de 1968 contra el presidente Fernando Belaunde Terry, por parte del general Juan Velasco Alvarado; parece demasiado provocador. Y lo es porque, en definitiva, fue -además de una política implementada en dictadura, un fracaso desde todo punto de vista: económico, político y social. Vamos a explicar por qué.

Lejos de ser una gran reforma, la Reforma Agraria iniciada en 1969, fue nociva para el Perú. El objetivo era terminar con el régimen latifundista -explotación agraria en grandes terrenos-, que era percibido como un problema debido a que no se aprovechaba la totalidad de la tierra. Desde la poltrona del poder, la fatal arrogancia de los gobernantes los llevó a creer que conocían mejor cómo planificar la economía desde arriba, considerando que el estado podría dirigir mejor la economía que los empresarios. Además, se consideraba que había mucho poder de negociación entre el dueño y el trabajador, lo que llevó a querer cambiar la estructura de la titularidad de tierras del país: un cristiano, había que expropiar.

¿Qué se hizo? 10 millones de hectáreas fueron expropiadas a latifundios y también predios menores, la mayoría de estos expropiados entre 1974 y 1975, a pesar de que se anunció la reforma desde 1968. Las haciendas se sustituyeron por cooperativas agrarias, que -manejadas por los trabajadores organizados- debían continuar con la producción; sin embargo, pronto aparecieron los problemas. La falta de capacidad logística y técnica de los trabajadores destruyó la capacidad productiva, y mientras en 1970 éramos exportadores netos de alimentos al mundo, en 1980 pasamos a ser importadores netos. Fue la antesala de la serie de crisis económicas que vivió el Perú en los años 80s.

¿Por qué cayeron las exportaciones? Porque la producción agrícola, que venía creciendo a ritmo constante desde 1950-1965, se estancó por más de 25 años por culpa del caos de la reforma agraria. Con el cambio del modelo económico a partir de 1992, hubo nuevamente confianza de los inversionistas para invertir en el sector agrario y recuperarlo. Sólo la inversión privada trajo un alza de salarios y de empleo sin precedentes en el pasado. Hay diversos “especialistas” que les gusta hacer el vínculo “pragmático” e “innovador” de señalar que sin Juan Velasco y su reforma agraria -aun así, fallida- Sendero Luminoso se habría desarrollado con mayor intensidad y en un menor plazo.

Ciertamente esta tesis da para el debate, pero habría que sumar un aspecto fundamental que no queda claro si lo consideran. ¿Qué fomenta más la revolución que la pobreza? Bueno, la primera reforma agraria prometió que el patrón dejaría de “comer de la pobreza del obrero”, y terminó obligando a comer de su propia pobreza. Entre esos años -1970 y 1985- la pobreza en el Perú de 35 a 42%, 7 puntos porcentuales, y sin haber llegado aún a la crisis hiperinflacionaria de García. Es difícil imaginar cómo es que una reforma que empobreció al Ande, y lo aisló de cadenas productivas que le permitían tener un trabajo, pudo ser un mitigador del conflicto social. Porque cuando se destruye la creación de riqueza, se perjudican todos.

Aún falta que sea presentado en limpio el proyecto de ley que pretende aprobar presupuesto para esta medida. Ese momento será el adecuado para evaluar realmente qué se está planteando. Pero: 1) no tomar en cuenta a las grandes empresas en el diseño, 2) y reivindicar a Velasco y a su reforma agraria; es sin duda, un pésimo inicio.

¿Hacia la segunda barbarie?

Como si del destino se tratara, se cumplen dos años desde el fatídico día en el que Martín Vizcarra interpretó fácticamente la negación de la confianza solicitada para modificar las reglas en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Le han seguido dos años de decadencia institucional, moral y económica desde la decisión que muchos peruanos aplaudieron -abriendo la puerta a un antiparlamentarismo rampante evidenciado en las encuestas-, que aunó todas las condiciones para el avance del populismo chavista y filosenderista que triunfó en las recientes elecciones. Algunos convenientemente querrán echar tierra a estos sucesos y desvincularlos; en El Reporte no vamos a hacerlo.

