Una de las mejores decisiones de Estado que se tomó durante el segundo gobierno del Presidente Alan García fue la creación del Colegio de Alto Rendimiento Presidente de la República: un colegio público que albergaría a los mejores estudiantes de todas las escuelas públicas del país y que podría a disposición de ellos la más alta calidad educativa. Funcionó: de acuerdo con los rankings que publica anualmente la Pontificia Universidad Católica del Perú, los egresados de este centro de estudios obtienen las mejores calificaciones. Muchos de ellos han logrado, luego, becas al extranjero y han -con la ayuda del Estado- romper la trampa de los ingresos medios (o de la pobreza) en la que estaban históricamente atrapados. Bueno, ayer se decidió que la cosa ya no va.

Lamentablemente, el gobierno morado repite una triste Historia que es parte del ADN de la política peruana. La mezquindad, la ideología y la necesidad de borrar lo que funciona -siempre más grande que la capacidad de hacer cosas que funcionen- han llevado al ministerio de Educación a tomar esta decisión.

Resulta que no hay presupuesto (a pesar de que el Minedu no ha ejecutado todo su presupuesto) y que hay otras prioridades para el gobierno morado, como comprar cupcakes por 31mil soles o invertir 9millones de soles en un cambio de imagen para una de las empresas más ineficientes del Estado (y vaya que eso es decir bastante): PetroPerú. No nos termina de quedar claro bajo qué lógica el gobierno del señor Sagasti y el partido morado deciden cómo priorizar sus gastos. Por lo pronto, Sagasti viene demostrando ser igual de inepto que su predecesor, aunque ciertamente mejor vestido -quizás por acomplejado, porque en Eton no estudió- y con una capacidad extraordinaria para vencer a Vizcarra en lo que lo pensábamos invencible: hablar por largos ratos y no decir nada.

Lamentablemente, el gobierno morado repite una triste Historia que es parte del ADN de la política peruana. La mezquindad, la ideología y la necesidad de borrar lo que funciona -siempre más grande que la capacidad de hacer cosas que funcionen- han llevado al ministerio de Educación a tomar esta decisión. Decisión que, por supuesto, esperamos se revierta y esta fantástica iniciativa permita que los jóvenes que más se esfuerzan para salir adelante puedan hacerlo con el apoyo del Estado para lograr una sociedad más justa. ¿No es eso lo que los caviares pregonan en cada evento, mientras comen cupcakes? A ver si alguien ayuda al presidente a entrar en razón en Versalles. Porque no se oye.

COAR: ¿Funciona? Que lo detengan

Hace un año, un día como hoy -aniversario de la fundación de la ciudad de Lima- faltaban 10 días para celebrar las elecciones que, lleno de júbilo, el victorioso (ahora no tanto) ex presidente Vizcarra había convocado luego de cerrar el congreso con argumentos luego validados por un Tribunal Constitucional fácticamente servil al poder de turno. También por aquellos días empezaba a sonar con cada vez más fuerza la noticia de un nuevo tipo de coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, altamente contagioso y que venía causando estragos en un crucero, el Diamond Princess, sus pasajeros y -sobre todo- su tripulación. El navío quedó, finalmente, anclado frente a las costas de Yokohama, en Japón, y se empezó a conocer la profundidad del virus que terminaría por cambiar por completo el curso del 2020, y quizás del siglo.

Después de más de 90mil muertos y la peor contracción económica en el mundo, seguimos cojeando de la misma pata: el gobierno peruano es incapaz de transmitir información cierta a los ciudadanos.

En ese momento, el entonces presidente Vizcarra andaba más ocupado tomándose fotos con el congreso que había hecho elegir -con ayuda de la gran prensa- y que luego lo vacaría por considerarlo un presunto ladrón. Cuando el virus llegó al Perú, Vizcarra puso en marcha un plan: confinó por 106 días a todos los peruanos a sus viviendas, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, prometió que los niños estudiarían con tablets, dijo que compraría vacunas y que aumentaría la capacidad instalada de camas UCI hasta llegar a las 5mil. Sabemos que nada de esto sucedió. Pero por ese entonces la prensa andaba embelesada con el gran estadista que nos gobernaba (y que además les pagaba la planilla) y se derretía en aplausos cada noche a los policías que nos mantenían en el (inútil) encierro. En ese momento la policía todavía no era asesina, pues.

