Según el artículo 126 de la Constitución, los ministros no pueden ejercer otra función pública que no sea la legislativa. Además, quienes ostentan un fajín, no pueden ser “gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”. Dina Boluarte, vicepresidente del Perú y, a la postre, ministra en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, habría incumplido el mencionado artículo.
¿Por qué? Según la contraloría, en un informe sobre la declaración jurada de intereses que presentó Boluarte, esta incumplió la Constitución al haber firmado documentos de la asociación privada Club Departamental Apurímac en su calidad de miembro de la directiva. Esto a la vez de ser ministra.
Incluso, la contraloría informó que, tan solo entre el 26 de agosto y el 20 de octubre de 2021, firmó 13 documentos de la asociación. En menos de un mes, una ministra de Estado le dedicó 13 momentos a otra institución.
Por otra parte, el informe detalla que Dina tampoco informó sobre sus familiares que laboran en el Estado. Su hermano Nicanor Boluarte Zegarra actualmente trabaja en la Municipalidad de Pueblo Libre como asesor. Asimismo, su cuñado Alfredo Pezo Paredes se desempeña en la Escuela Nacional de Control, cuando existe un manifiesto impedimento de que trabajen en el Estado. Según el diario Perú 21, los salarios de ambos superan los 50 mil soles.
Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció rápidamente que su bancada presentaría una denuncia constitucional contra Boluarte. Sin embargo, esta mañana, según fuentes de El Reporte, la congresista Norma Yarrow de Avanza País se le adelantaría. Maricarmen Alva, a su vez, dispuso que el informe de Contraloría se reparta tanto en físico como virtual en el parlamento. Finalmente, el informe, según nuestras fuentes, ya ingresó para su evaluación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
A simple vista, un espectador desconfiado podría decir que firmar documentos del Club Departamental Apurímac no es un gran conflicto de intereses. Pero el Estado de Derecho se basa en normas y estas deben ser cumplidas. Hace poco se vacó a un alcalde de Lima por haber participado en una sesión de un directorio, al que al poco tiempo renunció. La falta ya estaba realizada y su sentencia fue clara. Boluarte debería recibir el mismo tratamiento y escrutinio que Muñoz.


Según el artículo 126 de la Constitución, los ministros no pueden ejercer otra función pública que no sea la legislativa. Además, quienes ostentan un fajín, no pueden ser “gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”. Dina Boluarte, vicepresidente del Perú y, a la postre, ministra en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, habría incumplido el mencionado artículo. 
¿Por qué? Según la contraloría, en un informe sobre la declaración jurada de intereses que presentó Boluarte, esta incumplió la Constitución al haber firmado documentos de la asociación privada Club Departamental Apurímac en su calidad de miembro de la directiva. Esto a la vez de ser ministra. Incluso, la contraloría informó que, tan solo entre el 26 de agosto y el 20 de octubre de 2021, firmó 13 documentos de la asociación. En menos de un mes, una ministra de Estado le dedicó 13 momentos a otra institución. 


Se dinamita 

Pedro Castillo se bajó del avión a Suiza para renovar algunas carteras ministeriales. Aprovechando la fría tarde dominical, metió a la cancha a Alessandra Herrera, para Energía y Minas; a Juan Barranzuela, para Transportes y Comunicaciones; a Dimitri Senmache, para Interior, y a Javier Arce, para Desarrollo Agrario. Algunos han aprobado los cambios; otros, como Vladimir Cerrón y Guido Bellido, estuvieron al borde de la asfixia virtual por los relevos.

De todas estas movidas desde Palacio, que usualmente tienen un acento siniestro, hay un caso promisorio: la adición de Alessandra Herrera, quien tiene un perfil más técnico que político. La funcionaria no solo reduce la hegemonía de la consejería perulibrista, si no le da un respiro al país frente a varias crisis relacionadas al sector. Ya había asumido anteriormente con el gabinete de Héctor Valer, de efímero paso. El derrotero de la nueva ministra va en palabras cortas: minería, recursos naturales, participación ciudadana y prevención de conflictos. La carta está sobre la mesa.

En el caso de la cartera del Interior, Senmache, que estuvo a cargo de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, debe resolver otro problema de alta tensión: la inseguridad ciudadana. Su predecesor apeló el estado de emergencia y, una vez, a un confinamiento que terminó enfureciendo a las calles. Ninguna medida ha funcionado. El actual ministro debe combatir la fuerza de las organizaciones delictivas, que incluso tienen entre sus víctimas a escolares. Esto debe parar, como también la mala fama que se ganó el MTC, en la mira por varias irregularidades, y que ahora estará a cargo de Juan Barranzuela, quien, a pesar de no tener ninguna filiación política, se vocea que sería el continuismo en el sector.

En esta metamorfosis no podía faltar el personaje poco calificado para el puesto. Se trata de Javier Fernando Arce Alvarado, actual vicepresidente del Parlamento Andino. Hasta antes del puesto mencionado, había tenido algunas aventuras municipales. Ahora, asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, en pleno conteo hacia la hambruna mundial que golpeará al mundo. Los precios de los alimentos importados seguirán elevándose y la producción local seguirá sin acceso a fertilizantes, esto por la lentitud del gobierno tras el remate de este producto en Bolivia y su parsimonia para encontrar otra alternativa de abono.

