Aníbal Torres ha llevado a un nuevo nivel su indiferencia al rechazo. El ratificado primer ministro no solo sigue insistiendo en su consigna de deslegitimar a la prensa, la oposición y al sistema judicial. Después que se dispusiera la detención preliminar de Yenifer Paredes, cuñada del presidente, también elevó su frontalidad, sabiendo que esto podría llevar al país a un punto sin retorno. Como si el allanamiento a Palacio hubiera roto el hielo, ha venido convirtiendo a la sede del Ejecutivo en una especie de centro de reclutamiento. Frente a un público —dirigentes sociales de las regiones, de Lima y Callao — dispuesto a todo, Torres organiza una manifestación masiva en defensa del profesor chotano. Incluso dijo que esto implicaría sacrificios, que costaría hasta la propia vida. Detrás de esto, sin embargo, habría una estratégica intención.

El pasado 3 de agosto, siete días después del mensaje a la nación, Aníbal puso su cargo a disposición. Esto fue rechazado por Castillo el 5, fecha en la que presentó a los nuevos miembros de su gabinete. Además de los anticuerpos que generó el retorno de Betssy Chávez (Cultura), los focos cayeron sobre Torres. Su desgastada presencia por sus incontables arrebatos — respaldar la liberación de Antauro Humala, promover la asamblea constituyente, elogiar a Adolf Hitler y hasta poner a las rondas campesinas por encima de las Fuerzas Armadas— había agudizado el cruce de poderes. Pese a eso, continuó, y no solo eso: sacó a relucir su versión más irascible.

La excusa perfecta para estar suelto de huesos fue la disposición del Poder Judicial de que se detenga preliminarmente a Yenifer Paredes por 10 días. La investigada por incurrir en el posible delito de tráfico de influencias, tocó al gobierno que creyó tener una frontera consolidada con la justicia.

Apenas se dio este hecho, el gobierno de forma consecutiva —10 y 11 de agosto— citó a un sinnúmero de dirigentes sociales. De las regiones, de Lima y del Callao. Estuvieron presentes el presidente y algunos ministros. Todos tomaron la palabra, pero el más enérgico, como si ya no tuviera nada que perder, fue el premier, quien hizo entre líneas una declaratoria de guerra. Pidió a todos “que trajeran a Lima 50 personas cada uno” para hacer “arrodillar a los golpistas”. “La vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo. Si la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo, ¿lo vamos a permitir?”, agregó.

Con esa misma vehemencia también aseguró que nadie podrá detener al “pueblo” porque “tiene derecho a movilizarse (...) porque Lima no es propiedad de nadie”. Curiosamente, la mayoría hacía eco al unísono de que querían la disolución del Parlamento. Sobre esto, Torres dijo: “El pueblo dice: ‘cierren el Congreso’, ¿le voy a tapar la boca al pueblo?”. Y para cerrar, grave error delator, hizo hincapié en que no le importa si el Legislativo lo censura.

Si esto llega a suceder, si el Congreso pisa el palito y saca de carrera a Torres, dejaría en manos de Pedro Castillo ese recurso que viene cargando desde hace varios meses: la bala de plata, que consiste en la licencia del mandatario para disolver el Parlamento porque este rechazó a dos gabinetes ministeriales. Pero también hay que prever un posible cierre inconstitucional del Congreso, lo cual es un golpe de Estado. Esa sería la batalla final. Estamos advertidos.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido vía WhatsApp dele click a este link:

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram:

¿La bala de plata?

El ratificado primer ministro Aníbal Torres tomó la palabra y no fue para hablar de Adolf Hitler. Esta vez aprovechó una reunión con los dirigentes de las bases sociales de Lima para invitar, ya sin disimulo, a un levantamiento. La exhortación fue desde Palacio y la consigna que universalizó fue la de defender al presidente Pedro Castillo. Siguiendo la desgastada línea del Ejecutivo, volvió a culpar a la oposición y a la prensa de la crisis en el país. Ahora, sumó otro anticuerpo a esta narrativa: al sistema judicial. Según su prisma, la Fiscalía allanó la casa de Pizarro como parte de un show mediático. Luego, omitiendo las seis investigaciones contra el mandatario —el primer caso en la historia—, insistió en que los intentos de vacancia y de suspensión son solo parte de un plan golpista. En una parte de su discurso, con el compás de la incitación, dijo: “¿Lo vamos a permitir?”. Todos los presentes respaldaron al unísono: “Cierre del Congreso”, “Siempre de pie nunca de rodillas” y un largo etcétera.

