Periodista, escritor y columnista de El Nacional

Carlos Alberto Montaner

Tras una digna y ordenada monarquía de más de 70 años, la reina inglesa optó por morir a los 96. No quería arriesgarse a otra entrevista como la de Oprah. Su hijo reinará con el nombre de Carlos III, pero no será igual. Isabel II se lleva el cariño y el respeto de la mayor parte de sus súbditos. Carlos III deberá ganárselos y eso es muy difícil. Finalmente, fue enterrada en el castillo de Windsor, cerca de sus padres, Jorge VI e Isabel, la Reina Madre, de su casquivana hermana Margarita, y su marido, Felipe de Edimburgo, condecorado como héroe durante la Segunda Guerra Mundial, quien tuvo la fina cortesía de morir en 2021, a los 99 años, 18 meses antes de su regia esposa.

La madre de Jorge Luis Borges también murió a los 99 años. Un conocido suyo le dijo que era una lástima que no hubiera vivido los 100. “No creo”, le respondió el escritor porteño. “¿Por qué?”, continuó indagando su interlocutor sorprendido. “Porque jamás le vi esa devoción al sistema métrico decimal”, le respondió Borges, quien no perdía una oportunidad de hacer una frase ingeniosa.

Faruk de Egipto, en el exilio dorado que le tocó vivir, pasó a los anales de las butades. Dijo, melancólicamente: “Pronto quedarían 5 reyes. Los 4 de la baraja y el inglés”. Pero no era verdad. Hay que descartar, de acuerdo con Ipsos, al menos por ahora, los 4 de la baraja. Faruk respiraba por la herida. Había sido derrocado por el teniente coronel Gamal Abdel Nasser en 1952 y obligado a abandonar su patria en 6 horas. En el momento en que sus ojos azules se cerraron por última vez, estaba, por supuesto, en un restaurante italiano. Era el exmonarca más grueso de la historia. Pesaba 140 kilos, más de 300 libras. Obviamente, se fue a poco de cumplir los 45 años producto de un infarto. Murió fulminado por un plato de espaguetis a la boloñesa. Es el único caso que registra la historia.

Los números de Ipsos Global Advisor, aunque demuestran que solo 15% piensa que el Reino Unido estaría mejor sin la monarquía, el resto de Casas Reales europeas también cuentan con un respaldo muy importante. Solo 17% se opone a la monarquía belga y 22% a la sueca. Sospecho que holandeses, daneses y noruegos están entre esos dos dígitos. ¿Por qué lo creo? Porque el costo de tener una representación simbólica de la nación es muy bajo. (Por cierto, solo 4% de los japoneses supone que la monarquía debe ser suprimida, pero ya sabemos que los japoneses son diferentes).

Como los españoles… pero por la otra punta. La misma encuesta, efectuada en 28 países, refleja que 52% de los españoles piensa que debe votarse la monarquía, entre ellos 1 de cada 4 miembros del Partido Popular, de la derecha conservadora, pero solo 37% del electorado votaría en contra. Ahí hay que contar la casi totalidad de Izquierda Unida y 80% de Podemos. (Más de la mitad de los españoles está a favor de la monarquía).

Los españoles entienden que Felipe VI no es como su padre. Quiero decir: que nada tiene que ver con la catadura moral de Juan Carlos, últimamente muy castigada en la serie de HBO en tres episodios 

. Felipe es un rey absolutamente honrado, y Letizia, la reina, es una mujer de clase media, moderna e ilustrada, universitaria, el orgullo del país. Letizia ha hecho todo lo posible por educar a la princesa Leonor para que cumpla sus funciones como reina cuando le toque reemplazar a su padre. Creo que la niña habla, además del castellano, el inglés y el francés, las lenguas clave internacionales, el catalán y el gallego -las otras dos lenguas romances de la península ibérica-, mientras se defiende con el euskera, la difícil lengua primordial de numerosos vascos. Leonor, como Letizia, será, si llega a reinar, una monarca «progresista» en el mejor sentido de esa palabreja, casi siempre asimilado a las naciones que menos progresan.

La mejor manera de proteger la monarquía española es legislar que, cada 15 o 20 años, una nueva generación se someta a la ceremonia de votar si quieren o no la institución de los monarcas. Eso le ahorraría al país mucha sangre. Al fin y al cabo, tres veces la dinastía de los borbones ha debido abandonar el poder y marchar al exilio. (El propio rey emérito, Juan Carlos, nació exiliado en Roma). Jamás ha salido gratis el cambio. Es hora de que eso cambie.

