Anoche, en una entrevista en la que por momentos pensamos que estábamos soñando, el vacado ex presidente Martín Vizcarra apareció en las pantallas de Latina a darle consejos al presidente Sagasti, a desautorizar al mismo Tribunal Constitucional al que antes aplaudía y a llamar golpistas a quienes lo vacaron siguiendo la misma exacta ruta que siguió él -complotando desde Canadá- para traer abajo a PPK. La cereza la colocó en la torta cuando dijo que no descartaba la posibilidad de ser candidato al Congreso en las elecciones del 2021. ¡Ave María! Sentimos alivio. Estuvimos a punto de perder a tremendo estadista.

Dijo anoche, el vacado ingeniero, que los policías que se enfrentaron con los manifestantes en cuya trifulca se dieron las dos trágicas muertes que todos conocemos no son responsables. Indicó que los responsables son aquellos que tomaron la decisión política. ¿Y quién entonces es responsable de la muerte de los 13 muchachos que murieron en Los Olivos por pura represión policial?

¿Será que de tanto tinte aplicarse al cabello el señor Vizcarra está perdiendo solvencia mental? Pensábamos que era innecesario, pero todo indica que no lo es: hay que recordar que el señor Vizcarra está a quince días de afrentar consecuencias prácticas frente a la justicia, que hay gravísimos indicios de una cordillera de actos de corrupción en los que habría participado. Que, además, condujo la peor gestión del mundo en contención de la pandemia y su gobierno ha llevado, de acuerdo con Sinadef al país a la pérdida de casi 100mil vidas. Parece que se ha olvidado también de algunas cosas cuando habla de represión.

Dijo anoche, el vacado ingeniero, que los policías que se enfrentaron con los manifestantes en cuya trifulca se dieron las dos trágicas muertes que todos conocemos no son responsables. Indicó que los responsables son aquellos que tomaron la decisión política. ¿Y quién entonces es responsable de la muerte de los 13 muchachos que murieron en Los Olivos por pura represión policial? ¿Esa fue también una decisión política? Qué difícil tener que escuchar a un tipo decir tantas pocas tan poco lúcidas en tan poco tiempo. Hace solo unos meses Vizcarra dijo que a él lo juzgaría la Historia. Ojalá que Clío le tome la palabra.

Martín Vizcarra: un cínico vacado

En esta, su primera semana como presidente de la República para este periodo de transición, el señor Sagasti ha dado dos declaraciones que en 

 consideramos acertadas y que, consideramos, abonan a la transición hacia la calma y el consenso que, ojalá, puedan convertirse en la vuelta de la esperanza y de la ilusión de las que mandatario habló en su discurso a la nación el día en el que fue investido con el cargo que hoy ostenta: poner paños fríos al debate constitucional y defender el buen nombre de la Policía Nacional frente al país.

El segundo asunto que celebramos es que haya defendido públicamente a la Policía Nacional de la tendenciosa generalización de muchos líderes de opinión y medios de comunicación.

Frente a la constante presión de grupos de izquierda por incluir en la cédula electoral en la que todos los peruanos votaremos el 11 de abril la consulta para conocer si es que el país quiere una Asamblea Constituyente para escribir una nueva Constitución, Sagasti ha respondido que no es su prioridad y que es un asunto que deberá abordar el siguiente gobierno. No solo responde correctamente a un pedido sin sustento -tendría la izquierda que pedir las firmas que se necesitan- sino que entiende bien su rol de presidente de transición.

El segundo asunto que celebramos es que haya defendido públicamente a la Policía Nacional de la tendenciosa generalización de muchos líderes de opinión y medios de comunicación. Ha dicho, como corresponde, que las muertes de los dos jóvenes en las protestas del 15 de noviembre serán investigadas en profundidad, pero que no se puede ni se debe generalizar. Han sido palabras justas: este país le debe mucho a la Policía y ahora más que nunca cuando han combatido a la pandemia desde la primera línea, perdiendo a cientos de efectivos.

Presidente Sagasti: dos pasos en la dirección correcta

Algo que en América Latina parecemos no haber comprendido es que las constituciones son un repositorio histórico de la memoria jurídica de un país y que deben ser textos que, dinámicos, conversen con la sociedad a la que rigen. Esto hace que cambiar el contenido de la Constitución sea una necesidad constante; sin embargo, lo que no es necesario es cambiar la Constitución completa. Nuestra carta del 93, como prácticamente todas las 12 anteriores (si contamos también a la de la Confederación Perú-Boliviana) contiene en sí misma mecanismos de enmienda y mejora al propio contenido de la carta.