Todos llegaron para reemplazar a los cuestionados Carlos Palacios (Energía y Minas), Nicolás Bustamante (Transporte), Alfonso Chávarry (Interior) y Óscar Zea (Desarrollo Agrario). Algunos cambios que habrían quedado pendiente son los de Betssy Chávez, ministra de Trabajo, y el del primer ministro Aníbal Torres. Los dos, que ya han agotado su crédito, son actualmente interpelados y, en el caso de Betssy, probablemente censurada. Chávez por provocar la huelga en Corpac y a Torres por las muertes que hubo durante la paralización de transportistas. Entonces, ¿hay un panorama cantado, más de lo mismo?, ¿o el gobierno apostará los consejos de verdaderos profesionales? Tras 10 meses de gobierno es poco auspicioso pensar en positivo.

Pedro Castillo se bajó del avión a Suiza para renovar algunas carteras ministeriales. Aprovechando la fría tarde dominical, metió a la cancha a Alessandra Herrera, para Energía y Minas; a Juan Barranzuela, para Transportes y Comunicaciones; a Dimitri Senmache, para Interior, y a Javier Arce, para Desarrollo Agrario. Algunos han aprobado los cambios; otros, como Vladimir Cerrón y Guido Bellido, estuvieron al borde de la asfixia virtual por los relevos. Todos llegaron para reemplazar a los cuestionados Carlos Palacios (Energía y Minas), Nicolás Bustamante (Transporte), Alfonso Chávarry (Interior) y Óscar Zea (Desarrollo Agrario). Algunos cambios que habrían quedado pendiente son los de Betssy Chávez, ministra de Trabajo, y el del primer ministro Aníbal Torres. Los dos, que ya han agotado su crédito, son actualmente interpelados y, en el caso de Betssy, probablemente censurada. Chávez por provocar la huelga en Corpac y a Torres por las muertes que hubo durante la paralización de transportistas. Entonces, ¿hay un panorama cantado, más de lo mismo?, ¿o el gobierno apostará los consejos de verdaderos profesionales? Tras 10 meses de gobierno es poco auspicioso pensar en positivo. 

¿Continuismo o salidas? 

La tesis de Castilllo expuso la caterva de fallas en el sistema educativo: supervisión insuficiente, asistencia que no escruta —o que no existe— y producción sin posible ética científica. Un recuento en palabras cortas.

Fue en 2012, pero pudo ser en cualquier año. En esto puede sintetizarse el escepticismo hacia la Universidad César Vallejo, que incurrió en varios errores en el seguimiento a la tesis de maestría del presidente de Pedro Castillo, entre ellos uno que también debió ser supervisado por la aclamada Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU). Las dos entidades mencionadas, una que vigila y otra que asiste, y el mandatario, que en su trabajo contradice teoría y práctica, habrían expuesto varias fragilidades.

“Todo gran logro tiene un inicio”. Este eslogan de la universidad César Vallejo se desdibujó desde que su líder César Acuña fue investigado en el 2016 por un presunto plagio que realizó en su tesis doctoral para la universidad Complutense, de Madrid, en el 2009. La estridencia, que cayó sobre todo en la reputación de la institución vallejiana, se desinfló, pero ahora, casi seis años después, vuelve a salir a flote con el caso de la tesis de Pedro Castillo, que la desarrolló junto a su esposa Lilia Paredes.

Entre los requisitos de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) para obtener un grado de magíster, está la de dominar un idioma extranjero o una lengua nativa. En pleno proceso electoral, Pedro Castillo, que no tiene un corazón delator, pero si una lengua desleal, no solo contó que no conoce otro idioma extranjero, sea inglés u otro, sino que tampoco sabe el quechua y hasta culpó por esta desproporción a la Conquista Española.

Por el incumplimiento de esta condición el entonces profesor no debió ni siquiera iniciar la elaboración de su tesis. Sin embargo, la universidad César Vallejo habría olvidado —u omitido— este estándar primario para que se obtenga el grado de maestría y la entidad supervisora de la educación no habría sido un último filtro y simplemente amontonó este trabajo, cuando ya estaba armado como quien viaja sin ver, junto a los miles de la institución vallejiana.

La tesis de Castillo ha sido un cabo suelto hasta el corazón de otro pantano. De acuerdo a la información en Renati, la Universidad César Vallejo, de 29 años de existencia, multiplica de forma exorbitante la cantidad de trabajos inscritos (84.467) en comparación con los que tienen otras instituciones históricas como la Universidad Católica (18.594), de 150 años, y la Universidad Mayor de San Marcos (17.491), de 469 años.

En la contabilización de investigaciones registradas de la casa de estudios hay un contraste discutible entre un intervalo y otro. Desde su creación en 1991 hasta el 1 de febrero de 2017; es decir, en 26 años, registró 26.604, y desde la última fecha mencionada hasta la actualidad; es decir, en 4 años, logró admitir más del doble: 57.863.