*Artículo publicado originalmente en el diario El Nacional de Venezuela

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Sobre héroes, tumbas y otros enredos monárquicos*, por Carlos Alberto Montaner

Analista político

Franco Consoli

Desde hace mucho tiempo menciono que la estrategia de la derecha en el país ha sido un mero desastre. La derecha se ha vuelto desunida, al igual que lo ha sido desde siempre la izquierda. Candidatos que velan por si mismos y por sus intereses, sin ponderar los riesgos futuros que podrían darse. Por ello, hoy tenemos como presidente a un ‘prosor’ de Chota, corrupto e incapaz que nos está dirigiendo con los ojos cerrados y sin saber qué hacer.

En las últimas elecciones tuvimos tres candidatos de derecha, cada uno con un porcentaje significativo de votantes, pero insuficiente. El controversial López Aliaga, liderando Renovación Popular con comentarios que dividían a los votantes; Hernando de Soto, quien tenía capaz todo para llevarse las elecciones, pero que como político dejó muchísimo que desear, con una actitud más que tibia. Y la pesadilla de todos los cojudignos, Keiko Fujimori, quien postulaba una tercera vez, con mucha pena y nada de gloria.

El resultado ya lo conocemos y la verdad no vengo a hablar de eso. No podemos cambiar el pasado, pero podemos arreglar el futuro. Y considero que, para lograrlo, deberíamos tomar el ejemplo de lo que ha sucedido recientemente en Italia.

Tras años de gobiernos tibios y socialistas, el pueblo italiano decidió cambiarle el rumbo a su patria. Pero para que ese resultado se dé, tuvo que pasar casi lo impensable. Luego de muchas derrotas electorales, que conllevaron a una presencia en las cámaras más que minoritaria, la derecha italiana decidió unirse, formando un frente unido. Frente conformado por tres partidos: La Lega, de Salvini; Forza Italia de Berlusconi y Fratelli d´Italia liderado por Giorgia Meloni.

Esta alianza —por la cual yo también he votado— optó por apostar por la única de los tres lideres que no había tenido mucha fuerza en las pasadas elecciones, pero que tampoco había tenido las críticas que tenían los otros dos, Giorgia Meloni. ¿El resultado? Una victoria agobiante de la derecha que, por primera vez, en bastante tiempo, tendrá mayoría tanto en la cámara de diputados como en la de senadores.

No tengo dudas que, si queremos que en el Perú las cosas cambien, y haya chances de tener un presidente decente para las próximas elecciones —y no un homicida como Antauro o un caviar como Guzmán o Veronika— los partidos políticos de derecha deben tomar el ejemplo de Italia y buscar afianzar un solo frente.

No digo que sea fácil, los partidos tendrían que arreglar sus diferencias. No tendría que haber ni “derecha”, ni “ultraderecha”, ni un “fujimorismo o keikismo”, sino un bloque único con un único candidato que cumpla las expectativas, que sea político y sepa jugar sus cartas. Que sea suficientemente carismático —no como RLA—, que pueda significar un buen punto medio entre esta fragmentada derecha. Las bancadas deberían dejar de hacerse guerrillas entre ellas, dejando su egoísmo de lado con el fin de erradicar el socialismo en el País. Es mejor tener un buen frente, fuerte y grande, a tener pequeños frentes que se desarman ante el opositor de turno. Una coalición puede ser el punto de quiebre de nuestra política, dándonos a todos el resultado que necesitamos.

¿Y si hacemos como Italia?, por Franco Consoli

Percy Urteaga

Hace unos días, se publicó la noticia que informaba que 

solamente ocho regiones del país contaban con una oficina de gestión de conflictos sociales en funciones

. Y que, de las diez regiones en las que ocurren el 68% de conflictos que hay actualmente, solo dos cuentan con dichas oficinas especializadas. Esto es preocupante.

A estas alturas, con las lamentables experiencias que hemos tenido, en las que en muchas regiones se han originado enfrentamientos dentro de la población por desacuerdos sobre la ejecución de proyectos, principalmente mineros, esto debería ser inaceptable. Los conflictos sociales generan crisis que retrasan el desarrollo. Por lo tanto, es necesario que se intenten gestionar de manera diligente y eficiente. Y para ello, es necesario que tanto el Estado, como el sector privado, hagan algo, a fin de resolver las disputas sociales ya generadas, y a la vez, evitar en lo posible, más situaciones de conflictividad a futuro.

Llama la atención que pocos gobernadores regionales no se hayan interesado en fomentar la creación de estas oficinas especializadas, teniendo en cuenta que muchos dicen preocuparse por mantener el orden y promover el desarrollo en sus regiones. Asimismo, es necesario que desde el sector privado también haya un interés más activo en tratar este asunto, ya que tiene un rol protagónico en muchas situaciones de pugnas sociales.