La izquierda hoy pretende que en la cédula electoral del mes de abril se incluya la consulta de si queremos o no cambiar de Constitución. ¡Nada menos democrático!

Entonces: lo que aquí planteamos es ser más respetuosos de la relevancia de la estabilidad jurídica y de las formas correctas. Los Estados Unidos e Inglaterra han tenido, ambos, una sola Constitución. En el caso de los Estados Unidos se permitió la esclavitud (acto atroz) bajo la misma Constitución con la que un siglo y medio después un afroamericano asumiría la presidencia de los Estados Unidos: frente a la tremenda vulneración de derechos que la esclavitud representaba no se decidió cambiar de Constitución, sino hacer una enmienda que abra paso a la igualdad nominal de derechos entre todos los ciudadanos.

La izquierda hoy pretende que en la cédula electoral del mes de abril se incluya la consulta de si queremos o no cambiar de Constitución. ¡Nada menos democrático! ¿Con qué derecho se irrogan las personas sostienen esta idea la propuesta de imponer una pregunta sin pasar por la constitucional y necesaria recolección de firmas y referéndum que las firmas permiten? Si es que se quiere cambiar partes de la Constitución, que se haga si las mayorías así lo deciden, pero lo que no entendemos es por qué empezar de nuevo un proceso por el cuál ya hemos pasado 13 veces. Ojalá que prime la ponderación y la razón aquí.

Por qué no cambiar la Constitución

El Ministerio Público ha pedido suspender por dos años a Fuerza Popular. Esto implicaría que en los comicios de abril el partido naranja no pueda participar. En esta redacción hemos señalado muchas veces que no tenemos una filiación política. Sin embargo, hemos señalado también que hay ciertos principios que rigen nuestra línea editorial. Uno de ellos el respecto irrestricto a la libertad en todas sus dimensiones: la participación política es -a todas luces- una manifestación expresa de la libertad que nuestra Constitución tutela. El pedido que la fiscalía hace vulnera la esencia del contenido material de ese derecho.

La señora Fujimori no ha podido ejercer su derecho a la defensa porque, a pesar de haber pasado largo tiempo en prisión, el señor José Pérez todavía no logra acusarla formalmente de ningún delito.

Lo más grave es que la fiscalía pide una medida extrema, como eximir de la competencia a un partido que -nos guste o no- representa a una porción del electorado, pero lo hace sin haber hecho el trabajo previo. Es decir: el Ministerio Público todavía no ha presentado acusación alguna contra Keiko Fujimori y cautelarmente está pidiendo que su partido no pueda participar del próximo proceso electoral. La señora Fujimori no ha podido ejercer su derecho a la defensa porque, a pesar de haber pasado largo tiempo en prisión, el señor José Pérez todavía no logra acusarla formalmente de ningún delito.

Esta es una violación flagrante a la libertad y a las formas democráticas que debemos condenar de forma categórica más allá de los colores políticos de quien defendemos. Resulta inaceptable pensar que porque el Ministerio tiene una hipótesis un grupo deba permanecer fuera de las elecciones y del libre voto de la ciudadanía. Es un acto de tremenda irresponsabilidad del señor Pérez pedir una medida de última ratio -y cuestionable incluso en ese extremo- en contra de alguien a quien ni siquiera se ha tomado la diligencia de acusar. Sería fundamental que otras voces se alcen con la nuestra, como algunos demócratas lo han hecho ya.

Un pedido antidemocrático

Este editorial va sin nombres, que ejemplos sobran y -justamente- lo que argumentaremos es la defensa de un principio más allá de quién sea el aludido momentáneo. En tiempos recientes, la cultura de la cancelación -que es un nuevo y actualizado rótulo para denominar al fascismo- ha tomado una fuerza inaudita en el mundo y el Perú no ha sido la excepción. La idea es, básicamente, interrumpir la posibilidad de que quienes piensen distinto a uno puedan expresarse. Naturalmente el derecho a la protesta y a manifestarse en contra de una opinión o una actitud con la que se difiere es válido y -quizás- necesario; sin embargo, la anulación de la expresión ajena impide el diálogo, y el consenso.

La verdadera tolerancia está en defender el derecho de los otros a decir lo que uno no quiere escuchar. Hay, por supuesto, límites: incitación a la violencia y otros; sin embargo, bajo ningún canon se puede suprimir la posibilidad de que posturas ajenas a lo que la supuesta mayoría -las mayorías se ven en las urnas- proclama bajo el supuesto de que el mensaje es bueno o malo para el bien común.