Después del allanamiento a Palacio, el martes 9, para detener a la cuñada del mandatario Yenifer Paredes —quien se habría escondido en uno de los ambientes—, el presidente empezó a doblegarse. Él mismo lo confesaría horas después: “Han golpeado seriamente a mi familia”. Por este motivo, la mañana del 10 invitó a 500 dirigentes de las rondas campesinas. Uno de estos, Marino Flores, quien visitó al presidente en la sede del Ejecutivo hasta 23 veces, aseguró que su apoyo es por “la democracia”, a la que considera un recurso para evitar destituciones. “Nos oponemos tajantemente a que se vaque el gobierno, porque eso se llama Golpe de Estado”, dijo.

Para la noche, el gobierno programó otra cita. Decenas de dirigentes de las bases sociales de Lima Metropolitana abarrotaron un pequeño espacio de Palacio. Estaban el Frente Nacional de Luchadores Sociales, la Red de Ollas Comunes de Chosica, el Frente de Pescadores Artesanales de Ventanilla y varios más. Entre todos los que hablaron, una mujer cogió el micrófono y exigió airadamente el cierre del Congreso y el cambio de Constitución, lo que terminó exhibiendo el norte de ese encuentro.

El ambiente se terminó caldeando cuando Aníbal Torres, recibido con vítores como si fuera un héroe de guerra, tomó la palabra. Inició amplificando otra vez el discurso de la lucha de clases y, luego, estratégicamente, sabiendo que todos habían extendido sus urgencias, dijo que el Congreso no les permite materializar esas “necesidades fundamentales”. “Y por eso le pagamos todos los peruanos”, articuló enérgicamente, lo que provocó la ebullición total. Después de otro coro en el que se pidió la disolución del Parlamento, el primer ministro hizo una invitación oficial a hacerle frente a la oposición:

“Imagínense ustedes ese espíritu combativo, ese que están manifestando ahora. Si ustedes cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, sus intereses de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces ¿no?”

“Sí se puede”, empezó a sonar de menos a más en el ambiente.

“Lo harían arrodillar a los golpistas, lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, agregó el premier.

Casi en el colofón de su presentación puso otra vez la cadencia a flote:

“La vacancia a Pedro Castillo ¿qué quiere decir? Quiere decir que se desconoce la voluntad popular, se desconoce la voluntad del pueblo. La vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo. Si la vacancia de Castillo es la vacancia del pueblo, ¿lo vamos a permitir?”, finalizó.

Declaración de guerra

La justicia tomó por sorpresa al poder. Ayer el Equipo Especial de la Policía y el Equipo de Fiscales contra la Corrupción montaron un multioperativo en distintas partes de la capital. El objetivo era detener a cuatro personas que están fuertemente vinculadas al presunto clan delictivo de Pedro Castillo. Estos son: el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero; los hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana, y la cuñada del presidente, Yenifer Paredes. Sin mayor conflicto, se ubicó a los tres primeros, a quienes ahora se les aplicará una detención preliminar por diez días a fin de conocer su grado de participación en la supuesta red de corrupción instalada en el Ejecutivo. En el caso de la pariente del mandatario, los agentes a cargo del caso bucearon sin éxito en los interiores del Palacio. Declarada ipso facto como no habida, Paredes, investigada por posible tráfico de influencias, es ahora otra prófuga de la justicia. ¿Cómo empezó esta redada y qué la motivó?

Por disposición del Poder Judicial, la Fiscalía junto al equipo policial del coronel Harvey Colchado activaron un operativo a gran escala para detener y escudriñar por diez días a algunos personajes relacionados a la organización criminal denominada La chota nostra.

El primero en ser encontrado fue José Medina Guerrero, alcalde chotano de Anguía. Tras ser detenido en el Centro de Lima, cerca al Centro Cívico y frente a la Clínica Internacional, fue llevado a la sede de la Diviac, que estaba a solo unos pasos. Además de las ocho visitas que registra en Palacio, este personaje es investigado por su presunta influencia en el redireccionamiento de obras públicas desde su comuna por más de 3 millones de soles. El colaborador eficaz Bruno Pacheco lo ha sindicado como 'El cajero' de Pedro Castillo y, de forma inopinada, el presupuesto de su comuna incrementó hasta en 200%.