En ese sentido, ojalá que los próximos gobernadores, principalmente de las regiones en donde ocurren más conflictos sociales, tomen en cuenta que la gestión de estos enfrentamientos es crucial para el crecimiento económico y la estabilidad política y se interesen en manejar adecuadamente dichas situaciones, y consideren la creación de estas oficinas técnicas.

Por otro lado, esperemos que el sector privado haga su parte, y tome iniciativas que cubran las ausencias del Estado, creando, tal vez, dentro de sus gremios, como las cámaras de comercio, oficinas o comisiones de gestión de conflictividad social y puedan actuar como una instancia conciliatoria en cada diferencia o desavenencia que se presente en la ejecución de algún proyecto. En ocasiones, no es conveniente esperar que el Estado actúe. Desde el ámbito privado también pueden surgir iniciativas para mejorar nuestra sociedad.

Gestionar los conflictos, por Percy Urteaga

Analista político y ex GEIN

José Luis Gil

El viernes 23 de setiembre, los peruanos no recibimos flores o bandadas de pajarillos anunciando el inicio de la primavera, sino una furibunda arremetida del cabecilla terrorista del “MPCP” VRAEM, Víctor Quispe Palomino (a) “José”, quien por medio de audios y videos que corrían por redacciones de medios y redes sociales, responsabilizaba al precario gobernante Pedro Castillo de una feroz cacería contra sus huestes en el VRAEM. Y no le faltaba razón. El trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIRCOTE), permitieron la ubicación y ataque de sus posiciones estratégicas, la incautación de documentos y laptops, y al parecer el abatimiento de una decena de facinerosos producto de los enfrentamientos. El éxito de la operación habría sido el secreto que se guardó, excluyendo al propio Pedro Castillo y a su ministro de Defensa el acceso de esa información. La decisión fue estratégica y necesaria.

En el primer audio se escucha a un acartonado Quispe Palomino lanzar un discurso lleno de inexactitudes y falsedades respecto de supuestas “bajas” producidas a las FFOO. Sin embargo, reconoce que cometieron errores de “dogmatismo”, “oportunismo de izquierda” y “subestimación del enemigo”, “dando en bandeja de plata (el triunfo)” y “ocasionando reveses pasajeros”. El verdadero sentido de los audios es enviar un mensaje a sus huestes, en el sentido que no han sido vencidos y que el plan “patriota” ha fracasado. La razón es evitar la deserción masiva de los grupos que mantienen en la selva, como ya sucedió en otras circunstancias. Por otro lado, esta crítica situación para el criminal “José”, lo obliga a poner su voz al aire, y dar así una señal inequívoca de vida, tratar de reorganizar sus fuerzas y replantear sus estrategias para atacar nuevamente.

En el segundo audio el terrorista “José” amenaza de muerte al valiente comando del ejército peruano Eddy Villarroel conocido como “Sacha”, a quien acusa de trabajar con las fuerzas del orden y ser infiltrado para socavar a la “revolución”. Lo que no quiere reconocer “José”, es que “Sacha” los desafió, los infiltró, se llevó información y salió vivo y caminando en sus propias narices. Es por esa valentía, la de “Sacha”, que desde esta tribuna le hago recordar al pequeño grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas que hoy tocan las puertas de palacio a Pedro, que honren con lealtad el valor de su compañero de armas, protegiéndolo, cuidándolo a él y a la dignidad de ser comandos del ejército del Perú, y aprender que los derechos se arranchan, no se mendigan. A la gran mayoría de licenciados patriotas que no se han prestado al juego de Castillo hasta hoy, queremos decirles que ha llegado el momento de la UNIDAD y que deben colocarse al lado correcto de la historia.

Estamos seguros que las expresiones del terrorista “José”, amenazando al honorable y valiente general PNP Oscar Arriola no han calado un milímetro en la conciencia patriótica de éste y de quienes estamos en esta lucha por más de tres décadas. Nada ni nadie nos amilana y libraremos batallas, incluso en medio de las tormentas políticas y de las amenazas ñ, y acabaremos con este tiempo nefasto en el que toda forma de violencia terrorista, aunque vista de político, terminarán para siempre en nuestro país. ¡Sí se puede!