La proliferación de tesis se dio cuando inició el periodo del vicerrectorado de investigación (2017), hoy desempeñado por Jorge Salas Ruiz, quien ha asegurado hace unos días que el trabajo de Pedro Castillo tiene un “aporte de originalidad”.

Además del alto porcentaje de plagio (54%, según Panorama), de los jurados fantasmagóricos y de la dedicatoria futuróloga a una hija que nacería varios años después, el tema que exploró el mandatario, la equidad de género, también expone una contradicción teórico-empírica, otra muestra tangible de su perfil, de lo que dice y hace.

Partiendo de su interés en el tema de su tesis, en su gabinete ministerial, por ejemplo, la paridad no ha sido una variable tomada en cuenta. Actualmente, de los 19 ministerios, incluido el premierato, solo aparecen tres mujeres: Dina Boluarte (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social); Diana Miloslavich (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Bettsy Chávez (Ministerio del Trabajo), quien sería próximamente reemplazada por una moción de censura en su contra.

“La disonancia cognitiva es la molestia que siente una persona cuando piensa algo y hace algo distinto a lo que piensa (...) llegan a sentir culpa o vergüenza”, dice el psicólogo Jeancarlos Bolaños. Sin embargo, cuando el portador no experimenta esos efectos por alguna incongruencia detectada, es “porque están habituados, porque tienen intenciones detrás, no siempre claras, que van desde la búsqueda de algún interés o de necesidades propias”. “A veces, se evita hablar esos temas, se evade preguntas y hasta pueden llegar a justificar lo injustificable”, anuncia.

En Perú la autoría sí tiene respaldos: el artículo 2 de la Constitución Política; el artículo 219 del Código Penal y el artículo 18 del Código Civil. En el caso de comprobarse la inconducta científica de Pedro Castillo y su esposa se les puede asignar tres tipos de delitos.

De acuerdo al abogado Pablo Plutarco, se los puede acusar de “

, por haber inducido al error a los funcionarios públicos del sector de educación para incrementar su ingreso de 3 mil a 6 mil soles como supuesto magíster”. También por “

, por los cobros indebidos al Ministerio de Educación” y “

, por haber plagiado y falsificado documentos para presuntamente elaborar su tesis”. Además, por estar ocupando la figura presidencial de un país está “incurriendo en incapacidad moral”.

Las fallas del sistema educativo y de sus luminarias —esos personajes que consiguen varios grados académicos en cortos tramos— ya no son ininteligibles. Además de la tecnología, enemigo público de los secuestradores de ideas, se pueden hallar fisuras en sus mismas normas medulares, las que habrían transgredido para sumarse al milagroso auge de investigadores. ¿Habrá un final a medias? ¿o se marcará un precedente?

Las irregularidades en la tesis de Pedro Castillo no solo habrían exhibido parte del perfil contradictorio del autor sino también han sido los cabos sueltos de las fallas en el sistema educativo. Mientras duran las investigaciones por el presunto secuestro de ideas, se han encontrado además nuevas fisuras tanto en la Sunedu como en la universidad César Vallejo. Uno de los estándares de la primera, respectivamente, no habría sido acatado por la casa de estudios y tampoco por el mismo ente supervisor. También podría originarse otro sismo por la cantidad de investigaciones inscritas, las mismas que han tenido una llamativa evolución de un intervalo a otro: se registraron más en 4 años que en 26. La pregunta que cae de madura es: ¿habrá un final a medias después de todas estas fisuras? ¿o se marcará un precedente con sanciones correspondientes?

La educación y su espiral 

El día de ayer, la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia con orden judicial a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por presuntas irregularidades en la adquisición de una plataforma digital. En una primera intervención, hace un año, se negaron a entregar la información alegando que es secreta. Sin embargo, el Poder Judicial permitió que el fiscal Edison Mendoza incautara documentos y realice una exhibición forzada.

Según la hipótesis fiscal, la DINI habría favorecido a DP Comunicaciones SAC, autorizando su contratación por el monto de S/9′879,569. Por otra parte, el semanario Hildebrandt en sus trece denunció una compra de equipos de espionaje israelí.

Desde inicios del gobierno de Castillo, la DINI se comenzó a plegar de personajes cuestionables. Por ejemplo, el titular de la institución es José Luis Fernández Latorre, policía chotano que cuenta con tres registros de inaptitud para el ascenso, dos sentencias, una condena por enajenación y otra con reclusión militar por abuso de autoridad.

Asimismo, su jefe de asesores es el General del Ejército ® Gustavo Bobbio Rosas, quien es un conocido antaurista. “Es un amigo al que le doy consejos cuando me los pide y ambos somos nacionalistas”, dijo sobre Antauro Humala en una entrevista en el diario La República. Además, su hermano Fernando Bobbio Rosas fue uno de los participantes del “Andahuaylazo” y se le condenó por homicidio junto a Antauro. Bobbio Rosas, además, ha sido acusado de haber sido asesor de Nicolás Hermoza Ríos, conocido montesinista.