En el otro extremo de Lima, en Puente Piedra, los equipos especiales fueron por los hermanos Espino Lucana: Hugo y Anggie. El primero fue encontrado en la asociación La Cachasa de los Sauces y la segunda, en la asociación Milagrosa Cruz de Motupe. De acuerdo a la hipótesis de la fiscal Marita Barreto, ambos son testaferros del clan castillista. En el caso de Hugo, su empresa —JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C.1— fue beneficiada con millonarias licitaciones después que él mismo visitara las instalaciones de Palacio, donde la misma Yenifer Paredes, según su confesión, lo recibió. Lo mismo pasó con la hermana, Anggie. En diciembre de 2021 se le adjudicó sospechosamente una obra de 3 millones de soles.

Cerca de las seis de la tarde, un grupo de fiscales y policías llegaron hasta Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, elemento principal de este operativo por supuestamente incurrir en el delito de tráfico de influencias. Pese a contar con una orden judicial, no les permitieron el ingreso. Durante la espera fueron llegando varios personajes: el abogado del presidente, Benji Espinoza; el ministro de Justicia, Félix Chero; el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y otros. Casi una hora después, los agentes pudieron entrar. Al salir, dos horas más tarde, lo hicieron sin la cuñada. La declararon como no habida y, en consecuencia, como fugitiva. Sin embargo, trascendió que estuvo escondida en la zona residencial de Palacio. La prueba: los agentes no tenían licencia para ingresar a esa zona y se llegó a saber que la cuñada llegó el viernes a Lima desde Cajamarca; entró a la casa de Pizarro y nadie la vio salir desde entonces.

Un iracundo presidente salió por la noche ante las cámaras para insistir en su victimismo. Aseguró que todo fue un show mediático y que hay una confabulación contra su gobierno. Después de señalar que el pueblo está de su lado —como si olvidara la desaprobación en su contra que exhiben las encuestas— exhortó a un levantamiento para que fuera defendido. Anteriormente, ya había advertido que si lo seguían investigando —función que para él configura como amedrentamiento— invocaría a una cruzada nacional. Esta mañana ha recibido a 500 dirigentes de rondas campesinas. ¿Cuál es el siguiente paso de su agenda? Solo él lo sabe.

La justicia tomó por sorpresa al poder. Ayer el Equipo Especial de la Policía y el Equipo de Fiscales contra la Corrupción montaron un multioperativo en distintas partes de la capital. El objetivo era detener a cuatro personas que están fuertemente vinculadas al presunto clan delictivo de Pedro Castillo. Estos son: el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero; los hermanos Hugo y Anggie Espino Lucana, y la cuñada del presidente, Yenifer Paredes. Sin mayor conflicto, se ubicó a los tres primeros, a quienes ahora se les aplicará una detención preliminar por 10 días a fin de conocer su grado de participación en la supuesta red de corrupción instalada en el Ejecutivo. En el caso de la pariente del mandatario, los agentes a cargo del caso bucearon sin éxito en los interiores del Palacio. Declarada ipso facto como no habida, Paredes, investigada por posible tráfico de influencias, es ahora otra prófuga de la justicia. ¿Cómo empezó esta redada y qué la motivó?

Se rompió la trinchera

El presidente Pedro Castillo imaginó que el poder sería una garantía para materializar sus antojos y los de otros. Además de la asamblea constituyente y otros, está el de cederle acceso al mar a Bolivia porque es “su clamor”. Así lo ratificó en una entrevista para CNN en enero, con Fernando del Rincón. Pese a que señaló que lo sometería a un sondeo para saber si el “pueblo” —denominación a la que le asigna un gran volumen— aceptaría o no esto, terminó disculpándose por la grave declaración. Esto, sin embargo, no pasó por agua tibia. Se presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria. Varios meses después, el congresista Wilson Soto armó el informe final con el que recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que el mandatario sea inhabilitado por cinco años de la función pública. Esta división congresal ahora tendrá que evaluar este material que pondría en jaque al inquilino de la casa de Pizarro.


Martes 25 de enero de 2022. Pedro Castillo recibió en Palacio a Del Rincón, de CNN. El periodista le hizo un recordatorio al mandatario. «¿Es cierto que haya en Bolivia usted dijo, en un foro: “mar para Bolivia”?», mencionó. Y el mandatario, con el peso de la duda, respondió: “Sí, fue en un evento cuando ni se me pasó ser candidato (...) pero es su clamor de Bolivia”. Le mencionaron que ceder territorio es considerado traición a la patria y lo arregló asegurando que propondría un referéndum para conocer qué quiere la ciudadanía. Este acto de camaradería ya lo difundía desde que era dirigente político. Un botón: en mayo de 2018.