Amenazas con fuga de mentiras, por José Luis Gil

Abogado

Ricardo de la Piedra

La escasez de candidatos preparados y decentes en nuestra clase política es algo con lo que los peruanos lamentablemente hemos aprendido a convivir. Basta ver un recuento de nuestros últimos presidentes para saber que las vacunas dobles y mentiras, lobbies, pobreza intelectual y profesional, compras de casas millonarias a través de suegras, y hasta traspaso de fondos turbios desde Venezuela parecen no moverle un pelo a los peruanos.

La lucha por el sillón municipal no es excepción. En mi columna pasada ya alertaba del comodín arquero villaranista George Forsyth (o Forsay, como le gusta llamarse para obtener más votos), que se acomoda en todos los partidos y todas las ideologías con tal de tomar algo de poder (tiene todo el perfil para ser el candidato idóneo para el Partido Morado).

Este es el mismo caso de Urresti, de quien podría escribirse un manifiesto sobre las investigaciones, especulaciones y exabruptos que pesan en sus actos políticos. No hay que olvidar que Urresti quiere llevar los destinos de Lima después de haber levantado y apoyado indistintamente las manos de Nadine Heredia y Susana Villarán. Saquen su línea.

La pobreza de candidatos se reflejó una vez más la semana pasada. Para empezar, no debería ser sorpresa que cualquier candidato que venga de Juntos por el Perú (JP) (o el partido de turno/vientre de alquiler que use la inconsistente Vero para cada proceso electoral) se encuentre bajo la par, pero lo del señor Alegría y el deslinde de JP es digno de ser un caso de estudio.

La denuncia: El señor Alegría, candidato a Lima, podría haber pasado totalmente desapercibido estas elecciones, pero una denuncia remeció la semana pasada los medios. Su propio hijo lo denunció el año pasado por violencia física, psicológica y sexual en la comisaría de Orrantia. Esto se suma a una denuncia previa del 2018 también por agresión de dos empleadas del hogar, según lo publicado por los medios.

El descargo: El descargo fue casi tan terrible como la denuncia. Primero dijo que la denuncia era falsa (poco faltó para que le eche la culpa al fujimonteciprialanismo). Pero cuando su hijo reconfirmó que la denuncia era cierta (en video desde Madrid), asomó la verdadera cara del candidato: “no ha especificado de qué denuncia se trata” señaló. Luego, aclaró que la única denuncia de su hijo contra él está vinculada al alquiler de un local (supuestamente, porque le hizo pagar el alquiler porque el candidato perdió su tarjeta en un cajero). Además de lo poco creíble que resulta esta aclaración (que más que aclarar, oscurece), llama fuertemente la atención que tenga que aclarar de qué denuncia se trata cuando habla de su hijo.

A esto se sumaron una serie de frases desafortunadas (por decir lo menos), diciendo que “su hijo seguro ha sido sobornado o manipulado”, que “ya no era digno de su padre” y – en una declaración casi gélida - que, “se imaginaba que le habrán dado 100 mil euros por decir que sí hizo la denuncia”.

¿Y qué dijo Juntos por el Perú? Lo del partido de la Vero es - una vez más - vergonzoso (un clásico ya). Rápidamente publicó un comunicado de deslinde y señaló que “Alegría se inscribió como militante solo porque ello era un requisito para postular como alcalde”. ¿No se supone que si el partido presenta a un candidato es porque mínimamente lo conoce y avala su candidatura? Qué rica lavada de manos (una vez más) de JP.

Lo más alucinante es que, pese a todo esto, el señor Alegría tiene – según Datum – alrededor de 6% de intención de voto. Es decir, si bien no va a salir en la foto del podio, hay un 6% de limeños que igual votarían por él. Creo que como buena práctica corporativa (y social), las encuestadoras deberían hacer un convenio con el Colegio de Psicólogos del Perú y comenzar a hacer evaluaciones rápidas y tratamientos a esa clase de votantes. No es gasto, es inversión en el futuro del Perú.

Un candidato nada alegre, por Ricardo de la Piedra

Comunicadora

Naomi Teruya

Después del nauseabundo gobierno de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, además del desastroso gobierno de Pedro Castillo que estamos viviendo, la población está desgastada y decepcionada, incluso peligrosamente resignados. Esto se evidencia en las nuevas elecciones municipales que se realizarán este próximo domingo 2 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, en vez de disponer herramientas para que la población confíe, hizo todo lo contrario, catalogando a un gran sector de la población como conspiranoicos, sobre todo para aquellos que temen que en las últimas elecciones presidenciales se haya efectuado un fraude electoral. Sumado a esto, hace pocos meses, el propio Zamir Villaverde declaró que Pedro Castillo habría ganado las elecciones gracias al JNE, siendo el coordinador Vladimir Meza, quien se habría comunicado directamente con Jorge Salas Arenas, presidente del JNE.