En los días últimos medios de comunicaciones, periodistas, especialistas y líderes de opinión han sido, por ejemplo, amenazado por una turba anónima en redes sociales de cerrar sus cuentas -en algunos casos lo han logrado- para lograr evitar que se emitan opiniones desde esas trincheras. Lo que es curioso es que los mismos que celebran este boicot son los que se rasgan las vestiduras por la tolerancia, la democracia, la inclusión y el lenguaje inclusivo, no dudan -sin embargo- en llamar “viejos lesbianos” a quienes discrepan de sus posturas. Hasta donde habíamos entendido, la idea era no usar las preferencias sexuales de las personas con una carga peyorativa. Pero bueno… son los tiempos.

La verdadera tolerancia está en defender el derecho de los otros a decir lo que uno no quiere escuchar. Hay, por supuesto, límites: incitación a la violencia y otros; sin embargo, bajo ningún canon se puede suprimir la posibilidad de que posturas ajenas a lo que la supuesta mayoría -las mayorías se ven en las urnas- proclama bajo el supuesto de que el mensaje es bueno o malo para el bien común. Porque en ese momento le conferimos a la masa la capacidad de determinar quién puede y quién no puede hablar. Y ese no es el país de esperanza, ilusión y consenso que nos merecemos para el bicentenario. Así que es urgente que las cosas se calmen y que las autoridades se pronuncien.

Tolerancia de papel

En el Perú, ciertos grupos de poder han monopolizado mucho más que la información: se han hecho del control de la narrativa. Es decir: son ellos dueños de la capacidad de contextualizar de acuerdo con sus intereses los hechos en un alambicado cuadro de situaciones e interpretaciones que establecen como una verdad única e incontestable. Buena parte de la prensa, por supuesto, es responsable de que esto así sea, pues su supervivencia financiera depende de bailar siempre al ritmo de la música del poder del turno. Hay, por supuesto, pocas, pero notables excepciones; sin embargo, no las suficientes que necesitamos.

Hace 10 días el tema central en el Perú, alimentado por todos los medios de comunicación era la cordillera de indicios de corrupción que se amontonaba contra el señor Vizcarra. Frente a esto el congreso tomó cartas en el asunto y, dentro de las facultades de la constitución, vacó al señor Vizcarra. Solo al día siguiente los mismos medios que habían incendiado la pradera con sus puntillosas denuncias manifestaban que había un golpe de Estado y pocos días después el país se enfrascó en una discusión con respecto a una posible Asamblea Constituyente.

Manuel Merino lo hizo todo mal. En una situación de crisis en la que la celeridad de sus acciones era esencial se movió aletargado y sin dar mensajes de consenso. Lo mismo pasó, en cierta medida, con el gabinete que armó. Eso, sin embargo, no convierte al primero en un golpista ni al señor Vizcarra en un impoluto mártir de la democracia, como ha intentado venderse.

Desde aquí nos preguntamos: ¿si hubo un golpe de Estado, es el señor Sagasti tan dictador como el señor Merino? No creemos que ninguno lo haya sido. Creemos, claro, que el primero encaja mejor políticamente con la ebullición de protestas que desde las calles se daba, pero… ¿Era necesaria la hipérbole? ¿Si fue un golpe de Estado y fue el señor Merino un presidente de facto por qué la Fiscal de la Nación es la que ha decidido investigarlo y no un fiscal de rango inferior? ¿O es que algunos grupos de poder iban a señalar que estábamos frente a un golpe de Estado hasta que se coloque en el poder a un personaje de su agrado?

Manuel Merino lo hizo todo mal. En una situación de crisis en la que la celeridad de sus acciones era esencial se movió aletargado y sin dar mensajes de consenso. Lo mismo pasó, en cierta medida, con el gabinete que armó. Eso, sin embargo, no convierte al primero en un golpista ni al señor Vizcarra en un impoluto mártir de la democracia, como ha intentado venderse. El problema es que cuando la narrativa queda en manos de un solo grupo, contestar la monolítica verdad se hace imposible.

El monopolio de la narrativa

Algunas voces con cierto peso en la opinión publicada están proponiendo que, para restablecer la calma en el país, el señor Martín Vizcarra y su gabinete vuelvan al poder. En esta redacción rechazamos tajantemente esa posibilidad: Vizcarra fue vacado por el congreso dentro de los más estrictos cánones de constitucionalidad. Sobre él pesan potentísimos argumentos para sustentar corrupción, que expuso el fiscal Júarez Atoche y recogió la jueza Álvarez. Además, su conducta previa no ofrece ninguna garantía de que este señor no usará el poder para seguir ocultando sus presuntas fechorías y armando coartadas como perfectamente quedó registrado en el audio que el país conoce.