El 2 de febrero, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Francisco Tudela y Alfredo Vignolo presentaron una denuncia constitucional contra el mandatario por la presunta comisión del delito de traición a la patria. La sustentación le fue asignada al congresista de Acción Popular, Wilson Soto. Este lunes 8 de agosto presentó el informe final ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

l El presidente deslizó la posibilidad de ceder mar a Bolivia cuando esto "no encarna el deseo de la Nación" y además "sin tener en cuenta que el territorio nacional es inalienable e inviolable".

l Se pide acusar por juicio político al mandatario por infringir los artículo 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política.

l Se exige que se le "imponga la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública".

"Las declaraciones de un jefe de Estado son un acto unilateral de los Estados", dijo Fernán Altuve, para Combutters, en referencia a lo mencionado por Francisco Tudelo sobre la guía de las Naciones Unidas. Además, precisó que “no puede haber un referéndum sobre integridad territorial y los tratados de límites. Está ofreciendo algo que no puede dar”.

El presidente Pedro Castillo imaginó que el poder sería una garantía para materializar sus antojos y los de otros. Además de la asamblea constituyente y otros, está el de cederle acceso al mar a Bolivia porque es “su clamor”. Así lo ratificó en una entrevista para CNN en enero, con Fernando del Rincón. Pese a que señaló que lo sometería a un sondeo para saber si el “pueblo” —denominación a la que le asigna un gran volumen— aceptaría o no esto, terminó disculpándose por la grave declaración. Esto, sin embargo, no pasó por agua tibia. Se presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el presunto delito de traición a la patria. Varios meses después, el congresista Wilson Soto armó el informe final con el que recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que el mandatario sea inhabilitado por cinco años de la función pública. Esta división congresal ahora tendrá que evaluar este material que pondría en jaque al inquilino de la casa de Pizarro.

Pedro, el ahogado

Con la asunción de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, la izquierda política de ese país se estrenó en el poder. Tan inevitable como su reproducción del término “pueblo”, el simbolismo fue el principal ornato del exguerrillero del M-19 para sintonizar con su electorado. Una de sus primeras decisiones, por ejemplo, fue exigir que la espada de Simón Bolívar —que robó en 1974 con el movimiento mencionado— este presente durante la ceremonia. Horas antes, el saliente gobierno de Iván Duque había negado este procedimiento. El discurso del presidente izquierdista estuvo marcado también por su enfática incursión en la agenda de género. “Las y los” fue el mantra de su presentación. Incluso el tramo final de la oficialización de su investidura tuvo su mensaje entre líneas: recibió la banda presidencial de las manos de María José Pizarro Rodríguez, quien es congresista e hija del fallecido guerrillero Carlos Pizarro Leongómez. La euforia de las casi 7,000 personas en el lugar representó un presagio: duda muerta, fe incuestionable.

El hombre que vio llorar a su padre por la muerte de Ernesto 'Che' Guevara y el que se unió al “Movimiento 19 de Abril” después del deceso del presidente chileno Salvador Allende, tomó ayer posesión del gobierno colombiano y alargó la hegemonía territorial de la izquierda en suelo latinoamericano. Además de su familia y de su comitiva, encabezada por su vicepresidenta Francia Márques, el ex guerrillero fue acompañado por otros jefes de Estado de su tendencia política como Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Xiomara Castro (Honduras), la vicepresidenta peruana Dina Boluarte (en representación de Pedro Castillo), entre otros. Después de recibir la banda presidencial de la parlamentaria María José, inició su discurso.

Entre sus principales promesas está la de "conseguir la paz verdadera y definitiva", una oferta paradójica tomando en cuenta su historial. "No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz", dijo. Asimismo, señaló que gobernará "con y para las mujeres de Colombia" y manifestó que será "un gobierno de puertas abiertas": que dialogará "con todos y con todas, sin excepciones ni exclusiones".

Petro recordó que su administración abordará la urgencia "ambiental". "La situación actual es insostenible", manifestó. Y como para darle verosimilitud a su rosario de compromisos, le comentó a sus ministros, cuando estos ya habían jurado: "Lo sienten en la atmósfera social de Colombia, nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio, y el cambio es de verdad, no es retórico”.