Siendo un organismo público y teniendo la enorme responsabilidad de hacer valer cada voto del electorado peruano, como institución, el JNE no cuenta con la legitimidad de la población. No en vano, según encuesta de DATUM, el 65% de la población cree que hubo irregularidades en el proceso electoral a favor de Pedro Castillo.

Por ende, es entendible que muy buena parte de la población no quiera participar de las nuevas elecciones municipales. La idea de que “

no importa quienes voten, sino quienes cuenten los votos

” sigue merodeando con justificada razón en el electorado y las instituciones públicas. En vez de generar confianza y transparencia, se han dedicado a contraponerse a quienes deberían rendir cuentas.

Por otro lado, la pésima oferta de candidatos municipales sigue poniendo al relieve que el sistema electoral y la clase política debe cambiar, debe ser reformada, no en manos de caviares, sino en manos de políticos que realmente representen a la población y busquen que la democracia sea respetada, pero todo esto se complica al tener a un gobierno como el de Castillo que está copando todas las instituciones y negando la realidad en la que se encuentra el país. Sin mencionar al Congreso, que tiene poca aceptación y un accionar bastante criticable. La puerta de escape cada vez se hace más angosta. ¿Sobreviviremos?

Ellos cuentan los votos, por Naomi Teruya

 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

América Latina a lo largo del siglo XX intentó industrializarse en el marco del modelo de "sustitución de importaciones" diseñado por la CEPAL. Posteriormente, en la década de los noventa, recogió las recomendaciones del llamado "Consenso de Washington" para impulsar procesos de estabilización y apertura económica con miras a insertarse mejor en los mercados internacionales.

Los grandes cambios políticos ocurridos a partir de la caída del Muro de Berlín en la ex URSS, en Europa del Este, hicieron posible la reunificación alemana en 1990, la expansión de la Unión Europea, el establecimiento de la zona euro y la libre circulación de personas, capitales y bienes. En el siglo XXI nuestra región aún sufre los efectos de tiranías como la cubana, venezolana o nicaragüense por un lado; mientras que bajo el ropaje del "socialismo del siglo XXI" se alinean partidos y movimientos que cuestionan el neoliberalismo, proponiendo proyectos antiextractivistas como modelo de desarrollo o pretenden ir hacia procesos refundacionales incluyendo los derechos de los llamados pueblos originarios.

Los resultados del plebiscito constitucional en Chile no pueden ser soslayados, no sólo por la amplia victoria alcanzada por el Rechazo en las urnas (con una alta participación ciudadana); sino sobre todo porque una Constitución debe ser la expresión del consenso de las diversas fuerzas políticas de un país con vocación de cambio, pero que a la vez este opuesto a toda clase de dictaduras. La experiencia fallida del gobierno de Salvador Allende no puede olvidarse, más aún cuando el gobierno de Gabriel Boric ha sido derrotado el pasado 4 de setiembre, en un plebiscito en el que él como presidente tomó posición e hizo campaña en todo el país a favor del Apruebo. El gobierno de Chile insiste en mantener los lazos estrechos con el Partido Comunista y el Frente Amplio, descartando ampliar la coalición de gobierno hacia sectores de la centro izquierda y centro del país.

Si el gobierno de Chile vinculó su agenda política a la aprobación del texto constitucional en el plebiscito, por otro lado el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha utilizado recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas para delinear su política general en campos tan sensibles como el tráfico ilícito de drogas y el uso de los recursos naturales. El presidente Gustavo Petro cuestionó la política antidrogas puesta en práctica en las últimas décadas en su país. No tuvo reparo en hacer virtualmente una comparación entre los efectos menos nocivos de la cocaína, respecto a los efectos devastadores que ocasiona la explotación intensiva del petróleo, el carbón y el gas como fuentes de energía en un mundo signado por un modelo capitalista que destruye la selva, contamina el medio ambiente y pone en riesgo a toda la humanidad.

El presidente Gustavo Petro demostró sus habilidades como orador ávido de convencer a un auditorio, acostumbrado a escuchar discursos más formales, marcados por los tecnicismos y matices ideológicos. En las Naciones Unidas, Gustavo Petro, en ningún momento asoció al narcotráfico con la violencia política desatada por la FARC durante décadas en Colombia, tampoco se refirió los cárteles de la droga que a través del asesinato y el secuestro desataron la violencia bajo el liderazgo de Pablo Escobar. Si el presidente Petro anhela la paz y pretende suscribir acuerdos políticos con el Ejército de Liberación Nacional o con los sectores disidentes de la FARC, creo que no puede dejar de reconocer los lazos que han existido y aún existen entre el narcotráfico y los grupos levantados en armas; que más allá de las posturas marxistas o castristas iniciales, devinieron en el tiempo en brazos armados del narcotráfico. Colombia con más de cincuenta millones de habitantes, con Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea entre otros, no puede desdeñar que parte de su economía está vinculada a la industria cafetera, manufactura y a la explotación de sus recursos naturales.