Conforme pasaron las semanas, algunos pocos periodistas y el recién fundado medio que hoy generosamente leen -

- advertimos que había un celo desproporcionado con la información que se estaba revelando. No teníamos idea de cuántos enfermos habían, ni de cuántos muertos. El ministro Zamora se esforzaba en no responder por qué las cifras de su cartera no coincidían con las de los Gobiernos Regionales ni tampoco con las del Sistema Nacional de Defunciones. Lo que siguió, lo sabemos todos: ningún país gestionó peor que el Perú la pandemia. Sin embargo, después de más de 90mil muertos y la peor contracción económica en el mundo, seguimos cojeando de la misma pata: el gobierno peruano es incapaz de transmitir información cierta a los ciudadanos. Solo recordamos que este no es un pedido, es una obligación hacia nosotros.

Un año  arrastrando el mismo problema

El proceso electoral del que probablemente seremos participes y testigos en abril (el condicional es porque nadie todavía termina de calibrar el impacto que una segunda ola epidemiológica podría tener; las elecciones podrían postergarse) es uno que marcará un hito en nuestra Historia republicana. Los motivos tienen poco que ver con la pompa del bicentenario -que, si quisiésemos ser puntillosos sería 2024-. Estas elecciones determinan el curso del modelo económico, de la estabilidad constitucional y del rumbo que el país decida tomar con impacto no solo en el próximo lustro sino en las próximas décadas. Y no es un proceso que vaya a darse en condiciones regulares, pues el presidente electo hace cinco años renunció, su sucesor fue vacado por ser considerado por 105 de los 130 congresistas que él hizo elegir tras cerrar el congreso previo como un presunto coimero. El presidente del congreso, que asumió funciones, se convirtió -por obra del consenso progresista- en un dictador y poco después el actual presidente entró por la misma puerta que su predecesor, pero como el señor Sagasti pertenece a la argolla a la que el señor Merino no, pasó piola y todo macanudo.

La cuestión está en que el señor Sagasti sigue siendo candidato a la vicepresidencia del escurridizo líder del partido Morado, Julio Guzmán. Y por más que, emocionado, en su discurso de asunción de mando dijo que su gabinete sería uno que convocaría a todas las fuerzas políticas y también su gobierno, dos de sus ministros han sido candidatos por el partido Morado, sus asesores son candidatos son militantes del mismo partido. Tiene una bancada en el Congreso y -como si lo anterior fuera poco- el nuevo Director del Servicio de Inteligencia también ha sido candidato por el partido del que el señor Sagasti no solo es militante y candidato, sino fundador y nos atreveremos a decir que, en algún modo, ideólogo porque Julio Guzmán puede tener muchas cosas -como departamentos en la zona más exclusiva de San Isidro o casas de lujo en la playa, pero ideas no tiene. Y si las tiene lo disimula profesionalmente-. Así las cosas, estamos frente a un gobierno morado. Ya todos sabemos lo que se dice sobre la mujer del César. Entonces: debiera ser una prioridad para el presidente Sagasti que no quepan dudas de la imparcialidad del proceso que se avecina.

A pesar de lo anterior, el gobierno Morado ha hecho todo menos lo que se esperaba de parte de ellos: han pintado de morado todo lo que han podido. Han llenado al gobierno de militantes de su partido y el señor Sagasti está esperando, no nos queda claro a qué, para cumplir con su palabra y renunciar a la vicepresidencia de la plancha que encabeza Guzmán. Las autoridades electorales, por otro lado, parecen bastante convencidas de querer despejar la cancha para que solo puedan competir algunos candidatos. Así, el APRA, Francisco Diez Canseco, Fernando Olivera y Fernando Cilloniz ya fueron retirados de la contienda. Por otro lado, César Acuña enfrenta una tacha que reside en una real ridiculez mientras que hay un intento de tacha a Hernando de Soto también en proceso. La señora Keiko Fujimori, por otro lado, sigue lidiando con las pretensiones del fiscal José Pérez, que todavía no ha sido capaz de acusarla, pero está convencido de que su partido no debe participar del proceso y de que ella debe esperar a que él haga su trabajo, presa preventivamente. Dífilamente el gobierno y el aparato estatal están proyectando lo que deberían.