De igual forma, el mandatario insistió en su reforma tributaria, la misma con la que proyecta recaudar 50 billones de pesos por medio de las 4.000 personas más opulentas de Colombia. De este dinero, hizo hincapié que destinaría 19,5 billones a programas sociales.

En una parte de su discurso hizo alusión al cierre del libro de Gabriel García Marquez, Cien Años de Soledad —de donde usó el nombre Aureliano para autodenominarse cuando fue parte del M-19—. "Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", leyó.

La espada de Petro

El presidente Pedro Castillo radicalizó su postura desde que asumió la nueva Mesa Directiva del Congreso. Así lo demostró en su mensaje a la nación cuando enrostró a todos los parlamentarios en el mismo Legislativo: les advirtió que en su primer año de gestión puso la primera mejilla y que ahora no tiene pensado poner la otra. Lejos de ser una mera intimidación, el inquilino de la casa de Pizarro, que tiene cinco investigaciones en su contra en la Fiscalía, siguió este discurso amedrentador. En su presentación en Junín de este último sábado 6 de agosto, le dio un ultimátum al contrapoder. Señaló que si no lo dejan gobernar —es decir, si se sigue buceando en su posible historial delictivo—, iba a encarrilar una cruzada a escala nacional para, según él, “defender la democracia”.

El mensaje presidencial del pasado 28 de julio se convirtió en el punto de partida de una versión más frontal del jefe de Estado. A la prensa la acusó de mitómana; a los poderes políticos —llámese oposición— los señaló por tenerlo a raya; y a la audiencia nacional la volvió a catalogar de ingenua al exponerles un país que no existe. La esperada autocrítica se ciñó a: cometí solo algunos errores. Y un casi surreal: es que se burlaron de nuestra confianza. La línea argumental del mandatario mantuvo su misma oferta: ser la víctima de esta crisis nacional. Esta vez, sin embargo, mostró los dientes y se fue como si fuera un ungido de un marco congresal que se convirtió en reproches y carpetazos.

Pese a este panorama, el mandatario continuó en esta nueva regla de su gestión: ir a contracorriente, pero con más énfasis, como para exacerbar al contrapoder y como si supiera que su desgobierno no sufriría mayor impacto.

Esta última semana renunció Aníbal Torres al premierato. Cayó en manos del mandatario otra oportunidad para armar una fórmula que pueda frenar esta precipitación nacional. No hizo nada de eso. Ratificó a Torres, trajo de vuelta a Betssy Chávez —esta vez para Cultura— y movió una que otra pieza en el gabinete. La feria se quedó con los mismos actores. Y como complemento se fue a Junín para desde allá amenazar al Congreso:

“De seguir en esta travesía luego de haber soportado más de un año en el marco del respeto a la democracia voy a sentirme obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia”, advirtió.

Creyendo que tiene un gran respaldo —hoy IEP mostró que tiene un 67% de desaprobación—, el presidente dijo que sacará a las gentes a las calles en nombre de la democracia. En un gobierno que ha desnaturalizado todo, la pregunta que cae de madura es: ¿cuál es su connotación de esa palabra? ¿qué está cocinando? En su momento, el ministro Félix Chero ya había señalado que podrían usar en cualquier momento la bala de plata y las pintas de cierre del Congreso van incrementándose en el territorio nacional.

La amenaza de Castillo

El ministro del Interior, Willy Huerta, sigue moviendo las piezas. Ayer puso como cabeza de la Dirección General del Inteligencia (Digimin) a Whitman Ríos Adrianzen. Este personaje sería el encargado de obstaculizar el trabajo del Equipo Especial de la Policía, liderado por el coronel Harvey Colchado, que tiene como misión desmantelar la presunta red de corrupción en el Ejecutivo. Los dos últimos mencionados tienen un historial, de presentarse un altercado este no sería el primero. En el 2011, Colchado era parte de una división que capturó al camarada ‘Artemio’, de Sendero Luminoso. Antes de esta proeza, el equipo de Colchado había acusado a Whitman de una infidencia: había filtrado información sobre la ubicación del terrorista, lo cual había puesto en peligro de emboscada a los que seguían los pasos del senderista, en aquel momento, en el Huallaga.