Si el mundo debe progresivamente ir hacia el uso de energías limpias, sentando las bases del desarrollo sostenible; este proceso no puede ser rupturista y antiextractivista. América Latina debe insertarse mejor en una economía marcada por la revolución tecnológica y nuevas formas de producción. La economía apoyada en el narcotráfico es una realidad latente, pero en mi concepto es claro que de una manera sutil se pretende llegar a extremos políticos que lindan en una apología del narcotráfico bajo conceptos teñidos de retórica. El tráfico ilícito de drogas es una actividad de escala mundial, como a la par en la actualidad más de una dictadura latinoamericana es aliada del narcotráfico y conducen a sus gobiernos a convertirse en "narcoestados". No nos engañemos, no demos crédito a proyectos refundacionales, ni dejemos que falsos valores políticos pretendan erigirse en baluartes en América Latina. Gustavo Petro no es capaz de deslindar con los violentistas del M-19 (grupo que integró) y tiene una visión política en cierta forma sinuosa; mientras que Gabriel Boric aún no logra comprender que hay que conciliar entre la utopía y la realidad.

Chile y Colombia: Una mirada crítica, por José Antonio Torres Iriarte

Periodista

Diana Seminario

El próximo domingo volveremos a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores regionales. Más allá de la importancia de la elección del alcalde de Lima en un país centralista como el nuestro, lo que resulta vital en esta nueva contienda son los comicios en las regiones, aunque no sea popular decirlo.

Para algunos la elección del alcalde de Lima es como un ensayo general de las presidenciales, perdiendo de vista lo que viene pasando en las regiones. Luego ya sabemos que el mundo da vueltas y las sorpresas suelen ser trágicas para el futuro del país.

¡Qué duda cabe que el alcalde de Lima es un actor importantísimo en la política nacional!, pero es una verdadera tragedia para el país que el poder en las regiones caiga en las manos equivocadas.

Hagamos un breve [y quizás incompleto] repaso de los grandes males regionales que nos han acechado en los últimos años. Gregorio Santos en Cajamarca, no solo el principal artífice de que la minería en Cajamarca no haya avanzado como debería, sino además protagonista de sonados casos de corrupción. En el Cusco, Jorge Acurio, apadrinado por Ollanta Humala y Nadine Heredia, también envuelto en más de un delito. César Álvarez en Áncash, preso y además de la corrupción, es sindicado del asesinato de uno de sus consejeros regionales. Todas las regiones donde estos sujetos llegaron al poder son beneficiadas por el canon minero.

Y cómo no mencionar en la lista negra de la corrupción regional a Martín Vizcarra en Moquegua.

Mención aparte merece la región Junín y Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, quien incluso estuvo prófugo de la justicia y que llevó al poder a Pedro Castillo dado que él mismo estaba impedido de postular por la sentencia efectiva que recae sobre él. Tampoco pudo integrar la fórmula presidencial como vicepresidente.

Cerrón como Secretario General de Perú Libre es el artífice de la asunción de Castillo Terrones al poder. En el plan de Cerrón la Presidencia de la República no es el objetivo final, sino solo un escalón para imponer en el Perú el fracasado ‘Socialismo del Siglo XXI’ con todo lo que ello acarrea.

Sin embargo, el plan político y la manifiesta incapacidad de Castillo para gobernar no son lo peor que nos ha traído el proyecto de Perú Libre en el poder. La corrupción “en todos los estamentos del Gobierno”, como lo ha reconocido el propio mandatario en Estados Unidos, es lo peor que le ha pasado al país en los últimos años.

El esquema de corrupción instalado en la región Junín, ha sido copiado y ampliamente superado desde el Poder Ejecutivo.

Las generalizaciones son nefastas, por lo que es oportuno señalar que en el interior del país existen también políticos comprometidos con el desarrollo de sus regiones, lamentablemente muchos de ellos no llegan al poder.

Por eso, las elecciones del próximo domingo son cruciales. Hagamos el esfuerzo de mirar hacia las regiones, de ver su importancia. No podemos repetir la historia. El país es muchísimo más que Lima.