Los jóvenes que salieron a marchar por días y días lo hicieron por un país libre de corrupción. No sé cómo el señor Vizcarra y sus turiferarios han llegado a la interpretación de que esa lucha podría ser encabezada por él, cuando justamente por supuestos actos de corrupción es que tuvo que dejar el cargo. Sinceramente: ¿la violencia, el dolor y el duelo de los deudos de quienes murieron en la marcha ha sido para reponer en Palacio al señor Vizcarra? No lo creemos. Nos parece, además, que sería un insulto y una falta de respeto para quienes plegaron a defender los valores que los llevaron a marchar. Y también para el país, que atraviesa una hora oscura y que reclama pronta salida.

¿Vizcarra de vuelta?  De ninguna manera

Todavía de luto por la tragedia sucedida anoche, y con la reciente presentación de la renuncia irrevocable del señor Merino a la presidencia, la designación de una nueva mesa directiva en el congreso implicará, a su vez, la designación de quien será el nuevo presidente de la República. Los hechos recién mencionados -ocurridos hace minutos- nos obligan a tomar distancia y exhortar a la calma a nuestros lectores, mientras el curso democrático determina quién ocupará el gobierno de transición, desde 

 solo queremos hacer algunos apuntes, que -básicamente- responden a cómo es que hemos llegado a esta terrible situación para la institucionalidad del país, en la que habremos tenido a 4 presidentes en 4 años. Esta hemorragia debe detenerse cuanto antes.

Lo que aquí corresponde es que el congreso haga política interpretando al país bajo el prisma de la primacía de la realidad. Que se arme una mesa directiva dirigida por alguien que cuente con consenso apoyo del congreso y además de la ciudadanía.

En primer lugar, consideramos que la renuncia del señor Merino a la presidencia es atinada, pues -en pocos días- mostró no estar a la altura de una situación altamente compleja. No tuvo los reflejos para interpretar la realidad como esta se presentaba y terminó siendo víctima de sus propias decisiones. Esto, sin embargo, no hace que su asunción haya sido inconstitucional -ni mucho menos- un golpe de Estado. El congreso vacó al ex presidente Vizcarra haciendo uso de sus potestades constitucionales por gravísimas -y sustentadas- acusaciones de corrupción. El partido Morado ha publicado un comunicado proponiendo la restitución de Vizcarra y su gabinete en el cargo. Vizcarra, si es que la justicia existe, tendría que estar más cerca de una prisión preventiva que de Palacio.

El señor Vizcarra no puede volver a dirigir un aparato de poder que le permita continuar con du documentada empresa de obstruir las investigaciones en su contra. Por otro lado, su conducta no garantiza, bajo ningún sentido, la celebración libre su (urgente) influencia en los comicios que se celebrarán en abril. Lo que aquí corresponde es que el congreso haga política interpretando al país bajo el prisma de la primacía de la realidad. Que se arme una mesa directiva dirigida por alguien que cuente con consenso apoyo del congreso y además de la ciudadanía. Para eso habrá que negociar, conversar y buscar consensos de unidad, que la recesión sigue rampante y pandemia no nos ha abandonado. Que Dios ilumine a nuestros congresistas esta tarde. Y que Dios nos ayude, de nuevo.

Es hora de hacer política

Water Martos logró, como Premier, algo que parecía imposible: fue tan inepto como Vicente Zeballos. Dedicó sus días a opinar sin fundamento alguno sobre todos los temas habidos y por haber y a aumentar la presión que el Estado ejercía en contra de las libertades civiles en nombre de la salud pública. Sus últimas horas fueron empeñadas a fungir un rol triste de escudero del presunto coimero consuetudinario Martín Vizcarra. En el momento en que su jefe fue constitucionalmente removido del cargo por el congreso, el señor debió haber regresado al anonimato al que su parca carrera lo había condenado; sin embargo, ha decidido continuar haciendo el ridículo de la manera más triste.

Martos fue quien insistió que -bajo la idea de que la ciencia no era necesaria- en encerrar, perseguir, restringir, prohibir, censurar y remover derechos esenciales. Este fue el hombre que culpó al país de la paupérrima gestión que él encabezó.