Willy Huerta intentó hace poco sustituir a Harvey Colchado en la jefatura del Equipo Especial PNP, que fue fundado y armado por el entonces ministro del Interior, Mariano González, tras el pedido de la Fiscalía. Después de ser destituido abruptamente, el ahora exfuncionario dijo que el presidente Pedro Castillo obstaculiza el rastreo de los fugitivos y que cualquier modificación en la división sería una evidencia de esta acusación, lo cual estuvo a punto de hacer Huerta. No pudo porque la Fiscal de la Nación lo impidió.

El ministro del Interior, sin embargo, no se quedó ahí, migró a otro frente: la Digimin. Ayer inscribió cómo líder de este despacho a Whitman Ríos Adrianzén. Una investigación sobre este personaje da cuenta de su interferencia en la captura del senderista Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada ‘Artemio’. Esto sucedió en el 2011 cuando integraba con el mismo Harvey Colchado y su colega Walter Lozano la División de Operaciones Especiales (Divinesp), de la Dirandro. El objetivo era claro: atrapar a Artemio y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, Whitman fue acusado de cometer una infidencia. En este caso, la de filtrar información sobre la ubicación del terrorista. Esta se la dio al entonces coronel EP Jaime Sánchez Polo.

Ríos, en su afán de armar un lazo con el hombre entonces cercano al presidente Ollanta Humala, puso en peligro la operación. Esto fue descubierto por Lozano, el colega de Colchado. En agosto de 2011, cuando el equipo tenía en el radar a 'Tigre' (Cricilio Varamendi Meza, guardia de Artemio), Lozano le contó a Ríos que estaban a medio paso de hallar al objetivo principal: Artemio. Ese mismo día, un agente del sistema de escuchas legales le dijo a Lozano que alguien estaba dando información sobre este próximo proceso a Sánchez. En la verificación, descubrieron que era Whitman Ríos.

La división de Colchado llegó a abatir ese mismo mes a Tigre, pero decidieron no darle el reporte a Whitman. Este, que era un superior, decidió imponer una sanción a Colchado de seis días por la omisión de información. Ahora, ambos vuelven a estar juntos, aunque esta vez no revueltos. El peligro yace en la jerarquía de Whitman. Otra vez podría ponerse en el camino, en esta ocasión de los que tratan de desentrañar la corruptela en el gobierno de Pedro Castillo.

Pro sendero en Inteligencia

En medio de los trompincones de su escolta con la mezcla de simpatizantes y detractores, Pedro Castillo entró esta mañana al Ministerio Público. Acompañado en todo momento por sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas, el mandatario desdijo su versión previa de que no asistiría porque la promotora del encuentro —la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides— era la que debía ir hasta el Palacio de Gobierno. No terminó siendo asi. Reconociendo su condición de investigado, fue para dar sus descargos por su presunto intento de influir en la asunción de algunos elementos en las Fuerzas Armadas, lo cual configura como el delito de tráfico de influencias. Terminado el interrogatorio, volvió a la casa de Pizarro. Ya ante la prensa, tratando de encontrar un equilibro entre lo hospitalario y lo iracundo, insistió en su inocencia, careó a los reporteros por hacer su trabajo, y se fue sin ser específico con las preguntas más urgentes.

El pasado 2 de agosto, la Fiscalía citó a Pedro Castillo para el 4 de agosto, por las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas, y para el 9 de agosto, por la supuesta obstrucción a la justicia en el rastreo de los prófugos. Esto generó una discrepancia entre el mandatario y la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, por quién debía visitar a quién, por si debía ser en Palacio o en el Ministerio Público. En el último minuto; es decir esta misma mañana, el jefe de Estado disolvió esa turbulencia. “Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, escribió en Twitter.

El profesor chotano salió de la sede del Ejecutivo junto a su escolta presidencial. También lo acompañaron sus abogados Espinoza y Pachas. Superada la caravana de arengas, reproches y caídos, Castillo entró de forma accidentada al Ministerio Público y a las 9:08 inició el interrogatorio con la fiscal. Mientras la incertidumbre se apoderaba de los derredores, aparecieron dos personajes. Por distintos frentes de la institución mencionada, aparecieron Beder Camacho —quien debía responder tras ser señalado como el que orquestó todas las fugas del entorno castillista— y la congresista Betssy Chávez, que dijo poco o nada sobre su presencia.