Crucial elección, por Diana Seminario

Director de El Nacional de Venezuela, invitado del CIPP

Miguel Henrique Otero

Desde 2016, organizaciones no gubernamentales, activistas de los derechos humanos, la OEA y, más recientemente, la ONU ―desde 2020― han venido produciendo numerosos e importantes documentos sobre las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Chávez y Maduro.

Debo ser más preciso: han generado miles de páginas descriptivas, testimoniales o analíticas sobre prácticas como torturas, agresiones sexuales, secuestros, operaciones extorsivas, violaciones de los procedimientos legales, uso desproporcionado de la fuerza, ataques a los familiares y más. Documentos que revelan, como quizás ningún otro, la naturaleza profunda del régimen. Su carácter de fondo.

En el caso de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha producido tres documentos excepcionales ―septiembre de 2020, septiembre de 2021 y septiembre de 2022― que constituyen una serie que reclama la atención de los demócratas: con cada entrega, la comprensión del Estado torturador y violador de los derechos humanos se hace más clara. A partir de sólidas denuncias y testimonios de víctimas, familiares, abogados y de exfuncionarios de los organismos que cometen estos crímenes, se ha producido una cantidad notable de información verificada, ordenada y analizada. Las rigurosas y sistemáticas investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos ha logrado producir un conocimiento fundamental sobre cómo en Venezuela hay organismos ―no solo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)― cuyo trabajo consiste en violar los derechos humanos. Nada menos. Y para ello cuentan con el apoyo irrestricto del alto gobierno y de las instituciones del Estado.

En el informe ―que se presentará a debate mañana a la Asamblea de la ONU― se concluye que los dos organismos ―la Dgcim y el Sebin― se han constituido en organizaciones “propensas” a delinquir (recuerdo que el general Manuel Cristopher Figuera, tras romper con el régimen, compartió con un periodista un diagnóstico semejante: que al llegar al Sebin le había sorprendido “la cultura” de violación de los derechos humanos que imperaba).

Esa “cultura”, esa “propensión” proviene de una estructura donde hay, como en cualquier corporación, jerarquías, roles y cargos. Se trata, en resumidas cuentas, de empresas especializadas, en las que hay profesionales del sufrimiento corporal, que han sido entrenados por expertos cubanos que han venido al país, específicamente a instruir a los esbirros venezolanos, para que estos castiguen a los detenidos sin piedad y de forma sostenida, hasta que sean despojados de su condición humana.

Esas dos estructuras ― la Dgcim y el Sebin― responden a una cadena de mando, a un centro de decisiones. Esto puede parecer obvio, en una primera impresión. Sin embargo, lo que demuestran los sucesivos informes de la Misión de Determinación de los Hechos es que es la cúpula del régimen, directamente, la que dirige las dos estructuras. No solo los testimonios de víctimas y exfuncionarios así lo documentan. La invaluable información aportada por el general Manuel Cristopher Figuera apunta en el mismo sentido: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami están al frente de las maquinarias. Son ellos los que dictan las órdenes, son ellos los que ponen en movimiento a los Hernández Dala, Calderón Chirinos, Hannover Guerrero, Granko Arteaga, Franco Quintero y demás.

El que en el más alto nivel del poder del régimen esté también el primer eslabón de la cadena de mando de las estructuras encargadas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos nos conduce a una conclusión que no puede ser obviada ni por los demócratas, ni por los organismos internacionales, ni tampoco por la Corte Penal Internacional: si los dos jefes del régimen, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, encabezan la cadena de mando de los organismos criminales, la impunidad está plenamente garantizada. No hay ninguna posibilidad de que, con ambos en el poder, cese la tortura en Venezuela.

Esta afirmación tiene sustento en los hechos: en el período comprendido entre 2020 y 2022 ni en el Sebin ni en la Dgcim se han producido cambios que revelen la intención de modificar estas políticas. Miren lo que dice el informe mencionado al respecto: “La misión demostrará, con fundamentos razonables para creer, que varias personas participaron en delitos y violaciones, y, por lo tanto, su responsabilidad merece una investigación más profunda. Casi todas estas personas, y en particular quienes detentaban puestos clave, continúan ocupando cargos en la Dgcim o el Sebin. Varias de las personas involucradas han sido ascendidas dentro de las mismas estructuras, incluso tan recientemente como el 29 de agosto de 2022. Quienes ya no trabajan para la Dgcim o el Sebin han sido promovidos a otros puestos en organismos diferentes o se han retirado del servicio. No hay evidencia de que en la actualidad se estén llevando a cabo procedimientos domésticos contra ninguna de estas personas”.