Ayer, desde su cuenta en Twitter, invocó a los jóvenes a marchar en protesta por la decisión que el congreso -ese que su jefe hizo elegir- había tomado. Los jóvenes tienen derecho a la protesta -siempre pacífica- y nada de malo tiene que líderes de opinión sigan sus convicciones e inviten a los jóvenes a plegarse a ejercer un derecho. Pueden hacerlo todo, pero no él. No el hombre que convirtió al Estado en un aparato policial que asesinó a 13 chicos por cobrar un toque de queda ridículo. No el hombre que nos encerró por 106 días y dejó morir a más peruanos por millón que ningún otro gobierno en el mundo. No quien dejó morir a un hombre por ver una pichanga de barrio.

Martos fue quien insistió que -bajo la idea de que la ciencia no era necesaria- en encerrar, perseguir, restringir, prohibir, censurar y remover derechos esenciales. Este fue el hombre que culpó al país de la paupérrima gestión que él encabezó. Él fue quien prohibió, con soldados, bajar a la playa, ir a restaurantes o caminar en la calle por más de 100 días. ¿Y ahora, súbitamente, le parece cojonuda la idea de invitar a miles de personas a las plazas del país para alzar su voz? Eso tiene un nombre: miseria moral. Y evidencia que quien dirigió al gabinete en la pandemia nunca buscó salvar vidas, porque no tenía idea de lo que hacía. Qué hombre tan pequeño resultó siendo este señor.

El patético señor Martos

En nuestro editorial de ayer, descartamos el hecho de que en nuestro país se haya producido un golpe de Estado: el congreso -ese que el señor Vizcarra hizo elegir- actuó dentro del marco de acción que la Ley Suprema le confiere. Ahora, con respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que tanto el Presidente Duque de Colombia y la OEA han reclamado, habría que ser claros en señalar lo mismo que los propios magistrados del órgano colegiado han dicho: sus sentencias no son retroactivas y, en todo caso, la demanda se presentó para que los magistrados conozcan legalidad de la primera vacancia y no la de la segunda, por lo tanto, se configura una sustracción de la materia. Dos conceptos elementales que, lamentablemente se han “olvidado” en la opinión publicada.

Hoy, por otra parte, se ha hecho una convocatoria a una marcha en la Plaza San Martín en rechazo a la vacancia del señor Vizcarra. En 

 no creemos -y lo hemos señalado en más de una oportunidad- en generalizaciones ni en pretensiones de homologación de pensamientos: nos queda claro que muchos jóvenes, indignados por la miasma que la corrupción expuesta en cada recodo del Estado, saldrán a alzar su voz por la República que nos merecemos; sin embargo, hay grupos de izquierda radical -Movadef incluido- que, disfrazados de corderos, están llevando las aguas de este vacío de poder hacia su molino y pretenden iniciar una prolongación de la anarquía para, como en Chile, dar paso a su ansiada reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente.

El congreso ha decapitado al señor Vizcarra, sí. Pero la guillotina y el camino al cadalso lo diseñaron los mismos medios de comunicación que ahora hablan de golpes de Estado, inestabilidad y otras flores. Asumimos que, por consecuencia, no se atreverán a recibir publicidad de una dictadura.

Frente a esto, los medios de comunicación tendrían que haber tomado una posición un poco más consecuente y -sin duda- más responsable: fueron ellos los que publicaron la información que colocó al señor Vizcarra entre la espada y la pared y fueron ellos los que brindaron pruebas, casi irrebatibles, de que el ex presidente habría recibido coimas. Así las cosas… ¿Qué esperaban que haga este congreso -populista por antonomasia? El congreso ha decapitado al señor Vizcarra, sí. Pero la guillotina y el camino al cadalso lo diseñaron los mismos medios de comunicación que ahora hablan de golpes de Estado, inestabilidad y otras flores. Asumimos que, por consecuencia, no se atreverán a recibir publicidad de una dictadura. Estaremos atentos a la coherencia que muestren.

Aquí -repetimos- no hay nada que celebrar. La corrupción ha erosionado los cimientos de nuestra república y hemos quedado a la merced de franquicias políticas con intereses particulares que hacen de nuestro Estado un botín jugoso al que cualquier ardid es válido para tomar. Como República, hemos llegado al bicentenario con menos estabilidad que a la independencia. Pero fuimos nosotros los que aceptamos el cierre del congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Y fuimos también todos los peruanos los que votamos por esos 105 congresistas que tomaron la decisión de remover del cargo a un presidente que venía haciendo, desde el poder, lo que le daba la gana. El reto por la supervivencia de nuestra República es de todos. Pero la responsabilidad de haber llegado a una situación tan extrema como esta, también.