A las 10:05 terminó la ronda de preguntas y Castillo volvió a las calles. Con los mismos y de la misma forma, llegó hasta Palacio. Ya ante la prensa, algo muy inusual, y después de un abrazo efusivo con el hasta ahora primer ministro Aníbal Torres —quien renunció ayer—, respondió:

“Si se pide la palabra de la autoridad, hay que empezar por casa”

“A mí no me resta nada ir a declarar a la Fiscalía”

“No me voy a someter a casos mediáticos”

“Se crea una torre, una pirámide (...) con un testigo o un seudocolaborador para meter a la cabeza del pueblo que el presidente forma una red criminal”

“Si ustedes han visto (a Fray), digan donde está”

“Mañana va a juramentar (el gabinete)”

La presentación de Pedro Castillo ante la prensa podría ser un eco de sus descargos ante el Ministerio Público: que solo sabe que nada sabe.

Castillo, el impúblico

Aníbal Torres renunció al premierato, justo cuando el presidente Pedro Castillo tiene el agua hasta el cuello por las investigaciones en su contra. El que inició como ministro de Justicia, deja una antología de frases que su sucesor ni ningún otro político debería calcar. No solo atribuyó una supuesta agenda golpista a la prensa y la oposición —como si la función de ambas fuera mecer al gobierno de turno, sobre todo ante los graves indicios de corrupción— sino que cayó en innumerables contradicciones y hasta expuso su devoción por el nazi Adolf Hitler y el fascista Benito Mussolini. Incluso desacreditó a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Su paso por el Ejecutivo terminó representando un quiebre constante entre los poderes. Su salida no generaría mayor transición. Por los antecedentes de la administración chotana, se espera algo peor.

El conocido como ‘Aníbal Canibal’ en los fueros académicos, expuso desde el día uno su nociva radiografía del panorama político. Dijo que si se realizaba un golpe de Estado —denominación que le dio a la tirria que había contra un gobierno marxista-leninista y con indicios de estar vinculado a Sendero Luminoso— iba a correr mucha sangre en el país. El conductor Mario Bryce le recordó esta frase y, lejos de dar explicaciones, el titular del Minjus solo amplificó su volcánica postura: "A mí no me vas a atarantar. No, muchachito tonto". El irrespeto fue su carta de presentación. Por ejemplo, al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, le dijo: “es un gordito que dice cualquier disparate”.

Una vez mencionó que Vladimir Cerrón no tenía nada que ver con el gobierno de Pedro Castillo, pero luego le recomendó al presidente que se separe del secretario general de Perú Libre. Entonces, ¿el investigado por filiación al terrorismo tenía influencia o no? Nunca quedó claro. Lo que sí puso en bandeja fue su rapidez para cambiar de versión.

Al comienzo del gobierno señaló que no estaba a favor de la asamblea constituyente y que tampoco tenían planeado excarcelar a Antauro Humala. Su cambio en el primer caso fue bochornoso. No solo dijo que el cambio de la Constitución debía pasar por la reforma de justicia, sino que llegó a sustentar el proyecto ante el Congreso. Incluso la llamó “una salida a la crisis”. Lo mismo pasó con el etnocacerista. Primero ironizó: "Le pondré un auto para que se vaya". Meses después mostró su verdadero cariz. Tuvo a inicios de este año una reunión con un miembro de ese movimiento etnonacionalista y le dijo que la gestión castillense aún no ha olvidado al hermano de Ollanta Humala.

Torres también llegó a ser investigado por posible nepotismo. Se conoció que su hermano había contratado con el Estado. En ese mismo intervalo, volvió a referir que la vacancia al presidente es un golpe de Estado. Y para sellar la secuencia dijo: “solo los imbéciles no cometen errores”. Desvelarse era como un credo que aplicaba a destiempo. Sus virajes eran muy notorios. Un día pasaba de señalar que el gobierno podía caer y al otro decía que todo en el Ejecutivo estaba sólido.

Entre sus declaraciones más inolvidables está la que hizo en un consejo de ministros en Huancayo. Durante su discurso elogió al nazi Adolf Hitler por su supuesta injerencia en la evolución urbana de Alemania. "A nadie se le juzga por sus buenas obras, sino por sus malas obras", dijo. Lo mismo mencionó sobre el fascista Benito Mussolini en Italia. “Hasta el criminal más avezado puede hacer obras positivas”, agregó.

También llamó “miserable” al cardenal Pedro Barreto. Cuando hubo escasez de pollo por el paro de transportistas exhortó a apostar por el pescado, dijo que las rondas campesinas son más efectivas que las Fuerzas Armadas y la Policía, llamó a Jaime Chincha en vivo para decirle que es un vulgar, y un largo etcétera.