No hay castigo ni lo habrá, además, porque el máximo jefe de la Dgcim, el general Hernández Dala, es de forma simultánea el jefe de la Casa Militar, nada menos que el responsable de la seguridad de Nicolás Maduro y de su familia. De hecho, el informe señala que incluso Cilia Flores ha ordenado acciones de estos organismos.

Cuando se analiza la trama de cargos, relaciones, amistades y compromisos de esta oligarquía ―porque de eso se trata, de una oligarquía―, cohesionada por los delitos que han cometido en conjunto en contra de miles de personas inocentes, no es posible otra conclusión, basada estrictamente en los hechos: no cambiará. No dejarán de torturar ni de violar derechos humanos. No castigarán a nadie. Continuarán lucrándose de los detenidos. Se trata de un negocio en el que, al costo de las vidas y los sufrimientos de los demás, obtienen ganancias y mantienen al régimen en el poder.

El Sebin y la Dgcim: inamovibles, impunes, indetenibles, por Miguel Henrique Otero

Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez

Uno de los debates más interesantes en el mundo de la estrategia militar es entre los enamorados de la tecnología, llamémosla calidad, y, los creyentes en la lógica aplastante de los números, es decir, de la cantidad. A esto debe agregársele elementos intangibles como la moral de la tropa combatiente, de la población civil y la calidad de liderazgo de ambas.

Putin apostó que el ejército ucraniano no sería una fuerza cohesionada, que la población ruso parlante se plegaría a los invasores, que sus líderes políticos se dividirían (falta de moral) y que el ejército ruso tendría la capacidad de ejecutar una incursión eficiente y decapitar rápidamente al gobierno de Kiev (cantidad y calidad). Todas sus apuestas equivocadas.

Putin también erró al medir la hostilidad de la reacción europea y estadounidense. Pensó que la coyuntural dependencia de Europa respecto del gas ruso los llevaría a contemporizar. Mal de nuevo. Lo que ha sucedido es lo contrario: los europeos se están viendo obligados a cortar su dependencia de Rusia, y, con bastante dolor económico, el proceso está ocurriendo con sorprendente velocidad. Nadie quiere quedar en las manos de un probado extorsionador.

El autócrata también se equivocó sobre las capacidades militares rusa y las de una Ucrania con línea abierta de suministro por parte de la OTAN. Aquí, el debate entre calidad y cantidad pareciera estar definiéndose a favor de la calidad, de manera clara y decisiva. Ni que decir del liderazgo.

Putin ha emitido un decreto de movilización que contiene dos nuevas apuestas. La primera de ellas es que al incrementar el número de soldados masivamente, aunque no tengan mayor entrenamiento y estén pobremente equipados, permitirá neutralizar a las fuerzas ucranianas. La segunda apuesta es que un esquema de movilización centrado en las minorías étnicas y zonas alejadas permitirá una fuerza funcional y operativa. Ambas controversiales.

Otra apuesta peculiar es la de Putin por la China. La China sería un gran beneficiado de un colapso interior de la Federación Rusa, permitiéndole dominar directa o indirectamente sus vastedades asiáticas, despobladas, reduciendo a Rusia a la condición de satélite.

El autócrata también quiso presentarse como gran estratega, capaz de dividir, manipular e intimidar a las naciones rivales. Obviamente ha fracasado frente a personalidades de segundo nivel, como el senil Biden. Este fracaso dice mucho más de la capacidad de Putin que la de sus rivales, salvo el ucraniano. Es indudable que Pekín ha tomado nota de la fantasía, imprevisión, incompetencia e irresponsabilidad de su aliado moscovita, degradando cualquier respeto hacia Rusia.

En medio de toda esta lista de apuestas cuestionables es legítimo preguntarse sobre la capacidad de Putin de sostener la unidad de la Federación Rusa si la guerra en Ucrania termina en un completo fracaso. Cuando cayó el Imperio Zarista, el Ejército Rojo tuvo que conquistar violentamente a los pueblos sometidos por los Zares, algunos de los cuáles lograron zafar de su yugo opresor, como los estados bálticos y Polonia. La caída inesperada de la URSS también produjo una disgregación del Imperio. No debemos sorprendernos si el fenómeno ocurre de nuevo.

Pero al mismo tiempo Occidente no debe apostar que un cambio de autócrata conduzca a la democratización de Rusia. Eso sería muy fantasioso. Ciertamente culparían a Putin y su mal manejo de la guerra, pero no debe esperarse un cambio de objetivos políticos vinculados a que Rusia recupere su sitial perdido de superpotencia. Que esta sea una meta posible es otra historia.