Elecciones borrascosas

Cuando el gobierno peruano anunció que, finalmente, había logrado cerrar contratos dos laboratorios y una unidad de centralización de comprar para adquirir las muy esperadas vacunas contra el CoVid-19, se empezó a señalar que algunos agentes privados también harían el intento de comercializar la vacuna a quienes puedan costearla. La izquierda, de inmediato, hizo un escándalo diciendo que se estaba privatizando la salud, que la salud no se vende y que no era posible que los ricos puedan vacunarse y no los pobres. Estos argumentos -quizás efectistas- pero medularmente falaces no solo revelan la ignorancia de cómo funcionan los mercados por parte de los socialistas y comunistas que pretenden llegar al poder, sino que prueba que el comunismo es la manera más eficiente diseñada por el hombre para distribuir la miseria equitativamente en un Estado. No hay país que sea una excepción a esta regla.

Veamos: el Estado se ha embarcado, y finalmente ha cosechado algún éxito, en la empresa de traer la mayor cantidad de dosis posibles. Sin embargo, éstas no llegarán al mismo tiempo y habrá que esperar la lista de personas que el Estado considere prioritarias en este proceso: primero los médicos, enfermeras y profesionales de la salud, luego los policías y militares que están en primera línea luchando contra la pandemia y -asumimos- después la población más vulnerable (determinada por edad). Así las cosas: lo que hay es un compromiso expreso por parte del Estado de conseguir dosis que inmunicen a toda la población. Ahora bien, si algún agente económico lograse importar vacunas y venderlas a un precio -alto, si se quiere- quienes paguen por esas vacunas no están solo ejerciendo un derecho; están liberando vacunas disponibles para que puedan ser utilizadas en los sectores menos favorecidos justamente. Libera recursos.

Entender lo anterior no requiere alta ciencia. Es, más bien, un asunto de mero sentido común. Es permitir que, quienes pueden, internalicen el costo de tutelar su salud para que quienes no pueden asumir ese mismo costo sean los primeros beneficiarios del Estado. En este diario consideramos, más bien, que sería inmoral vacunar primero a quien podría pagar una vacuna que a quien -sumido en la pobreza- no puede. Quienes están debajo de la línea de pobreza, además, tienen las defensas más bajas y por lo tanto son más proclives a contraer la enfermedad y a que ésta cauce estragos en ellos, como lo demostró el Financial Times en un estudio realizado en los suburbios de Londres a inicios de la primera ola europea. Así, hacemos un llamado a priorizar la vida y la salud de manera eficiente y a guardar la retórica ideologizada y probadamente fallida. En medio de una pandemia, es un acto de miseria caer en capitalizaciones políticas.

La equitativa repartición de la miseria

Como anunciamos en nuestra portada, la segunda ola que tanto temíamos ya está en el Perú. Si bien son muchos los que han responsabilizado a quienes participaron en las marchas que sucedieron tras la vacancia a Martín Vizcarra, así como las concentraciones en los paros agrarios del Norte y del Sur de Lima, son esas acusaciones difusas pues, mal que bien, ninguna tuvo un líder claro (a pesar de que varios políticos buscaron capitalizar los hechos) y fueron producto de movimientos de engranajes motivados por posiciones de la sociedad. No pretendemos decir -de ninguna manera- que haya estado bien que estas aglomeraciones se den cuando todas las alertas estaban dadas y cuando salíamos de prácticamente nueve meses de encierro. Es solo que las culpas y responsabilidades no pueden ser directamente endilgadas a nadie en especial.