Hoy parece el destino cuando vemos cómo Bellido echa gasolina (¿o gas?) al entorno político creando una nueva crisis. Amenaza con hacer cuestión de confianza por -como mínimo- un filosenderista y -como máximo- un presunto autor de acciones terroristas como Íber Maraví; mientras tanto, Verónika Mendoza sale en televisión nacional a decir que Sendero Luminoso es cosa del pasado y que pasemos la página. Respecto a Castillo, hay versiones contrapuestas sobre lo que trae entre manos; por un lado, la presidenta del congreso María del Carmen Alva señala que en privado el mandatario le ha confirmado que no presentaría el recurso, y por otro, hay medios de comunicación señalando que es Castillo quien avala a Bellido. Es evidente que, si el presidente no aceptó la renuncia de Maraví, y además es de su facción maoísta-sindical, lo más probable es el segundo caso sea el que enfrentamos.

La oposición no está yendo al choque, pero tampoco se dejará pisotear. La titular del legislativo, Alva ha señalado que: “no están en pie de guerra, sino en reconstrucción nacional” y que no aceptarán amenazas contra la democracia vengan de donde vengan. No obstante, Keiko Fujimori ha salido apropiadamente a señalar que lo que toca en este momento es que los congresistas pongan su escaño en juego de una vez por todas, y enfrenten al gobierno que a todas luces busca establecer una dictadura comunista en el Perú. Para nosotros es momento de tomar el toro por las astas y poner a la patria por delante; el ministro Íber Maraví debe ser censurado y si Bellido pone su puesto en juego, ir hasta el final. Ambos son inaceptables para una república democrática.

Esperamos que, de una vez por todas, los congresistas de las bancadas de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, tengan decencia y no permitan que el Perú siga siendo mancillado por la presencia de quienes no condenan la violencia senderista como corresponde. Que simbolizan las heridas abiertas de nuestro país, y que tienen muchos indicios no sólo de simpatías por Sendero, sino que han actuado deliberadamente en favor de sus intereses.

Choque de poderes a dos años del ‘lagartazo’

Ante las recientes y nefastas declaraciones del premier Bellido en relación con el avance político sobre el Consorcio Camisea, es importante ir a los datos y conocer la historia. Es importante analizar lo que ha dicho en el tweet de ayer, señalando que: o se renegocian las utilidades a favor del Estado o se optará por la “recuperación” del yacimiento de gas. Si bien todo contrato puede renegociarse, cuando esta renegociación se impone sin alternativas para la contraparte ya no es realmente una renegociación sino un chantaje: o aceptas mis condiciones o te robo. El mensaje a los inversionistas internacionales es terrible pero no deberían de preocuparnos ellos -quienes suelen tener muchas formas de prever los riesgos políticos como este-; el verdadero afectado es el Perú.

Lo que viene haciendo avanzar a la narrativa de expropiación de los recursos naturales y el enaltecimiento del salvajismo velasquista -un dictador cuartelero de nuestra triste historia-, es la idea de que de alguna manera la “nacionalización” realizada por Evo Morales fue un éxito dentro de la afiebrada imaginación de sus seguidores. Pero esto es rotundamente falso. Todo en esa historia es mentira. En primer lugar, no fue una nacionalización velasquista, sino la implementación de una ley aprobada previamente por el Congreso antes de su mandato, donde se subieron los impuestos a las empresas de gas. Este proyecto no respetaba la estabilidad jurídica de los contratos, pero al menos fue aprobada por el congreso y el senado bolivianos, y Evo Morales no hizo más que implementar la ley luego de que asumió su mandato.

¿Qué piensa acaso Bellido sobre el congreso? La mayor muestra de que la mayoría no quiere lo que están buscando Castillo y Bellido es que nuestro Legislativo no ha presentado en forma alguna algún tipo de norma similar. Más allá de las fotos con militares, Evo Morales no hizo más que renegociar 44 contratos en base a esta ley aprobada por el Parlamento. No hubo confiscación de bienes; todo se compensó. Es justamente por esto que, a finales del año ninguna de las 17 empresas privadas de la industria petrolera había dejado el país. En Bolivia el Estado ya era dueño del subsuelo -como acá-, pero pasó a serlo también del gas luego de su extracción, de manera que ellos decidieran su comercialización. Esta es precisamente la propuesta de campaña de Perú Libre: “que el gas siga siendo del Perú luego de extraído”.