Según han revelado varios medios de comunicación, el hombre de la DINI en Palacio de Gobierno es Henry Shimabukuro. Sinuoso asesor de inteligencia del Presidente, quien le recomendó realizar el toque de queda del pasado 5 de abril.

Fernández, Bobbio y Shimabukuro serían el triunvirato en el manejo de la inteligencia estratégica de este régimen. La DINI es una institución de extrema importancia, ya que centraliza los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En sendas ocasiones, se ha utilizado de mala manera contra políticos de oposición, periodistas, ciudadanos, a quienes se les espió sin razones de Estado aparentes. Esta institución, asimismo, es la heredera del SIN de Montesinos, vale tomar en cuenta.

En un gobierno con tentaciones autoritarias el manejo de la inteligencia estratégica es algo que se debe fiscalizar. Enhorabuena por la Fiscalía.

El día de ayer, la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia con orden judicial a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), por presuntas irregularidades en la adquisición de una plataforma digital. En una primera intervención, hace un año, se negaron a entregar la información alegando que es secreta. Sin embargo, el Poder Judicial permitió que el fiscal Edison Mendoza incautara documentos y realice una exhibición forzada.  Según la hipótesis fiscal, la DINI habría favorecido a DP Comunicaciones SAC, autorizando su contratación por el monto de S/9′879,569. Por otra parte, el semanario Hildebrandt en sus trece denunció una compra de equipos de espionaje israelí.  Desde inicios del gobierno de Castillo, la DINI se comenzó a plegar de personajes cuestionables. Por ejemplo, el titular de la institución es José Luis Fernández Latorre, policía chotano que cuenta con tres registros de inaptitud para el ascenso, dos sentencias, una condena por enajenación y otra con reclusión militar por abuso de autoridad. Asimismo, su jefe de asesores es el General del Ejército ® Gustavo Bobbio Rosas, quien es un conocido antaurista. “Es un amigo al que le doy consejos cuando me los pide y ambos somos nacionalistas”, dijo sobre Antauro Humala en una entrevista en el diario La República. Además, su hermano Fernando Bobbio Rosas fue uno de los participantes del “Andahuaylazo” y se le condenó por homicidio junto a Antauro. Bobbio Rosas, asimismo, ha sido acusado de haber sido asesor de Nicolás Hermoza Ríos, conocido montesinista. Según han revelado varios medios de comunicación, el hombre de la DINI en Palacio de Gobierno es Henry Shimabukuro. Sinuoso asesor de inteligencia del Presidente, quien le recomendó realizar el toque de queda del pasado 5 de abril. Fernández, Bobbio y Shimabukuro serían el triunvirato en el manejo de la inteligencia estratégica de este régimen. La DINI es una institución de extrema importancia, ya que centraliza los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En sendas ocasiones, se ha utilizado de mala manera contra políticos de oposición, periodistas, ciudadanos, a quienes se les espió sin razones de Estado aparentes. Esta institución, asimismo, es la heredera del SIN de Montesinos, vale tomar en cuenta. En un gobierno con tentaciones autoritarias el manejo de la inteligencia estratégica es algo que se debe fiscalizar. Enhorabuena por la Fiscalía. 


Inteligencia bajo lupa 

Estaba en Tumbes trabajando y se enteró por El Peruano. Ni el Presidente ni el premier atinaron, si quiera, a avisarle. Así se dio la salida, el día de ayer, de Amalia Moreno, ahora ex jefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ella ocupaba el cargo desde el 2019. Este año la mencionada institución tiene un presupuesto de 8mil millones de soles.

En su reemplazo ha entrado Robert López López, quien es empresario hotelero y, como el presidente, magíster por la Universidad César Vallejo. En materia política, López fue militante de Perú Posible y candidateó al Congreso por la región San Martín de la mano de George Forsyth, con Victoria Nacional. Asimismo, se lanzó a regidor de Moyobamba por Fuerza Comunal, pero tampoco salió elegido.

En cuanto a su experiencia en el sector público, López ha sido gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en San Martín, gerente general del Gobierno Regional de San Martín, gerente de Logística y Servicios en Sedapal, director del PNSU (Programa Nacional de Saneamiento Urbano) del Ministerio de Vivienda, entre otros cargos.

Cuando fue gerente general de proyecto en San Martín se le investigó por corrupción. La Contraloría halló presunta responsabilidad penal en una auditoría realizada a la obra de mejoramientos de salud en el hospital de Tocache. En la Fiscalía anticorrupción de San Martín el tema se desestimó.

Este caso es uno más de los cientos de cambios en puestos clave del gobierno. Si bien es natural que en todos los gobiernos haya cambios, no es común que se acabe con toda la capa tecnocrática del Estado. Precisamente la proliferación de los técnicos y las islas de eficiencia ha sido lo que permitió, en los últimos treinta años, que mejoren servicios estatales. Y, sobre todo, hay que ponerle el ojo a los cambios en entidades con gran manejo presupuestal, como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, la cual tiene, como dijimos, un pliego presupuestal anual de 8mil millones de soles.