Muy distintos son los otros dos casos que colocan al Perú, nuevamente, en una situación de tremenda fragilidad sanitaria: la demora incomprensible en la compra de vacunas para ponerle coto los contagios y -quizás más grave que lo anterior la inaudita incapacidad del gobierno para ampliar la capacidad instalada de camas UCI en nuestro país. Desde que supimos que las pruebas rápidas de poco servían y los índices de mortalidad se dispararon y se mantuvieron en cifras altísimas por meses, supimos de la importancia que tenía para la contención de la pandemia y la cura de los infectados la habilitación de camas UCI. En sus peroratas de mediodía, el vacado ex presidente Vizcarra llegó a afirmar que llegaríamos a tener 5mil camas UCI a disposición de los peruanos. Nos imaginamos que las ha colocado con las vacunas, las tablets, los colegios y los hospitales que le prometió a todos los peruanos en su momento.

Ahora bien: dejando el fantástico mundo en el que las ideas (si las tuviere) del señor Vizcarra habitan, aquí la cuestión es bastante sencilla: empezamos, hace casi un año a tener noticias de la pandemia. En ese momento el Perú contaba con 450 camas UCI aproximadamente. El mismo fue el número que el sistema de salud ofrecía cuando llegó la pandemia. 10 meses después no llegamos a 2mil camas UCI; sin embargo, las pocas que tenemos están -a diferencia del inicio de la primera ola- ya ocupadas. Entonces, si lo que los médicos señalan es cierto y en las próximas semanas vuelve a haber un pico de contagios y de necesidad de camas UCI, Martín Vizcarra, Vicente Zeballos, Walter Martos, Víctor Zamora, Pilar Mazzetti (y ahora Francisco Sagasti y el gobierno Morado) serán directamente responsables de tamaña irresponsabilidad. Hay ciudades que en un mes aumentaron en 4mil camas UCI su capacidad instalada. ¿Qué pasó aquí? La muerte, que ojalá no llegue, manchará a los ineptos mencionados.

Con nombres y apellidos

Probablemente, en lo últimos 20 años, ninguna elección había puesto tanta responsabilidad sobre la ciudadanía para elegir. Por lo menos, en lo últimos 10 años, los gobiernos se han dedicado a decir más que a hacer, ningún gobernante ha continuado con la urgente reforma del Estado y los cambios propuestos desde el ejecutivo han sido, básicamente, cosméticos por dos décadas. No será la situación que quien se alce con la victoria de los próximos comicios deberá enfrentar: la inmensa mayoría de los peruanos no hemos asimilado aún la profundidad de la crisis en la que hemos terminado imbuidos. No solo sanitariamente, sino económica y socialmente. Hay un país por reconstruir.

La izquierda, por un lado, ha radicalizado su discurso: la señora Mendoza habla sin mayor reparo de la necesidad de una segunda reforma agraria (lo que sería un robo, directamente), su candidato en el número 1 al congreso explica que en Venezuela no hay ninguna dictadura, pues el pueblo eligió a Nicolás Maduro y su candidato en el número 3 no tiene mayores remilgos en grabar mensajes proselitistas bajo los retratos de Karl Marx y Mao Tse Tung: Mao Tse Tung fue el asesino más grande del siglo XX. Si viviésemos en un país con cultura política, ese video sería equivalente a que un candidato de extrema derecha coloque un busco de Hitler a su lado para dar a conocer sus propuestas. Nadie dijo nada.

La derecha, cada vez más dividida entre liberales y conservadores, propone -por un lado- reactivación económica y una serie de medidas interesantes en este extremo; sin embargo, poco se ha dicho desde ese extremo sobre la situación que ha venido viviendo el país y poco se ha propuesto en cuanto a mecanismos para mitigar la profunda crisis de fragmentación y polarización que venimos viviendo, con cada vez mayor intensidad, los peruanos desde hace ya algún tiempo. Es por eso que desde esta tribuna invocamos a los electores a pensar realmente en su voto: hace mucho tiempo que las decisiones que desde el poder ejecutivo se tomen no tenían un impacto tal como el que se avecina en 2021.