Aníbal Torres a veces rozaba los arranques de sinceridad. Cuando el gobierno iba a acumulando varias investigaciones mencionó que "Si cae Pedro Castillo, caemos todos". ¿Será?

Palabra de Aníbal

Este año la justicia peruana desarrolló dos divisiones para darle cobertura a los casos más graves de corrupción: el Equipo Especial de Fiscales, liderado por la fiscal Marita Barreto, y el Equipo Especial de la Policía, encabezado por el coronel PNP Harvey Colchado. Como introducción se les encomendó la misión de encontrar a los prófugos del entorno castillista. En este caso, al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y al sobrino del mandatario, Fray Vásquez. En la lista también estaba Bruno Pacheco, pero este, tras una negociación con los equipos mencionados, se entregó. Este trabajo en conjunto, sin embargo, podría ser desencarrilado por una serie de movidas nada sutiles desde el mismo Ejecutivo. Una de las últimas vendría desde el Ministerio del Interior. Su titular, Willy Huertas, quiere cambiar a Colchado por Franco Moreno Panta. Su antecesor, Mariano González, ya había advertido que cualquier modificación sería para obstaculizar la búsqueda de los fugitivos.

Antes de cumplir su primer año de gestión, Pedro Castillo dejó varios eslabones respecto a algunas operaciones irregulares. Progresivamente se fueron descubriendo distintos casos como el del Puente Tarata III, los ascensos forzados en la Policía Nacional y el intento en las Fuerzas Armadas, la creación del grupo Los Niños en el Congreso, la supuesta coima de Hugo Chávez Arévalo para ser gerente de Petroperú, y muchos más. Pese a los fuertes indicios de corrupción, el Parlamento falló en sus dos intentos de vacancia contra el profesor chotano, blindado por algunos elementos que ya no disimulaban su oficialismo. En paralelo, la justicia también se encontró con otros baches, como la inmunidad presidencial. Esto incluso terminaba limitando a algunas instancias como a la Comisión de Fiscalización del Legislativo, que fue burlada hasta en tres ocasiones por el mandatario, quien llegó al punto de invitarlos a la casa de Pizarro para finalmente no abrirles la puerta.

Frente a este panorama, se decidió sumar otro frente, uno que pueda abordar exclusivamente la presunta corrupción originada en las altas esferas gubernamentales. Fue así que el 3 de julio del presente año, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, creó al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP). El norte de esta división le fue asignado a la fiscal Marita Barreto. Posteriormente, como grupo de apoyo, el entonces ministro del Interior, Mariano González, concretó la fundación del Equipo Especial de la Policía. Este se conformó con el coronel Harvey Colchado a la cabeza. También se incluyeron a los coroneles Walter Lozano Pajuelo, Luis Alberto Silva Collazos y Franco Moreno Panta. No pasó mucho tiempo para que dieran un paso gigante en el rastreo de los prófugos. Tras una minuciosa negociación, lograron convencer a Bruno Pacheco, el ex hombre de confianza del jefe de Estado, para que se entregue a la Fiscalía.

Se contó, además, que Pacheco había notado que se quedó sin salidas tras la creación de estos equipos y que Colchado fue un importante elemento de persuasión para que tomara la decisión de entregarse. Pese a esta antesala, el actual ministro del Interior, Willy Huerta, no solo está pateando la oficialización de la Guía de Funciones del Equipo Especial de la Policía, sino que también ha pedido que Colchado sea sustituido por el otro integrante Franco Moreno Panta. Por esta solicitud, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, citó al funcionario para que la explique. Incluso ya hubo un intento de deslegitimar a la misma fiscal. El otro investigado, Beder Camacho, acusado de orquestar las fugas, quiso meter a la fuerza una supuesta tesis plagiada de la funcionaria. Al final, se descubrió que era mentira.

Palmo a palmo, se juega el futuro de este gobierno y de estos equipos de justicia. Dependerá de las otras fuerzas gubernamentales a cuál darán respaldo para ponerle punto final a este trágico camino que sufre el país. Hasta ahora, se sabe que Bruno Pacheco ya dio información comprometedora sobre Pedro Castillo, data que se conectaría con la ya entregada por los colaboradores eficaces Karelim López y Zamir Villaverde.

El Ejecutivo se inmiscuye con sus fuerzas en los equipos especiales encargados de investigarlos. Las fuerzas opositoras deben emprender un respaldo sagaz y generalizado.