Estaba en Tumbes trabajando y se enteró por El Peruano. Ni el Presidente ni el premier atinaron, si quiera, a avisarle. Así se dio la salida, el día de ayer, de Amalia Moreno, ahora ex jefa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ella ocupaba el cargo desde el 2019. Este año la mencionada institución tiene un presupuesto de 8mil millones de soles. En su reemplazo ha entrado Robert López López, quien es empresario hotelero y, como el presidente, magíster por la Universidad César Vallejo. En materia política, López fue militante de Perú Posible y candidateó al Congreso por la región San Martín de la mano de George Forsyth, con Victoria Nacional. Asimismo, se lanzó a regidor de Moyobamba por Fuerza Comunal, pero tampoco salió elegido. En cuanto a su experiencia en el sector público, López ha sido gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en San Martín, gerente general del Gobierno Regional de San Martín, gerente de Logística y Servicios en Sedapal, director del PNSU (Programa Nacional de Saneamiento Urbano) del Ministerio de Vivienda, entre otros cargos. Cuando fue gerente general de proyecto en San Martín se le investigó por corrupción. La Contraloría halló presunta responsabilidad penal en una auditoría realizada a la obra de mejoramientos de salud en el hospital de Tocache. En la Fiscalía anticorrupción de San Martín el tema se desestimó. Este caso es uno más de los cientos de cambios en puestos clave del gobierno. Si bien es natural que en todos los gobiernos haya cambios, no es común que se acabe con toda la capa tecnocrática del Estado. Precisamente la proliferación de los técnicos y las islas de eficiencia ha sido lo que permitió, en los últimos treinta años, que mejoren servicios estatales. Y, sobre todo, hay que ponerle el ojo a los cambios en entidades con gran manejo presupuestal, como la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, la cual tiene, como dijimos, un pliego presupuestal anual de 8mil millones de soles. 

Copamiento en ascenso 

Zamir Villaverde podría refundar la vacancia que perdió norte en el Congreso tras dos intentos fallidos. El último martes 17 de mayo, el empresario cantó nueva data sobre el presunto fraude electoral, contó cuál era el origen del dinero escondido en el baño de Bruno Pacheco y desangeló a Karelim Lopez, quien se presentó en público como colaboradora eficaz para encoger su papel, en su momento, como operadora del Ejecutivo.

Desde el penal Ancón 1, donde está por prisión preventiva, el empresario indicó ante la Comisión de Fiscalización que el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, entregó 3 millones de dólares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, para descarrilar a Keiko y López Aliaga en el proceso presidencial, y dejarle el camino llano a Pedro Castillo, quien había recibido ese favor, según añade, porque este aceptó adoptar a Karelim López para que supervise el direccionamiento de algunas licitaciones.

Villaverde también indicó que los 20 mil dólares encontrados en el baño de Bruno Pacheco, prófugo de la justicia y exsecretario del Despacho Presidencial, eran cupos que se habían cobrado para interceder en algunos ascensos en la Policía. Incluso agregó que el mismo Pacheco, cuando fue fichado por presunta colusión agravada, le pidió resguardo policial porque se había enterado que el presidente iba a mandar a eliminarlo. Por esa razón, Villaverde insiste en que dará todos los detalles cuando primero le otorguen garantías para su vida.

En la cola de preguntas dijo que tiene pruebas y también testigos de sus acusaciones, pero apeló al silencio sepulcral y prometió mayores detalles cuando cumplan con sus exigencias. De confirmarse el fraude, se estaría entunelando al presidente, que ya tiene varias marcas en este corto intervalo de mayo, razón que agranda el eco de que su llegada a julio parece más ficción que realidad.

Zamir Villaverde podría refundar la vacancia que perdió norte en el Congreso tras dos intentos fallidos. El último martes 17 de mayo, el empresario cantó nueva data sobre el presunto fraude electoral, contó cuál era el origen del dinero escondido en el baño de Bruno Pacheco y desangeló a Karelim Lopez, quien se presentó en público como colaboradora eficaz para encoger su papel, en su momento, como operadora del Ejecutivo. Desde el penal Ancón 1, donde está por prisión preventiva, el empresario indicó ante la Comisión de Fiscalización que el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, entregó 3 millones de dólares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, para descarrilar a Keiko y López Aliaga en el proceso presidencial, y dejarle el camino llano a Pedro Castillo, quien había recibido ese favor, según añade, porque este aceptó adoptar a Karelim López para que supervise el direccionamiento de algunas licitaciones. Villaverde también indicó que los 20 mil dólares encontrados en el baño de Bruno Pacheco, prófugo de la justicia y exsecretario del Despacho Presidencial, eran cupos que se habían cobrado para interceder en algunos ascensos en la Policía. Incluso agregó que el mismo Pacheco, cuando fue fichado por presunta colusión agravada, le pidió resguardo policial porque se había enterado que el presidente iba a mandar a eliminarlo. Por esa razón, Villaverde insiste en que dará todos los detalles cuando primero le otorguen garantías para su vida. En la cola de preguntas dijo que tiene pruebas y también testigos de sus acusaciones, pero apeló al silencio sepulcral y prometió mayores detalles cuando cumplan con sus exigencias. De confirmarse el fraude, se estaría entunelando al presidente, que ya tiene varias marcas en este corto intervalo de mayo, razón que agranda el eco de que su llegada a julio parece más ficción que realidad.  