Lo que está en juego

Algo de lo que en las líneas sucesivas diremos lo hemos adelantado ya en nuestra portada; sin embargo, es un tema lo suficientemente importante como para tocarlo con la profundidad que nuestra página editorial permite. Para la toma decisiones -sea cual fuere la decisión- y más todavía para la confección de políticas públicas el insumo más importante es la información. Desde la Economía se nos dirá que siempre operaremos bajo cánones de información imperfecta y que no tenemos forma alguna de conocer todas las variables a la hora de decidir; es cierto. No obstante, es posible -y necesario- reducir al mínimo indispensable la incertidumbre de lo desconocido cuando se toman decisiones de Estado que van a tener un impacto directo en millones de ciudadanos.

Este preciso punto ha sido el talón de Aquiles de la gestión de contención a la pandemia. Durante la paupérrima gestión del vacado ingeniero Vizcarra y su tristemente célebre ministro de Salud, el señor Zamora, los peruanos nunca supimos a ciencia cierta cuáles eran las cifras que mostraban la magnitud del problema que agobiaba al país. Siempre supimos que había (sigue habiendo, de hecho) un subregistro de muertes. Nunca entendimos por qué los gobiernos regionales reportaban cifras de defunciones completamente diferentes a las que el Ministerio de Salud consolidaba y, más importante, el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) venía anotando una cantidad de muertes que triplica la cifra oficial con la que el Estado peruano opera. Así lo han consignado.

Finalmente, la ministra de Salud ha dicho, en alguna oportunidad que ella estima que el 30% de los limeños ya se contagio de Co-Vid19. Muy bien: en ese caso estamos hablando de por lo menos 3 millones de personas. ¿Por qué entonces en las cifras oficiales del ministerio de Salud se dice que solo hay poco más de un millón de contagiados históricos? ¿A qué estamos jugando? No le podemos pedir al aparato público que diseñe políticas eficientes con los ojos vendados. Es urgente que se transmitan las cifras reales y la verdadera dimensión del problema, así como su ubicación geográfica para poder determinar el futuro de los mecanismos de contención sanitaria y de reactivación económica. Queda, pues, bastante claro, que sin inmunización no podrá haber reactivación.

El insumo más importante

En esta sección solemos ocuparnos de temas domésticos -como le corresponde a un medio nacional- y emitimos opiniones sobre lo que cotidianamente sucede en el país; sin embargo, lo sucedido ayer en Washington D.C. es lo suficientemente importante -desde una perspectiva Histórica- como para no abordarlo directamente en este espacio: sucede que, tras semanas de polarización y de incapacidad del todavía presidente de los Estdos Unidos -Donald Trump, una horda de seguidores de su causa tomaron por asalto el Capitolio -edificio en donde opera el poder legislativo de los Estados Unidos- y con cuatro muertos confirmados la institucionalidad republicana del país del Norte se vio en difíciles circunstancias como en pocas oportunidades.

Sucede que el Estado de Georgia definiría la mayoría en el Senado. Inicialmente se pensó que los dos senadores de Georgia inclinarían la balanza hacia el lado republicano y así Trump podría -en un gesto deleznable, dígase- desestabilizar el democrático proceso de transición que terminará con el demócrata Joe Biden asumiendo la presidencia el 20 de enero. Los votos, sin embargo, terminaron favoreciendo a Trump que, en una frenética pataleta convocó a una marcha para defender a la democracia de un fraude que hasta el momento solo existe en el imaginario de Trump, quien -en el momento más álgido, hizo un llamado a la calma-. Durante demasiado tiempo el todavía presidente se ha dedicado a caldear los ánimos. El país está demasiado polarizado ya, lamentablemente.

Por otro lado, Trump se ha hecho a sí mismo un flaco favor. Si bien su manera frontal e irrespetuosa le ha costado la distancia de muchos, económicamente su gobierno fue bastante bueno -el problema fue el CoVid-19- y la generación de puestos de trabajo fue espectacular y en tiempo record. La Historia, no obstante, difícilmente recordará aquellas hazañas al lado del descontrol absoluto en uno de los edificios que representa la más alta institución republicana, quizás del mundo. El poder legislativo de la primera República de la tierra. Sus posibilidades de volver al poder, como ensayo en algún discurso, en el 2024 han quedado pulverizadas. El partido republicano tendrá que zambullirse en un franco proceso de renovación que permita que emerjan nuevos liderazgos cuanto antes.