Ahora bien, ¿esto significa que no tuvo consecuencias y todo fue felicidad? Ni mucho menos. Lo que el estado boliviano ganó aumentando unilateralmente las regalías y pagando millonarias indemnizaciones para comprar el 51% de las empresas subsidiarias de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo perdió con un efecto colateral: las inversiones extranjeras se desplomaron. En los años anteriores a Evo (1995-2003) estas representaban el 6.5% del PBI, luego de esta decisión, se redujeron a la tercera parte: 2.4% (2006-2019). Evidentemente, si chantajeas a una empresa que ya invirtió en el país, podrás lograr que acepte tus condiciones para no perder sus propiedades, pero la inversión caerá en todo el resto de sectores.

Eso lleva a la segunda consecuencia no intencionada: toda la recaudación del país pasó a depender en un 25% del nuevo impuesto de Evo Morales, y la economía se volvió mucho más dependiente del gas natural, porque hubo fuga de capitales en el resto de sectores. Es una mentira que esto produciría un cambio en el modelo primario-exportador, al contrario, lo profundizará más. Esa es la realidad. Lo cierto es que en Bolivia no existió estatización al estilo chavista -algo que con la minoría parlamentaria podría bien darse en nuestro país- y por eso aún pueden producir. Al final, en Bolivia todos los servicios se tercerizan a trasnacionales, sólo que la titular es una empresa pública. Porque la realidad es que el Estado sólo sabe robar y cobrar, nunca producir.

Imitando el fracaso de la ‘nacionalización’ en Bolivia

La izquierda peruana -y cuándo no también, ese centrismo caviar que pretende pontificar de tolerancia- han puesto el grito al cielo frente a la llegada de tres representantes del partido político Vox de España: su vicepresidente y diputado, Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías. Sin ir más lejos, tuvimos nosotros el gusto de entrevistar al diputado González, quien explicó que su objetivo en el Perú no es más que el de promover una iniciativa para unir a todas las fuerzas políticas de los países de habla hispana y portuguesa en contra del avance del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla que tanto han avanzado en su control de este bloque geopolítico.

Sin embargo, Verónika Mendoza, quien ya en abril proponía que, en un eventual gobierno suyo, reconocería al dictador Nicolás Maduro como interlocutor válido -como hoy hace nuestro actual mandatario-, no es la primera vez que rechaza selectivamente el arribo de políticos extranjeros. Calificó al partido político Vox de fascista, cuando sus integrantes jamás han reivindicado a ningún régimen fascista, pero cuando Juan Carlos Monedero -miembro fundador de Podemos, partido de izquierda chavista en España- ahí no había ningún problema. Lo que Mendoza no quiere es competencia, y por eso califica de fascista a un partido que no es más que una fuerza de derecha conservadora que jamás a puesto en cuestión las reglas de la democracia. No apoyan a dictaduras comunistas como Mendoza, Monedero y Podemos.

Habrá otras fuerzas políticas de derecha en Europa que puedan ser asociadas con el fascismo. Sin embargo, no es el caso de Vox. El líder de esta agrupación, Santiago Abascal ha declarado muchas veces que rechazan el racismo: “no se puede ser español y ser racista al mismo tiempo”. Y que lo único que traen sobre el tapete es una alternativa de derecha conservadora. Lo que sucede, es que -tanto la izquierda como el centrismo políticamente correcto- consideran que sólo deben valer y defenderse la libertad de representación, de expresión y de pensamiento de aquellas minorías oprimidas o relegadas. Si bien es evidente que deben ser protegidas por un marco legal que defienda sus derechos, estos no pueden estar por encima de las mayorías silenciosas quienes tienen también el derecho de defender su punto de vista. La libertad de ser conservador también importa, y nos guste o no, Vox representa esa defensa.

Para la izquierda Vox es fascismo, pero sólo es la izquierda la que sigue aplaudiendo impunemente a regímenes comunistas y totalitarios como los de Cuba, Venezuela, Corea del Norte y también -por qué no decirlo- China. Vox es fascista, pero han defendido una y mil veces la necesidad de un estado moderado, del equilibrio sano de poderes, la defensa de las instituciones -en su caso la monarquía constitucional-, y la igualdad frente a la ley. Vox es fascista pero la izquierda –en el más puro maquiavelismo político- recibe plata de la teocracia de Irán para financiar sus proyectos políticos, como lo confesó sin reproches Pablo Iglesias en un congreso comunista. Los únicos en España que no han cambiado sus siglas desde la Guerra Civil, es el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y necesitan y necesitarán siempre estas heridas abiertas para que sus caducos proyectos políticos subsistan.