Acorralan a Castillo

Aníbal Torres se podría ir. Motivado por su habilidad para mostrarse desafiante, el primer ministro tendría un pie y medio afuera del gabinete, el que asumió hace casi cuatro meses. Su hora cero fue expuesto en la última encuesta de Ipsos: tiene el 68% de desaprobación ciudadana y el 60% de congresistas ya habría definido su censura después de someterlo al pliego interpelatorio por su ineficiente gestión.

Como si fuera experto en la futurología, el mismo Torres ya había vaticinado que sería cambiado en un corto plazo: hace un mes había indicado que era reemplazable, lo cual puede dejarnos entrever su posible reconocimiento a su extirpación de la planilla ministerial, aunque con él nunca se sabe, cambiar de postura y defender indignado su metamorfosis es su otro talento. Imaginamos que su posible salida anularía su temor a ser secuestrado y reduciría su descentralizada urgencia de profesar la división.

En el camino, el Congreso también se podría llevar de encuentro a los ministros Alfonso Chávarry, Betssy Chávez y Carlos Palacios, todos por una razón peor que otra. Tanto la ciudadanía como el Parlamento exigen autoridades a la altura de las crisis actuales y, hasta el momento, no hay un resultado tangible ni un futuro promisorio, es como si el gobierno de Pedro Castillo estuviera en plan piloto automático mientras las llamas chamuscan al país. El Congreso debe, por fin, ponerse en el papel que le tocó desde un inicio, el de hacer un control político tenaz.

Aníbal Torres se podría ir. Motivado por su habilidad para mostrarse desafiante, el primer ministro tendría un pie y medio afuera del gabinete, el que asumió hace casi cuatro meses. Su hora cero fue expuesto en la última encuesta de Ipsos: tiene el 68% de desaprobación ciudadana y el 60% de congresistas ya habría definido su censura después de someterlo al pliego interpelatorio por su ineficiente gestión. Como si fuera experto en la futurología, el mismo Torres ya había vaticinado que sería cambiado en un corto plazo: hace un mes había indicado que era reemplazable, lo cual puede dejarnos entrever su posible reconocimiento a su extirpación de la planilla ministerial, aunque con él nunca se sabe, cambiar de postura y defender indignado su metamorfosis es su otro talento. Imaginamos que su posible salida anularía su temor a ser secuestrado y reduciría su descentralizada urgencia de profesar la división. En el camino, el Congreso también se podría llevar de encuentro a los ministros Alfonso Chávarry, Betssy Chávez y Carlos Palacios, todos por una razón peor que otra. Tanto la ciudadanía como el Parlamento exigen autoridades a la altura de las crisis actuales y, hasta el momento, no hay un resultado tangible ni un futuro promisorio, es como si el gobierno de Pedro Castillo estuviera en plan piloto automático mientras las llamas chamuscan al país. El Congreso debe, por fin, ponerse en el papel que le tocó desde un inicio, el de hacer un control político tenaz. 


El contratiempo de Torres

La experiencia electoral vuelve, otra vez con trabas. El próximo 2 de octubre, en las Elecciones Regionales y Municipales, los ciudadanos tenemos una nueva oportunidad, esperamos que esta vez sí, para elegir a postulantes con cualidades nítidas a fin de desenroscar al país. Sin embargo, en esta misión de reivindicarnos frente al mundo, la ONPE insiste en reducir a la masa de votantes exigiendo que solo pueden participar los que recibieron las tres dosis. ¿Y el derecho al voto dónde queda?

Entre las indicaciones principales, que son casi predeterminadas en nuestro día a día, está la de no apelotonarse con el resto de personas, así les venza las ganas de intercambiar algún gesto empalagoso o la de profetizar a una distancia infame a favor de algún candidato. Bien, podemos prescindir de eso. Pero a esta se suma la de haber recibido las tres inoculaciones —o cuatro, por la negligencia conocida— contra el coronavirus. Toda la parafernalia del régimen sanitario parece un equivalente del estado de emergencia en Lima y Callao: nos pone en bandeja, en contra de nuestra voluntad, para un resultado, de supuesto aspecto favorable, que nadie nota. Aplican esto aun teniendo como eco lo que produjo la falta de sufragantes en las pasadas elecciones presidenciales. Pesa más la fractura de un derecho constitucional que la prevención gubernamental.

La carrera en Lima al sillón municipal, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, ya tiene dos nombres despuntados, ambos con 20% de respaldo (transitorio empate técnico): Daniel Urresti, de Podemos Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Las pullas ya empezaron y también el recurseo. Las encuestas no son necesariamente un reflejo del tramo final, una pequeñez puede revertir todo, por eso es una necesidad primaria desmantelar ipso facto la retórica que abunda en estas fechas.