El Capitolio en llamas

Ayer varios candidatos y algunos representantes de equipos técnicos conversaron, vía Zoom, sobre la importancia que tiene el desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología en nuestro país. Frente al reto que estimular ambos sectores supone, evidentemente, la izquierda propuso la creación de un ministerio que se ocupe de estos menesteres. En El Reporte consideramos que esa es una muy mala idea, porque -como buena de lo que desde la izquierda se propone no existe una causalidad lógica entre el objetivo que se persigue y el camino que se elige para llegar hasta allí. No necesitamos de un ministerio más.

Quién ponga en duda la importancia que tiene la Ciencia y el desarrollo de Tecnología para un país no tiene la menor idea de cómo ambos soportes han permitido crecimientos exponenciales en la economía, reducciones radicales en la pobreza, además de la agilización de procesos logísticos y de esencial relevancia para el Estado; sin embargo, no nos queda claro por qué la asumida relevancia de la Ciencia y de la Tecnología tienen que terminar convirtiéndose en un Ministerio. ¿No acabamos de ser todos los peruanos testigos de lo ineptos que pueden ser los ministerios para resolver problemas durante esta pandemia?

El sector privado en cambio tiene mucho mejor información sobre qué ciencia y qué tecnología es la que el mercado demanda. Además, el sector privado no tiene las ataduras con las que vive constreñido el Estado. Recordemos, si no, como el doctor Malaga Trillo y su equipo -privado- de científicos han dado un apoyo inconmensurable a la lucha contra la pandemia, una lucha que, de haber quedado en manos del Estado, probablemente hubiera reportado mucho peor resultados (si es que eso es posible). Entonces: estamos de acuerdo en que el Estado no funciona eficientemente. Y también queremos ciencia. ¿Qué hacer?

Ser creativos: la izquierda, frente a cualquier problema, responde con la solución monolítica a la que nos tiene acostumbrados: más Estado. Sin embargo, la realidad nos dicta que mucho mejor alocados están los recursos del Estado en manos de privados. De esa forma, no nos oponemos a que el Estado invierta en Ciencia y Tecnología. Nos oponemos a más burocracia paquidérmica: subsidiemos a la oferta. Creemos fondos concursables para científicos y estudiantes, invirtamos en las facultades de las Universidades Nacionales. Creemos un premio nacional de Ciencia y Tecnología. Pero no más ministerios.

¿Un ministerio  de Ciencia  y Tecnología?

La Constitución garantiza un velo de secreto que cubre ciertos espacios de la vida de los ciudadanos: las comunicaciones y las cuentas bancarias pertenecen a ese grupo. Sin embargo, a través de un Decreto Supremo que modifica el reglamento de Sunat se ha permitido que el ente recolector fiscal pueda acceder a todas las actividades que los ciudadanos realicen en entidades bancarias. Esto sin contar con la solicitud de un fiscal ni con la aprobación de un juez: es decir, el Estado presume que ahora todos los ciudadanos son evasores -o elusores- de impuestos. La medida, de acuerdo con varios juristas, es inconstitucional.

El jurista Enrique Ghersi ha explicado diario expreso que considera que “esta es una forma de espionaje financiero en nuestro sistema jurídico”. En su cuenta en Twitter el también jurista Carlos Caro se ha pronunciado en similar dirección. Varios otros abogados, incluso, ya han hablado de qué medidas de garantía constitucional podrían interponerse. No nos cabe duda de que en los próximos días esta flagrante violación a nuestros derechos será enmendada pues ha quedado meridianamente claro que se está pasando por encima del contenido material de un derecho consignado de manera explícita en la Constitución.

Ahora bien, esta medida, más allá de un despropósito jurídico podría interpretarse como un peligroso elemento si es que se le mira desde un prisma político: nos explicamos. Si la Sunat no tuviese que pedirle a un fiscal y este a un juez que le levante el secreto bancario a una persona -que se presume ha cometido algún ilícito- la Sunat podría decidir arbitrariamente poner de cabeza a cualquier ciudadano a su amplia disposición. Y en un país tan poco institucionalizado como este, esto podría convertirse en un arma que pueda ser usada políticamente en contra de los adversarios del poder de turno. Ojo.