La experiencia electoral vuelve, otra vez con trabas. El próximo 2 de octubre, en las Elecciones Regionales y Municipales, los ciudadanos tenemos una nueva oportunidad, esperamos que esta vez sí, para elegir a postulantes con cualidades nítidas a fin de desenroscar al país. Sin embargo, en esta misión de reivindicarnos frente al mundo, la ONPE insiste en reducir a la masa de votantes exigiendo que solo pueden participar los que recibieron las tres dosis. ¿Y el derecho al voto dónde queda? Entre las indicaciones principales, que son casi predeterminadas en nuestro día a día, está la de no apelotonarse con el resto de personas, así les venza las ganas de intercambiar algún gesto empalagoso o la de profetizar a una distancia infame a favor de algún candidato. Bien, podemos prescindir de eso. Pero a esta se suma la de haber recibido las tres inoculaciones —o cuatro, por la negligencia conocida— contra el coronavirus. Toda la parafernalia del régimen sanitario parece un equivalente del estado de emergencia en Lima y Callao: nos pone en bandeja, en contra de nuestra voluntad, para un resultado, de supuesto aspecto favorable, que nadie nota. Aplican esto aun teniendo como eco lo que produjo la falta de sufragantes en las pasadas elecciones presidenciales. Pesa más la fractura de un derecho constitucional que la prevención gubernamental. La carrera en Lima al sillón municipal, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, ya tiene dos nombres despuntados, ambos con 20% de respaldo (transitorio empate técnico): Daniel Urresti, de Podemos Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Las pullas ya empezaron y también el recurseo. Las encuestas no son necesariamente un reflejo del tramo final, una pequeñez puede revertir todo, por eso es una necesidad primaria desmantelar ipso facto la retórica que abunda en estas fechas.


Protocolo con desaires

Entre el martes y el miércoles, después de la elección de los nuevos seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), diez congresistas renunciaron a Perú Libre, lo cual les quita fuerza en el Parlamento. Esto se suma a la confesión de Zamir Villaverde sobre la influencia de Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, en el fraude electoral. El gobierno y el partido están tocados y hasta la esposa del presidente ha decidido guardar un silencio sospechoso por el caso del plagio de tesis. A parte, el Congreso interpeló al premier y, según lo visto, su censura viene bien encaminada.

En el caso de Zamir Villaverde, en sus primeros pasos hacia una colaboración eficaz, indicó que uno de los nexos en el fraude electoral que dio como ganador a Pedro Castillo, y que influyó en la derrota de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, fue el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza. A pesar de que el ex burgomaestre ha negado su participación, la investigación sigue su curso. Igual el proceso por la presunta tesis plagiada del mandatario en la Universidad César Vallejo, en el que su esposa guardó silencio frente al interrogatorio.

A mitad de esta última semana, el Congreso también, con su prerrogativa, renovó al TC, fecha que terminó con un controversial abrazo entre la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y el congresista José María Balcázar, del entorno perulibrista. Esto provocó un nuevo cataclismo. La izquierda progresista vio su poder trastocado y siguieron lo que, en palabras de Fernando Rospigliosi, es una “chilla caviar”, que ya había comenzado con las modificaciones que el Congreso hizo sobre la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU.

La pregunta que cae de madura es: ¿en qué situación se encuentra el gobierno y Perú Libre? La duda se descentraliza. El gobierno se debilita, pero las configuraciones del poder en el Congreso siguen anunciando que no habrá una salida a la crisis a través de votos.

Por ahora han quedado operativos los tentáculos de la izquierda oficialista con Perú Democrático, donde está Guillermo Bermejo, Héctor Valer y otros; y Perú Libre. Pedro Castillo, que gestiona bajo la sombra del marxista-leninista Vladimir Cerrón, deberá eliminar en su fórmula los gestos de autonomía, y ceder los puntos estratégicos pertinentes —ministerios, subprefecturas y pronto espacios municipales y regionales— para no interrumpir la bisagra de intenciones que su jefe nunca disimuló.

La última pregunta que cabe realizarse es: 

 será a partir de ahora el rol de la izquierda “progresista”, de índole limeña o sencillamente caviar? Están enfurecidos tras el cambio en SUNEDU y la conformación del TC. Ya no tienen la misma participación en el gobierno como cuando Vásquez era premier, sin embargo, aún no se deciden ser oposición frontal, ¿a qué juegan?

Entre el martes y el miércoles, después de la elección de los nuevos seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC), diez congresistas renunciaron a Perú Libre, lo cual les quita fuerza en el Parlamento. Esto se suma a la confesión de Zamir Villaverde sobre la influencia de Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, en el fraude electoral. El gobierno y el partido están tocados y hasta la esposa del presidente ha decidido guardar un silencio sospechoso por el caso del plagio de tesis. A parte, el Congreso interpeló al premier y, según lo visto, su censura viene bien encaminada. En el caso de Zamir Villaverde, en sus primeros pasos hacia una colaboración eficaz, indicó que uno de los nexos en el fraude electoral que dio como ganador a Pedro Castillo, y que influyó en la derrota de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, fue el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza. A pesar de que el ex burgomaestre ha negado su participación, la investigación sigue su curso. Igual el proceso por la presunta tesis plagiada del mandatario en la Universidad César Vallejo, en el que su esposa guardó silencio frente al interrogatorio. A mitad de esta última semana, el Congreso también, con su prerrogativa, renovó al TC, fecha que terminó con un controversial abrazo entre la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y el congresista José María Balcázar, del entorno perulibrista. Esto provocó un nuevo cataclismo. La izquierda progresista vio su poder trastocado y siguieron lo que, en palabras de Fernando Rospigliosi, es una “chilla caviar”, que ya había comenzado con las modificaciones que el Congreso hizo sobre la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU. La pregunta que cae de madura es: ¿en qué situación se encuentra el gobierno y Perú Libre? La duda se descentraliza. El gobierno se debilita, pero las configuraciones del poder en el Congreso siguen anunciando que no habrá una salida a la crisis a través de votos. Por ahora han quedado operativos los tentáculos de la izquierda oficialista con Perú Democrático, donde está Guillermo Bermejo, Héctor Valer y otros; y Perú Libre. Pedro Castillo, que gestiona bajo la sombra del marxista-leninista Vladimir Cerrón, deberá eliminar en su fórmula los gestos de autonomía, y ceder los puntos estratégicos pertinentes —ministerios, subprefecturas y pronto espacios municipales y regionales— para no interrumpir la bisagra de intenciones que su jefe nunca disimuló. La última pregunta que cabe realizarse es: ¿cuál será a partir de ahora el rol de la izquierda “progresista”, de índole limeña o sencillamente caviar? Están enfurecidos tras el cambio en SUNEDU y la conformación del TC. Ya no tienen la misma participación en el gobierno como cuando Vásquez era premier, sin embargo, aún no se deciden ser oposición frontal, ¿a qué juegan? 


Una semana compleja 

Ayer por la noche, Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, publicó un audio a través de Willax TV. En él, se escucha a Villaverde conversando con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En la conversación mencionan a Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo y a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, quien sería el vínculo de Castillo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, Villaverde intercede por Barrera para que esta sea asesora del exsecretario de Palacio. Pacheco dice que no sabía nada sobre ese tema.

“Coordinó al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy Presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori; es el señor Vladimir Meza Villarreal”, dijo Villaverde sobre Meza el día de hoy ante el Congreso.

Un día antes de la revelación del audio, Rodríguez señaló que tienen ocho horas de grabaciones que entregarían a la Fiscalía. Esto con el fin de sustentar las denuncias que Zamir hizo ante el Congreso, entre ellas la del presunto fraude electoral. En la misma línea, Rodríguez anunció que Villaverde quiere acogerse a la colaboración eficaz.

“Él tiene que declarar, porque no había declarado previamente. Durante la etapa de detención preliminar optó por guardar silencio y es obvio que tiene que planificarse y coordinarse su declaración con la Fiscalía”, dijo el abogado.

Sin embargo, esta mañana, en nuevas declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villaverde le da un revés a la historia. El empresario acogió al silencio "hasta contar con medidas que garanticen su seguridad". Rafael López Aliaga señaló que lo debíamos proteger. Y así debe ser. Esas ocho horas de grabación, y su conocimiento sobre las configuraciones de poder alrededor de Pedro Castillo, podrían ser la clave para el fin del cuestionado gobierno.

Ayer por la noche, Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde, publicó un audio a través de Willax TV. En él, se escucha a Villaverde conversando con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En la conversación mencionan a Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo y a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, quien sería el vínculo de Castillo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, Villaverde intercede por Barrera para que esta sea asesora del exsecretario de Palacio. Pacheco dice que no sabía nada sobre ese tema.  “Coordinó al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy Presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori; es el señor Vladimir Meza Villarreal”, dijo Villaverde sobre Meza el día de hoy ante el Congreso. Un día antes de la revelación del audio, Rodríguez señaló que tienen ocho horas de grabaciones que entregarían a la Fiscalía. Esto con el fin de sustentar las denuncias que Zamir hizo ante el Congreso, entre ellas la del presunto fraude electoral. En la misma línea, Rodríguez anunció que Villaverde quiere acogerse a la colaboración eficaz.“Él tiene que declarar, porque no había declarado previamente. Durante la etapa de detención preliminar optó por guardar silencio y es obvio que tiene que planificarse y coordinarse su declaración con la Fiscalía”, dijo el abogado. Sin embargo, esta mañana, en nuevas declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villaverde le da un revés a la historia. El empresario acogió al silencio "hasta contar con medidas que garanticen su seguridad". Rafael López Aliaga señaló que lo debíamos proteger. Y así debe ser. Esas ocho horas de grabación, y su conocimiento sobre las configuraciones de poder alrededor de Pedro Castillo, podrían ser la clave para el fin del cuestionado gobierno.
